La Cueva de San Ignacio

Por: © Luis Miguel Rionda ©

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Hoy es Día de la Cueva en Guanajuato capital. Se cumplen 404 de celebrar esta fiesta y verbena dedicada al entonces beato Ignacio de Loyola. La referencia religiosa es pretexto para que media ciudad se traslade al cerro del Hormiguero y los bajos de la Bufa y los Picachos, donde se come y se bebe en familia en carpas improvisadas, se acude a misa en la gruta de cantera, y se comercia con chucherías, ropa, comida, golosinas y bebida, en el éxtasis de la música para el bailongo.

El sentido original de la fiesta hace referencia a la cueva del pueblo de Manresa, España, donde Ignacio vivió varios meses de 1522 en ejercicio de recogimiento y meditación, y también redactó sus Ejercicios espirituales, fuente de inspiración para las generaciones de la contrarreforma religiosa europea. Ese movimiento religioso que respondió a las fuerzas revisionistas que cundían en el norte europeo y que cuestionaban la corrupción del catolicismo ortodoxo, y le contraponían la sobriedad en sus formas y modos. La contrarreforma respondió con lo contrario: la exuberancia del pensamiento que se canalizó mediante el barroco y su intento de reflejar lo divino en la materialidad del arte.

Desde tiempos tan lejanos, la ciudad minera recrea su vocación jesuítica y su gusto por lo frondoso en esta fiesta de la abundancia y la alegría. El Día de la Cueva es la verbena principal para una villa con innumerables fiestas religiosas. La convivencia ayuda a confirmarle a la principal montaña de esta ciudad escabrosa su primacía en la magia del imaginario colectivo. La fiesta de La Bufa, nuestra Bufa, similar a la de Zacatecas, pero diferente por esta aura de hechizo y sortilegio que emana de su Cueva encantada, espacio para misas blancas y negras, con su estatua de cantera de San Ignacio, que siempre amanece descabezada y pintarrajeada por vándalos impíos.

En esta ocasión se cumplen diez años de cuando La Bufa convocó a la movilización ciudadana en defensa de sus espacios naturales, tan sagrados para quienes habitamos bajo su mirada protectora. Miles de guanajuateños levantamos la voz en reacción contra la intención del ayuntamiento de entonces, de autorizar la urbanización de sus bajos y cañadas. El Día de la Cueva de ese año marchamos más de mil enojados residentes para exigir el respeto a esos espacios ancestrales, y en el llano del Hormiguero cantamos el himno de Guanajuato, “Tierra de mis amores”, del inolvidable cuevanense Jesús Elizarrarás.

El enojo social impulsó al entonces alcalde —surgido de una inusual coalición PRI-PRD— a solicitar la realización del primer y único ejercicio de democracia directa que hemos experimentado en nuestro estado, el plebiscito del 5 de diciembre de ese año. Los opositores ganamos la votación con 84% de los 12 mil 547 sufragios emitidos, con una participación del 12.84% de la lista nominal municipal.

La identidad cultural de los pueblos y villas del Bajío se basa mucho en su arraigada religiosidad, consecuencia de un modelo colonizador que impuso a la fuerza los valores del catolicismo rural y conservador de los pueblos españoles, que vivieron en carne propia la violencia de la reconquista, los conflictos con el Moro y la persecución de los herejes. La contrarreforma de San Ignacio sigue viva en el ethos regional guanajuatense.

Jorge Ibargüengoitia lo sabía, y por el Día de la Cueva rebautizó a nuestra peculiar ciudad minera: Cuévano. Por eso somos cuevanenses.

Alfredo Pérez-Bolde, a 80 y a 25

Por: © Luis Miguel Rionda ©

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El día de hoy se realiza una ceremonia en honor a la memoria de Alfredo Pérez-Bolde, añorado profesor de la Universidad de Guanajuato, quien nació hace 80 años y nos abandonó hace 25, cuando apenas contaba con 55 años de edad –¡yo tengo 53!- El evento se desarrolla, a partir de las 13:00 horas, en el Mesón de San Antonio de la ciudad de Guanajuato, a instancias del Colegio de Historiadores y la propia universidad.

Alfredo Pérez-Bolde, o “Pérez” como le decíamos con afecto, fue un profesor que dejó profunda huella en varias generaciones de guanajuatenses, desde su cátedra en la Preparatoria Oficial de Guanajuato, la que yo siempre he dicho que es la mejor prepa del estado. Profesor de historia, fue un apasionado de su materia, que siempre exponía con emoción e intensidad, sin ocultar sus filias y fobias por personajes y países. Yo fui uno de sus centenares, tal vez miles de alumnos, y doy testimonio de que sus clases eran deseadas como cuando uno iba al cine. Alfredo era un teatrero consumado –su otra vocación- y actuaba sus exposiciones, pero no con lenguaje corporal, sino con las inflexiones y modulaciones de su voz, un poco nasal, pero poderosa. Leer el libro de texto era optativo: era mucho más interesante escuchar al conferenciante que dictaba cátedra sin miramientos hacia un público cautivado.

