A tres años del voto del hartazgo
Por: © Luis Miguel Rionda ©
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Artículos de coyuntura publicados por Luis Miguel Rionda Ramírez en medios impresos o electrónicos mexicanos.
Antropólogo social. Profesor titular de la Universidad de Guanajuato y de posgrado en la Universidad DeLaSalle Bajío, México. Exconsejero electoral en el INE y el IEEG.
¡Los comentarios son bienvenidos!
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El miércoles 9 de junio se realizaron los cómputos distritales y municipales de las elecciones realizadas el domingo 6. El siguiente domingo se verificaron los cómputos estatales en las 15 entidades con elección para gubernaturas.
La buena noticia es que nadie ganó todo ni perdió todo. Pero eso no quiere decir que las cosas se mantuvieron como antes. La polarización discursiva impulsada por la 4T y sus rivales no tuvo efectos disuasivos sobre el electorado: el 52.7% de los mexicanos acudió a votar, lo que fue un récord para unas elecciones intermedias. En 2015 la cifra nacional había sido del 47.7%; en 2009 fue de 44.8% y en 2003 de 41.3%. Aunque vale la pena recordar que, en 1997 –cuando el PRI perdió el control sobre el legislativo– el 57.7% de la lista votó, y en 1991, con padrón electoral nuevecito, lo hizo el 66%. Para un país donde el voto no es obligatorio –formalmente sí lo es, pues lo ordena la Constitución en su artículo 36 fracción III–, es un gran mérito que más de la mitad de sus ciudadanos acudan sin coacción alguna a manifestar sus preferencias políticas. Es un vaso medio lleno.
El gran ganador de este proceso electoral fue sin duda el Instituto Nacional Electoral (INE), así como los organismos electorales locales, todos ellos amenazados de desaparición por los caudillos de la 4T, incluyendo el presidente de la república. Su excelente desempeño técnico despejó esos nubarrones. Los mecanismos de información previa, como el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) y los conteos rápidos, funcionaron a la perfección –excepto en Guerrero y otras entidades con organismos locales muy castigados en lo presupuestal–, y reforzaron la certidumbre y la confianza ciudadanas. Un millón 465 mil ciudadanos colaboraron en las casi 163 mil casillas instaladas en el país. ¡Sólo 32 no pudieron instalarse! Ello por la resistencia de pobladores en comunidades de usos y costumbres, o acosadas por la violencia.
Morena y sus aliados consolidan presencia territorial nacional, al hacerse de once gubernaturas de las quince en disputa. Pero no pudo preservar seis alcaldías clave de la Ciudad de México. Sólo conservó siete de las 16. La coalición Va por México y el partido Movimiento Ciudadano no avanzaron demasiado en la Cámara de Diputados federal, pero se convirtieron en factor real de oposición, que será muy importante para imponer un dique a las pretensiones centralizadoras y radicales del programa de largo plazo de la 4T, que parecían llevar hacia un modelo autoritario basado en una concepción clasista y sectaria del poder público. Las dos coaliciones lograron números cercanos en sus votos: Va por México (PAN, PRI y PRD) sumó 39.7%, y Juntos Haremos Historia (Morena, PT y PVEM) un 42.8%. El resto de los 49 millones 107 mil 9 votos (17.5%) se repartió entre el MC, los tres partidos que no lograron superar el 3% de votación, los nulos y los candidatos no registrados.
El INE sometió a recuento a casi el 60% de los paquetes electorales integrados en las casillas. En 11 de los 300 distritos se fueron a recuento total. Tal vez se exageró, pero sin duda esta medida –agotadora para los consejos distritales– aportó más certidumbre sobre los resultados. El propio presidente López Obrador debió reconocer que estas elecciones fueron libres y justas, “no como antes” (¡!). En Guanajuato, mi estado, fue el caso del distrito 10 de Uriangato.
A nivel local la situación fue variopinta. En Guanajuato, el IEEG estuvo a punto de descarrilar por sus problemas de coordinación de procesos clave como el registro y seguimiento de las candidaturas. Con todo, sus 68 consejos funcionaron bien y sólo tres municipios requirieron recuentos por las pequeñas diferencias en los resultados del primer y segundo lugares: Santiago Maravatío (27 votos del independiente sobre el candidato del PRI-PRD), Huanímaro (271 votos del candidato Verde sobre el de Morena) y Silao (280 votos del candidato de Morena sobre el del PAN). El mapa político se volvió a redefinir, ahora con 18 alternancias en 46 municipios, pero lejos de las 24 alternancias de 2018 y las 33 de 2015.
