Migrantes sin esperanza, 2
Por: © Luis Miguel Rionda ©
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El gobierno mexicano ha asumido desde hace décadas —desde el final del acuerdo Bracero binacional en 1964— la cómoda postura de que en materia migratoria la mejor política es no tener política. Y la presente administración continúa con esa actitud, muy acorde con la revivida Doctrina Estrada de los años treinta. Así, México ha podido aplicar en lo doméstico un manejo muy restrictivo de la inmigración extranjera, incluso con rasgos xenofóbicos, al mismo tiempo que expresa un discurso solidarista con los emigrantes mexicanos, sin asumir compromiso alguno en la defensa de sus derechos en el exterior.
Cuando se fundó el Instituto Nacional de Migración (INM) el 19 de octubre de 1993, muchos de los especialistas en estudios migratorios, entre los que me cuento desde 1982, especulamos que ese nuevo órgano técnico desconcentrado de la Secretaría de Gobernación implicaba, desde su nombre, un cambio en la política migratoria mexicana. Creímos que se abandonaría la típica indiferencia y actitud policial de la antigua y temida Dirección General de Servicios Migratorios, en favor de una actitud solidaria hacia los que se han desplazado transfronteras por necesidad, y no por placer. Estábamos muy equivocados.
Pronto fue evidente que el nuevo instituto era una agencia policial más del estado mexicano, y que con excepción de sus “grupos Beta” —siempre castigados presupuestalmente— se mantendría como una Border Patrol a la mexicana, con agentes sin mayor capacitación en el respeto a los derechos humanos, que cumplimentan órdenes con el tacto de un gendarme pueblerino. Las golpizas que se han hecho públicas lo evidencian.
El cambio en la administración federal en diciembre de 2018, cuando el gobierno de la 4T designó al académico y especialista en gobiernos locales Tonatiuh Guillén —expresidente de El Colegio de la Frontera Norte— al frente del INM, nos hizo albergar nuevas esperanzas de cambio. El nuevo director arribó gracias al apoyo del subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, un político sensible y conocedor. Una de las “palomas” en el gabinete, en tensión con los “gavilanes” de la seguridad nacional. Era claro que la nueva orientación apuntaría a la defensa solidaria de los derechos humanos de todas las comunidades migrantes, propias y exógenas.
El sueño duró siete meses. El nuevo fenómeno de las caravanas de centroamericanos que ingresaron al territorio mexicano con el ansia de llegar a la frontera de los Estados Unidos, y participar en el sueño americano, provocó una fuerte reacción de la administración Trump, que amenazó a México con la imposición de aranceles a sus exportaciones. El gobierno mexicano, en una evidente muestra de sometimiento, desplazó al académico de la dirección del INM y lo reemplazó con un penalista, Francisco Garduño, quien volcó a sus gendarmes, con el apoyo de la naciente y militarizada Guardia Nacional, a la contención de esos flujos de indocumentados.
Docenas de veces el presidente Trump presumió que, gracias a su amenaza, el gobierno mexicano había desplazado 27 mil “soldados” a la frontera sur, cumpliendo la función del muro físico que nunca pudo culminar. Se inauguró así una nueva era de discriminación, represión y abuso —incluso físico— contra familias e individuos —como los niños sin acompañamiento— que por hambre y miedo abandonan sus lares en sus países convulsos o empobrecidos, como Haití, Centroamérica, Venezuela o Cuba.
Muchos de esos desesperados han cruzado todo el continente desde Chile o Brasil, gastando miles de dólares que sus parientes en los EUA les proporcionan. La aventura es en extremo peligrosa. Muchos deben cruzar a pie el legendario y temible estrecho del Darién, que separa Centro y Sudamérica (Referencia), en una travesía que espantaría a Ulises.
Una desgracia humana de dimensiones colosales, a la que nuestro gobierno responde con pasmo y represión. Pero eso sí: que vivan los héroes migrantes que envían 44 mil millones de dólares anuales en remesas a las comunidades empobrecidas de México.
Esquizofrenia pura.
