martes, 14 de abril de 2009

Tres menos uno

Guanajuato es tierra de migrantes desde al menos los años cuarenta del siglo pasado. Y lo es no por elección y deseo de aventura de sus trabajadores rurales o urbanos, sino sencillamente por las crisis económicas recurrentes que han azotado el entorno regional, desde que el reparto agrario de los años treinta desmembró el sistema productivo agrícola tradicional, que había convertido a Guanajuato en el “granero de la república”.
Cada año, de nuestro territorio salen entre 30 mil y 45 mil nuevos trabajadores migrantes, que se suman a un flujo mayor que involucra a los 1.2 millones de paisanos guanajuatenses que ya habitan en los Estados Unidos. Con la crisis que atraviesa ese país es posible que esa corriente haya bajado un poco en su intensidad, pero definitivamente no mucho, pues la misma crisis pega acá con resultados más dramáticos a nivel familiar. Por ejemplo estoy seguro de que muchos de los casi tres mil trabajadores de la GMC en Silao ya iniciaron camino hacia el norte, desmotivados por los “paros técnicos” que los dejan sin la mitad de su salario semanal de 700 pesos.
El desarrollo de las comunidades migrantes es un tema en el que los gobiernos federal y estatal no han sabido dar pie con bola desde su “reencuentro” con los migrantes en los años noventa. Han inventado programas glamorosos como el 3 por 1, pero siempre sometidos a las exigencias de las burócratas que se supone se dedican al desarrollo social. Y recordemos que las burocracias siempre intentarán justificar su existencia inventando procedimientos que sólo ellas puedan comprender y ejecutar. Por ello no me sorprende la indignación de líderes como don Ángel Calderón, del Timbinal en Yuriria, quien ha decidido ignorar al gobierno y ejecutar obra directa. Él ha dedicado buena parte de su vida a reunir recursos de sus compañeros en California hacia la atención de las necesidades de su pueblo de origen. Muchos centenares de paisanos han hecho lo mismo desde hace décadas, y han transformado el nivel de vida de sus comunidades. Siempre sin la ayuda de los gobiernos.
Recordemos las declaraciones del diputado local José Medina, quien el 24 de septiembre pasado dijo que “todavía faltan por ejercer 40 millones de pesos del Programa 3x1, de 120 millones de pesos disponibles este año, aportados por los gobiernos Federal, Estatal y Municipal.”
Muchos académicos y especialistas hemos insistido en la necesidad de revisar a profundidad el funcionamiento de estos programas sociales, que evidencian una preocupante ineficacia en la consecución de sus fines. La lógica burocrática debe eliminarse de su implementación, y buscar una mejor integración con las aspiraciones de los trabajadores migrantes, quienes lo menos que desean es vérselas con el papeleo. Por supuesto hay que cuidar que los recursos públicos se ejerzan con probidad, pero también con oportunidad. Una cosa no elimina a la otra. ¿Nos entendemos?

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