El PAN pasó de gobernar 25 municipios a 22, pero con trece perdidos y diez ganados, entre ellos cuatro que gobernaba Morena. El PRI se movió de once a diez, ocho ganados en coalición con el PRD. Morena mantuvo Salamanca –su plaza fuerte gracias a los petroleros–, y logró Doctor Mora y el industrial Silao, pero va a dejar de gobernar en Acámbaro, Apaseo el Alto, Comonfort y San José Iturbide. El PRD triunfa en dos municipios que no gobernaba antes: Tierra Blanca y Xichú. Movimiento Ciudadano conquistó Pueblo Nuevo –con la dinastía Solórzano– y Moroleón ¬–con la hija de la candidata asesinada Alma Rosa Barragán–. Nueva Alianza conserva Villagrán. RSP logra Jaral del Progreso y San Diego de la Unión. Y un independiente en Santiago Maravatío.
En cuanto a la constitución de la nueva LXV Legislatura local, según el PREP el PAN confirmó e incluso amplió su carácter hegemónico al ganar 21 de los 22 distritos con el 41.8% de los votos, contra 22.7% de Morena, 10.3% del PRI-PRD, 3.7% del PRI, 4.6% del PVEM y 4.5% de MC. Morena ganó el distrito 14 de Salamanca con el 35.8% de los votos, contra 32.7% del PAN. En el Congreso local el PAN contará con sus 21 diputados de mayoría, sin ninguna posición de representación proporcional (RP). Como segunda fuerza encontrará a Morena con su curul de mayoría y seis de RP. Posiblemente otras cuatro diputaciones se asignarán al PRI, dos al PVEM y dos a MC, para completar las 36 curules. El PAN sumó 800 mil 445 votos del millón 914 mil 182 votos contabilizados en el PREP.
La micropolítica pone en evidencia el mosaico que es en realidad México…
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A partir de las 00:00 horas del jueves 3 de junio entramos al periodo de 72 horas previas a la jornada electoral del domingo 6, que la ley prevé para introducir un ejercicio de reflexión ciudadana sobre las ofertas políticas que se recibieron por parte de candidatos y partidos, para atraer la preferencia que se expresará sobre la boleta electoral. Este “silencio” afecta no sólo a los partidos y candidatos, sino también a los gobiernos, a los medios de comunicación, a las encuestadoras y demás agentes interesados.
Es evidente que este silencio obligado incomoda a los actores de la escena pública, pues la captura de votos mediante la propaganda machacona y vacua basa su éxito en la reiteración de miles de mensajes simplones, imágenes atractivas, bailes salseros y jingles o sonsonetes pegajosos. La política como mercado placero, basada en el show mediático que resalta los envoltorios sobre los contenidos. La candidata o el candidato es el producto perecedero que hay que colocar ante una audiencia a la que se juzga poco demandante y de deseos primarios, nacidos de los impulsos reptilianos que privilegian los sentidos, y se olvidan del pensamiento abstracto, propio del ciudadano con formación política.
Sin duda la norma electoral mexicana es sabia al demandar un espacio de silencio reparador antes de la cita ante las urnas. Puede servir de desintoxicación para nuestro juicio personal, tan vapuleado por los anuncios, las descalificaciones, las mentiras y la violencia verbal. En esto concedo a nuestro modelo electoral el gran mérito de aplacar los ánimos antes de la toma de decisión por parte del sufragista.
En otros países, como en Estados Unidos, Gran Bretaña, Japón y muchos otros, no existe este periodo reflexivo. En la propia jornada, a pie de las casillas o centros de votación, puede uno encontrarse con cuadrillas de partidarios que publicitan a sus favoritos ante electores aún dudosos. Pero eso es posible por la civilidad de sus manifestaciones, y también por la existencia de métodos alternos de votación, como el voto por adelantado –vía postal o electrónica–, el voto en ausencia, el voto desde el extranjero, etcétera.
El clima preelectoral en México se ha convertido en terreno minado por la violencia criminal. El tono fuertemente belicoso de gran parte de las campañas también ha añadido tintes de miedo. Ser candidato o candidata en México es una vocación de alto riesgo, como lo hemos experimentado a lo largo de este proceso electoral. La consultora Integralia contabilizó desde septiembre hasta el 10 de mayo pasado 169 incidentes de violencia política, con 143 víctimas mortales, entre ellos 26 aspirantes a elección popular. El 18 de mayo ya sumaban 32, según la secretaría de Gobernación. Todavía no ocurría el asesinato artero de Alma Barragán en Moroleón el 26 de mayo.
