Reclutamiento de consejeros

Por: © Luis Miguel Rionda ©

Publicado en de León.

El día de hoy, viernes 11, culmina el plazo para que los ciudadanos interesados en participar en las elecciones federales de 2012 y 2015 en calidad de consejeros electorales del IFE en los 300 distritos del país, presenten sus autopropuestas, o bien sean candidateados por organizaciones ciudadanas. Quienes fungimos como consejeros locales tenemos la obligación de analizar con todo el cuidado necesario los expedientes de los aspirantes, siempre con el apoyo de los partidos políticos, para encontrar los mejores perfiles ciudadanos que nos permitan armar consejos distritales que garanticen una supervisión eficaz y honesta de los procesos comiciales por venir. Los consejeros electorales no organizamos la operatividad electoral, pero sí la acompañamos, damos opinión y tomamos decisiones que la afectan para bien o para mal. Es por eso que debemos contar con ciudadanos y ciudadanas que no solamente gocen de prestigio social, sino que también posean habilidades, conocimientos y experiencia que los habiliten para las tareas, siempre arduas y exigentes, que la ley asigna a los consejos distritales.

México atraviesa por circunstancias políticas delicadas. El sistema representativo no ha cumplido las expectativas del común de la ciudadanía, en mi opinión por la enorme dificultad para la construcción de acuerdos, debido a la circunstancia de “gobierno dividido” que experimentamos hoy día: un poder ejecutivo bajo el control de un partido político determinado, y un legislativo con mayoría opositora. Nuestro diseño institucional básico fue concebido bajo la lógica del predominio de un partido hegemónico; no fue ideado para la nueva realidad pluripartidista en que vivimos. La competitividad creciente que experimentamos desde 1997 nos llevó en 2006 al borde de una crisis institucional, cuando los dos candidatos presidenciales punteros culminaron con menos del 0.6% de diferencia entre sus cifras de votos. Para el 2012 podríamos revivir esa circunstancia, por lo que más que nunca se requiere que el árbitro electoral esté preparado para enfrentar con oportunidad y eficacia las eventualidades que se presenten desde el ámbito distrital. Lo vivimos en el 2006: fueron los consejos distritales los que cargaron con el mayor desafío al momento de cuantificar los votos emitidos, recontar los paquetes que así lo ameritaron, y soportar la andanada de estrategias que implementaron los partidos para favorecer sus intereses.

Afortunadamente ahora contamos con nuevas herramientas legales para afrontar los retos de la elección por venir. Las reformas de 2007 incluyeron la posibilidad –artículo 295 del Cofipe- de que se recuenten los votos de una casilla cuando la suma de votos anulados sea superior a la diferencia entre el candidato más votado y el ubicado en segundo lugar. También se haría en el caso de las “casillas zapato”, es decir, de aquéllas donde todos los votos se emiten en favor de un solo partido. Y si el resultado distrital evidencia una diferencia entre el primero y el segundo lugares de menos del 1%, se procedería al reconteo general de las casillas, si así lo solicita el segundo. Con ello se le da mayor confiabilidad a los resultados a nivel distrital, y nos evitaremos los interminables debates de hace seis años.

Los consejeros distritales pronto se encargarán de supervisar la contratación de los capacitadores-asistentes electorales (CAE’s) y sus supervisores (SE’s). Luego acompañarán al personal de la junta distrital en los recorridos de campo para verificar las ubicaciones físicas de las casillas. Verificarán las secciones de atención especial, y también las diferentes etapas del reclutamiento de funcionarios de casilla y su capacitación. Existe un calendario preciso de las actividades a realizar por parte de los consejeros distritales, y representa una importante carga de trabajo. Por eso buscamos personas comprometidas, entusiastas y “entronas”. En contrapartida se ofrece una dieta modesta, pero sobre todo el placer de aportar un enorme grano de arena al edificio inconcluso de la democracia mexicana.

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Consejeros distritales para el IFE

Por: © Luis Miguel Rionda ©

Publicado en de León.

El martes pasado sesionó el Consejo Local del IFE para el estado de Guanajuato, con el objetivo único de emitir una convocatoria abierta a la ciudadanía e invitarla a participar en el proceso de selección de nuevos consejeros distritales, para las 14 demarcaciones federales en la entidad. Cada consejo distrital debe conformarse con el vocal ejecutivo -haciendo las funciones de consejero presidente-, el vocal secretario –haciendo de secretario del consejo-, seis consejeros propietarios, seis suplentes, los representantes de los partidos políticos y los vocales distritales del Registro Federal de Electores, el de Capacitación y el de Organización. Se requiere de 168 consejeros distritales, que supervisen y acompañen los procesos comiciales a celebrarse el próximo 1 de julio, que nos permitirán renovar la presidencia de la República, el Senado y la Cámara de Diputados.
Acordamos con los representantes de los partidos políticos que a esta convocatoria se le daría una amplia difusión entre organizaciones de la sociedad civil, universidades, colegios de profesionistas y en las cada vez más poderosas redes sociales en el internet. Además se publicará en diarios de la entidad, y se difundirá en los medios de comunicación masiva a nuestro alcance.
¿Quiénes pueden participar? Cualquier ciudadana o ciudadano con sus derechos políticos a salvo, con su credencial de votar vigente, con evidencia de haber residido en los dos últimos años en la entidad, no haber sido candidato a cargo de elección popular en los últimos tres años, no ser o haber sido dirigente de algún partido político en los últimos tres años, gozar de buena reputación social, no haber sido condenado por delito doloso, y contar con los conocimientos o experiencia en la materia electoral. Algunos de estos requisitos son subjetivos, pero siempre hay manera de verificar su cumplimiento. Para ello se solicitará la presentación de un currículo vital completo, con evidencias documentales de todo aquello que permita evidenciar su conocimiento en la materia, una cara de exposición de motivos, así como otras documentales que se detallan en la convocatoria, entre ellas algunas declaraciones juradas.
 Debe ser claro que no buscamos a cualquier ciudadana o ciudadano, sino a aquellos que hayan evidenciado un auténtico compromiso cívico con causas sociales, medioambientales, de defensa de los derechos humanos, así como en la vigilancia del voto democrático. No se demanda virginidad política, pero sí lejanía en el mediano plazo –últimos tres años- de partidos políticos, candidatos o causas que puedan comprometer su independencia de criterio ante los actores de la competencia que se avecina. También se exige compromiso de tiempo y esfuerzo, pues el trabajo no es poco, y la “dieta” dista de ser atractiva. Los “busca chambas” harán mejor en buscar en otro lado.
 Cuidaremos la equidad de género, la participación de jóvenes y adultos mayores, el equilibrio entre experiencia y novatez, la presencia de algunos líderes sociales o de opinión, la variedad profesional y en general la buena voluntad y el entusiasmo en los seleccionados.
Deseamos armar equipos ciudadanos distritales de alto calibre que contribuyan a consolidar el prestigio de la institución, el IFE, que en las últimas fechas ha sido atacado, calumniado y difamado por los monopolios de los medios masivos de comunicación, que fueron tan afectados económicamente por la reforma del 2007. México debe superar ya la fase procedimental de su democracia, y avanzar cada vez más hacia etapas más sustantivas, que tienen que ver con el desarrollo social, la justicia y la seguridad ciudadana. El descrédito en el que ha venido cayendo la política en nuestro país no ha sido culpa de los árbitros, sino de los jugadores, y hay que montar dispositivos ciudadanos que supervisen de cerca a partidos y candidatos, que han monopolizado el poder y fundado una oligocracia excluyente.
El IFE puede ser una de las puertas que nos permitan a los ciudadanos participar con efectividad en las decisiones que nos afectan.
Sirva esta colaboración como una sincera invitación a todos aquellos que crean tener algo que aportar en la lucha por la verdadera democracia.
Acude a la oficina distrital del IFE y solicita copia de la convocatoria. O bien consulta la página electrónica del instituto. Espero que nos acompañes.

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Retos ante el IFE

Por: © Luis Miguel Rionda ©

Publicado en de León.

El Consejo General del Instituto Federal Electoral (IFE) dio inicio formal al periodo electoral federal 2011-2012 durante su sesión del viernes 7 pasado, cuando además aprobó el nombramiento de 192 consejeros electorales locales que fungirán como tales en los próximos dos procesos, el de 2012 y el de 2015. Entre 135 propuestas que se recibieron en la Junta Local del IFE en Guanajuato, doce personajes fueron seleccionados por los atareados seis consejeros generales del instituto. Seis de aquéllos para desempeñarse durante los diez meses que vienen como consejeros propietarios:

• Beatriz Eugenia Solomon García, 
• Verónica Cruz Sánchez, 
• Arturo Mora Alba, 
• Germán Estrada Laredo, 
• Luis Fernando Macías García y
• el autor de esta columna. 