Con frecuencia Pérez olvidaba el tema expuesto en la sesión anterior, así que sus exposiciones solían saltar y bailotear por la historia de México y del mundo. No importaba: aprendíamos que cada momento histórico, cada circunstancia, podía ser interpretada en función de sí misma, con personajes intensos que le deban un toque literario a la narración del divo. Ese era Alfredo: el pedagogo innato, seductor de estudiantes y guía de vocaciones hacia la Historia.

Había intentado estudiar Medicina, también fue soldado, pero finalmente optó por las humanidades. En Valenciana, él fue uno de los primeros egresados de la reciente carrera de Historia. Se recibió en 1979 con la tesis “La escritura en el Códice Boturini” -mejor conocido como la “tira de la peregrinación”-. La historia prehispánica fue una de sus pasiones, como también la guerra de Texas y la de México contra los Estados Unidos. Por supuesto, también trabajó la historia de su casa de estudios, y puso en claro que el primer nombre de la institución fue Colegio Real de Pensionistas. ¡Ah! Olvidaba su gran interés por la historia política de Guanajuato en el siglo XX, pues fue uno de los primeros en escribir sobre la confrontación entre los grupos “verde” y “rojo”.

Alfredo fue el mejor amigo de infancia, adolescencia y madurez de mi padre, Isauro Rionda Arreguín, a quien apenas le llevaba un año más de edad. Juntos formaron el grupo deportivo –y de travesuras juveniles- “Los Trogloditas” entre los que se contaban Joaquín Arias Espinoza, Juan Luis Tola, Ricardo Zambrano, Agustín Ramos, Carlos Chávez y otros. Las excursiones cerriles y el deporte los unieron en una amistad que duraría décadas, en particular a Alfredo, Isauro y Joaquín. Muchas anécdotas se contaban de ese grupo, entre las que resalta la apertura anticipada de la Presa de la Olla, un día antes del evento oficial, lo que dejó a Guanajuato sin motivo de fiesta ese año.

Conviví con Alfredo en múltiples ocasiones, gracias a nuestras aficiones comunes, como la fotografía y el teatro. Pérez tenía un laboratorio fotográfico ubicado entre los baños de la prepa oficial, y con frecuencia lo acompañábamos en sus revelados. Yo terminé de formarme como fotógrafo con Víctor Lara, fotógrafo del Museo de la Alhóndiga, pero siempre charlaba del tema con Alfredo. Por otra parte, aunque nunca fui actor protagónico, sí participé en algunos montajes, el primero de ellos dirigido precisamente por Alfredo: la obra cervantina Don Pedro de Urdimalas, que se estrenó el 25 de agosto de 1972, en la Plaza de San Francisquito, dentro del marco del Coloquio Nacional Cervantino, antecedente del Festival Internacional Cervantino. En esa ocasión mi padre representó al rey, y yo era su paje tamborilero. Alfredo fue el director de escena, y gocé como enano cada una de las escasas cuatro representaciones de la obra.

Es debido agradecer el cariño que siempre me dedicó Alfredo Pérez-Bolde en mi niñez y juventud y hasta su muerte prematura. Puedo presumir que fui el último en entrevistarlo, y que él y su esposa la Chata me recibieron con afecto en su casa un mes antes de su partida. Desgraciadamente la grabación de la entrevista se extravió en los entonces caóticos archivos de Radio Universidad.

Para terminar, reproduzco parte de una nota que publiqué en El Sol de León el 12 de abril de 1990, al cumplirse dos años de su fallecimiento: “Alfredo Pérez Bolde (1932-1988) fue uno de esos individuos peculiares... Intelectual multifacético e historiador político, Pérez marcó, con su visión crítica y humorística de la historia de México, a los que fuimos alguna vez sus alumnos, ya sea en la preparatoria o la licenciatura. Soldado de vocación en su juventud, apasionado fotógrafo de circunstancia, coleccionista de objetos inusitados, director de teatro universitario, maestro e investigador, Perez Bolde suena a Guanajuato... y Guanajuato pareció a veces sonarle a Perez Bolde.”

