viernes, 3 de septiembre de 2021

Informe autoritario

Informe autoritario

Por: © Luis Miguel Rionda ©

Publicado en:
Milenio León
eslocotidiano.com

El tercer informe presidencial de Andrés Manuel López Obrador fue la nota de la semana. En teoría, este ejercicio de rendición de cuentas debe servir para que el titular del ejecutivo “manifieste el estado general que guarda la administración pública del país” ante el Congreso de la Unión, según el artículo 69 de la constitución mexicana.

Sin embargo, el ejercicio ha perdido sustancia, al menos en su expresión oral —el llamado “mensaje político”—, que hoy parece más una retahíla de post verdades que muy poco aporta a la comprensión de la sustancia del proyecto de gobierno. Este tercer informe reiteró esta tendencia hacia la vacuidad ceremonial, con mensajes dirigidos a la feligresía y a la evangelización de los conversos. La 4T se habló a sí misma, y reiteró un triunfalismo que no se sustenta en los hechos duros de la realidad aviesa.

Comenzó con una declaración lanzada sin anestesia y sin respeto a la sintaxis: “La transformación está en marcha y, aunque es necesario seguir poniendo al descubierto la gran farsa neoliberal y auspiciando el cambio de mentalidad [sic] del pueblo, porque eso es lo más cercano a lo esencial y a lo irreversible [sic].” Me alarma que una administración federal, por más legítima que sea, pretenda auspiciar un “cambio de mentalidad” en sus electores, y que dicho cambio sea “irreversible”. Me pareció evidente el paralelismo con las convicciones autoritarias de las revoluciones radicales que, para mantenerse en el poder, buscan “reeducar” al pueblo, develándole la verdad única, evangélica y salvadora. Recordé la revolución cultural china y su enorme costo humano, los gulag soviéticos y sus lavados de cerebro, la reeducación castrista en la Cuba de los sesenta (“Con la Revolución todo, contra la Revolución nada”), y la educación socialista de Calles en México, definida en su “grito de Guadalajara” del 20 de julio de 1934, cuando afirmó que “debemos entrar y apoderarnos de las conciencias de la niñez, de las conciencias de la juventud, porque son y deben pertenecer a la Revolución.”

“¡Tengan para que aprendan!”, fue el mensaje del presidente hacia el resto de los mexicanos amontonados en las etiquetas presidenciales: fifís, conservadores, neoliberales, aspiracionistas, clasemedieros, hipócritas, vendidos, calderonistas, apátridas, etcétera. Su discurso no fue el de un estadista, sino el de un rijoso e iluminado líder de secta ideológica, más preocupado por afianzar su lugar en la historia y no en el futuro. Reafirmó sus vocaciones estatistas, monopólicas y parroquianas, más propias de su admirado “desarrollo estabilizador” nacionalista de los años cincuenta y sesenta, y el populismo revolucionario de los setenta. Un México que ya no existe en un entorno mundial “post-neoliberal”.

Thomas Piketty explica en su interesante texto El capital del siglo XXI, que hoy día las desigualdades deben ser combatidas mediante políticas fiscales y de desarrollo de alcance global, y no mediante transferencias y subsidios que perpetúan la dependencia.

En cambio, AMLO presumió que “el 70 por ciento de los hogares de México está inscrito en cuando menos un Programa de Bienestar o se beneficia de alguna manera del presupuesto nacional”. Me alarma esta percepción paternalista, que ilustró bien en la mañanera del 29 de abril de 2019 cuando comparó sus programas sociales con la protección a los “animalitos” domésticos, que han perdido su capacidad de alimentarse. 

Una visión miope de caridad cristiana, que busca “la gran satisfacción que produce a cualquier ser humano de buenos sentimientos el llevar a la práctica el principio fundamental del amor al prójimo y el servicio a los semejantes.”

Pero nada es irreversible en la política, sobre todo en democracia. La sabiduría reside en corregir a tiempo los errores de los pretendidos iluminati.



viernes, 27 de agosto de 2021

Una reforma punitiva, 2

Una reforma punitiva, 2

Por: © Luis Miguel Rionda ©

Publicado en:
ZonaFranca.mx Milenio León
https://15diario.com/diario-de-campo-una-reforma-punitiva-ii-luis-miguel-rionda.html
eslocotidiano.com

El proyecto de iniciativa del Senado de la República para la reforma político-electoral, que se circuló informalmente la semana pasada, ha causado muchas reacciones. Entre ellas la de la Presidencia de la República, que anunció que presentará una iniciativa propia. En lo que ésta se conoce, continúo exponiendo mis puntos de vista sobre la primera.