Como suplentes fueron designados:

• Luisa González Aguirre, 
• José Luis Palacios Blanco, 
• Gabriel Medina Rodríguez, 
• Alejandrina Vargas Mata, 
• Alma Rodríguez Escobedo y
• Jorge Villagómez Cabrera.

En mi opinión, este nuevo consejo local es un auténtico trabuco ciudadano: cinco académicos y una activista social con prestigio nacional. De los académicos, tres son connotados investigadores sociales de la Universidad Iberoamericana en León; los otros dos somos profesores de la Universidad de Guanajuato, y miembros del Sistema Nacional de Investigadores. Dos mujeres y cuatro hombres. Tres ya habíamos participado como consejeros locales y otro más fue consejero distrital en León. Sólo dos no han tenido esta experiencia. En esta ocasión no se designó a empresarios o a profesionistas liberales, como en ocasiones anteriores. Pero todos los nuevos consejeros son personas profundamente interesadas en la vida pública y en la política; esta última como objeto de estudio y opinión, no como participación partidista. En suma, no se trata de improvisados en el tema electoral; algunos incluso hemos hecho del análisis político nuestra vocación de vida.
Otra característica que vale la pena destacar de los nuevos consejeros es que, aunque tienen –tenemos- opiniones personales bien definidas sobre nuestra realidad social y política, nuestra adscripción mayoritaria a instituciones educativas nos garantiza independencia ante los actores de la competencia electoral, ya sean los partidos o los candidatos. Nuestro compromiso moral es con la preservación y fortalecimiento de la legalidad democrática, y con los valores que defiende el IFE: certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad. Ninguno tiene una agenda política oculta, como sí ha ocurrido con algunos consejeros –federales y estatales- que han brincado a posiciones privilegiadas en la política partidista.
El IFE tiene ante sí el reto de conducir exitosamente un proceso comicial muy complicado. Ya lo señaló mi colega y amigo Víctor Alejandro Espinoza, académico de El Colegio de la Frontera Norte y consejero local del IFE para Baja California, en su colaboración de ayer en periódicos de esa entidad: “ese día se renovarán íntegramente las Cámaras de Diputados y de Senadores (500 y 128 representantes, respectivamente); se elegirán 6 gobernadores (Yucatán, Distrito Federal, Jalisco, Tabasco, Guanajuato y Morelos), 925 alcaldes, 559 diputados locales y 16 jefes delegacionales. Será la jornada electoral con el mayor número de comicios concurrentes que se haya celebrado con 15.” Añadiría yo que en Guanajuato también se elegirá a 46 ayuntamientos y a 36 diputados locales. Seis elecciones simultáneas, para las cuales los institutos electorales federal y local deberán definir si las desarrollan en conjunto, con casilla única, o despliegan esfuerzos separados, con casillas espejo.
En beneficio del elector y de la economía general del proceso, yo espero que el IFE y el IEEG sepan ponerse de acuerdo para que los cuatro millones de electores guanajuatenses puedan votar en una sola casilla, para que sólo se instalen 6 mil 800, y no 13 mil 600 casillas.
Por lo pronto, este sábado y domingo los 192 consejeros locales del IFE sesionaremos en la ciudad de México con los seis consejeros generales, incluyendo nuestro paisano y amigo Leonardo Valdés Zurita –él mismo académico de la Universidad de Guanajuato-, para compartir información e impresiones sobre los retos que nos esperan en estos largos meses por venir. Vuelvo a citar a Víctor: “Habrá presiones de todos lados, pues hay intereses que apuestan a que las cosas no salgan bien, sobre todo para dar marcha atrás a las reformas electorales de 2007…”
Sin embargo, el ambiente generalizado entre nosotros es de entusiasmo y compromiso. De esto no tengo duda.

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Si de reformas se trata...

Por: © Luis Miguel Rionda ©

Publicado en de León.


La iniciativa del presidente Calderón para emprender una nueva reforma política irrumpió en el conjunto nacional como un trueno en descampado. Aunque el dirigente había insinuado algo sobre el asunto, pocos esperaban que la eventual propuesta tuviese tamaño calado. Muchos creíamos que la administración federal se encaminaba a dedicar su último trienio a rescatar lo salvable luego de los dos grandes fracasos de la gestión: la imposible batalla contra la delincuencia organizada, y el fiasco económico agravado por el torpe manejo de la crisis y el fracaso de la reforma fiscal. El desinterés evidenciado por el ejecutivo durante estos tres años hacia la reforma del Estado, indicaba que Calderón, como en su tiempo Fox, no buscaría agitar el avispero político con reformas en la materia. Todavía hace poco tiempo un fantasma recorría los medios de comunicación: se trataba de Porfirio Muñoz Ledo, el “ángel de la reforma del Estado”, que se quejaba lastimeramente -¡ay, mis hijos!- de la inmovilidad en esta cuestión.
Cuando a principios de septiembre pasado el presidente de la República presentó con maneras grandilocuentes su decálogo de prioridades para el resto de su mandato, colocó a la reforma política en el último lugar de las diez recetas, expresada además de significativamente parca: “Emprender una reforma política de fondo que incluye a la electoral”. Nadie supo a qué se refería con ese “de fondo”, y además puso nerviosas a las autoridades electorales, pues se recuerda bien que la última reforma electoral tuvo como bajas colaterales a los consejeros generales y al propio presidente del IFE.
El nuevo subdecálogo -ahora político- presentado a la consideración del legislativo, recoge algunas de las propuestas que se han ventilado en diferentes foros, comisiones, asociaciones –como las que ha conducido el propio Muñoz Ledo-, y por opinadores diversos. Lo sorprendente es que las ideas sean signadas ahora por quien se opuso en sus tiempos de legislador a varias de ellas, por considerarlas riesgosas.
Las mociones calderonistas no son novedosas pues, sólo exceptuando los “candados” aquí y allá, y las dos últimas de la lista. Pero sí son de largo alcance. Por eso creí que, antes de lanzar este guante, el presidente y su secretario de Gobernación habrían hecho la tarea de “planchar” previamente sus ponencias con los líderes parlamentarios opositores, de tal manera que el anuncio no pareciera como una sorpresiva ocurrencia, destinada al naufragio. Las recientes declaraciones de los dirigentes de los partidos parecen confirmar esta última impresión.
Por ello me pregunto si la iniciativa no tiene precisamente el objetivo de crear desconcierto entre las oposiciones, y que la negociación a que pronto dará lugar tendrá como intención real sacar adelante sólo los dos últimos puntos del decálogo. A saber, las dos “iniciativas preferentes” del ejecutivo por cada periodo legislativo, y las “observaciones parciales o totales a los proyectos aprobados por el congreso y al presupuesto de egresos de la federación”. Los ocho ítems iniciales serían todos negociables o incluso sacrificables. Si mi sospecha es correcta, la iniciativa vendría a significar un verdadero caballo de Troya.
Ojalá me equivoque, y que el poder legislativo federal retome esta invitación para llevarla aún más allá de lo planteado por el ejecutivo. Hay bondades en el decálogo que deben ser evaluadas y mejoradas. Por ejemplo, la reelección de los miembros de los ayuntamientos es una demanda ya vieja, que presenta más ventajas que desventajas. Entre estas últimas se ha señalado el peligro real de que se consoliden los cacicazgos, como los que hoy vemos accionar en varios municipios del país mediante estratagemas como las “parejas presidenciales” –matrimonios que se suceden uno al otro en el poder-, las “dinastías” –los cargos se heredan de una generación a la otra- y los monigotes –terceros que se prestan a servir de peones del maximato local-. Claro que el peligro existe, sobre todo en los municipios con un bajo nivel de institucionalidad, presas fáciles de los clientelismos o los “seductores de la patria”, bueno “de la matria”. Pero en contraparte las ganancias en cuanto a la profesionalización de la función y en garantizar la rendición de cuentas son muchas.
Una palabra final sobre la composición del congreso: me parece grave proponer la reducción de los distritos uninominales; al contrario, si se puede hay que incrementarlos para que la reducción en los plurinominales no se traduzca en una menor correspondencia entre la fuerza electoral de los partidos y su número de curules. No veo el problema en desaparecer totalmente los pluris, si a cambio se incrementan los unis. Al reducirse el número de ciudadanos por distrito, la representación se mejora al reforzar el vínculo entre representante y representados. Pero todo esto hay que discutirlo frente a nuestros legisladores, antes de que nos tomen por cachirulos.

