martes, 7 de junio de 2011

Juicio por los derechos ciudadanos

Juicio por los derechos ciudadanos

Publicado en de Guanajuato.

El día de ayer presenté ante el Tribunal Electoral del Estado de Guanajuato una petición de juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano. Esto para combatir el acuerdo del Congreso del Estado del 30 de mayo pasado con el que designó al consejero ciudadano propietario para el consejo general del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato (IEEG). Lo hice convencido de que el procedimiento actual con el que los grupos y representaciones parlamentarias integran la terna que manda la ley para la selección del consejero ciudadano, es oscuro e incierto, pues no incluye mecanismos que le den apertura hacia la sociedad y hacia los ciudadanos que eventualmente pudieran considerarse calificados para cumplir a cabalidad la función de autoridad electoral.

Hace 17 años Guanajuato fue pionero en el país en la ciudadanización plena de su organismo electoral. Con la emisión del código de 1994, nuestra entidad innovó los esquemas vigentes hasta entonces mediante la integración de un instituto que le dio certeza y confiabilidad a sus procedimientos electorales. Sin embargo, demasiado pronto nuestra legislación se vio rebasada por otros códigos electorales locales y por el propio COFIPE, la norma federal. En 1997 en el IFE se profesionalizó la función y se creó la figura de “consejero electoral”.
Los consejeros generales electorales del IFE son funcionarios públicos de tiempo completo, y por lo mismo son sujetos de las responsabilidades que la ley marca a ese tipo de servidores. En Guanajuato, con nuestra arcaica figura de consejeros ciudadanos, los mismos no se desempeñan de tiempo completo ni son considerados sujetos de la ley de responsabilidades de los servidores públicos, aunque sí se encuentran protegidos por el fuero, lo que posibilita conductas antiéticas e incluso auténtica corrupción.
Aunque no tienen carga laboral de tiempo completo, los consejeros de Guanajuato sí perciben sustanciales emolumentos, que rebasan los 660 mil pesos netos al año, más aguinaldo y otras prestaciones. Eso le ha dado a estas posiciones un atractivo monumental, por lo que no pocos aspirantes, incluso con poca experiencia o vocación en el ámbito electoral, busquen los padrinazgos de los partidos políticos para hacerse de estas jugosas “dietas”. Esto ha deformado de raíz el procedimiento de selección de consejeros, pues induce el interés económico por parte de los aspirantes.
Con el recurso que interpuse ante el tribunal busco que el proceso se reponga, pero ahora bajo condiciones de equidad que le permitan a la sociedad y a sus organizaciones poder participar en la proposición de aspirantes. El actual sistema de cuotas partidistas debe ser cambiado mediante una reforma legal, y debe contemplar mecanismos de evaluación de capacidades y vocaciones. No estaría mal bajar el monto de las dietas, o bien convertir la posición en una responsabilidad pública de tiempo completo.
En esta y en otras ocasiones he participado en el proceso por voluntad propia. Nunca a propuesta de un partido. Yo he levantado mi dedo para autoproponerme porque estoy convencido de que tengo la experiencia, la capacidad y el gusto por la materia electoral y por la participación ciudadana en los asuntos públicos. Sé que con este recurso estoy “quemando mis naves” con los partidos, que difícilmente me considerarán en el futuro para este tipo de posiciones. Pero no me importa: busco agitar el árbol para que caigan las manzanas podridas y permitir que crezcan nuevas. Sin importar el resultado de mi queja, creo que contribuyo al debate público sobre la urgencia de una reforma electoral profunda, que nos vuelva a colocar en la posición de avanzada que un día tuvimos.

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