Me parece positivo que se plantee mejorar la técnica legislativa, y concentrar en el artículo 41 constitucional todo lo referido a la materia electoral. Hoy día, la constitución mexicana es un rompecabezas que confunde y en ocasiones se contradice. La claridad y la lógica son importantes.

Se plantea reconocer derechos plenos a los ciudadanos mexicanos con doble ciudadanía, que hoy día son discriminados para desempeñar un cargo público. Un anacronismo que impone diferencias entre mexicanos “de primera” —nativos— y los “de segunda” —los naturalizados—. Considero que también se les debería reconocer derechos políticos a los extranjeros avecindados en el país, luego de una estancia mínima documentada.

La iniciativa incluye la opción del voto electrónico en el territorio nacional mediante urnas, aplicaciones o páginas electrónicas. Ese es el camino de la racionalidad electoral, que ya ha sido puesto a prueba mediante el voto desde el exterior. Hay que universalizarlo.

Se añade el derecho a votar en referendos y plebiscitos, y que se pueda decidir sobre el uso, administración y destino de proyectos y recursos asignados mediante presupuestos participativos, así como en la gestión, evaluación y control de la función pública. Un paso más hacia la democracia directa.

Se propone reformar el artículo 38 para que una persona sometida a proceso judicial aún sin sentencia, no sea suspendida en sus derechos ciudadanos. Se elimina la anacrónica fracción IV, que suspende los derechos por “vagancia o ebriedad consuetudinaria” (¡!).

Creo que es excelente la propuesta de eliminar las senadurías de representación proporcional. Un despropósito impuesto por los partidos minoritarios en la reforma de 1996 que contradice la función federalista del Senado. También se plantea reducir el número de diputaciones electas por representación proporcional de 200 a 100. ¿Y por qué no reducir también las diputaciones de mayoría relativa de 300 a 200? Así mantendríamos una cámara de diputados mixta pero más ligera, con 300 curules: dos tercios de MR y otro de RP. Cada diputación de mayoría representaría a alrededor de 462 mil ciudadanos —con padrón electoral de agosto de 2021.

La reforma propone que “en el caso en que exista un porcentaje mayor de hombres que de mujeres en las diputaciones electas por mayoría relativa, se hagan ajustes a las listas regionales a efecto de que se compense esta sobre representación masculina con mujeres electas por el principio de representación proporcional.” Se garantiza así la paridad de género.

Se plantea limitar la facultad reglamentaria del INE desde noventa días antes y durante el desarrollo del proceso electoral, para abonar a la certidumbre de las pautas de la competencia. En consecuencia, se propone que los órganos electorales notifiquen al Congreso de la Unión sobre las omisiones legislativas con la temporalidad suficiente —180 días antes de la elección— para que pueda efectuar los cambios necesarios. Me parece razonable.

Veamos ahora qué futuro le depara a esta iniciativa informal.


viernes, 20 de agosto de 2021

Una reforma punitiva, 1

Una reforma punitiva, 1

Por: © Luis Miguel Rionda ©

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ZonaFranca.mx Milenio León
https://15diario.com/diario-de-campo-una-reforma-punitiva-i--luis-miguel-rionda.html
eslocotidiano.com

A mediados de esta semana circuló un documento generado en apariencia por la bancada del partido Morena en el Senado de la República. Se trata de un proyecto de iniciativa para la reforma político-electoral a nivel nacional. Es evidente que esta pretendida filtración busca tantear el ánimo de la clase política, antes de formalizar la entrega de la propuesta de reforma constitucional. También es claro que existe prisa para concretar la reforma; la intención ha sido expresada en las conferencias mañaneras presidenciales, donde se ha expuesto sin ambages la animadversión oficial contra los organismos electorales.

Un detalle: me llama la atención que el archivo electrónico venga firmado por el doctor Osiris Vázquez Rangel, quien según una ficha curricular que encontré es —o era— secretario de estudio y cuenta en el Tribunal Electoral de la Ciudad de México (ver aquí). Inquieta saber que un texto tan sensible se genere desde una cuenta ajena al Senado, y no estaría mal aclararlo. Luego de estudiar la exposición de motivos, me queda claro que la reforma busca pasar factura de los recientes descalabros electorales y legales del partido mayoritario, a los árbitros institucionales; en concreto, la mira está puesta en los actuales consejeros del INE y los magistrados del TEPJF. Se repite la receta punitiva del 2007-2008, cuando la coalición derrotada en la elección presidencial de 2006 impuso los términos de una reforma que defenestró a la generación de consejeros que presidía Luis Carlos Ugalde. También se impuso un modelo de comunicación política que hoy es criticado por la nueva hegemonía, heredera de aquel movimiento.