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El POT guanajuateño a consulta

Por: © Luis Miguel Rionda ©

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 El día de ayer los miembros de la directiva de la asociación “Guanajuato Somos Todos” (GST), encabezados por nuestro presidente el arquitecto Salvador Flores Fonseca, nos apersonamos en las oficinas de la Presidencia Municipal de Guanajuato capital para entregarle al encargado de despacho de la alcaldía, el abogado Gabino Carbajo Zúñiga, un escrito donde nuestra agrupación solicita formalmente al ayuntamiento que se amplíe el plazo de la consulta pública a la que se está sometiendo el Programa de Ordenamiento Territorial (POT).  Contextualizo: el mencionado programa, o más bien su carencia o falta de actualización, fue una de las causales del malestar ciudadano que se expresó en el movimiento de oposición al cambio de uso de suelo en el predio Granja La Bufa de esa ciudad capital durante el año 2010. El instrumento normativo vigente, el Plan de Desarrollo Urbano de 1994, le había asignado un uso de área de preservación ecológica y parque urbano a toda esa zona, que sería afectada por la construcción de una moderna carretera en 2005, despertando el fenómeno de la especulación con uso de información privilegiada por parte de los potenciales “desarrolladores”.

El asunto de La Bufa puso en evidencia la importancia de contar, como lo prevé la ley, con un ordenamiento actualizado y consensuado entre la autoridad y los ciudadanos. Luego del plebiscito del 5 de diciembre de 2010, la autoridad municipal entendió al fin la trascendencia de este tema para garantizar un buen gobierno. Pero el conflicto había polarizado a los actores sociales locales, muchos de los cuales se ubicaron en franca oposición a la voluntad del ayuntamiento pluripartidista capitalino. El ayuntamiento acordó trabajar en un nuevo POT, y contratar especialistas para tal fin. Sin embargo el cuerpo edilicio, y en particular su presidente, el licenciado Nicéforo Guerrero, le había perdido la confianza a las instituciones locales que hubieran podido desarrollar el nuevo POT, como el Colegio de Arquitectos o la propia Universidad de Guanajuato, a las que consideró parciales en el debate social de 2010. Por ello el edil decidió confiar la faena a su Alma Mater, la UNAM, que aceptó entrar al quite por medio de su Programa Universitario de Estudios sobre la Ciudad, bajo la conducción de la reconocida especialista Alicia Ziccardi.

El trabajo de elaboración del POT se desarrolló durante el segundo semestre del año 2011, fue entregado al Instituto Municipal de Planeación a fines de octubre y se abrió una consulta pública a partir del 7 de diciembre y hasta el 20 de enero. Desde un principio los miembros de GST opinamos que dicho plazo era absolutamente insuficiente, sobre todo por abarcar el periodo vacacional de fin de año. La complejidad de un documento de más de 500 páginas con 66 planos, donde se abordan temas que exigen la atención de especialistas para su interpretación, impone contar con un plazo temporal más amplio. De otra forma estaríamos cayendo en una nueva simulación de “consulta ciudadana”, a la que son tan afectos los gobiernos autoritarios.

  En nuestra misiva le solicitamos al ayuntamiento una ampliación de la consulta hasta el 29 de febrero, al menos, y que se coloquen en sitios estratégicos de la ciudad ejemplares impresos de la carta síntesis, para que todos puedan analizarla al detalle. En cuanto a nuestro grupo, varios miembros han detectado situaciones particulares que inquietan y que hacen pensar que los consultores no contaron con suficiente información de campo que les permitiera corroborar los usos actuales y reales que tienen superficies que sólo los interesados o los conocedores pueden saber de primera mano. Fue poco el tiempo y pocos los recursos económicos con los que contó el equipo de la UNAM, que realizó una labor muy profesional, a no dudar. Pero su calidad de “fuereños” les dificultó mucho conocer a fondo las realidades sociales, históricas y factuales que experimenta la mancha urbana de nuestro municipio. Lo óptimo habría sido que la tarea se hubiese encomendado a los urbanistas guanajuatenses. Pero la política pesó más que la razón.

Por la actitud evidenciada por el encargado de despacho, creemos que sí se ampliará el plazo para la consulta, pero nos advirtió que se haría cuidando que la misma no se empalme y contamine con los procesos electorales. Totalmente de acuerdo: el armado del POT debe ser una labor técnica y social, y nunca político-partidista. Ojalá que los guanajuateños demostremos que al final podemos ponernos de acuerdo en lo importante.