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IFE: hacia la participación democrática

Por: © Luis Miguel Rionda ©

Publicado en de León y en 15Diario de Monterrey.


La Constitución mexicana determina -en su artículo 41 fracción V párrafo noveno- que el Instituto Federal Electoral no sólo tendrá a su cargo la organización de las elecciones federales, sino también la obligación de promover la cultura cívica democrática, y con ello ayudar en la construcción de una ciudadanía informada, crítica y participativa. Esto se dice fácil, pero representa una enorme responsabilidad en un país con fuertes raigambres autoritarias, que históricamente han inhibido las capacidades de autogestión, organización y conciencia de los derechos y las garantías individuales. Desde que tenemos historia escrita hemos sido un país de súbditos, primero del Tlatoani, luego del Rey, incluso de los fugaces emperadores y de los caudillos seductores del siglo XIX. Y ni hablar del presidencialismo imperial de Porfirio Díaz y de sus sucesores revolucionarios y posrevolucionarios.
Construir ciudadanía es una tarea que ha sido descuidada a propósito por regímenes autoritarios que no promueven la forja de conciencias críticas y participativas. Como ejemplo le propongo al lector estudiar los valores tácitos o explícitos de los libros de texto –gratuitos o no- en que estudiamos los que hicimos nuestra primaria en los años del “desarrollo estabilizador” -sesenta y setenta-. Se nos enseñaba como valor básico el “respeto a la autoridad”: a nuestros padres, a nuestros maestros, y por supuesto al gobierno y su expresión materializada en el señor presidente. Se nos decía que debíamos agradecer nuestros acotados derechos al sacrificio de personajes notables, siempre superiores a las masas o a las clases que dirigían, a las que sólo se les permitía aullar: ¡Gracias señor presidente! Los críticos eran vistos como “revoltosos” o ingratos, incluso subversivos. Unos cuantos intelectuales como Pablo González Casanova o Daniel Cosío Villegas, teorizaban sobre la democracia política, inexistente en los hechos en México.
La situación ha cambiado mucho desde la emergencia ciudadana que significó la respuesta a los sismos de 1985 y el fraude electoral de 1988. La generación “post-68” se levantó para obligar al Estado mexicano a ceder espacios de participación efectiva, y esto explica la reforma política de 1989 y el nacimiento del Instituto Federal Electoral (IFE) al año siguiente. No dudo en proponer esa fecha como parteaguas en la cultura política nacional, y el inicio de una nueva relación entre ciudadanos auténticos y el poder.
¿A qué viene este rollo? Pues que me lo motiva el haber acudido el jueves pasado a la presentación y puesta en marcha en el estado de Guanajuato del “Modelo de Educación para la Participación Democrática” por parte del IFE y su junta local ejecutiva. Fui amablemente invitado por el maestro Jaime Juárez Jasso, vocal ejecutivo, y el licenciado Felipe Ruiz Ochoa, vocal de capacitación electoral. El primero nos explicó cómo el instituto inició sus actividades en el ámbito de la educación cívica con programas dirigidos hacia los niños y escolares. Se buscó educar para la participación política desde la más tierna edad. Pero hasta ahora poco había hecho el IFE para incidir de forma directa en la cultura política de los adultos. A esta necesidad responde el nuevo modelo-taller, que se dirige a las poblaciones mayores de edad en espacios sociales marginales o vulnerables, donde es más urgente formar ciudadanía.
Fue muy pertinente que la junta local del IFE haya invitado a tres destacados analistas, de profunda raíz académica, a comentar el programa: el doctor en filosofía Javier Corona, director de la División de Ciencias Sociales y Humanidades del Campus Guanajuato de la Universidad de Guanajuato; el maestro en letras y pedagogía Mario Padilla Lobato, especialista en educación y rector del Campus Guanajuato de la Universidad de León, y el doctor Carlos González Martínez, experto internacional en la materia electoral y en educación cívica, y consultor de diversas organizaciones políticas y académicas. Sus puntos de vista tan contrastantes nos permitieron hacernos de una visión integral de la problemática real que exige el impulso de una nueva cultura de la participación y de la exigencia ciudadanas. Javier nos llevó hasta los orígenes del pensamiento filosófico sobre el concepto de ciudadanía; Mario cuestionó el método constructivista por competencias propuesto en el modelo, y propuso enriquecerlo con una visión humanista y solidaria.
El modelo propone un taller con una metodología muy clara y pertinente. Trabaja con grupos limitados, para favorecer la reflexión conjunta y el “empoderamiento” individual. Espero que el IFE pueda aplicarlo extensivamente, y que así consolide su presencia permanente en una sociedad urgida de participación comprometida.

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La conquista del Voto en Libertad

Por: © Luis Miguel Rionda ©

Publicado en de León.
También en 15 diario cotidiano de Monterrey, NL

El miércoles pasado presentamos el libro Voto en Libertad de la autoría de Juan Miguel Alcántara y Antonio Lozano Gracia, en la librería “Efraín Huerta” del Fondo de Cultura Económica de la ciudad de León. La presentación fue promovida por el Instituto Guanajuatense de Estudios y Ciencias Políticas (IGECIP), que preside el veterano político José Aben-Amar González Herrera.
El evento fue muy concurrido por representantes de la clase política guanajuatense del hoy y del ayer. Vimos a priístas, panistas, perredistas y ecologistas, destacando el decano Miguel Montes García. Por supuesto también acudieron miembros del IGECIP, que son entusiastas de estos encuentros ecuménicos que aspiran a la objetividad académica y no al disenso de las subjetividades. Comenzó José Trueba Dávalos y presentó al presídium; siguió José Aben-Amar con una exposición sobre los contenidos y el sentido del libro, en el contexto de la reflexión serena que permite la distancia temporal.
Santiago López Acosta y un servidor fungimos como comentaristas, y ponderamos los aportes de un texto que aborda un tema sensible, aún debatido en nuestro país: hasta qué punto la cuestionada elección presidencial de 1988 significó el punto de pase entre el sistema autoritario y no competitivo de la posrevolución, y la emergencia de un nuevo esquema de competencia real y democratización política que caracteriza hoy al aparato de representación y gobierno en México. Y dentro de ese momento histórico, cuál es el aporte efectivo del movimiento de izquierda nacionalista que lideró Cuauhtémoc Cárdenas y el Frente Democrático Nacional, en comparación con la paciente y creciente construcción de ciudadanía crítica que impulsó el Partido Acción Nacional desde sus orígenes comprometidos con la “brega de eternidad” de Manuel Gómez Morín, hasta la eclosión del liderazgo impaciente de Manuel Clouthier y los empresarios neopanistas en los años ochenta.
El libro tiene dos componentes: primero, es un testimonio de primera mano por parte de dos testigos privilegiados de los hechos que rodearon la crisis política de los años ochenta, y su culmen en los fraudulentos comicios presidenciales de 1988, que obligaron al sistema hegemónico a permitir la reforma político electoral de 1989, origen del IFE y del COFIPE. Y segundo, es un excepcional esfuerzo de recopilación y análisis documental que abastece a los especialistas y opinadores que aún debaten sobre los acontecimientos fundacionales de la moderna democracia mexicana, desde que en 1946 el gobierno federal se hizo cargo de los aspectos fundamentales de las elecciones nacionales.
Lozano y Alcántara participaron bajo la bandera del Partido Acción Nacional en el complejo proceso electoral de 1988, y llegaron a Cámara de Diputados como integrantes de su histórica LIV Legislatura. Dos jóvenes diputados federales que se involucraron como pocos en la búsqueda de nuevas vías para canalizar constructivamente el creciente malestar de la sociedad mexicana, harta ya del autoritarismo centralista y presidencial que condujo con mano de hierro el desarrollo estabilizador. Fue este un modelo económico que le produjo al país tres décadas de relativa paz y prosperidad, pero que llegó a su límite de eficacia en los ochenta, la década perdida. Pero a su vez, la década que marcó la emergencia del nuevo ciudadano, que se levantó desde las regiones, municipios y entidades para zafarse de la servidumbre impuesta por los poderes centrales.
Los autores hacen un recorrido histórico por esas décadas de monopolio unipartidista del poder, utilizando como hilo conductor la evolución de la normatividad electoral y la conformación de la representación social en el ámbito federal, pero con frecuentes referencias a la situación en las entidades. Nuestros autores son mejor conocidos como abogados penalistas, pero en este libro hacen evidentes su vena académica y su gusto por el derecho electoral y la historia política. Sus descripciones no son formalistas ni aburridas, pues no pretenden nunca imponer un texto con ínfulas tratadistas. Su acercamiento es el del cronista memorioso que gusta participar del recuerdo, pero fundado en una amplia documentación que deje en claro que las opiniones expresadas no parten del tamiz del interés partidista.
Desde el principio ambos colegas dejan en claro que comparten los ideales del liberalismo político panista, y que comulgan con el enfoque civilista de los padres fundadores del partido más orgánico de México. Y desde esa óptica ejercen la memoria buscando ser lo más objetivos posible, sin rehuir el debate con los autores previos que han analizado el momento de quiebre político que significó el 88 y sus secuelas reformistas. Lozano y Alcántara combaten la tan popular noción de que el momento político de ese año trascendental le perteneció a la izquierda, y en particular al movimiento que nació del cisma del PRI, la Corriente Democrática, que galvanizó el autoritarismo presidencial y generó la reacción del sector nacionalista revolucionario del partido hegemónico que daría pie al nacimiento del poderoso Frente Democrático Nacional.
En los capítulos nodales los autores emprenden un debate inteligente con los panegiristas de la insurrección cardenista como elemento casi único de la reforma política que nos dio al COFIPE, al IFE y al Tribunal Electoral. Lo documentan ampliamente presentando evidencias contundentes, documentadas con los discursos, pronunciamientos, publicaciones e iniciativas legislativas que abordan los asuntos urgentes de atender para avanzar en la democratización efectiva de México. Hay un claro deseo de reivindicar el aporte de Acción Nacional en los avances normativos de las reformas consecutivas que permitieron desmontar el viejo alcázar del contradictorio “institucionalismo revolucionario”. Es perfectamente comprensible, porque tanto en los medios de comunicación como entre los analistas y académicos, es más chic abordar la transición mexicana a la democracia como una merced arrancada de las cadavéricas manos del leviatán revolucionario, por parte de los nuevos mesías de las buenas causas del pueblo proletario. No vende mucho, no es seductor reconocerle méritos a catrines clasemedieros, y para colmo mochos, que durante décadas no abandonaron el largo sendero que les permitió construir esa nueva ciudadanía que en los noventa renegó del priísmo arcaico. Si hoy gozamos de una democracia liberal en lo político es en buena medida debida a la acción educativa de los panistas fundacionales, que nos legaron ciudadanía y mística opositora.
Las habilidades de negociación del panismo, oposición leal que siempre supo que “quien opone apoya”, como decía Jesús Reyes Heroles, permitió encontrarle una salida constructiva al conflicto postelectoral que desató el fraude salinista.

