viernes, 13 de julio de 2007

Bajo ataque

Debo interrumpir la secuencia de artículos que inicié con mi colaboración anterior, sobre la sucesión rectoral en la UG, que retomaré en cuanto haya más información sobre el asunto y que recupere su actualidad periodística. Por lo pronto me siento obligado a compartir con los lectores mi honda preocupación por lo que se ha desatado en nuestro país y nuestra región: la tanda de ataques contra instalaciones de PEMEX. Hasta hace poco, la gran mayoría de los ciudadanos que nos interesamos en el tema de la seguridad pública y la salvaguardia nacional creíamos que la mayor amenaza a nuestra paz social lo representaba el narcotráfico y el crimen organizado. Resulta que no es así. Los polvos de aquellos lodos de la guerrilla de mediados de los años noventa volvieron a manchar la precaria tranquilidad de nuestro atribulado país. Y además ha golpeado en una de las regiones que era considerada una de las más tranquilas y seguras, el Bajío, donde la vida provinciana y bucólica parecía ser la constante, con pocos puntos amarillos y casi ninguno rojo. Nuestras autoridades de los tres niveles nos acostumbraron al “aquí no pasa nada”, “Guanajuato es pacífico”, “la violencia viene de fuera”, “es Michoacán quien nos avienta sus muertitos”, “los malosos eran fuereños e iban de paso”, y así, la vieja cantaleta de la pax guanajuatensis.
En las madrugadas del jueves y del martes pasado despertamos a la realidad mediante flamazos. El cielo abajeño se tiñó de rojo y los resplandores se observaron hasta Guanajuato capital. Centenares de familias debieron movilizarse para alejarse del peligro, del que nadie, ni siquiera los responsables de la empresa afectada, tenía idea de su dimensión. El Correo del jueves consignaba las desfachatadas declaraciones de Guillermo Camacho, “subdirector corporativo de Seguridad Industrial y Protección Ambiental de Pemex”, cuyo larguísimo encargo no le impidió afirmar que “las explosiones no se debieron a las condiciones en las que se encuentran los ductos y no hay indicios de agentes externos que hayan provocado esas afectaciones.” Es decir que nadie era responsable de nada: los flamazos fueron producto de la casualidad o por generación espontánea. Por supuesto nadie le creyó nada: las explicaciones más plausibles eran las dos que precisamente se estaban descartando desde el inicio, cuando ni siquiera se había iniciado una mínima investigación. Y nuestros gobernantes tampoco soltaron prenda dentro de su propia confusión; seguramente sospecharon del origen provocado de las explosiones, pero fieles a su tradición de monos sabios volvieron a darnos el tratamiento que se depara a los idiotas: nos mintieron sin embozo, y rezaron porque la cosa quedara ahí. Pero el ataque del sábado en Corregidora los evidenció como embusteros. Ya no hubo manera de negar lo evidente, y el comunicado del pseudo-EPR los terminó de encuerar.
A partir de estos ataques podemos esperar el incremento de medidas espectaculares por parte de las corporaciones de seguridad. Y serán tan ostentosas como inútiles. No me sorprenderá que ahora haya justificación para instalar retenes, para “investigar” sospechosos, espiar opositores, inmiscuirse en la vida privada y relanzar el espionaje telefónico. Los “duros” del gobierno, como “el halcón” que despacha en el tercer piso del Palacio de Gobierno, tendrán ahora la mejor coartada para endurecer su desprecio a la libertad de expresión, y ahora a las libertades de tránsito, de privacidad y de disenso. Los autoritarismos andan siempre a la búsqueda de “enemigos” comunitarios, para fortalecer su posición de grupo.
El combate a los transgresores debe darse primordialmente desde la aplicación de medidas finas de inteligencia y de proacción. También desde el socavamiento de sus bases sociales e ideológicas que le dan “justificación” a los terroristas y guerrilleros. No se puede perseguir a los infractores que ondean banderas políticas con las mismas estrategias que se utilizan contra el crimen organizado, cuyo móvil es económico, no ideológico. Si es que en efecto existe una célula del EPR en el Bajío, habrá que perseguirla con una labor fina y paciente de investigación: detectar el origen de los explosivos, intensificar las labores de inquisición detectivesca, descubrir sus nexos con otros grupos, y en el mediano plazo retirar a estos proscritos de circulación, todo ello sin agraviar aún más a la población. De nada servirá ver al ejército y a las policías en la calle, atacando el problema con guantes de box, cuando lo que se requiere es de los sensibles guantes del cirujano. Pero me temo que seguiremos por la vía de la espectacularidad, que busca atraer la atención mediática, porque a nuestros “responsables” de la seguridad pública, tan improvisados como son, seguirán nadando en el mar de la ineptitud.

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