viernes, 21 de diciembre de 2007

De consejos y consejeros electorales

El día de ayer mi amigo y colega Víctor Alejandro Espinoza publicó en el periódico tijuananse Frontera esta opinión: “Ha quedado más que probado que los actuales procesos de designación de consejeros electorales no responden a las necesidades de instituciones autónomas como son los institutos electorales. Lo mismo vale para el IFE que para los institutos estatales electorales.” Esto lo dice el politólogo norteño refiriéndose al método de “cuotas” partidistas que se aplica a lo largo y ancho del país, como recién sucedió en el instituto electoral de Baja California y ahora en el IFE, entrampado como está en la reyerta partidista y la sandez con la que se está conduciendo la designación de los nuevos consejeros generales. En Guanajuato debemos poner nuestras barbas a remojar, pues se acerca el momento de renovar tres consejerías del IEEG, que sin duda responderán al mismo sistema de reparto partidista de chambas bien pagadas, sin importar las capacidades reales de los nominados.
La actual reforma electoral federal no alteró sustantivamente el método de selección de los concejales que forman el órgano de gobierno del IFE. Sólo introdujo el escalonamiento en su designación, pero con ello también ha agregado un factor de incertidumbre, que redundará en un temor permanente por parte de los consejeros -viejos y nuevos-, que ahora evitarán tomar medidas punitivas en contra de los partidos políticos, pues tendrán sobre sí la espada de Damocles del despido fulminante. Cuando el anterior consejo general del IFE -el vigente desde 1996 hasta 2003- aplicó multas millonarias a los partidos por el Pemexgate, los Amigos de Fox y otros malos manejos, aquéllos decidieron no renovar en su puesto a ninguno de los consejeros salientes, y se produjo el esperpento de negociación partidista del 2003, que es el origen de los problemas que hoy vemos. Todos los nuevos consejeros llegaron marcados por sus vínculos partidistas, y por supuesto exhibieron puntos débiles que fueron bien aprovechados en 2006 por la coalición perdedora para denunciar el pretendido fraude en la elección presidencial. Y no cabe esperar nada nuevo en esta ocasión: los nuevos consejeros corren el peligro de volver a entrar en este juego corrupto de los intereses partidistas. Vean si no: en las comparecencias de los 105 candidatos ante las comisiones de la Cámara de Diputados fue muy evidente el interés de todos los aspirantes de quedar bien con los partidos: alabaron las reformas, criticaron a los consejeros actuales, juraron independencia de criterio pero con sensibilidad hacia las demandas de los partidos, etcétera. Yo, que he participado en docenas de concursos de oposición para seleccionar a académicos para universidades, estoy seguro de que la selección sería sencilla si se aplicaran criterios de trayectoria, experiencia, capacidad técnica y lucidez de juicio. Pero no ha sido así: de los 39 post seleccionados muchos no obtuvieron buenas calificaciones, pero convenía a los partidos su presencia entre los finalistas. Y a muchos defenestrados se les descalificó por simple animadversión, no por su incapacidad.
Urge cambiar este procedimiento. Los consejeros electorales deben ser seleccionados mediante sistemas que alejen su elección de los partidos políticos. ¿Por qué no darle al IFE y a los institutos estatales la autonomía de regencia, a la manera de las universidades? Cada uno de ellos podría contar con un “Consejo de gobierno” o algo similar, integrado por miembros destacados del servicio profesional electoral más otros miembros externos, seleccionados todos mediante concurso abierto y transparente, basado en capacidades ponderadas y en prestigio social o intelectual. La selección, en su operatividad, podría depender de un colegio electoral interno, o bien ser manejada por el Tribunal Electoral, que vigilara los mecanismos de selección de los consejeros. Los sistemas de cuotas partidistas están llevando al desastre a los institutos electorales, y ninguna medida cosmética podrá evitar que los nuevos regentes de esos institutos padezcan descalificaciones -justas o infundadas- por parte de los mismos actores que los pusieron en esos cargos.
En Guanajuato debemos emprender una nueva reforma electoral que adecue la legislación local a los cambios en el ámbito nacional. Esta sería una ocasión muy propicia para cambiar el actual proceso prescrito en el CIPEEG, que demanda ciudadanos impolutos -que no existen- pero que anuda la selección de los cinco consejeros a los designios del gobernador, la mayoría parlamentaria local y la primera minoría. El resultado lo conocemos bien: un consejo coloreado, incapaz de contradecir los intereses de sus designantes, con poca o nula capacidad de ejercer decisiones autónomas, y evidentemente la denuncia permanente de los partidos opositores sobre su independencia cuestionada. Algo habrá qué hacer.

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