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Libertad de expresión, ¿para quién?

Por: © Luis Miguel Rionda ©

Publicado en el de Guanajuato.
También en 15Diario, cotidiano electrónico.

Persiste la campaña en medios electrónicos en contra -al menos en apariencia- del IFE y de su consejo general, pero muy en particular contra su presidente Leonardo Valdés. Muy claramente la cadena de Salinas Pliego, TV Azteca, ha dado amplia e interesada cobertura a los datos expuestos en la auditoría interna, así como en el presunto “fracaso” del costoso operativo para monitorear los contenidos en medios electrónicos y sus espacios informativos. Pero la campaña tiene cola: es evidente que las mega empresas de las comunicaciones, el duopolio televisivo, no se ha resignado a ver perdidas sus cómodas ganancias de tiempos electorales. Al menos dos mil millones de pesos se han ido de las manos de estos consorcios, ya que esa fue la cantidad que gastaron los partidos políticos en las elecciones de 2006 para difundir propaganda en la TV y la radio comerciales.
Los potentados de las televisoras han negado defender un interés financiero en su campaña contra la reforma electoral de 2007. Han disfrazado sus críticas con la piel de oveja de una pretendida defensa de la libertad de expresión, ya que insisten en que los controles a los que la ley faculta al IFE inhiben la posibilidad de que los ciudadanos contraten espacios en los que puedan difundir sus opiniones y preferencias. Llama la atención que los cuasi monopolios de las comunicaciones tengan ahora tanto compromiso con esa libertad, así como con una aparente objetividad en la cobertura de las notas electorales. En México la libertad de expresión es cosa muy nueva en la práctica, e incluso hoy día sigue siendo peligrosa de ejercer en uno de los países donde más periodistas pierden la vida haciendo su trabajo.
Todavía está fresca en la memoria los manipuleos y las ausencias informativas en que han incurrido las televisoras dependiendo del interés particular que tengan en determinados temas. Sería largo enumerar los casos de manipuleo o negación informativa, pero son bien conocidos. En la reciente campaña electoral, los partidos y candidatos no simpáticos para ellos desaparecieron de los espacios informativos. Incluso personajes con quienes en su momento tejieron contubernio, fueron borrados literalmente de la pantalla catódica.
La libertad de expresión no existe para las televisoras. Para ellas sólo existe la libertad de defender sus muy concretos intereses monetarios, para lo cual se sirven de su influencia nacional sobre un pueblo poco letrado y muy visual. La política no es para ellas un medio de superación y convivencia sociales, sino un simple vehículo de transmisión de sus exigencias.
Será muy lamentable si en la reforma electoral por venir se permite revertir los aspectos que muchos consideramos más benéficos de la adecuación del 2007. Peor aún si logran, como se rumora, influir lo suficiente para que los partidos vuelvan a manosear la ya muy ajada autonomía del IFE.
A veces comprendo a Chávez y a los Kirchner…

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Voces por la contrarreforma

Voces por la contrarreforma

Por: © Luis Miguel Rionda ©

Publicado en el de Guanajuato.
También en 15Diario, cotidiano electrónico.

Con el arranque de los trabajos de la sexagésima primera legislatura federal, se anuncia una nueva reforma en materia electoral, que sería la segunda en la administración presidencial calderonista. Las elecciones del 5 de julio pasado pusieron en evidencia muchas limitaciones de las enmiendas introducidas a fines de 2007, particularmente en lo concerniente a las nuevas atribuciones del IFE en materia de comunicación en los medios electrónicos. Al final nadie quedó satisfecho, ni siquiera los partidos políticos que cocinaron la reforma. Pero en particular las televisoras hicieron sentir su disgusto mediante reiterados incumplimientos o interpretaciones interesadas de la norma, lo que llevó al instituto a aplicar multas y correctivos a las concesionarias. Éstas se defendieron con recursos legales y metalegales, pero también incidieron en difundir una visión negativa sobre las reformas y el propio IFE.
Ahora que se anuncia una inminente revisión de la normatividad electoral, me parece inquietante que se hagan evidentes dos corrientes de opinión sobre la orientación a tomar: unos opinan que la reforma funcionó aceptablemente bien, y que sólo se requiere afinar algunos detalles que quedaron mal planteados; y los contrarios, que claman por un retorno al esquema anterior de comunicación política. Aquéllos son miembros de la clase política más consolidada en los tres principales partidos, que han aprendido a lidiar con el monstruo bicéfalo de la televisión comercial, y que han sufrido en carne propia los costos de la animosidad del duopolio. Los otros opinantes son personajes cercanos a los intereses de las empresas comunicadoras, y han comprado el discurso de la limitación a la libertad de expresión que conllevó la reforma.
Por supuesto que yo me cuento entre los que creemos en las bondades de la norma actual. Uno de sus objetivos fue bajar el costo de la democracia en nuestro país. Otro fue reducir el enorme poder de chantaje político que han adquirido los grandes concesionarios de la televisión y la radio. Ambos propósitos se lograron: las elecciones pasadas nos costaron a los mexicanos un tercio de lo gastado en los comicios de 2003, también de carácter intermedio. Los cálculos los realizó Ciro Murayama, economista de la UNAM experto en financiamiento de las elecciones, y los incluye en un artículo publicado en el número de agosto de la revista Voz y voto.
También bajó la capacidad de chantaje mencionada, y por lo mismo los concesionarios no se resignan a perder ni el poder fáctico ni los ingresos económicos perdidos.
Con seguridad, ahora que se abra este expediente los personeros de los potentados afectados buscarán influir para que se eche atrás el nuevo modelo de comunicación, basado en los ejemplos de Francia, España o el Reino Unido. Desearán que se retorne al modelo norteamericano, donde los partidos y candidatos dedican la mayor parte de su esfuerzo a recolectar recursos económicos que van a parar a los bolsillos de las cadenas de comunicación. Sería un error hacerlo. Hay que formar un bloque de opinión que evite un retroceso en este campo. Yo me apunto.