Ante esta sinrazón, esta locura violenta, México hace bien en apagar las estridencias por tres días, con el fin de dar paso al pensamiento. La política se inventó para dar cauce a los conflictos entre los intereses públicos encontrados, y evitar la violencia. Es urgente volver a la racionalidad, y acudir a las urnas en masa, para en ellas expresar nuestra molestia, nuestras cuitas, pero en paz…
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Estamos a 16 días de la jornada electoral más importante de la historia de la joven democracia competitiva mexicana. Una elección crucial en muchos sentidos. Por su tamaño: con 20 mil 415 cargos en disputa, una lista nominal de 93 millones 528 mil 473 ciudadanos (¡51.8% mujeres!), un millón 464 mil 840 ciudadanos requeridos para integrar las 163 mil 926 casillas, má de 48 mil supervisores y capacitadores electorales, 6 mil 108 observadores electorales, y diez partidos políticos nacionales.
También por su diversidad: la paridad de género es obligatoria en la dimensión vertical y en la horizontal; hay 30 distritos considerados indígenas por el INE, y hay acciones afirmativas en las entidades con presencia de población originaria; también hay acciones afirmativas para garantizar la representación de los migrantes en las listas de candidatos a diputados por representación proporcional; luego, hay acciones afirmativas para integrar representantes de las comunidades LGBT+; además hay estatutos partidistas que obligan a la participación de jóvenes, etcétera.
De igual manera son trascendentes por su alcance político: la coalición partidista hoy dominante en los poderes federales quiere garantizar su permanencia como fuerza hegemónica en los ejecutivos y los legislativos, en particular en la cámara de diputados federal. Sin la mayoría absoluta –y sobrerrepresentada– de hoy, difícilmente la 4T culminará su obra de deconstrucción del modelo “neoliberal” que tanto detesta. Los comicios del 6 de junio se asumen como una especie de plebiscito sobre el cambio radical de modelo económico y político, para abandonar el que ha imperado en los últimos siete lustros, y así desandar las privatizaciones, la apertura comercial, la globalización y la poliarquía burguesas.
El discurso de campaña se ha convertido en un arma de descalificación apriorística del rival, sin dar opción más que la propia. La radicalización nos ha conducido a un escenario de extremos que electriza e inflama fundamentalismos excluyentes. La antipolítica del primitivismo simplón.
Como me temía, la violencia se ha apersonado. Antier leí en Reporte Índigo que ya suman 32 los candidatos asesinados en lo que va del proceso electoral, incluyendo al de Cajeme. Y recién un candidato del distrito 11 de Moroleón-Uriangato, en Guanajuato, fue balaceado en su vehículo a pleno día. No sorprende: la violencia verbal es un aliciente para la violencia criminal.
Es urgente que los actores políticos —candidatos, titulares de los ejecutivos, líderes partidistas— abandonen los discursos impulsivos y amenazantes, y se concentren en sus ofertas concretas en el ámbito estricto de las responsabilidades a asumir. Los bailes de Tik Tok, las canciones de karaoke, las coreografías ridículas, sólo devalúan la función pública y deseducan a la ciudadanía, haciéndole creer que la política electoral es un circo de tres pistas, dentro del que hay que optar por el payaso más patético.
Seriedad y mesura, señoras y señores políticos.
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Explicaba en mi anterior colaboración que el proceso de registro de candidaturas locales para este proceso electoral ha sido particularmente enrevesado en el estado de Guanajuato, y que en ello tuvieron mucho qué ver la desorganización y exacerbación de ánimos en algunos partidos políticos, y un inopinado aturdimiento al interior del tradicionalmente bien organizado Instituto Electoral del Estado, IEEG.
Entre el 20 y 26 de marzo se presentaron 411 solicitudes de registro de planillas para los 46 ayuntamientos por parte de los once partidos políticos y los diez candidatos independientes. La cantidad de expedientes individuales debió acercarse a los cinco mil, sin consideramos que en la entidad hay 46 presidentes municipales, 52 síndicos propietarios, 52 suplentes, 418 regidores propietarios y sus 418 suplentes. Son 986 posiciones.
