viernes, 27 de octubre de 2006

Cultura y patrimonio, III

Continuando mis reflexiones sobre la pertinencia de que las autoridades locales y la sociedad civil organizada cuenten con mayores capacidades y espacios de acción en lo referente al cuidado y preservación del legado cultural de las entidades y municipios, llamo la atención ahora sobre la importancia que tiene la emisión reciente de la Ley del Patrimonio Cultural del Estado de Guanajuato. Publicada en el periódico oficial -número 122-, apenas este 1 de agosto pasado, este instrumento normativo provee el andamiaje legal e institucional que facilitaría un tránsito sosegado en el caso de que se concretase la reforma de la fracción XXV del artículo 73 de la constitución federal. Si tal fuese el caso, Guanajuato se encontraría listo para proveer la cobertura necesaria para asumir las nuevas facultades y realmente coadyuvar con la federación en el cuidado y preservación de los bienes culturales materiales e inmateriales.
Pero incluso en el caso contrario, que tal precepto constitucional no sea modificado, de todas maneras ya sería tangible el beneficio de este amago de cambiar las tradicionales relaciones asimétricas con una instancia federal tan centralizada y refractaria al cambio como lo es el INAH. En un comunicado reciente, su director general Luciano Cedillo afirma que “los procesos de coadyuvancia en el manejo y administración del patrimonio cultural en el erritorio nacional, deben ser fortalecidos y alentados (…) dejando de lado posibles diferencias”. Significa que la vetusta institución reconoce la necesidad de un cambio de actitud, y abrirse a las demandas de un tiempo de cambio hacia el auténtico federalismo.
Tomemos el ejemplo del museo “regional” de la Alhóndiga de Granaditas. Sin duda es un edificio de enorme valor histórico, simbólico y cultural para los guanajuatenses y los mexicanos. El inmueble, inscrito en el registro de monumentos históricos nacionales, es sin embargo propiedad del gobierno del estado. Desde tiempos de Maximiliano y hasta 1947 fungió como cárcel estatal. En 1949, y gracias al gobernador Luis Díaz Infante, se convirtió en museo estatal. El 2 de enero de 1960 el gobernador Jesús Rodríguez Gaona firmó un convenio con el INAH para la administración y dirección conjunta del museo. Y fue más allá: promovió la Ley para la Creación del Instituto Regional de Antropología e Historia del Estado de Guanajuato, estatuto aprobado el 24 de enero de ese año y que sigue vigente al nunca haberse derogado, ni siquiera por parte de la nueva ley de patrimonio cultural.
En su artículo 5º se ordenaba que “el Instituto Regional de Antropología e Historia del Estado de Guanajuato estará a cargo de un Director que será designado por el Instituto Nacional de Antropología e Historia, de una terna propuesta por el Gobierno del Estado.” El primer director fue don Arturo Sierra, a propuesta del gobierno local. Cuando el maestro murió en 1967, el gobierno de Guanajuato volvió a proponer una terna, de la que el INAH seleccionó al pintor José Chávez Morado, quien se hizo acompañar del joven abogado Isauro Rionda Arreguín como subdirector. El muralista dirigió la institución hasta principios de los ochenta, y a partir de ahí los directores que lo sucedieron –iniciando con Claudia Canales- fueron fuereños nominados por el INAH sin intervención del gobierno local. Evidentemente el resto de la ley también se ha convertido en letra muerta. Por ejemplo el artículo 10: “La vigilancia de las Zonas Arqueológicas, monumentos arquitectónicos y conservación de las colecciones diversas, estará a cargo de un Patronato integrado por once miembros, designados cinco por el Gobierno del Estado, cinco por el Instituto Nacional de Antropología e Historia y formará parte como miembro undécimo el Director del Museo de Guanajuato.” Ese patronato jamás ha existido ni actuado.
Para colmo, la pesada dinámica interna del INAH ha contaminado su acción local. Hay que recordar lo profundamente politizado que está su sindicato. Por ejemplo, a pesar de que la mayor parte de los empleados de la Alhóndiga forman parte de la nómina estatal, el discurso radical y militante del sindicato federal les conduce a recoger banderas que no son suyas ni les conciernen.
En materia de patrimonio histórico y cultural la federación ha evidenciado limitaciones e incapacidades severas. El gobierno estatal, por su parte, ha padecido inconsistencia e incapacidad de estructurar una política propia y viable. Pero las cosas no tienen por qué continuar así. Si el INAH despliega mayor sensibilidad y talento hacia los requerimientos locales, y el gobierno del Estado realmente se compromete en la aplicación de la nueva ley local –que corre el mismo riesgo que la norma de 1960-, podremos esperar un reforzamiento de la presencia del sector público en el cuidado efectivo de nuestra enorme riqueza patrimonial. De otra manera sólo quedan malos augurios.

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