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Elecciones, dinero y medios, 2

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Elecciones, dinero y medios, 2

Por:Luis Miguel Rionda

Publicado el el periódico de León.

Decía yo en mi colaboración de hace una semana, que el IFE y la UG desarrollaron el foro regional “Los medios de comunicación durante el proceso electoral”. En la mesa de trabajo y debate participamos Arnoldo Cuéllar Ornelas, director del periódico local Correo; Fernando Patrón, politólogo de la UG; Arturo Sánchez, consejero general del IFE, y este escribidor, académico del campus León de la UG y consejero local del mismo instituto. Quiero mencionar varios puntos de las intervenciones, que me parecen de interés y pertinencia en estos momentos en que la reforma electoral federal de 2007 está siendo nuevamente cuestionada por los oligopolios de la radio y la TV.
Arnoldo Cuéllar compartió con honestidad las realidades de los medios impresos en un país con poquísimos lectores. Los periódicos y revistas no se vieron afectados por la reforma, y siguen recibiendo cantidades apreciables de recursos de las campañas electorales, que les ayudan a sobrevivir pero siempre en precariedad. El público destinatario es sin embargo muy pequeño, por lo que los partidos sólo acuden a la publicidad en los impresos como estrategia para influir en las percepciones de las élites del poder, del dinero y del conocimiento. Dio un dato en extremo interesante: las empresas de Carlos Slim se anuncian sistemáticamente en esos medios sin perspectiva real de llegar al gran público, que es patrimonio de los medios electrónicos. Pero esa publicidad les permite a muchas de las empresas de la tinta diaria mantener su vigencia a lo largo del año; casi podríamos hablar de un subsidio del grupo privado CARSO a esos vehículos del pensamiento escrito.
Fernando Patrón hizo una elocuente exposición de las consecuencias y resistencias del nuevo papel del IFE ante los medios electrónicos. Profundizó en varios de los momentos de tensión interna y externa de esa institución, y sus dificultades para ejercer con más vigor sus facultades fiscalizadoras y de sanción. Los mismos integrantes del Consejo General no compartieron visiones sobre sus nuevas potestades, y eventualmente cayeron en los cantos de las sirenas televisivas. El duopolio en la TV y los oligopolios familiares radiofónicos actuaron como uno solo en la resistencia ante lo que mañosamente consideraron “ataque a la libertad de expresión”, pero más bien lo era a sus abultados bolsillos.
Por mi parte, mencioné que el IFE ha debido hacerse cargo de funciones extraelectorales, que le han sido enjaretadas por el Estado mexicano de manera comodina e interesada. Primero la obligación de censar y registrar a la totalidad de ciudadanos del país, por lo que desde 1990 debió construir la enorme infraestructura del Registro Federal de Electores, que hoy mantiene los datos básicos de más de 78 millones de mexicanos mayores de 18 años. No hay padrón en el mundo con esta cobertura y consistencia interna. La credencial electoral pronto se convirtió en el mejor y casi único medio nacional de identificación, que lo hace popular incluso entre los sectores sociales refractarios a votar, como los chavos de entre 18 y 22 años de edad. Con ello el IFE suplió a la Secretaría de Gobernación una función que constitucionalmente le corresponde: la emisión de la cédula de identidad ciudadana, inexistente hasta hoy. Luego, el IFE ha debido complementar funciones de la Secretaría de Educación Pública cuando ejercita su función de capacitación y formación ciudadana, y le toca lidiar con el bajo nivel de habilidades aritméticas y de lectoescritura de la mayoría de nuestra población adulta. Y después de la reforma del 2007 el IFE se ha convertido en autoridad en telecomunicaciones, incluso por encima de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, y de Radio, Televisión y Cinematografía de la SeGob en tiempos electorales. Para cumplir las nuevas funciones, el IFE debió estructurar un enorme y costoso aparato técnico y burocrático de monitoreo de medios, que algunos opinadores han calificado de ser un inútil Big Brother. El IFE, a veces a regañadientes o con contradicciones, ha debido aplicar multas y amagos a los rebeldes pero poderosos concesionarios, que se han lucido con sus mañas y artimañas para evadir su deber legal. De nuevo el instituto reemplaza al Estado en parte de sus obligaciones naturales.
Arturo Sánchez cerró con un despliegue de información esclarecedora de la realidad: el gasto en medios electrónicos significó más de un tercio de los recursos totales de los partidos en año electoral. Más de dos mil millones de pesos públicos se fueron en 2006 al pozo sin fondo de los mercaderes de las ondas hertzianas. Había que poner un alto al derroche irresponsable; pero eso lastimó a poderosos e influyentes magnates.

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Votar o no votar, II

La política en México fue asunto de minorías elitistas durante muchísimo tiempo. Tanto, que en el año de 1767 el virrey Marqués de Croix espetó a sus gobernados: "pues de una vez para lo venidero deben saber los súbditos del gran monarca que ocupa el trono de España, que nacieron para callar y obedecer y no para discurrir, ni opinar en los altos asuntos del gobierno." Todavía en su autobiografía “Mis tiempos”, José López Portillo puso en evidencia que el poder de decidir en México correspondía a la voluntad del presidente-emperador que nos regía. Hasta recientemente nadie en nuestro país podía contradecir la voluntad omnímoda del señor presidente, del señor gobernador, del señor presidente municipal. En el hogar, en la escuela, en el trabajo, en el sindicato, la situación no era –no es- muy diferente.
La transición a la democracia cambió sustancialmente la situación. Hoy el presidente de la república tiene su poder delimitado, contrabalanceado por el poder legislativo, el judicial, los gobernadores y demás agentes públicos que han surgido de otros partidos políticos. El enmiendo ha llegado a tanto que incluso nos quejamos hoy de la parálisis de gestión y de gobernación del ejecutivo y el legislativo.
La democracia imperfecta que nos hemos dado nos ha reconocido nuestra dignidad ciudadana. Con el voto, a pesar de todos los vicios de nuestro sistema, podemos incidir de manera efectiva en el desarrollo de la cosa pública. Ya nadie desprecia el peso del voto del elector; al contrario: se ha convertido en suculento empeño de los partidos y candidatos, ávidos de legitimidad. En un entorno en el que en la práctica no existen mecanismos de democracia directa –referenda, plebiscito- el voto periódico para renovar gobernantes o representantes es el único recurso legal para influir en el desarrollo del Estado.
La novel democracia mexicana ha decepcionado a muchos. Se le adjudican los defectos de la clase política que nos gobierna, cuando sencillamente es echarle la culpa al mensajero del contenido del mensaje. Tenemos políticos de mala calidad, pero no es culpa de la democracia como sistema.
La corriente de opinión que impulsa la anulación del voto desconoce que ese es un falso camino. No hay manera de que los votos nulos se traduzcan como un rechazo a los partidos y sus candidatos, pues en nuestro mecanismo no se separan las nulidades por error o ignorancia –que son muchas- del voto negativo y consciente en contra del sistema. Anular el voto puede equivaler a un soldado que dispara al aire frente al enemigo que se viene encima, por no estar de acuerdo con la guerra: sus móviles pueden ser correctos, pero el mecanismo y el momento no.
Yo sí voy a votar, y lo haré por partidos y candidatos concretos. Los mejores desde mi visión. No consentiré el desperdicio de mi voto por considerar que los actores de la política chafean. Allá ellos. Yo buscaré castigarlos o premiarlos según mi parecer.