El Consejo General del IEEG sesionó en distintas ocasiones en la primera semana de abril para aprobar o rechazar las solicitudes. En total aprobó –según mis cuentas– 357 planillas, y rechazó 54. Once de ellas de Morena, que había presentado 45 listas, algunas de ellas muy competitivas en municipios como Salamanca –que hoy gobierna–, Celaya y Guanajuato capital. El nuevo partido hegemónico paga su cuota por el variopinto origen de sus líderes y su carencia de institucionalidad interna.
El Partido Acción Nacional presentó planillas para todos los municipios y obtuvo los registros sin mayores problemas. El PAN, –que hoy gobierna en 25 cabildos– ha sido un corporativo disciplinado y bien organizado en Guanajuato. De igual manera lo suelen ser el PVEM y Nueva Alianza Guanajuato, aunque en esta ocasión no lograron registrar 4 de 44 y una de sus 40 solicitudes respectivamente.
El PRI y el PRD van en la coalición “Va por Guanajuato” en 26 municipios, y sólo les negaron un registro. En otros 20 el PRI va solo y se le rechazó la planilla de Celaya (!). El PRD presentó 19 solicitudes y le negaron dos. Movimiento Ciudadano se lanzó a fondo con 42 solicitudes, pero sólo obtuvo 36 registros. El PES quiso sorprender con 32 pero sólo logró el registro de 18. Redes Sociales Progresistas evidenció su amplia base en el magisterio, y sólo le rechazaron una planilla de las 25 que presentó. Fuerza México también exhibió sus bases corporativas y de sus 26 solicitudes le aprobaron 20. Siete de los diez independientes pasaron la aduana, y algunos son muy competitivos, como la planilla de la carita feliz en Dolores Hidalgo CIN. Estos siete deberán dividirse una bolsa de recursos públicos para sus campañas de menos de un millón de pesos, evidenciando la inequidad frente a los candidatos partidistas, que contarán con casi 50 millones.
Para complicar el ambiente, las autoridades electorales locales han sido denunciadas ante el INE por parte del PAN, por las irregularidades cometidas en el registro de candidaturas. Errores que debieron evitarse apegándose a los procedimientos de la ortodoxia legal.
Entretanto los candidatos y candidatas con registro han iniciado sus campañas políticas en un entorno difícil, marcado por la pandemia y la violencia política y criminal –que ya cobró tres víctimas en este proceso–. Ojalá los sucesos no provoquen desánimo entre la ciudadanía, que de por sí se evidencia cada vez más lejana de la política activa.
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Dentro del proceso electoral local 2020-2021 en Guanajuato, transcurren los periodos de registro de las candidaturas para integrar los 46 ayuntamientos –del 20 al 26 de marzo–, las 22 diputaciones de mayoría relativa –del 4 al 10 de abril– y las 14 posiciones de representación proporcional –del 11 al 17 de abril– del congreso local. Los once partidos políticos buscaron registrar planillas para los ayuntamientos, pero como siempre, el proceso ha sido accidentado tanto al interior de los corporativos partidistas como en el propio Instituto Electoral del Estado de Guanajuato (IEEG). En los primeros pesa mucho la lucha interna por hacerse de las posiciones más atractivas en los municipios donde cada instituto político tiene más competitividad. En el IEEG, a pesar de meses de preparativos y de capacitación de los centenares de trabajadores eventuales que se contratan para este fin, volvió a desbordarse el proceso, hasta el punto en que se despertaron muchas suspicacias entre actores y observadores.
Esta faena siempre ha dado dolores de cabeza a unos y a otros. No ayuda la legislación local. La Constitución de Guanajuato en su artículo 110 demanda pocas condiciones para ser miembro de un ayuntamiento: ser ciudadano guanajuatense en ejercicio de sus derechos; tener por lo menos veintiún años cumplidos al día de la elección, y tener al menos dos años de residir en el municipio respectivo. Es todo. Sin embargo, en la ley electoral local se enlistan los siguientes requisitos para el registro de candidaturas: a) declaración de aceptación de la candidatura; b) copia certificada del acta de nacimiento; c) constancia que acredite el tiempo de residencia del candidato, expedida por autoridad municipal competente o acta emitida por notario público en la cual se haga constar el domicilio del interesado, así como los años de residencia; d) copia del anverso y reverso de la credencial para votar y constancia de inscripción en el padrón electoral; e) manifestación por escrito del partido político postulante en el que exprese que el candidato, cuyo registro solicita, fue electo o designado de conformidad con sus estatutos.
