Elecciones, dinero y medios, 1
Publicado el el periódico
de León.El día de ayer en las instalaciones del campus UCEA-Marfil de la Universidad de Guanajuato se realizó el foro regional “Los medios de comunicación durante el proceso electoral”. Este encuentro de carácter académico fue promovido por el Centro para el Desarrollo Democrático del Instituto Federal Electoral. El primer órgano mencionado es el área académica del IFE, dedicado a fomentar el análisis y el debate sobre la dinámica político-electoral del país. Pero además hay que apuntar un dato nada despreciable: tanto el IFE como el CDD son dirigidos por profesores de la UG, y ambos salieron de la antigua Facultad de Derecho, hoy División de Derecho, Política y Gobierno. Leonardo Valdés Zurita es politólogo, y hasta enero de 2008 se desempeñaba como profesor-investigador de esa facultad, asignado a atender sus programas en Administración Pública. Arminda Balbuena Cisneros es abogada constitucionalista, y en sus tiempos de académica guanajuatense se concentraba en la promoción de los programas de posgrado y de investigación de la añosa facultad. Los dos nos visitaron en esta ocasión, acompañados por el consejero general Arturo Sánchez, miembro del Comité de Radio y TV del IFE, para dialogar sobre el nuevo papel que cumplen los medios de comunicación ante los procesos electorales. Es un tema de gran pertinencia y debate luego de los problemas y desajustes que presenciamos a lo largo del proceso electoral 2008-2009, que pusieron a prueba las nuevas funciones asignadas a ese instituto.
Fui convocado por el CDD como ponente en este foro, en mi calidad de investigador de la misma universidad que promovió el encuentro. Soy también consejero local del IFE, por lo que me vi involucrado desde dentro en la problemática deshebrada en el foro. Presenté reflexiones que apenas alcanzo a sintetizar en los siguientes renglones, y que me atrevo a compartir con los lectores de Milenio.
La reforma electoral federal de 2007 significó un punto de quiebre en la relación entre el Estado mexicano y los medios electrónicos y masivos de comunicación. El sistema electoral mexicano había seguido el camino del norteamericano, donde el acceso los medios para difundir la oferta y el perfil de los candidatos a puestos de elección, dependía sobre todo de la habilidad del aspirante para conseguir los financiamientos y apoyos necesarios que le permitiesen comprar tiempo aire en esos recursos de la comunicación moderna, que en país de la libre empresa son primordialmente privados.
La reforma mencionada buscó acercar al aparato comicial de nuestro país al modelo europeo, caracterizado por una preeminencia de los recursos públicos en la difusión de los mensajes, o aprovechar los esquemas fiscales para que los medios electrónicos privados difundan mensajes propagandísticos electorales a cambio de la redención de tiempos o de impuestos obligatorios. No fue sin duda un capricho o una ocurrencia: desde que en 1991 las elecciones federales y muchas locales quedaron al cargo de institutos electorales independientes del poder ejecutivo los costos de propaganda a través de esos medios masivos fue incrementándose hasta significar más de la mitad de los costos de las campañas políticas. Se fue construyendo así una transferencia periódica neta de recursos en creciente cantidad desde las arcas públicas hacia los codiciosos bolsillos de los concesionarios de la radio y la televisión, quienes incluso diferenciaban sus tarifas entre las “comerciales y las “políticas”. Estas últimas significaban regularmente un costo doble para el contratante; pero poco importaba: al fin y al cabo ni los partidos ni los candidatos comprometían sus peculios personales en la compra de estos espacios de publicidad a precios inflados. Todos contentos.
La reforma federal reciente clausuró esta fuente de expolio a las arcas públicas. Los más de dos mil millones de pesos gastados en radio y televisión en las dispendiosas campañas de 2006 catapultaron las voluntades de los representantes populares para eliminar esta fuente de transferencias desde los depauperados bolsillos de los contribuyentes al fisco hacia las apretadas talegas de los Azcárraga, Salinas Pliego, Sada, Vargas, Ibarra, Huesca, Vargas, etcétera. Las dos docenas de familias que acaparan los medios electrónicos en nuestro país.
Ellos fueron los principales afectados por la reforma. Por ello emprendieron y continúan con una campaña de descrédito en contra de la reforma. Acusaron a los legisladores, vía sus opinadores asalariados, de vulnerar la libertad de expresión, de “espotizar” (el terminajo lo inventaron ellos) la información, de impedir la competencia verdadera, y más bla bla. No fue cierto. Si bien la propaganda sigue dando mucho qué desear, al menos no vimos ahora hincharse las ganancias de los monopolios, ni tampoco los artilugios para beneficiar a los poderes fácticos. Fue tímido el avance, pero al menos fue avance. Ahora hay que defender la reforma de los ataques interesados de los concesionarios.
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