viernes, 17 de junio de 2005

Visión desde la frontera norte: violencia

El operativo “México seguro” que ha implementado el gobierno federal en las ciudades más violentas del país, particularmente las de la frontera norte, confirma involuntariamente que el Estado mexicano ha perdido el control sobre la seguridad nacional y los grupos organizados que violentan la ley. Es un aspaviento desesperado el desplegar --de forma temporal necesariamente— a unos pocos miles de agentes de la PFP, AFI, PGR y demás corporaciones cuando es claro que las bandas tienen un enorme poder de recuperación y de adaptación ante las medidas policiales. La guerra contra la delincuencia organizada se lleva al campo policial y de reacción represiva, pero no se está atacando ninguna de las raíces del problema, que por supuesto escapan de las manos de una sola administración federal pero que ya deberíamos estar atendiendo en el largo plazo.
En la frontera se decantan esos problemas de seguridad pública. En esa región se mueven centenares de millones de dólares gracias a los tráficos de drogas, de personas y de contrabando. Su poder de cooptación es brutal: pocos pueden soportar la tentación de obtener ganancias demenciales violando la ley. Las mismas policías son reclutadas para asegurar el buen desarrollo de dichos tráficos ilegales, y eso no va a cambiar con este ni con otros operativos temporales que sólo taponean carreteras y sitios públicos con el afán de que sean visibles para los ciudadanos honestos, y que estos reciban el falso mensaje de que algo se está haciendo en este ámbito.
Los constantes regaños gringos sólo ponen en evidencia que al final será nuestro país el que pague los platos rotos de la decadencia humana del imperio del norte. Los mexicanos, junto con los colombianos y otros latinoamericanos, somos desde hace rato los nuevos malosos dentro del imaginario colectivo que ha construido esa mitad conservadora de norteamericanos que purga su mala conciencia culpando a otros de sus fatalidades. Van a tardar mucho tiempo en darse cuenta de que los enervantes y su consumo deben ser regulados, no prohibidos, para así evitar su tráfico ilegal, que es la verdadera fuente de la violencia, junto con la pobreza de nuestros pueblos.
La violencia social en México floreció a partir de las crisis económicas que lanzaron a toda una generación de mexicanos a los brazos ásperos de la pobreza. No hay más responsable de nuestra actual descomposición social que la angustia de millones de familias, que buscan sobrevivir incluso acudiendo al ilícito y a la violencia. Las leyes del mercado han actuado desalmadamente sobre un campo propicio, como el mexicano, y propiciaron una guerra que el Estado nunca podrá ganar. Los carteles de crimen cuentan con centenares de secuaces y esbirros, incluso comandos como el de los zetas, con los que pueden liquidar a quien se les antoje con total impunidad. No hay prevención de la delincuencia, sino reacción a la misma, torpe y tardía. Los cuerpos policiacos siguen siendo centros de capacitación para los futuros sicarios del crimen. No existen los sistemas de inteligencia que penetren y desarticulen a la delincuencia organizada. Los gobiernos carecen de recursos para profesionalizar las corporaciones y estas deben enfrentar a un enemigo pertrechado y modernizado, que se arma además con el poder corruptor del dinero. Así nomás no se puede ganar.
Vivir en la frontera mexicana es vivir en el temor de verse envuelto en el fuego cruzado entre criminales y autoridades. Para colmo a veces ni siquiera se puede distinguir entre uno y otro. Por ello la sociedad se retrae y se pertrecha, se vuelca sobre sí misma. La calle deja de ser un lugar seguro. Las familias se aíslan y los niños crecen con nuevos temores, desconocidos para sus abuelos. Peor si eres mujer, porque entonces caes en la mira de sociópatas que descargan sus frustraciones personales sobre los miembros débiles del conjunto social. Las muertas de Juárez son resultado evidente de una sociedad que se odia a si misma y desgarra sus entrañas. Pero también los niños, los ancianos, los minusválidos y demás sectores vulnerables son parte de la agresión comunitaria. La ley no existe en la cotidianidad fronteriza: sólo la fuerza violenta, ya sea de bandidos o de policías, parece ser respetada como argumento social. Y la verdad es que ya no se puede seguir así. Es urgente que hagamos algo, sobre todo nosotros, los ciudadanos de a pie.

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