El día de ayer, jueves 6 de octubre, dio inicio formal el proceso federal electoral, como lo ordena el artículo 174 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (COFIPE). La máxima autoridad del Instituto Federal Electoral (IFE), su Consejo General, desarrolló una sesión extraordinaria que tuvo como finalidad principal dar este banderazo simbólico que involucra a todo el aparato político-administrativo de ese organismo ciudadanizado. Este evento tiene un especial significado, pues el instituto es hoy sensiblemente diferente al que conocimos en las dos anteriores elecciones federales, que fueron conducidas bajo la batuta del maestro José Woldenberg y un conjunto de consejeros generales que en general demostraron oficio y talento político. Recordemos que el IFE estrenó una nueva troupe de consejeros electorales hace ya casi dos años, la Cámara de Diputados designó a los nueve consejeros generales, incluyendo el consejero presidente, el doctor Luis Carlos Ugalde --politólogo especialista en transparencia y “responsibidad” públicas.
Las elecciones que se avecinan amenazan con someter al nuevo IFE a tensiones y complejidades inéditas. El arribo de nuevos actores políticos al escenario nacional, como son López Obrador, Calderón, Madrazo y Montiel, anuncia una feroz competencia por la obtención de la máxima posición política del país. Por primera vez en nuestra historia democrática --no muy extensa por cierto-- nos encontramos ante la situación de que la silla presidencial tendrá al menos tres aspirantes con posibilidades reales de hacerse de ella; es decir que es casi seguro de que el grueso de los votos se los compartan los tres principales partidos nacionales, en un entorno de alta competitividad y una clara incertidumbre sobre la preeminencia de alguna de las tres opciones. Parece que el virtual bipartidismo que observamos hace seis años será desterrado y que veremos la inopinada irrupción de un tercer actor, al que muchas encuestas le dan ventajas en las preferencias de los votantes. Por supuesto, hay que reconocer que esto puede ser producto de la inexistencia de liderazgos avasalladores en los otros partidos, y que las cosas pueden cambiar conforme se acerque la jornada electoral. Al menos así sucedió en el 2000.
Los nuevos consejeros generales deberán conducir el proceso con un cuidado extremo. Las muchas críticas y comentarios desfavorables que se desataron luego de su nombramiento, debidos sobre todo a un procedimiento de negociación partidista poco afortunado, y no tanto a prendas personales, les constriñeron mucho su espacio simbólico de acción. A esta situación se han sumado otros eventos inquietantes, como la reciente renuncia de María del Carmen Alanís --una funcionaria muy reconocida-- a la vital secretaría ejecutiva del instituto. No estoy insinuando que habría que desconfiar de las capacidades del nuevo consejo; lo que quiero dejar claro es que estos servidores públicos -- por su carácter profesionalizado ya no son representantes ciudadanos netos-- deben construirse un prestigio propio y un eventual reconocimiento social mediante un ejercicio pulcro y profesional del oficio de supervisión de la operatividad electoral federal. No son funcionarios ejecutivos, pues para eso está el cuerpo ejecutivo profesionalizado del instituto, pero sí son agentes definidores de políticas y estrategias de largo aliento, así como fiscalizadores del buen desempeño del tablado político electoral nacional, que incluye no sólo al aparato interno sino también a los partidos políticos y sus actores. Si ejercen estos amplios atributos con prudencia e ingenio políticos, ayudarán a consolidar e incrementar el amplio prestigio y el reconocimiento de los que hoy goza merecidamente el IFE. En retribución recibirán un justo crédito social y político, al que seguramente, como todos, aspiran.
La sesión de ayer transcurrió con suavidad, cordialidad y respeto. Se evidenció el fuerte trabajo previo de los consejeros, que ciertamente supieron debatir con antelación todos los asuntos del orden del día con los representantes partidistas. Un ejemplo esperanzador, que me tocó experimentar personalmente, fue el proceso de nominación y selección de ciudadanos para integrar los consejos electorales de las entidades de la República. El procedimiento que acordó el Consejo General fue sensiblemente más claro y funcional que el que se aplicó hace seis años, más jaloneado y en alguna medida oscuro. En esta ocasión cualquier ciudadano u organización civil pudo proponer o autoproponerse para ser considerado como prospecto a consejero electoral local. Yo así lo hice, junto con otros 90 guanajuatenses. Se concursó abierta y claramente sustentando las propuestas en méritos personales y sociales. Esto me pareció una buena señal y un anuncio de que el proceso federal está en buenas manos. Espero que esto se convierta en regla y que el árbitro electoral dé ejemplo de civilidad democrática. Comenzamos…
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