Ley indígena, 2
Por: © Luis Miguel Rionda ©
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de León. La Ley para la Protección de los Pueblos y Comunidades Indígenas en el estado de Guanajuato, aprobada por el Congreso local el día 15 pasado, es una norma que reconoce la personalidad, capacidad y voluntad de las comunidades indígenas para regirse y organizarse en su fuero interno mediante los usos y costumbres que dicta su cultura ancestral; ello excepto cuando algunos elementos de esa cultura contradigan al derecho general instituido o violen derechos humanos y garantías constitucionales, como lo es la participación de la mujer en el ámbito público. Sabemos que en las sociedades indígenas sigue siendo difícil que los varones reconozcan derechos a las mujeres, pero eso tiende a cambiar rápidamente.
La autonomía es definida acertadamente como “la expresión de la libre determinación de los pueblos y las comunidades indígenas como partes integrantes del Estado, de conformidad con el orden jurídico vigente, para adoptar por sí mismos decisiones e instituir prácticas propias relacionadas con su manera de ver e interpretar las cosas, con relación a su territorio, recursos naturales, organización sociopolítica, económica, de administración de justicia, educación, lenguaje, salud y cultura, que no contravengan la unidad nacional.”
Ahora bien, los sujetos principales de protección de la ley son los indígenas, pero no en lo individual, sino como comunidad. Y se entiende por comunidad indígena a “aquélla que forma una unidad social, económica y cultural, asentada en un territorio y que reconoce autoridades propias de acuerdo con sus usos y costumbres.” Esto me inquieta en lo personal, porque la gran mayoría de los indígenas de nuestro estado viven en las manchas urbanas de los municipios desarrollados, sin formar comunidades en sí, excepto cuando se concentran en colonias de precaristas, como las cercanas a las vías y la estación de ferrocarril en León (10 de Mayo, Morelos, Lomas de Guadalupe). Más de cinco mil indígenas inmigrantes, que difícilmente forman comunidades. Lo mismo sucede con los más de 2 mil 600 que habitan en Irapuato, y otro tanto en Celaya, o los 700 que viven en Guanajuato capital. En todas esas ciudades los indígenas son “invisibles”, y están expuestos a los abusos de las autoridades municipales, en particular las extorsiones de los policías y los agentes de fiscalización. En León el alcalde Scheffield ordenó la implementación de una operación limpieza bajo el argumento de que los indígenas son burreros de la delincuencia organizada. Asume, como sus ancestros cow-boys, que el indio bueno es el indio… que nadie ve.
Por su parte, el sistema del larguísimo nombre mencionado antes, será dirigido por un “Comité estatal de los Pueblos y las Comunidades Indígenas”. Pero cuando uno analiza la conformación de este comité resulta que lo integrarán 12 altos burócratas estatales, tres representantes de ONG’s, algunos representantes de gobiernos municipales y sólo cinco delegados de las comunidades indígenas. Los ladinos (mestizos o criollos) harán apabullante mayoría sobre los indígenas. La representación de estos pueblos, el Consejo Estatal Indígena, podrá ser consultada, pero no tomará parte en las decisiones del comité.
