Los derechos de la diáspora

El día de ayer tuve la oportunidad de participar como sinodal en el examen doctoral del maestro Felipe de Jesús Reyes Romo, dentro del programa de doctorado en estudios del desarrollo de la Universidad Autónoma de Zacatecas. La interesante tesis se intitula “La noción de ciudadanía en las relaciones del Estado y los migrantes trasnacionales, una prospección teórico-empírica para el caso de México”. La dirigió el doctor Miguel Moctezuma, un reconocido estudioso de la migración internacional de nuestro país, en particular sobre el caso de los zacatecanos en los Estados Unidos, una de nuestras comunidades trasnacionales mejor organizadas y de más involucramiento en los procesos de desarrollo regional en su estado natal.
La tesis de marras hace un espléndido análisis sobre la evolución de las posiciones oficiales del gobierno mexicano hacia los paisanos que se han visto en la necesidad –rara vez en la voluntad- de emigrar hacia el país del norte en busca de trabajo y de una posibilidad de mejorar su circunstancia de vida en sus lugares de origen. Alrededor de doce millones de mexicanos se encuentran chambeando duro y sobreviviendo lo mejor que pueden en los espacios laborales que los anglos, los asiáticos e incluso los negros –parafraseando a Fox, autor prolífico de frases célebres- no quieren atender. El ahora doctor Felipe Reyes recorre un siglo y medio de historia de la diáspora mexicana, desde que alrededor de cien mil paisanos se quedaron varados en los territorios que fueron arrancados a México luego de la guerra de 1846-1848, hasta los más recientes acontecimientos que han afectado los patrones y condiciones de la imparable emigración de alrededor de medio millón de mexicanos, que cada año cruzan la frontera de forma legal o ilegal para buscar una oportunidad de empleo en la economía más grande del mundo.
Felipe Reyes se concentra en las variaciones de las nociones de ciudadanía y nacionalidad, que se han evidenciado latentes en el marco jurídico mexicano que ha regido de manera directa o indirecta para discernir el estatuto legal que conservan los mexicanos que abandonan de manera prolongada o permanente el territorio nacional. Históricamente, el marco legal de nuestro país se ha ajustado a los criterios clásicos greco-latinos que anudaban la noción de ciudadanía con la del territorio. Es decir, que para conservar los derechos y las obligaciones del ciudadano ordinario, hay necesidad de mantener residencia regular en el espacio geográfico donde se asienta el Estado. Recordemos que desde esa noción éste último se conforma por la tríada Gobierno-Sociedad-Territorio. Por otra parte, encontramos el concepto de nacionalidad, que está vinculado al lugar donde uno nace (jus solis), o bien a la herencia (jus sanguini) de nuestros padres. Tradicionalmente en México se han vinculado ambos elementos: si renuncias a uno, debías renunciar al otro.
Las fuerzas de la globalización, aunadas a la democratización política de nuestro país, han conducido en las últimas dos décadas a la necesidad de modernizar estos principios legales. Los estados modernos son cada vez más extraterritoriales y trasnacionales. Además, la diáspora mexicana ha ido cobrando una inmensa importancia para el mantenimiento de la estabilidad económica, política y social de nuestro país. Los millones de paisanos, a través de sus líderes, han sabido presionar a los actores políticos nacionales para que, incluso a regañadientes, acepten la necesidad de reconocer la ciudadanía extraterritorial. Los partidos políticos y el gobierno mexicano han ido cediendo y reconociendo que las diásporas de la gran mayoría de los países expulsores han sabido conquistar espacios de representación o de influencia en las decisiones que afectan a sus comunidades de origen. México no podía ser ajeno a esta tendencia mundial. Desde que en 1990 el gobierno de Ernesto Zedillo estableció la primera oficina gubernamental para atender las necesidades de las comunidades de mexicanos en el exterior, nuestro gobierno ha ido ampliando los vínculos y los espacios de participación de esos conjuntos de emigrantes. Tanto, que en 1997 se reformó la constitución mexicana y se aprobó la Ley de No Pérdida de la Nacionalidad Mexicana, con lo que se separó de forma definitiva las dos nociones descritas antes. Decenas de miles de mexicanos han podido optar por la ciudadanía norteamericana, sin perder la nacionalidad mexicana. ¿Dos lealtades? Tal vez, pero es un reconocimiento a que las comunidades migrantes son ya trasnacionales, es decir que un enorme volumen de mexicanos expatriados y México-americanos conservan y fortalecen lazos de vida comunitaria que trascienden fronteras; más aún en un mundo achicado por las nuevas tecnologías de la información y la comunicación.
El “trasnacionalismo desde abajo” que describe y analiza la tesis referenciada, ha sido un hecho imposible de ignorar por el sistema político mexicano, que ha debido iniciar un “trasnacionalismo desde arriba” para corresponder y alinearse con el anterior. De esta manera en 2003 se creó el Instituto de los Mexicanos en el Exterior, cuyo consejo está integrado por cien líderes paisanos, así como por algunos académicos y expertos. Luego, en 2005 se concretaron las disposiciones legales que hicieron posible una de las demandas más sentidas de los paisanos: el voto desde el exterior. Una medida que se implementó una década después de la reforma constitucional que desanudó la obligatoriedad de emitir el voto ciudadano desde la circunscripción territorial del elector. Desgraciadamente en la elección presidencial del 2 de julio de 2006 sólo votaron 32,621 migrantes, cuando las estimaciones optimistas nos habían anunciado a dos millones de potenciales votantes. Sin duda fue un “fracaso” en términos económicos y simbólicos, pero se abrió así una ventana de participación que sin duda se ampliará en el futuro político del país. Hoy, los estados de Zacatecas y Michoacán, y próximamente el DF, posibilitan el voto de los emigrados en sus elecciones locales. Y me pregunto: ¿cuándo debatiremos en Guanajuato sobre este asunto?