Reformar a la universidad, II

Continúo con mi exposición de los argumentos a favor de la reforma institucional de la Universidad de Guanajuato y la necesidad de cambiar estructuralmente antes de cambiar cuantitativamente. El modelo descentralizado de campus y divisiones ha evidenciado sus bondades en los actuales sistemas universitarios que supieron crecer sin convertirse en monstruos macrocefálicos, ingobernables, como hoy día le sucede aún a la UNAM y como le estaba sucediendo a la Universidad de Guadalajara, antes de su descentralización. Por su parte el ITESM es el sistema administrativo y académico más descentralizado y eficiente del país, ni dudarlo, aunque vio su espectacular crecimiento centrado en la oferta docente, y sólo recién ha tomado en serio la necesidad de fortalecer sus áreas de investigación y extensión, incluyendo la inversión en su planta profesoral. Pero sin duda el mejor modelo de desarrollo descentralizado lo exhibe la Universidad Autónoma Metropolitana y sus cuatro campii en los cuatro extremos de la ciudad de México: cada uno con oferta propia y una amplia autonomía para responder a las necesidades de su entorno.
Respondí ya a algunas de las críticas a la iniciativa que se discute hoy en el congreso, que me parecieron menos fundadas. Pero ahora atenderé una de las que, por el contrario, me parecieron más pertinentes: el señalamiento sobre los cambios que introdujo el equipo legal del gobernador anterior, éste por cierto un universitario que no ha sabido, o querido, quitarse la toga rectoral. Es cierto que resultaba ofensivo para la autonomía el que la iniciativa del Consejo Universitario sufriese tal número y alcance en sus ajustes. Finalmente se le estaba corrigiendo la plana a un cuerpo colegiado representativo de una comunidad profesoral, estudiantil y administrativa de casi 30 mil personas, muchas de las cuales con talentos superlativos. Pero hay que partir del hecho de que el gobernador estaba ejerciendo un derecho consustancial a su calidad de cabeza de uno de los poderes del estado. Mientras no se reforme la constitución local, y se acepten figuras de participación como la iniciativa popular, o bien se otorguen derechos de iniciativa a los organismos autónomos –como el IEEG, la PEDH y la UG-- el camino de las reformas legales seguirá siendo el mismo. Además no hubo daño: la iniciativa del gobernador es más sencilla, elegante y fortalecedora de las capacidades de autogobierno. Pero el error tremebundo consistió en eliminar una de las restricciones para los candidatos a la calidad de Rector: la muy sensible interdicción a los ministros de culto para ser considerados en esa responsabilidad. La eliminación de esa exclusión no tenía caso ni sentido, pues es propia de las restricciones de un estado laico. El artículo 130 de la Constitución General de la República señala con claridad, en su inciso d), que “los ministros de cultos no podrán desempeñar cargos públicos”. Sin duda la Rectoría de la universidad es un cargo público. Y hay motivaciones históricas muy evidentes que explican esta exclusión, que además es pertinente en una institución que debe procurar la enseñanza laica y la defensa de lo prescrito por el artículo 3º constitucional: “el criterio que orientará a esa educación se basará en los resultados del progreso científico, luchará contra la ignorancia y sus efectos, las servidumbres, los fanatismos y los prejuicios.”
También tienen razón los críticos de la reforma cuando señalan el anacronismo y autoritarismo en el método de selección del Rector y del resto de las autoridades académicas unipersonales. Nada se perdería si en la reforma se desaparece la figura del Colegio Directivo y se le asignan sus facultades al Consejo General Universitario. Es increíble que hoy día sea más democrático el método de selección del Papa católico, con su sínodo de cardenales, que la elección del Rector general. También valdría la pena que los directores de división y de departamento fuesen electos por los consejos divisionales y las academias departamentales, como hoy sucede en la UAM.
Hago votos por que el Congreso sea sensible a las necesidades de una universidad moderna, eficiente, vinculada y democrática –en el sentido social y no político de la palabra--. Algunos diputados fueron formados en las aulas de la UG, que les abrieron las puertas de la ilustración y del progreso. Otros se instruyeron en las universidades privadas, porque tuvieron los recursos –o la necesidad— de hacerlo. E incluso los legisladores sin educación superior pueden ser muy perceptivos sobre estos temas, ya que todos reconocemos la bondad del modelo público de educación. Ojalá que entre todos ellos, sin mediar partidismos fútiles, le garanticen a la UG un futuro sólido y prometedor, en beneficio de nuestro porvenir.