viernes, 22 de julio de 2011

Hace un año, 1

Hace un año, 1

Publicado en Milenio de León.

Hace un año ya, el actual ayuntamiento de la ciudad de Guanajuato cometió el más grande error de su gestión. Bueno, el más grande en estos 21 meses de su mandato; todavía le faltan 15. Aunque el error fue pagado caro, finalmente fue un gran aprendizaje en la construcción de una ciudadanía crítica y activa en la capital del estado. Vale la pena rememorar un poco los hechos, a manera de homenaje al movimiento social que se desató en consecuencia. Recordemos que la “Empresa Mercantil Constructora Azacán S.A. de C.V.” había presentado el 2 de diciembre de 2009 ante el gobierno municipal, un estudio de compatibilidad urbanística para el cambio de uso de suelo en un predio de su propiedad denominado “Granja La Bufa”. El terreno en cuestión tenía, según el Plan de Desarrollo Urbano de 1994 aún vigente, un uso de suelo de preservación ecológica y parque urbano. Pero el dueño buscaba desarrollar “un proyecto que considera varios equipamientos de tipo: comercio, recreativo, de transporte, así como de usos de servicios y habitacional.”
Estaba muy fresca en la memoria de los capitalinos la historia de cómo se había hecho la constructora de ese terreno. Un periódico de circulación estatal había dado seguimiento a la adjudicación de la obra del nuevo acceso a la ciudad, denominado “Diego Rivera”, una obra de gran magnitud, de 200 millones de pesos de inversión, que atravesaría una superficie virgen pero demasiado cercana a los cerros más emblemáticos de Guanajuato: La Bufa, Los Picachos y El Hormiguero. Cito una nota de Martín Fuentes y Alfonso Ochoa del 9 de febrero de 2007: “(…) en diciembre de 2005, el constructor Alejandro Marcocchio, a quien días después se le asignaría el trabajo [del nuevo acceso], compró 47.4 hectáreas de superficie atravesada por la nueva carretera, según consta en el Registro Público de la Propiedad. Meses después, justo el 15 de septiembre del 2006 y a días de que concluyera el gobierno del PRI, encabezado por el entonces presidente interino Juan Antonio Valdés Fonseca, se modificó el ‘Plan de Ordenamiento Territorial del centro de población de Guanajuato, Guanajuato’, lo que permitiría al contratista construir zonas poblacionales de baja densidad en sus predios.” El nuevo POT se alcanzó a publicar en el Periódico Oficial del estado el 17 de noviembre de 2006, e inquietantemente señalaba: “se protegen aquellas zonas de valor escénico, con las que cuenta el municipio, como lo es el caso de la Bufa, cuyo peñón se mantiene libre de cualquier tipo de desarrollo”. ¡Zambomba! Se abría así la puerta a la urbanización del nuevo acceso, dejando libre solamente… el peñón.
El constructor había adquirido el predio de su anterior propietaria, Martha Guadalupe Rodríguez Gaudiano, por un precio de 248 mil 602 pesos con 40 centavos. Es decir, 1.9 pesos el metro cuadrado. Seguramente pagó más, pero sin duda el metro le siguió costando muy barato. Entretanto la empresa construyó la nueva carretera de cinco kilómetros, modificando la traza original y desatando la controversia pública al movilizar enormes cantidades de tierra y construyendo dos grandes terraplenes en Granja La Bufa para modificar su pendiente del 20% al 8%, cuyo interés privado era evidente. El impacto del proyecto sobre la zona fue de enormes dimensiones, y la sociedad civil no reaccionó a tiempo para detener el despropósito. Nostra culpa…

Durante la administración de Eduardo Romero Hicks (2006-2009) no se pudo formalizar la actualización del Plan de Ordenamiento Territorial (POT) 2008, para permitir al desarrollador cambiar el uso de suelo en Granja La Bufa. Algunos regidores, como Dolores Gasca, Samantha Smith y Salvador Flores, denunciaron en su oportunidad la intención de concretar ese cambio mediante el nuevo POT y beneficiar al poderoso particular.
Dicha permuta en el uso del suelo debió esperar a la siguiente administración municipal, que tuvo menos recato en permitirlo, incluso sin contar con el instrumento legal del POT actualizado que ordena la Ley Orgánica Municipal. Las negociaciones del constructor rebasaron a los grupos de interés locales, e involucraron a fuerzas supramunicipales, como el propio gobernador del Estado, quien desarrolló sus oficios para garantizar un buen ambiente para el proyecto.

En sesión del 13 de julio de 2010, el ayuntamiento encabezado por Nicéforo Guerrero Reynoso, quien había obtenido su triunfo electoral gracias a una inédita coalición PRI-PRD, emitió un acuerdo autorizando la viabilidad en el cambio de uso de suelo en Granja La Bufa. Los tres principales grupos partidistas en el cabildo expresaron su venia, incluyendo a la oposición panista, demasiado entusiasmada con el proyecto. Diez regidores y los dos síndicos votaron a favor. Sólo los dos regidores del Partido Verde se opusieron. Demasiado alimento para el sospechosismo…
Continuaremos rememorando la próxima.


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