viernes, 12 de septiembre de 2003

El IFE y sus debates, II

Regresando a la reflexión sobre el momento actual del Instituto Federal Electoral, hay un tema que pronto ocupará los titulares de la prensa nacional: se trata de la elección de sus nuevos consejeros generales, que deberán asumir su encargo a partir del 1 de noviembre próximo, para permanecer en el mismo por siete años. Los actuales miembros del consejo fueron designados conforme a lo señalado en el artículo 74 del Cofipe; esto es, por parte de la Cámara de Diputados federal. Esto ocurrió en octubre de 1996, cuando, gracias a la última reforma electoral que hemos visto en este país en el ámbito federal, se ciudadanizó plenamente el máximo órgano electoral. Uno de los consejeros que habían participado en la camada consejeril anterior, José Woldenberg Karakovsky, fue designado por la misma cámara como presidente del mencionado consejo general. Llegó acompañado de otros ocho colegas, ciudadanos de prestigio reconocido que asumieron el compromiso de culminar, por fin, el largo proceso de transición hacia procedimientos electorales confiables, transparentes y equitativos, una asignatura largamente pendiente dentro de la imperfecta democracia mexicana.
A partir de entonces se desarrollaron tres procesos electorales federales en 1997, 2000 y 2003, donde se pudo apreciar cómo evolucionaron los procedimientos hacia una situación de confiabilidad nunca antes vista en nuestra historia política nacional. Una evidencia de esta situación han sido los números decrecientes de observadores electorales registrados en los distintos procesos comiciales desde la creación de esta figura, en 1994, hasta la elección más reciente. Los debates político-electorales han emigrado desde el control de los procedimientos para la emisión, recepción y contabilización del voto, que siempre fueron objeto de suspicacias, hacia la discusión de temas de mayor trascendencia y sofisticación, como lo es la equidad en la competencia, el acceso a medios de comunicación, el financiamiento de los partidos, las capacidades fiscalizadoras del IFE, la honestidad en el uso de las prerrogativas partidistas, etcétera. El foco de la atención se ha desviado entonces hacia asuntos que el propio Woldenberg calificó como de “segunda generación”.
Durante estos siete años pudimos observar una evolución sostenida hacia nuevas formas de ejercer la política. Tal vez el momento cumbre de esta nueva época electoral inaugurada por los consejeros del IFE fue cuando en julio del 2000 se emitió y se respetó escrupulosamente el voto opositor y se concretó la primera alternancia, en más de setenta años, en el ejecutivo federal. Hay que señalar que, a pesar de las amenazas que se cernían sobre la institución electoral en el caso de una derrota del partido hasta entonces hegemónico, los conductores del proceso pudieron sacar delante de forma claramente honesta y valiente la defensa de un resultado que significaba un momento de quiebre profundo en los anales políticos nacionales. Aunque en su momento hayamos criticado las formas como se implementó la exposición y la defensa de esos resultados (recordemos la polémica encuesta de salida que sirvió de base para que el presidente del IFE y el presidente de la República dieran a conocer a la opinión pública las tendencias definitivas en los resultados), y también que el anuncio fuera considerado por muchos como prematuro a la vista de la ausencia de resultados preliminares, al final todos (o bueno, la mayoría) de los mexicanos reconocimos la validez del proceso y sus consecuencias.
Es también cierto que el accionar de este consejo general saliente no se dio sin cuestionamientos o debates sobre su desempeño. Tal vez los principales giraron alrededor del protagonismo de algunos de ellos, así como sobre la vinculación inmediata de exconsejeros en posiciones partidistas o en candidaturas políticas. La ausencia de normatividad sobre este punto permitió que de esta forma se transparentaran las preferencias políticas (inevitables por demás) de los exconsejeros, y esto contribuyó en alguna medida a socavar el prestigio de la institución.
Pero en términos generales el balance es bueno. Nada más hay que recordar la actitud digna mostrada por el instituto en diferentes ocasiones ante el gobierno federal y sus instancias, como sucedió con la secretaría de Hacienda (y el convenenciero “secreto bancario”), con la de Gobernación e incluso con la presidencia de la República (recuérdese la necedad de las autoridades de incidir en el proceso publicitando obra y “promoviendo” la participación electoral). La conclusión: urge ampliar las facultades del IFE.
Ojalá que en esta ocasión los señores diputados consideren la posibilidad de que algunos de estos consejeros salientes repitan en sus posiciones, luego de una evaluación objetiva de su desempeño; esto para evitar que se pierda la experiencia acumulada en siete años. Hay que revisar el procedimiento de renovación de los consejeros, para evitar el riesgo de que, de golpe y porrazo, se renovado el consejo general en su conjunto. Valdría la pena reformar esta situación y que se alternen los nombramientos de nuevos consejeros, digamos, a uno o dos por año. Mucho se ganaría sin duda.

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