Frontera de tragedia

El pasado 2 de octubre se conmemoraron los primeros 10 años de haberse iniciado la fatídica operación “Guardián” (Gatekeeper) en la frontera de México y los Estados Unidos. Esta operación ha significado la restricción radical de los flujos de trabajadores indocumentados que circulaban a través de espacios geográficos tradicionales, como el área de Tijuana-San Ysidro, que debido a su grado de urbanización y acceso a comunicaciones no significaban mayores riesgos a la integridad física de aquellos que se aventurasen sin papeles en el vecino país norteño. Esos flujos humanos no se han detenido nunca, pero ahora se han redireccionado hacia áreas y regiones sumamente hostiles para ser transitadas por personas que no cuenten con la experiencia y las protecciones mínimas que demanda un desierto en extremo seco y caluroso. Además, esos grupos de emigrantes se deben enfrentar ahora a grupos de vigilantes e incluso milicianos que se han dado a la tarea de dar caza a seres humanos bajo el pretexto de proteger sus ranchos o bien “ayudar” al gobierno federal de aquel país a mantener sus fronteras “seguras” y bajo control.
Si antes los lugares de paso de los aspirantes a conquistar el sueño americano eran los estados de California y Texas, hoy en día es la frontera con Arizona, en medio de su terrible desierto, la que acumula la mayor cantidad de cruces de indocumentados, y por lo mismo donde se acumula la mayor cantidad de decesos, accidentales o no, de trabajadores honestos que su único pecado fue haberse atrevido a ignorar la línea imaginaria de una frontera que no existe más que en la perversidad de la política internacional.
En esos diez años se han acumulado más de tres mil personas muertas, la gran mayoría de ellas mexicanas, que han sucumbido al calor, al agotamiento o bien han sido víctimas de accidentes, de vigilantes o de la propia patrulla fronteriza, la funesta border patrol, que ha visto incrementar sus recursos y su personal de forma espectacular en esta década. Hoy en día es una de las policías federales más numerosas y pudientes de aquel país, reflejo del aislacionismo norteamericano y de una creciente xenofobia, que es incomprensible para un país que nació precisamente de la inmigración.
La frontera es, en la práctica, una zona de guerra. Tan sólo el año pasado fueron 390 los muertos entre los migrantes, lo que equivale a más de uno al día. De ese número los guanajuatenses llegaron a significar, según recuerdo, alrededor de 70.
El incendio en Columbus Ohio del 12 de septiembre pasado, aparentemente provocado por alguna organización criminal xenofóbica, o bien el apedreo reciente de las mujeres migrantes de Cortazar, a quienes la patrulla fronteriza impidió cruzar el río bravo y por ello perecieron ahogadas, refleja los extremos a los que se ha llevado esta situación. Es realmente preocupante que dos países no puedan ponerse de acuerdo para salvar centenares de vidas de seres humanos honestos e inocentes, y que en cambio se incremente la xenofobia, el racismo y la discriminación, cuando en realidad ellos no pueden vivir sin nosotros y nosotros (aunque no nos guste admitirlo) no podemos vivir si ellos. Los nacionalismos trasnochados y los radicalismos sólo empeoran una situación que ha llegado a extremos dramáticos.
Considero que el gobierno mexicano hace menos que lo que debería hacer en estos casos. Los 43 consulados mexicanos en los EU padecen de una escasez endémica de recursos, y para defender los derechos de los connacionales, o bien impulsar la investigación de los casos de agresiones o violación a sus derechos, deben con frecuencia hacer uso de voluntarios o bien de asociaciones civiles que tampoco abundan en recursos. Nuestro gobierno federal debería invertir cantidades sustanciales en la contratación de bufetes de abogados, de investigadores privados, y apoyar a los activistas en pro de derechos humanos para consolidar un frente de defensa que sea sólido y agresivo. Trescientas vidas al año bien lo valen.