Votar o no votar

El miércoles pasado, durante el programa televisivo “Tercer grado” que se trasmite por el engreído “Canal de las estrellas” de Televisa, escuché pasmado cómo algunos de los “líderes de opinión” participantes –Ciro Gomez Leyva, Carlos Loret de Mola, Carlos Marín y Lopez Dóriga manifestaban campechana e irresponsable que en las próximas elecciones no piensan acudir a votar, o bien que van a anular su voto. Los lectores con acceso a internet pueden ver la sección del programa aquí.
No puedo entender cómo un grupo de periodistas que detentan la audiencia más importante del país gracias al poder de penetración del quasi monopolio televisivo, abusen del poder de la escucha pasiva por parte de millones de votantes, para manifestar sin ambages y sin medir las consecuencias de sus dichos, sus decisiones particulares, privadísimas, pero que por el efecto multiplicador del medio con más penetración del país tendrán un efecto de imitación por la carencia de información, formación política y nivel educativo que padecen la mayoría de los mexicanos.
Miles de millones de pesos, millones de anuncios en radio y TV, miles de horas de capacitación de funcionarios electorales, millones de horas-hombre de esfuerzo del personal del IFE y de los institutos electorales involucrados, se pueden ir al drenaje de la indiferencia por culpa de estos opinadores sin escrúpulos.
El acceso a los medios, como en mi caso y como el de todos los que participamos en la “opinión publicada”, requiere de un mínimo de responsabilidad ante los dichos y opiniones divulgados. No es lo mismo que Ciro, Marín o Loret publiquen sus libres opiniones sobre su actuación electoral en sus columnas periodísticas, como también lo hace José Antonio Crespo, Sergio Aguayo y otros opinadores opuestos a la participación, que aparecer ante una pantalla que es atendida por millones de espectadores, la mayoría de los cuales tienen una definición difusa sobre su comportamiento electoral. Es inevitable tener sospechas cuando la empresa que subsidia el espacio de opinión ha sostenido una lucha soterrada contra la reforma electoral y la eliminación de la publicidad electoral pagada en los medios electrónicos. Les pegaron fuerte en el bolsillo reaccionan como ellos acostumbran: descalificando, boicoteando y denunciando la reforma como ataque a la libertad de expresión.
Dijo Marín sobre la posibilidad de acudir a votar el 5 de julio: “ojalá me anime el mero día”. Qué poca.
Si el abstencionismo y la anulación de votos se convierten en la constante de esta elección, las consecuencias serán muy graves. Se podría propiciar que los representantes de los partidos demandaran sistemáticamente la apertura de los paquetes electorales y la repetición del escrutinio y cómputo dentro del breve tiempo con que se cuenta en los distritos. Todos tendrían argumentos para exigir la reposición del procedimiento, ya que nadie podrá interpretar adecuadamente el mensaje de la abstención y la anulación. Hay que pensarlo bien, y no dejarse llevar por los curros de la pantalla.

En Guadalajara

El IFE está propiciando una serie de encuentros regionales con los consejeros locales y distritales que ese instituto tiene el país. ¿Y eso qué? me dirá el extrañado lector. Bueno, es que esto es novedoso: antes estas reuniones se daban sólo entre los consejeros generales y los locales, y éstos a su vez promovían asambleas estatales con los consejeros distritales. Y es que hay un problema: el IFE cuenta con nueve consejeros generales, 192 consejeros locales (más los 32 consejeros presidentes), y 1,800 consejeros distritales (más 300 consejeros presidentes). Una reunión de estas dimensiones es sencillamente imposible, por lo complejo de su logística y la inevitable dilución del diálogo entre estos representantes ciudadanos.
En esta ocasión, el IFE de Leonardo Valdés ha cambiado de estrategia y ha acentuado su interés en establecer contactos personales entre los tres tipos de consejeros. Por eso nos convocó a una sesión nacional de consejeros locales los días 13 y 14 de noviembre pasado, y luego a lo largo de marzo y abril de este año, a cinco encuentros regionales con los consejeros distritales y algunos locales. Fui invitado a la reunión regional de Guadalajara este sábado y domingo pasados, a donde acudieron los consejeros distritales de Jalisco (19 distritos), Michoacán (13), Guanajuato (14), Aguascalientes (3), Colima (2), Nayarit (3) y Sinaloa (8). La lista que nos circularon contenía 420 nombres, aunque pudieron hacer acudido 476 personas: 372 consejeros distritales, sus 62 consejeros presidentes, y los 36 consejeros locales con sus 6 presidentes.
Los dos días fueron sumamente interesantes, pues las 53 nuevas funciones del IFE demandan nuevas habilidades y conocimientos por parte de los consejeros de los distritos. Tan sólo menciono el nuevo procedimiento especial sancionador, que ha convertido a los consejos en instancias jurisdiccionales, con nuevas responsabilidades que demandan un cuidado inédito de los resolutivos de cada consejo. Los consejeros son considerados servidores públicos, y por lo mismo pueden ser sujetos a responsabilidades políticas.
Los partidos políticos, mediante sus diputados y senadores en el Congreso de la Unión, imbuyeron al IFE de estas nuevas capacidades, hasta convertirle en autoridad de última instancia en materias como la de radio y teledifusión durante periodos electorales. Pero son esos mismos partidos los que buscan ahora evadir de mil maneras esos términos de control. Los consejeros tienen la obligación de mantener una vigilancia proactiva, que no espere una eventual queja de parte, sino que puedan actuar de manera oficiosa para ir un paso delante de los eventuales trastrocamientos de la norma.
Leonardo lideró la primera de las mesas de trabajo, y expuso su criterio sobre las nuevas relaciones que se deben establecer entre los distintos tipos de consejeros. Su empleo natural de un lenguaje directo, franco y simpático derribó muchas de las barreras preexistentes ante el siempre lejano consejero presidente. Su don de gentes logró el objetivo: los consejeros distritales son ahora sus aliados entusiastas. Un logro inédito.

IFE: Resbalones dinerarios

Mientras los partidos políticos se debaten en las competencias internas por sus candidaturas a puestos de elección popular, las autoridades electorales, en particular el consejo general del Instituto Federal Electoral, parecen haber perdido la brújula y han incursionado inútilmente en berenjenales que distraen de los asuntos realmente esenciales. Primero tuvimos el asunto del desacato de las televisoras: el viernes 13 éstas fueron perdonadas en un acto de aparente abandono de la autoridad que debería caracterizar a un árbitro. Luego, a la semana siguiente, los cinco consejeros que habían perpetrado la indulgencia hacia los poderes fácticos de la comunicación, arredraron su actitud ante las reacciones generalizadas de reproche, y permitieron la unanimidad en la aplicación de multas millonarias a los responsables, ahora por la omisión de transmitir los promocionales del instituto y de los partidos. Reacción tardía, pero positiva al fin. Hay que reconocer el temple de los consejeros Alfredo Figueroa, Macarita Elizondo, Virgilio Andrade y Leonardo Valdés, quienes se arriesgaron a caer en la malquerencia de los aztecos y televisos.
Pero luego los consejeros generales vuelven a sorprender, y nos salen con la jácara de que su compromiso con la legalidad transita también por el cumplimiento del mandato constitucional relativo a sus salarios, ya que el artículo 41 los homologa con los abultados estipendios de los ministros de la Suprema Corte. Con ello se agitó nuevamente el avispero y la reacción los ha obligado a recular de nueva cuenta. Siete de los consejeros, tres de ellos con salida agendada para el año próximo, defendieron el acuerdo 092 que les permitiría incrementar sus ingresos en cerca de un 50%, de golpe y porrazo. Sólo dos, Alfredo Figueroa y Leonardo Valdés (¡bravo colegas!), se opusieron a la medida por inoportuna. Y vaya que lo es: en plena crisis económica, con proceso electoral en desarrollo y con un deterioro generalizado de los ingresos de los mexicanos. ¡Qué torpeza!
Nadie duda de que la medida sea legal. Lo que se señala es que no es ética ni pertinente, al menos por el momento. Y como muchas cosas en nuestro país, lo legal no siempre va acompañado de lo ético. Ya lo vivimos en el Consejo Local del IFE, cuando resolvimos confirmar el desechamiento de un recurso presentado por un partido en contra del reemplacamiento de los automóviles en nuestra entidad: el acto atacado era plenamente legal, pero no ético.
No comprendo aún cómo se desarrollan las negociaciones inter paris de los consejeros generales del IFE. Sus votaciones no permiten intuir las dinámicas de entre bastidores, sus debates previos y sus banderías personales. Al menos yo no puedo hacerlo. Quiero pensar que todos comparten un acendrado compromiso con la consolidación de las maneras democráticas en nuestro país, y que perciben esta encomienda ciudadana como su gran oportunidad personal para trascender en la historia y dejar huella de reconocimiento. Ocurrencias como la del miércoles dan al traste con esa esperanza, y dejan latentes serias dudas. Muchos recordamos que el último aggiornamento salarial se lo adjudicaron hace un año, y fue por un 20%; entonces causó revuelo, pero menos que hoy. No eran tiempos electorales. Por eso me pregunto ¿por qué no esperaron al término del proceso electoral? Si los comicios culminasen con éxito, pocos cuestionarían una actualización de los emolumentos, aunque no de esas proporciones.
Es bien sabido que el tabulador salarial del IFE se ha quedado atrás en comparación a otras esferas del gobierno federal, sobre todo en cuanto al personal del servicio profesional. También el funcionariado medio acusa un deterioro en sus percepciones. Es ahí donde se debería incidir con recursos adicionales, para garantizar un saludable ambiente institucional. Ojalá que los consejeros compartan la modesta medianía republicana del servidor público, que mandata la máxima juarista.

