viernes, 11 de mayo de 2007

UG: Elección o selección

Al parecer se acerca la hora de que el Congreso del Estado apruebe la nueva Ley Orgánica de la UG. Se comenta en los corrillos de la política local y en los pasillos universitarios que los debates se han centrado en dos puntos, que desde mi punto de vista son relativamente intrascendentes: la interdicción a los ministros de culto de ocupar la rectoría universitaria, y finalmente el método de selección de esta autoridad. Ambos temas me parecen triviales porque lo sustantivo de la reforma universitaria estaba en otra parte: en la nueva organización académica y administrativa, que al parecer no tuvo objeciones mayores, para así concretarse la aspiración de que la más importante universidad de la entidad se organice con base en un esquema más moderno y eficaz, mediante campus interdisciplinarios y regionales, divisiones por campos del conocimiento y departamentos académicos que ejerzan la integralidad de las funciones universitarias -docencia, investigación, extensión y gestión-, compartiendo los recursos siempre escasos y fomentando la vinculación con las necesidades concretas de las sociedades regionales.
Inopinadamente el debate parlamentario se ha centrado en lo adjetivo de la reforma, y no en lo sustantivo. Estoy de acuerdo en que es importante el asunto de la selección de la máxima autoridad unipersonal de la institución, pues de ello puede depender el éxito o fracaso de la conducción futura del proyecto que hoy se fragua. Pero sin duda no es el nodo de la reforma. Una buena organización, descentralizada, con una amplia participación de la comunidad, con órganos intermedios que cuenten con facultades y ámbitos de responsabilidad bien definidos, garantizará de mejor manera el desarrollo integral de la universidad, y hará cada vez menos determinantes las habilidades personales del Rector general en turno.
Pero en fin, nuestra cultura política todavía le da una importancia desproporcionada al liderazgo individual, pues tendemos a desconfiar de las colegialidades. Por eso se ha dedicado tanto tiempo al asunto de la selección del regente institucional. Al parecer el asunto de los ministros de culto ya fue superado y sencillamente se reiterará lo que dicta el inciso “d” del artículo 130 de la Constitución mexicana: “los ministros de cultos no podrán desempeñar cargos públicos”. Es el procedimiento de selección del Rector lo que atora todo el asunto… que si por Colegio Directivo, que si por Consejo Universitario. Vuelven a manifestarse los afanes “democratizadores” de los representantes populares, quienes no han alcanzado a comprender que las mayorías se pueden equivocar tanto como cualquier minoría. Los votos podrán otorgar legitimidad, pero no necesariamente una mayor calidad al proceso.
Desde hace años he venido defendiendo en este y en otros espacios que la educación superior y la investigación científica se ven necesariamente perjudicadas cuando se les convierte en vehículos para la demagogia, el asambleísmo, la consulta interminable y la democracia comicial. Sí se ven, en cambio, muy potenciados cuando se aplica la democracia en el sentido del debate abierto, informado, respetuoso y propositivo; cuando los órganos colegiados son auténticamente representativos, con miembros no sólo legítimos, sino ampliamente calificados para una labor que priorice la excelencia. El conocimiento, la verdad científica y la capacidad académica no pueden ser sometidos a la consideración de las mayorías. Si así fuera, la teoría de Darwin, la relatividad einsteiniana, los teoremas de Gödel, el relativismo cultural y miles de postulados científicos que desafiaron a los estereotipos predominantes en su momento se habrían proscrito desde su origen.
Es un error craso pretender que un Rector electo mediante comicios generales, o incluso por sufragio ante un Consejo Universitario, será un mejor dirigente que otro que haya sido seleccionado por un comité de notables. Ya Aristóteles abogaba por un gobierno “de los mejores” -“aristócrata” en la acepción original del término, sin su actual carga semántica negativa-, que se base en la virtud y no en la demagogia. Lo peor que nos puede pasar es que los diputados se dejen hechizar por el canto de las sirenas democráticas y nos impongan un modelo de competencia que fomentará el establecimiento de compromisos ante los grupos de interés, ya que cualquier candidato en un proceso comicial acumula débitos con sus apoyadores.
Yo propondría reformar el Colegio Directivo para reforzar su solvencia moral. Prescribir su integración con profesores internos y externos con un alto perfil académico -en contraste con los actuales requerimientos-; yo pensaría en profesores ya consolidados, titulares B o C, con prestigio nacional o internacional, nivel III en el SNI y demás medallas académicas. Ellos analizarían a detalle los perfiles y los proyectos de una sexteta o quinteta de candidatos, ya cernidos por el Consejo. Investidos además con capacidades de auditoría y eventual remoción. Pero soy realista, y dudo que me hagan caso.

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