Los términos del actual proyecto de reforma refuerzan la tendencia centralizadora que se gestó desde el Pacto por México de 2012, y que se concretó en la reforma política de 2014, que eliminó en la práctica la autonomía de los organismos electorales locales, y reforzó la megacefalia del INE. Se propone ahora “pasar [sic] las funciones de los OPLES al INE” y que éste asuma las funciones de ésos: organizar los miles de procesos electorales locales. Adiós al federalismo electoral.

Con esto, se dice, “se generan beneficios en términos prácticos y económicos, pero no se afecta a las entidades de la república […] el desafío consiste en generar que los organismos locales de los que dispone el INE [330 juntas distritales y 32 locales] asimilen en sus esquemas administrativos internos a la función de los OPLES.”

La nueva generación de consejeros generales del INE —que sustituiría de inmediato a los detestados titulares actuales— se constituiría con siete miembros —en lugar de once—, elegidos por nueve años por el Congreso, con una presidencia rotativa electa entre ellos mismos, en periodos de tres años. No está mal esta idea, si no fuera por la evidente intención de descabezar de inmediato al organismo. También se propone eliminar los 32 órganos jurisdiccionales locales, y que la integración de la Sala Superior del TEPJF baje de siete magistraturas a cinco. Este tribunal tendría que establecer salas locales para atender los miles de recursos que se generan en los procesos municipales, distritales y estatales. También es evidente el deseo de fulminar a la actual generación magistral, que le ha causado no pocos descalabros a la 4T, que falló en su intento de domesticar al tribunal.

Sin embargo, hay elementos positivos en la propuesta, que voy a abordar en mi siguiente contribución. Buenas ideas que merecerían un mejor contexto, que incluyera un debate profundo entre los actores políticos, con vistas al 2024, todavía lejano.


viernes, 13 de agosto de 2021

Inopia cultural

Inopia cultural

Por: © Luis Miguel Rionda ©

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ZonaFranca.mx Milenio León
https://15diario.com/diario-de-campo-inopia-cultural-luis-miguel-rionda.html
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Desde hace décadas los diferentes gobiernos nacionales y locales de nuestro país han ejercido una política confusa —por decirlo amablemente— hacia el ámbito de la cultura. La Constitución General de la República hace referencia en once ocasiones a este concepto —incluyendo tres a la cultura física—, sin nunca definirlo. Pero es de destacar el párrafo once del artículo 4º, que dice: “Toda persona tiene derecho al acceso a la cultura y al disfrute de los bienes y servicios que presta el Estado en la materia, así como el ejercicio de sus derechos culturales.” Este texto fue adicionado apenas el 30 de abril de 2009. Desde entonces el derecho a la cultura es considerado uno más de los derechos humanos de los mexicanos, y el Estado asumió formalmente la obligación de promover su fortalecimiento, su protección, su difusión y conocimiento.

A pesar de los buenos deseos, es un derecho humano que no se acompaña con los apoyos presupuestales suficientes. Desde hace más de una década los recursos públicos destinados al fortalecimiento de las culturas nacionales no rebasan el 0.1% del Producto Interno Bruto (ver aquí). Son poco menos de 14 mil millones de pesos del gobierno federal en su ramo 48 (ver aquí), más una cantidad mucho menor de parte de los gobiernos estatales y municipales. Para colmo, la quinta parte del presupuesto federal de este año se destina al megaproyecto presidencial Chapultepec (ver aquí).

Dentro del gasto cultural federal, el presupuesto destinado al Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) ha sido uno de los más castigados. Para este año su presupuesto suma tres mil 820 millones, un recorte del 2.53% sobre el año anterior. Si consideramos que el instituto está al cargo de la preservación, estudio y divulgación del amplísimo patrimonio histórico y arqueológico nacional, podemos concluir que es un recurso en extremo limitado y que, según el sindicato del INAH, “provocará, entre otras cosas, deterioro de los monumentos paleontológicos, arqueológicos, artísticos e históricos del país, así como la red de museos y otras infraestructuras culturales dependientes del Sector Cultura y del INAH, en particular. La gran mayoría de las zonas arqueológicas, museos y monumentos históricos del país […] se encuentran en un avanzado estado de deterioro y requieren de mantenimiento urgente” (ver aquí).