La democracia del dinero

El debate entre el IFE y las televisoras se ha ampliado ahora a las radiodifusoras. Comienzan a salir en la prensa las primeras evidencias –bueno, tal vez no las primeras, pero sí las más tempranas en este proceso electoral de que la reforma de 2007 pegó realmente en el blanco anunciado: eliminar el enorme gasto que se destinaba a mera propaganda vacua en los medios electrónicos, y que en los comicios de 2006 representó el 50% del total de recursos públicos que recibieron los partidos políticos. Algo así como dos mil millones de pesos. Un dineral. Recordemos que el municipio de León, uno de los más importantes del país, ejerce un gasto total anual de tres mil millones de pesos. No era posible seguir así.
Se dice que los concesionarios perderán cantidades millonarias, al verse excluidos del reparto de dineros públicos en propaganda electoral. Y que en cambio se inundará el espectro radioeléctrico con 26 millones de spots –promocionales- que saturarán a la audiencia por su cantidad y reiteración. El público terminará aborreciendo la publicidad del IFE y los partidos, dicen. Pero estas son mentiras interesadas. La verdad es que el dolor de los dueños de los medios proviene de la imposibilidad actual de recibir esos flujos generosos de dinero de los contribuyentes –es decir de nosotros: tú y yo- a cambio de saturar el cuadrante y el dial, ellos sí, como lo vimos en las elecciones de 2006, cuando se transmitieron millones de promocionales pagados por los partidos y por particulares. Cientos de miles de esos spots todavía no sabemos quién fue quien los pagó.
Hoy la ley electoral reformada excluye a los medios electrónicos de la posibilidad de vender tiempo aire para publicidad partidaria y de candidatos. Además prohíbe que los particulares puedan emitir mensajes a favor o en contra de partidos y candidatos. Se dice que esto es un ataque contra la libertad de expresión, pero bien sabemos que tal libertad en los medios masivos es ilusoria: sólo los que tienen dinero para pagarles a esos medios tiene real acceso a exponer urbi et orbi sus opiniones. Los mortales sin centavos sólo podemos emitir opiniones cara a cara, o en medios impresos como el que está leyendo el amable lector; eso sí: sin pagar ni ser pagado, y sin restricción alguna a manifestar opiniones a favor o en contra de cualquier opción. No hay cortapisas a la libertad de expresión, sólo se tumbó una rama más del árbol del poder político que da el dinero.
Los concesionarios mienten al decir que se saturará el horario de transmisiones. La ley de Radio y Televisión ya obliga a la cesión de tiempo aire a favor del Estado a cambio de no pagar los impuestos a los que estarían obligados los usuarios de un bien público, como lo es el espectro hertziano y radioeléctrico. Es decir, que ellos pagan en especie lo que el resto de los contribuyentes pagamos en efectivo. Lo único novedoso es que ahora la propaganda electoral en radio y TV se despliega en los tiempos oficiales, que siguen siendo los mismos que en tiempos no electorales.
La estrategia que han asumido las televisoras pone en evidencia su muina y disgusto por el nuevo trato que reciben de parte del Estado. Están obligados por ley a transmitir dos o tres minutos por hora de trasmisión, en horarios con audiencia efectiva, desde las 6 de la mañana hasta las 12 de la noche. Preocupaba la distribución, el pautado de los mensajes del IFE; por ello se llegó al acuerdo de que los concesionarios distribuyesen los dos o tres minutos de manera racional a lo largo de la hora. Pero esta muestra de buena fe del IFE fue abusada, y se pautaron los mensajes en paquetes de tres, cuatro y hasta seis minutos, recetados en los periodos de más audiencia, cuando podían molestar más al público. El futbol fue un buen destinatario, así como otros programas de gran rating. Y lograron su objetivo: una encuesta de María de las Heras mostró que un 56% de los entrevistados culpó al IFE de la molesta interrupción; sólo un 23% culpó a las televisoras. Y esta semana se alcanzó un difícil acuerdo, que desde ahora apuesto que será evadido por el duopolio Salinas-Azcárraga. Para ellos la democracia sólo importa cuando garantiza dividendos.

Sobre-regulación electoral

El 31 de enero pasado dieron inicio las precampañas federales. En nuestro afán de regularlo todo, nos hemos convertido en el único país que controla incluso los procesos de competencia interna de partidos y ciudadanos. Pronto habrá quien opine que es necesario legislar sobre las ante-pre-campañas, o que se regule sobre la difusión de cualquier mensaje que pueda ser interpretado como “electorero”, incluso los de opinión o informativos.
Menciono esto porque ese mismo día, en el consejo local del IFE en Guanajuato, debatimos sobre un recurso de revisión que interpuso el PRI ante esa autoridad, como reacción a un auto de desechamiento dictaminado por el consejo distrital 05 de León sur. El 13 de enero, ese partido presentó una denuncia en contra del PAN por hechos que consideró violatorios de la legislación electoral. Se trató de la instalación de lonas alusivas al Seguro Popular, donde el partido acusado asume el mérito por dicho programa social.
Los siete consejeros locales, con el apoyo de la infraestructura legal del instituto, analizamos los términos de la queja, y nos fue evidente que en los términos de la actual legislación, la propaganda política sí puede hacer referencia a pretendidos éxitos o bondades de los gobiernos emanados de los partidos. La junta local nos propuso un proyecto de dictamen que aprobamos en sesión de trabajo, y se hizo del conocimiento de los representantes partidarios. En la sesión extraordinaria el representante del PRI Salvador Ramírez, con el apoyo de los representantes del PRD y del PVEM, demandó a los consejeros una explicación de nuestras razones para la aprobación del dictamen negativo. Los cinco consejeros presentes expusimos nuestros motivos, y aquí deseo compartir algunos de los que yo expuse.
Expliqué que yo podía estar de acuerdo en lo personal con los razonamientos que fundamentan el recurso, pero que la ley –la Constitución y el COFIPE- no restringen la capacidad de los partidos para exponer los logros o bondades –reales o virtuales- de sus gobiernos o sus legisladores. No hay una violación evidente de los preceptos legales aludidos en el recurso. En cambio el COFIPE sí es explícito en el sentido de prohibir a los gobiernos de cualquier signo partidista hacer difusión de sus obras en periodo electoral (art. 347, COFIPE), o bien personalizar dicha difusión o apoyar de alguna forma a los partidos o a los candidatos (art. 134 CGR). En este sentido, creo que ha habido otras acciones que me parecen reprobables y rayando en la ilegalidad, como lo fue el uso de los colores del partido en el gobierno en las nuevas placas de los automóviles, o que las oficinas públicas se pinten con los mismos. Pero en este caso es el gobierno el que perpetra esta acción, y no el partido.
Se nos cuestionó si se dan debates entre los consejeros. Mencioné que en efecto los hay, y que se zanjan en las sesiones de trabajo, como de seguro sucederá ahora que comienza el trabajo de las comisiones, donde pueden participar los representantes partidarios. Cité un asunto que yo presenté a la consideración de mis compañeros: el de la campaña de difusión personalista que emprendió el presidente del PSD, en tiempos no electorales. No encontramos elementos legales que impidiesen esa campaña, y la cuestión quedó ahí. Sin embargo, he señalado que una de sus pintas, la ubicada en la carretera federal 45 a la altura del parque industrial Apolo, en Irapuato, se hizo sobre un talud que es parte del equipamiento carretero, lo que contraviene el artículo 236 inciso D del COFIPE: la propaganda “no podrá fijarse o pintarse en elementos del equipamiento urbano, carretero o ferroviario…” Algo habrá qué hacer.
En fin, que en mi opinión la hiperlegislación nos está llevando a severas confusiones acerca de lo que se puede o no hacer en lo referente a actos de campaña por parte de partidos y otros actores. Ya lo vemos ahora con las televisoras, que se aprovecharon de un acuerdo acerca de la distribución de los 2 ó 3 minutos de promocionales a lo largo de cada hora de difusión. Los concesionarios juntaron en bloques esos minutos y los presentaron en lo más álgido de los partidos de futbol, culpando al IFE. Mala onda.