En el caso de los guanajuatenses en el extranjero se agrega la necesidad de acreditar la residencia binacional con matrícula consular expedida al menos dos años antes; copia certificada del acta de nacimiento o certificado de propiedad por el que se compruebe que se cuenta con un bien inmueble en el estado, y constancia que acredite el tiempo de residencia del candidato, expedida por autoridad municipal o por notario público con el domicilio del interesado, que acredite que el migrante ha regresado al estado hace por lo menos 180 días antes de la elección.
En mi opinión, son requisitos excesivos y hasta redundantes, que abren posibilidades para que algunos emisores de la documentación entorpezcan dolosamente su emisión.
No tengo el dato del número total de registros que se recibieron en el IEEG para integrar los ayuntamientos. Pero en el proceso anterior fueron 4 mil 713 registros. Si hacemos un cálculo ranchero sobre el número total de documentos que sustentan esos registros –al menos cinco documentos cada uno– da un total de 23,565. Cada documento debe ser revisado cuidadosamente por un abogado. No hay margen para el error, y evitar impugnaciones.
A la documentación se añade la exigencia legal de paridad de género horizontal y vertical, que además debe atender la división de los municipios en tres estratos según la competitividad del partido. Esto para evitar que las candidatas sean destinadas a los municipios o distritos imposible de ganar. Muchos partidos sufren para concretar la paridad por haber descuidado su capital femenino.
Los cambios de último momento que los partidos realizan en sus listas complejizan el trabajo. Los errores y omisiones son inevitables, y eso provocó que muchos registros fueran rechazados por la autoridad, como sucedió con once planillas de Morena. Pero de eso quisiera discurrir la próxima semana…
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Este miércoles pasado fueron votados por la Cámara de
Diputados del Congreso de la Unión los cuatro nuevos consejeros electorales que
cubrirán las vacantes en el Consejo General del Instituto Nacional Electoral. Se
trata de Norma de la Cruz, Carla Humphrey, Uuk-Ib Espadas y Martín Faz. De las
dos primeras tengo excelentes referencias —el mundillo electoral es pequeño—, y
los dos últimos son mis amigos personales. Me sirvo de estas líneas para
expresarles una muy sincera felicitación, y mi solidaridad en la difícil tarea
que les espera, pues se unen a una gran institución, altamente reconocida en el
extranjero, pero que en casa está sometida a embates interesados, injustos y
arteros.
La democracia es una tarea que se construye entre todas y todos,
todos los días. Son muy importantes las instituciones —organismos electorales y
partidos políticos— que la sustentan, pero al final son mujeres y hombres los
que dan sustancia a esas estructuras virtuales. Estos cuatro consejeros
significan el arribo de nuevos vientos y nuevas ideas, si consideramos lo
diferentes que son sus orígenes y trayectorias. De las consejeras no me atrevo
a decir mucho, por mi personal ignorancia, pero de mis dos colegas sí.
A Uuk-Ib lo conozco desde hace tanto tiempo que dudo en
compartirlo, pues ambos tenemos mucho kilometraje. Es un campechano en todos
los sentidos. Lo conocí en el ambiente de los académicos electorólogos, cuando
la materia electoral comenzó a ser de interés académico, como resultado del debate
en torno de las elecciones federales de 1988. Somos fundadores de la Sociedad
Mexicana de Estudios Electorales, que en sus orígenes fue un grupo
especializado del Consejo Mexicano de Ciencias Sociales. Ambos somos
antropólogos sociales, con enfoque en la antropología política. Tiene una destacada
carrera en la izquierda, plenamente reconocida y reivindicada por él. Se retiró
de la política hace más de una década, y regresó a la academia y al análisis
político en los medios peninsulares. Cortés y gran conversador como buen maya, no
es persona de concesiones en su compromiso con la democracia política y social.
A Martín Faz lo conocí cuando ambos fuimos designados
consejeros electorales en nuestros institutos locales, él en el Consejo Estatal
Electoral de San Luis Potosí, y yo en Guanajuato. Esto en octubre de 2014. Coincidimos
en varios encuentros de consejeros, y en particular en la Red Nacional de
Educación Cívica, que realiza encuentros semestrales desde 2015. Llama la
atención por su altura, su talante amable y cálido, y su gran cultura
filosófica y artística. Él mismo es un poeta y cantautor talentoso. De
ideología progresista y solidaria, que proyecta en su desempeño comprometido y
profesional, estoy seguro de que será impermeable a cualquier canto de las
sirenas partidistas.
