viernes, 21 de septiembre de 2007

Pasos y pesos de la reforma electoral

La reforma electoral nacional ya se comenzó a debatir en los congresos locales. Los diputados oaxaqueños la han aprobado fast track, y con ello, dado prueba de que no han abandonado las inercias del autoritarismo más primitivo. En una “democracia” cerril como la suya no es sorprendente encontrar evidencias de un servilismo anacrónico del legislativo local. Una pluma más para el penacho del cacique Ulises Ruiz, que seguramente cree que con estos servicios se acerca a las querencias del “supremo gobierno” central y del presidente la de República.
En el resto del país los legislativos locales tomarán con más seriedad el asunto, y seguramente debatirán con atingencia los fondos de la reforma. Desde ahora se anuncian polémicas intensas, y no pocas confusiones. Éstas han sido alimentadas de forma mañosa e interesada por los medios electrónicos de comunicación y sus “analistas” o “informadores” a sueldo, que siguen difundiendo mentiras llanas, como que se está perpetrando un artero ataque a la libertad de expresión de los ciudadanos comunes. Falsa, falsísima simulación. Sencillamente esos medios están chillando porque se les está retirando la millonaria charola de los recursos públicos -y privados- que se desperdiciaban en cientos de miles de minutos de publicidad vacua. La reforma ha cortado de tajo uno de los elementos más corruptores y tergiversadores de la competencia política: el poder del dinero y de la mercadotecnia chambona.
Me alegra ver que los poderes públicos en México todavía puedan verse libres de los tentáculos de los pulpos televisivos y radiofónicos. La reforma electoral está reivindicando el papel del poder legislativo en la vida nacional, un rol tan desgastado durante años. Se beneficia no sólo la división y equilibrio de poderes, sino también la equidad ante los poderes fácticos de los jeques del capital.
Sin embargo, la reforma electoral es parcial ante las urgencias de recomponer el sistema de representación y gobierno del país. Beltrones, Creel y Navarrete, así como Larios, Gamboa y González Garza, nos prometen la inminencia de una reforma integral del Estado, donde se incluyan temas que aparentemente se dejaron de lado en la muda electoral: reducción del número de diputados plurinominales -e incluso de los uninominales, por favor-, eliminación de los senadores pluris, reelección legislativa y de ayuntamientos, homologación de fechas, candidaturas independientes –sólo para ayuntamientos, por favor-, inclusión de mecanismos de democracia directa, reforzamiento del federalismo, mejora de los mecanismos de rendición de cuentas, etcétera. Ojalá que las 5,656 propuestas en que se resumió la consulta pública sobre la reforma del Estado, organizada por el Congreso de la Unión, se vean traducidas en un programa de ejecución de las mociones más pertinentes y adelantadas.
Por lo pronto nos mantendremos atentos sobre la evolución de la iniciativa electoral en los estados. Por cierto, aquí en Guanajuato ya se expresan voces entre los diputados locales en el sentido de que, si bien es previsible que la minuta sea aprobada sin problemas, no se contempla en cambio la necesidad de realizar adecuaciones a la norma electoral local(¡!). Un despropósito que puede llevar a una situación confusa en las elecciones concurrentes de 2009. Sin duda los partidos buscarán aprovechar las paradojas normativas. Hay que considerar que los cambios en el nivel federal se dieron desde el ámbito constitucional y se proyectarán a las leyes reglamentarias, y por lo mismo son vinculantes para las legislaciones locales. No me cabe duda de que tanto la constitución como el código electoral locales requerirán de una actualización que los ponga “en línea” con las modificaciones nacionales. Además, nuestro código estatal acusa rezagos crecientes en el ámbito político -no tanto en el procedimental-, que se reflejan en la creciente desconfianza que inspira la autoridad electoral local a los partidos opositores, azuzada por un consejo general que nada en la inercia de la hegemonía monopartidista.
Pero si de transformaciones electorales se trata, yo me inclinaría por la más radical de todas: la creación del Instituto Nacional de Elecciones, como lo ha propuesto el Comité Conciudadano para la Reforma Electoral. Se trataría de un organismo realmente ciudadano y autónomo, que integrase la fuerza y experiencia del IFE y los 32 institutos locales, pero imponiendo criterios unificados, simples y estandarizados en su calidad. Los ejecutivos estatales y el federal contratarían a ese organismo para desarrollar sus elecciones particulares, pero no tendrían mayor injerencia sobre el mismo, ni participación en la selección de sus autoridades. Se buscaría homologar las fechas, profesionalizar a los funcionarios de casilla, reforzar los mecanismos de contraloría social, nulificar los agentes de poder locales, aplicar la tecnología y las urnas electrónicas, y un largo etcétera. Eso sí sería un cambio.

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