El IFE y sus distritos

Durante el guadalupano 12 de diciembre pasado, se instalaron formalmente los catorce consejos distritales del IFE en la entidad. Son órganos que se integran por siete consejeros electorales, los representantes de los ocho partidos que contenderán el 5 de julio que viene, el vocal secretario y los vocales ejecutivos de capacitación, de organización y del registro federal de electores. Los consejeros presidentes cumplen el doble papel de líderes de los consejos y conductores del área operativa dentro de sus distritos. A pesar de que se trata de un organismo que involucra a un máximo de 19 personas, sólo los siete consejeros tienen voz y voto; el resto sólo voz. Con esta fórmula el IFE ha podido garantizar el equilibrio y la independencia de sus 300 consejos distritales y 32 locales.
La distritación electoral de nuestro país va de la mano con la necesidad de que cada demarcación involucre a un número más o menos equivalente de ciudadanos. Cada vez que se cuenta con nueva información del censo de población, se emprende una redistribución de las secciones –de 1,500 votantes o menos- y de los distritos, como ocurrió en 2005. Por ello en Guanajuato pasamos de tener 13 distritos en las elecciones de 1994, a 15 distritos en las de 1997, 2000 y 2003, y de regreso a 14 en los comicios de 2006. Esto porque nuestra entidad ganó población en los años ochenta, pero luego ha venido perdiéndola a lo largo de los noventa y la presente década del siglo XXI. La razón principal es la migración y el decremento de la fecundidad. La cuestión es que al mes de noviembre de este año Guanajuato cuenta con 3 millones 752 mil 435 ciudadanos en el padrón electoral. Es de hacer notar que poco más de 160 mil de esos electores son jóvenes de 18 y 19 años que recién han adquirido su credencial para votar.
Los consejos distritales tienen como funciones vigilar la insaculación de ciudadanos que integrarán las mesas directivas de casilla; seleccionar a los supervisores y capacitadores electorales; capacitar a los ciudadanos insaculados; supervisar la instalación y ubicación de las casillas; hacer el acopio de material electoral; participar en el cómputo de las actas y, en su caso, abrir paquetes electorales y hacer recuento de votos. Pero ante la reforma electoral federal del 13 de noviembre del año pasado, los consejos distritales y locales del IFE asumen nuevas responsabilidades: deberán también recibir, sustanciar y resolver las quejas relacionadas con conductas referidas a actos anticipados de precampaña y campañas, así como las que atañen a la propaganda política o electoral impresa, pintada en bardas o cualquier otra diferente a la transmitida en radio y televisión. Esto en palabras del consejero presidente Leonardo Valdés, pronunciadas en un mensaje televisivo de bienvenida trasmitido a los consejos distritales al día siguiente de su instalación.
El día de ayer realizamos en la ciudad de Guanajuato un encuentro estatal de los 90 consejeros electorales del IFE, más los 15 consejeros presidentes. Fue una jornada intensa, que se caracterizó por las inquietudes que despiertan las nuevas obligaciones. También causó entusiasmo la buena noticia de que en esta ocasión nos vamos en casilla única con el IEEG, y que se está construyendo una relación más productiva y pareja entre ambos institutos, tal vez gracias a la renovación de las dirigencias en ambos. No todas las dudas pudieron ser despejadas, pero nos queda el consuelo de que ahora deberemos establecer precedentes y criterios, que sólo el tiempo y el consejo general nos permitirán evaluar en su validez. Al tiempo.

Un IFE remozado

Con la instalación formal del Consejo General del IFE el pasado día 3, se marcó el inicio el proceso electoral federal 2008-2009. Ese órgano de gobierno ha iniciado sus actividades renovado -muchos dirían “zarandeado”-, con el ingreso de cinco nuevos consejeros generales y un nuevo consejero presidente, el paisano Leonardo Valdés Zurita. De la anterior generación, sólo sobrevivieron Virgilio Andrade, Marco Antonio Gómez y Arturo Sánchez. Los nuevos son Benito Nacif, Marco Antonio Baños, Macarita Elizondo, Francisco Javier Guerrero y Alfredo Figueroa. Ellos exhiben perfiles al menos tan variopintos como sus antecesores, aunque con una constante: sólo unos pocos tienen experiencia en la materia.
La reforma electoral de 2007 fue trascendente por haberle ampliado sus facultades al IFE, por eliminar el enorme gasto en publicidad por medios electrónicos masivos, y por haberle otorgado la administración de los tiempos oficiales del Estado en esos medios durante el periodo electoral: 48 minutos diarios de cada canal o estación radiofónica, dos minutos por cada hora si transmiten todo el día. En precampañas la mitad de ese tiempo corresponde a los partidos políticos; en campaña es el 85%. El resto es del IFE, de los institutos estatales y tribunales electorales. En Guanajuato, por ejemplo, que tenemos elecciones concurrentes, de los 41 minutos que tienen derecho los partidos en campaña, 15 pueden referirse a los procesos locales y serán tramitados por el IEEG ante el IFE.
El anterior dato no es menor: en 2006 los partidos políticos gastaron dos mil millones de pesos en contratar publicidad en radio y televisión, equivalente al 47.6% del total de su financiamiento público. En esta ocasión, el IFE debió invertir alrededor de 600 millones de pesos en adquisición de equipo técnico para el monitoreo de los medios, que es otra de las obligaciones nuevas. Lo bueno es que es un gasto en activos fijos, que ya no volverá a hacerse en los próximos procesos. Se evita así un gasto irracional en propaganda vacua y sin sentido. Ojalá que esto sirva para reforzar nuevas estrategias de convencimiento, que busquen informar y formar criterio, más que condicionar conductas por medio de pautas musicales o visuales.
En Guanajuato iniciamos actividades a partir de la instalación del consejo local del IFE el día de ayer. Lo hacemos estrenando consejero presidente, ya que hace un mes se concretó el cambio de vocal ejecutivo, que algunos considerábamos necesario. Llegó como nuevo delegado el maestro Jaime Juárez Jasso, quien ya se había desempeñado como vocal de organización en los distritos de Pénjamo y San Francisco del Rincón. Aunque mexiquense, tiene raíces en esta tierra por su familia política, pues se casó con una francorrinconense. Es una buena cosa que conozca el terreno y las gentes, pues ya van dos delegados que llegan desconociendo los usos y costumbres de los melifluos guanajuatenses, y luego hacen papelones. JJJ es bien conocido por los vocales distritales y locales, y parece que comienza con el pie derecho. Sin duda, hubo alguna decisión del actual consejero presidente, que conocía la circunstancia por la que atravesaba la delegación, y buscó mejorar el ambiente organizacional del instituto en esta junta local. Qué bueno.
Los seis consejeros que actuamos hace tres años continuamos con la estafeta: Carmen Castro Mata, Guadalupe Rangel Armenta, Beatriz Solomon García, Armando Cabria Pérez, Arturo Lara Martínez y yo. De igual manera repiten los consejeros distritales, aunque se han dado algunas bajas entre ellos. Debo señalar que este será nuestro último proceso como consejeros.
Con 14 distritos y 3.2 millones de electores, Guanajuato es una de las entidades más complejas para la organización electoral en el país. El proceso que culminará el 5 de julio próximo será menos arduo que el de 2006, pues sólo se elegirán diputados federales -los ayuntamientos y los diputados locales se renovarán con el proceso estatal-, pero tenemos una legislación más compleja, con nuevas atribuciones y con el deseo de los contrincantes de hacerse de la mayoría parlamentaria, en espacial los azules y los tricolores. No será raro que volvamos a experimentar momentos de exaltación y violencia verbal, pues hay mucho en juego, particularmente el futuro de las iniciativas necesarias para la segunda parte del régimen del presidente de la República, cuando usualmente se generan las reformas más trascendentes. Habrá que cuidar que el vapuleado prestigio del IFE -azotado por los propios actores interesados- se redima y presente ante los ciudadanos un proceso más transparente y eficaz que nunca.