En ambos encontramos
la sapiencia académica y la visión desde lo local. Excelente combinación.
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El día de ayer el Comité Técnico de Evaluación (CTE), integrado
por convocatoria de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión con el
objeto de evaluar y seleccionar los aspirantes a cubrir las cuatro vacantes en el
Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE), comunicó a la Junta de
Coordinación Política (JUCOPO) su propuesta de cuatro quintetas de aspirantes a
ocupar esas posiciones, de tanta trascendencia para la gobernabilidad de la
institución electoral más importante del país.
Al conocer la lista de los veinte candidatos, mitad mujeres
y mitad hombres, me llenó de satisfacción constatar que el trabajo desplegado
por el comité de expertos fue cuidadoso y atinado. Silvia Giorguli, Blanca Heredia,
Diego Valadés, Ana Magaloni, José Roldán, Sara Lovera y John Ackerman cumplieron
bien la meta para la que fueron reclutados. Gran inquietud había causado entre
muchos la designación, a fines de febrero, de este último, un activista públicamente
vinculado con el partido mayoritario. Afortunadamente, como quedó evidenciado
en su reacción individual de ayer ante la JUCOPO, el político-académico no
logró influir en el ánimo de sus compañeros, y las dos decenas de aspirantes
muestran perfiles de alto nivel académico, conocimiento profundo de la materia
electoral, sensibilidad política, e independencia partidista y de criterio. Al
menos es así entre los que conozco, que son la mayoría.
En particular me entusiasma que ocho de ellas y ellos son o
fueron consejeros en los organismos electorales locales. Cuatro más son
académicos en instituciones de prestigio. El resto tiene orígenes diversos,
pero vinculados a la materia. No tengo todavía el dato, pero calculo que el
promedio de edad debe rondar los 40 años. La escolaridad es alta: maestrías y
doctorados. Experiencias profesionales amplias en puestos de toma de
decisiones.
Pero lo principal es que no percibo vínculos partidistas
evidentes. Por supuesto que todas y todos poseen alguna ideología —las personas
inteligentes y preparadas se enamoran de las ideas—, pero apuesto a que su
profesionalismo les impide caer en favoritismos ante los actores de la
política. Eso es lo que requiere un buen árbitro en nuestro campo:
conocimiento, experiencia, carácter y amor por la democracia. Desde que el
entonces IFE fue totalmente ciudadanizado en 1996, la gran mayoría de los
consejeros y consejeras han demostrado ese compromiso fundamental, con alguna(s)
excepción(es) —siempre hay un negrito en el arroz.
Felicito al CTE y a la Cámara de Diputados. Esta última
tendrá ahora un trabajo más político que técnico, y se vale. Pero hay mucho de dónde
escoger.
Por cierto, en
Guanajuato se van a renovar tres consejerías del IEEG. El INE emitió la
convocatoria respectiva, y se inscribieron 165 aspirantes; 96 hombres (58.2%) y
69 mujeres (41.8%). Les toca ahora pasar los filtros cualitativos —examen de
conocimientos, redacción de ensayo, análisis curricular y entrevistas—. Hago
votos por que el proceso sea tan transparente como lo han sido desde 2014, por
el bien de uno de los mejores organismos locales del país.
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AVANCE DEL PREP EN ELECCIONES LOCALES DE GUBERNATURA
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2 DE JULIO DE 2018
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ESTADO
|
AVANCE GLOBAL
|
HORA
|
ACTAS ESPERADAS
|
ACTAS CAPTURADAS
|
GUANAJUATO
|
54.21%
|
03:00
|
7,479
|
4,054
|
VERACRUZ
|
36.16%
|
03:00
|
10,595
|
3,831
|
JALISCO
|
32.55%
|
03:00
|
9,775
|
3,182
|
CIUDAD DE MÉXICO
|
29.74%
|
02:40
|
12,977
|
3,859
|
TABASCO
|
28.26%
|
03:00
|
2,912
|
823
|
YUCATÁN
|
26.67%
|
02:48
|
2,666
|
711
|
PUEBLA
|
23.68%
|
03:00
|
7,548
|
1,787
|
MORELOS
|
16.39%
|
03:00
|
2,422
|
397
|
CHIAPAS
|
9.62%
|
03:00
|
6,318
|
608
|
Elaboró: Mtro. Luis Gabriel Mota. IEEG
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