Justo cuando yo creía que en mis dos artículos previos había podido exponer argumentos que apoyaban la necesidad de la reforma institucional y académica de la Universidad de Guanajuato, vuelven a presentarse objeciones públicas muy atendibles que me convocan a continuar con mis disquisiciones personales, fundadas en mi experiencia de 22 años de ejercicio académico en diversas instituciones superiores del país. Las inquietudes nacen ahora de nuestros representantes en el legislativo, donde se está debatiendo la nueva Ley Orgánica que daría sustento legal a la reforma. Por ejemplo, se expresó el señalamiento crítico de que los Campii propuestos, al menos dos de ellos, se ubican en ciudades que son querencia personal del Rector y que en cambio se discrimina a ciudades como Irapuato, la segunda en importancia del estado. La observación es certera en primera apariencia, pero habría que ir más allá de lo evidente –atendiendo con ello a lo que nos ordena el método científico.
El municipio de Irapuato ha sido, luego de Guanajuato y León, el mejor atendido históricamente por la UG, con tres importantes unidades que imparten preparatoria, licenciaturas y posgrados. Además, conviene recordar que a mediados de los años noventa en Irapuato se ensayó una de las primeras experiencias de lo que en nuestra jerga académica se denomina “campus temático”, cuando se fusionaron la Escuela de Agronomía y Zootecnia y el Centro de Investigaciones en Ingeniería Agrícola y Alimentaria, que se integraron en el nuevo Instituto de Ciencias Agrícolas (ICA) en la hacienda de El Copal, que en los hechos funciona bajo el modelo departamentalizado que hoy se propone formalizar en la nueva Ley Orgánica. Al mismo tiempo se desarrollaban otras experiencias de conformación de Campii temáticos en otros espacios de la UG: en la Unidad Belém, donde se integraron las facultades de Ingeniería Civil, Arquitectura, y Geomática e Hidráulica; también debemos citar la naciente Unidad de Ciencias Económico Administrativas (UCEA) en Marfil, que integró a las facultades de Contabilidad y Administración, Relaciones Industriales, la Unidad de Estudios Técnicos de Administración, y la Escuela de Economía. Aunque la normatividad vigente no permite aún identificar estos esfuerzos de racionalización académica como Campii universitarios, se trataba de la simiente de este modelo.
El actual rector Arturo Lara retomó esos esfuerzos previos, a los que habría qué sumar los trabajos de reflexión en común que impulsó el rector Cuauhtémoc Ojeda entre el 2000 y 2003, y que en buena medida recuperó el Plan Institucional de Desarrollo (PLADI) 2002-2010, aún vigente. Varias de las estrategias y metas del PLADI mencionan la puesta en operación de “nuevos campus universitarios regionales”, y dentro del programa estratégico 6.3 (infraestructura) se definió como meta al 2010 el “contar con dos campus regionales y dos temáticos situados estratégicamente en el estado, para el nivel superior”, mismos que “deberán estar plenamente justificados con base en los estudios de pertinencia social, así como los de carácter técnico que aseguren su factibilidad financiera.” Desde entonces, hace cinco años, era claro que uno de los campii debería establecerse en Salamanca, porque las instalaciones de la Facultad de Ingeniería Mecánica, Eléctrica y Electrónica (FIMEE) evidenciaban un deterioro cierto, con hundimientos que ponían en peligro la seguridad de sus ocupantes. Desde tiempos del rectorado de Juan Carlos Romero se buscó hacerse de terrenos fuera de la ciudad para reubicar a la FIMEE, hasta que finalmente fueron donados por el municipio en la comunidad salmantina de Palo Blanco, alejados de la contaminación y de los problemas de una ciudad en crecimiento. Esta generosa donación permitía planear un crecimiento de la oferta educativa en ámbitos más amplios, pertinentes no sólo para Salamanca sino para los municipios cercanos, incluido el de Irapuato a tan sólo 20 kilómetros de distancia.
En el caso del Campus Sur, se pretende atender a 15 municipios que prácticamente se encontraban abandonados por la universidad pública -excepto Salvatierra-. Cualquier chico del sur podrá testimoniar cómo la única opción de educación superior pública a su alcance –exceptuando el ITSUR— son las universidades michoacana y queretana, que tienen políticas restrictivas sobre la admisión de estudiantes de otras entidades. Para situar el campus se requería un espacio donde se diesen condiciones adecuadas de ubicación, comunicación, y la donación de terreno suficiente. A principios del 2006 los presidentes municipales de Uriangato, Moroleón y Yuriria acordaron que el espacio con mejores condiciones era el de este último; tres presidentes de tres partidos políticos distintos, que supieron ponerse de acuerdo, reconociendo su realidad como espacio intermunicipal que tiende a la integración urbana. Y como ya me piqué, dejo esto por lo pronto, le sigo la próxima…
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