Uno de esos sitios es el del Templo Mayor, que tal vez sea el repositorio arqueológico más importante del país, junto con Teotihuacan. Este conjunto, descubierto apenas en febrero de 1978 gracias al hallazgo por parte de trabajadores electricistas del monolito de la Coyolxauhqui, representa uno de los mejores ejemplos de la urbanística, la mitología y la cultura de los antiguos mexicas, a quienes conocemos tan poco a pesar de ser reivindicados como los fundadores simbólicos del México moderno.

La actual administración federal ha revivido el viejo nacionalismo mexicano, que se sustenta en una visión broncínea y anquilosada de un pasado imaginado. El discurso ideológico de la 4T se nutre con los viejos estereotipos del indigenismo de los años treinta y cuarenta, que buscaba “forjar Patria”, en palabras de su fundador Manuel Gamio. Pero al mismo tiempo cae en los simplismos de la propaganda populista, como se evidencia en los actos conmemorativos del bicentenario en este año.

Me parece indignante que el gobierno de la CDMX, con apoyo del federal, destinen recursos —no se sabe cuántos— a la construcción de una horrible maqueta del Templo Mayor a cien metros del original. Un adefesio a un tercio de su tamaño original, que me recuerda las atracciones gringas que imitan castillos y monumentos, y los banalizan con espectáculos de luz y sonido con contenido New Age —ahora les dicen videomapping—. Entretanto el sitio original se desgasta por carecer del techado que se cayó el 28 de abril pasado, por las inopias presupuestales del INAH.


viernes, 6 de agosto de 2021

Tribunal amenazado

Tribunal amenazado

Por: © Luis Miguel Rionda ©

Publicado en:
ZonaFranca.mx Milenio León
http://15diario.com/diario-de-campo-tribunal-amenazado-luis-miguel-rionda.html
eslocotidiano.com

La reciente crisis en la sala superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación pone en evidencia que la intervención de poderes exógenos en los procesos internos de los organismos autónomos tiene consecuencias graves para su gobernabilidad. Cuando el ejecutivo y el legislativo, que tienen origen en la competencia político-partidista, buscan cooptar o domesticar a los entes autónomos, los contaminan con sus intereses partidistas e imponen una visión ideológica en su desempeño, con lo que la función original de los órganos es alterada, incluso corrompida.

¿A qué me refiero? A que en el caso del tribunal el depuesto magistrado presidente había venido cumpliendo el papel de quinta columnista del poder hegemónico, dificultando o modificando la impartición de justicia en el campo de la competencia electoral. Es bien sabido por los que creemos conocer las condiciones internas de la función electoral, que algunas sentencias emitidas desde la designación del interfecto al frente del tribunal han causado controversia, en particular aquéllas que han anulado acuerdos del consejo general del INE. Incluso se han contradicho criterios defendidos en sentencias previas, como en el caso de la atención a la violencia política de género, o la obligatoriedad de candidatos y precandidatos de presentar informes de gastos de campaña.

Los cinco —de siete— magistrados que destituyeron al controversial presidente enlistaron una serie de inconsistencias, omisiones, imposiciones y manejos administrativos sospechosos que nunca fueron esclarecidos o atendidos por el presidente del colegiado. La resistencia a ventilar temas incómodos fue evidente en los alegatos que expuso el aludido, antes de ordenar el levantamiento de la sesión virtual y hacer mutis, junto con otra magistrada y el personal directivo de la secretaría de acuerdos.

Los magistrados rebeldes asumieron la defensa del prestigio del tribunal, que ha sumado luces y sombras a lo largo de sus 25 años de existencia, pero que sin duda ha sido el garante de la democratización y la progresividad en los derechos políticos de los mexicanos.

El secuestro de los organismos autónomos se traduce en regresiones autoritarias que buscan deconstruirlos, para retornar al centralismo caudillista que todo decidía, incluso la aplicación de la ley. Las reacciones externas nos ayudan a adivinar los hilos de control que hoy se ponen en riesgo: la mayoría parlamentaria y el ejecutivo se han pronunciado por la renuncia del pleno de la sala superior. Es lógico: así se plantea la tabla rasa que facilitaría la cooptación completa de ese importantísimo órgano del Poder Judicial, que también ha estado bajo asedio, con el anzuelo de la inminente reforma a ese poder, incluida la ampliación del periodo de su propio presidente.

El canibalismo institucional se desata sin embozos para facilitar el camino a la imposición de la agenda de largo plazo, transexenal, de la 4T. Ojalá los magistrados den la batalla por su autonomía, porque de otra manera el tribunal puede constituirse en la antesala del exterminio o domesticación del sistema electoral nacional.