viernes, 12 de agosto de 2011

Hace un año, 4

Hace un año, 4

Publicado en Milenio de León.

Terminaremos ahora de historiar el movimiento social que surgió en la ciudad de Guanajuato hace un año, con motivo del pretendido cambio de uso de suelo en los bajos del cerro de La Bufa, y la intención de urbanizar el área y “dignificar” la loma del Hormiguero, donde cada año y desde 1624 se realiza la fiesta de la Cueva de San Ignacio, santo patrono de la villa.
El desarrollador quiso presentar el proyecto como una oportunidad para la generación de miles de empleos, tan necesarios en una capital con pocas alternativas de desarrollo. Se manejaron alegremente cifras que bailaron según el declarante entre los 50 y los 800 empleos permanentes, y los mil y seis mil temporales. Estos últimos en la construcción de un desarrollo que preveía 893 viviendas de 160 metros cuadrados, con una densidad de 200 a 300 habitantes por hectárea, un centro comercial con 400 locales, un hotel de gran turismo, una central de transferencia de pasajeros y un “parque urbano”. Este último fue una zanahoria adicional. Para promoverlo se montaron algunos quioscos donde se exhibía un video promocional del “Parque Cultural San Ignacio”, que preveía la construcción en el Hormiguero de un auditorio, andadores, dos museos… en fin, el cerro dejaría de serlo bajo placas de cemento y edificaciones.

El 13 de agosto el ayuntamiento solicitó formalmente a la Comisión de Participación Ciudadana del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato la realización, por primera vez en la historia de la entidad, de un plebiscito sobre el tema. Esa comisión aprobó la solicitud el día 19, y procedió a cotizar el costo del instrumento: un millón 110 mil 771 pesos. El ayuntamiento aceptó aportarlos, y rascó el recurso de sus escasas finanzas, afectando seguramente a partidas importantes para la ciudad. Al inicio los grupos opositores rechazaron el plebiscito, pues la Ley Estatal de Participación Ciudadana exigía, para que el resultado fuese vinculante, condiciones imposibles de cumplir, incluso para los propios partidos políticos si pudiesen participar –que no—: 50% de participación electoral –en la elección municipal de 2009 hubo un 46.6%—, y mayoría calificada de un 60% para la opción ganadora. Además, a los dos años la vinculación dejaría de tener validez. Sin embargo, el ayuntamiento acordó atender al resultado incluso si no se lograban los umbrales. Esto condujo a que los opositores aceptaran participar, aunque bajo protesta.
El 31 de octubre se realizó una tercera marcha multitudinaria por las calles principales de la ciudad, hasta de nuevo, como en la primera, culminar en la Plaza de la Paz. El constructor y el propio municipio –contraviniendo el reglamento de la ley de marras— promovieron activamente el voto afirmativo, con derroche de recursos privados y públicos en propaganda nada disimulada. Los medios de comunicación se dividieron, así como los políticos y la sociedad misma. Descalificaciones fueron y vinieron, hasta crispar el ambiente. Los grupos opositores reunieron más de siete mil firmas de rechazo al proyecto, que dieron una idea del sentir comunitario.

El domingo 5 de diciembre hubo una participación de casi el 13% del padrón electoral de 116 mil 349 electores. Muy elevada si la comparamos con el 6.6% del plebiscito que se organizó en el DF el 22 de septiembre de 2002 para aprobar la construcción del segundo piso del periférico. El 84% de los votantes optó por el No, el 15.3% por el Sí y el 0.7% anuló su voto. 5.5 votos negativos por cada positivo. Fue clarísima la decisión ciudadana. El alcalde había ganado su propia elección con un 43.9% de los votos válidos, equivalente a 22 mil 283 votos, apenas diez mil por arriba de los 12 mil 547 que votaron por el No.

El ayuntamiento de Guanajuato, en su sesión del 10 de diciembre de 2010, revocó el polémico acuerdo del 13 de julio anterior. Lo hizo a regañadientes y en una sesión tensa, para la que previamente el auditorio había sido llenado de acarreados y así dificultar la presencia de los opositores; sin leerse públicamente el acuerdo, con el voto en contra de un regidor panista y el desplante regañón del síndico priísta. El alcalde mostró moderación y acató el compromiso público.

El IEEG le reintegró al ayuntamiento un remanente de 243 mil 114 pesos, muy necesarios sin duda para un municipio con un presupuesto anual total de 322.5 millones de pesos.
El constructor no se cruzaría de brazos. En enero de 2011 interpondría un recurso legal contra el ayuntamiento ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del estado. Recurso que finalmente fue sobreseído el 15 de julio pasado. Pero la historia no termina aún, y habrá que mantener la guardia en alto.

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