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La Bufa, de nuevo

Por: © Luis Miguel Rionda ©

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El sensible tema de la presunta urbanización del enorme predio denominado “Granja La Bufa” en el municipio de Guanajuato volvió a ser debatido en la sociedad local desde que el 25 de octubre pasado se constituyó la “Fundación Ing. Salvador Rodríguez Neri A.C.”, bajo la presidencia del nieto de este prohombre del árbol, el también ingeniero Rubén Rodríguez Nieto. La fundación estableció un consejo ciudadano que estará al cargo de la vigilancia de una “servidumbre ecológica” que la familia Rodríguez Nieto decidió otorgar sobre una superficie de casi 160 hectáreas en una poligonal que abarca el predio uno de “Granja La Bufa”, donde se ubican los emblemáticos cerros de La Bufa y Los Picachos. En el sitio electrónico de la agrupación “Rescatando Los Picachos” se encuentran los detalles de los objetivos sociales de la asociación, sus miembros y una ortofotografía de la poligonal involucrada en la servidumbre.

Los objetivos de la naciente fundación son loables y totalmente bienvenidos como uno más de los esfuerzos necesarios para preservar una zona que actualmente tiene definido un uso de suelo de preservación ecológica, con una enorme importancia cultural e histórica para nuestra comunidad, y que últimamente ha estado en la mira de los especuladores urbanos, que quieren beneficiarse de la reciente construcción del nuevo acceso Diego Rivera. Ojalá los otros dueños de Granja La Bufa siguieran el mismo camino de esta familia guanajuatense, y otorgaran al menos la misma servidumbre ecológica sobre sus terrenos.

Desgraciadamente causó mucha suspicacia al saberse que la propia familia Rodríguez Nieto posee otra superficie, de alrededor de 70 hectáreas, sobre las que ya existe un cambio de uso de suelo a categoría H0, que es la densidad urbana más baja que prevé la ley. La lectura inmediata que muchos hicimos fue que podría existir una intención soterrada de intercambiar la servidumbre ecológica sobre los cerros, por el reconocimiento de este nuevo uso de suelo en el terreno alterno, con lo que se abría la puerta a una eventual urbanización, con base en presuntos derechos adquiridos. Esto podría desencadenar que el resto de los propietarios, incluida la constructora Azacán, demandaran un trato similar para sus respectivas superficies.

  Los actores políticos y los medios de comunicación que más atacaron al movimiento social que surgió para impedir la urbanización de los bajos de La Bufa se relamieron los belfos, y volvieron a lanzar sus improperios contra los grupos más visibles, en particular contra la asociación Guanajuato Somos Todos (GST), responsable de las movilizaciones más nutridas y efectivas contra el proyecto urbanizador. Se quiso evidenciar la “incongruencia” que exhibía GST al haber participado algunos de sus miembros más visibles en el nuevo consejo ciudadano de la fundación. Los ataques llegaron incluso hasta la burla y la descalificación personales.

GST emprendió una labor de información hacia la sociedad guanajuateña. El sábado 29 participamos en espacios informativos de las tres estaciones principales de la localidad –dos canales de TV y una radiodifusora- para exponer nuestra posición formal como asociación comprometida con el cuidado y preservación de nuestro municipio. Dejamos claro que le damos la bienvenida a la nueva fundación y a su iniciativa voluntaria, pero subrayamos que no aceptaremos nunca que en la zona se permita un desarrollo urbano cualquiera, pues éste sería el gatillo que dispararía la especulación. Insistimos en la urgencia de contar con programas de ordenamiento territorial y ecológico actualizados, consensuados y autorizados, que mantengan el actual uso de suelo de preservación ecológica, y que la autoridad y la ciudadanía los respeten. Seguiremos buscando, entre otros fines, la declaratoria de área natural protegida de carácter federal sobre una amplia poligonal a definir por parte de los expertos, y que el crecimiento urbano se oriente hacia superficies con una clara sustentabilidad de mediano y largo plazos.

  El jueves pasado sostuvimos un diálogo enriquecedor con el ingeniero Rubén Rodríguez Nieto, presidente de la fundación. Él nos reiteró el compromiso de su familia con la preservación de esos cerros y cañadas que tanto cuidó su abuelo. Aseguró que no se tiene intención alguna de urbanizar sus propiedades. Ellos también fueron víctimas de las interpretaciones mal intencionadas. Le ofrecimos nuestro apoyo para la consecución de los fines comunes, pero también le dejamos claro que nos mantendremos vigilantes de lo que pueda presentarse en el futuro.

  Bienvenidas son siempre estas iniciativas que parten de la sociedad civil, y que buscan el beneficio del común con base en la buena voluntad.

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Persecución y hostigamiento

Por: © Luis Miguel Rionda ©

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El ayuntamiento del municipio de Guanajuato se ha enredado en un breñal impresionante de confusión, contradicción y desatino. La falta de oficio político de sus principales ediles mantiene la comunicación con la sociedad local y sus organizaciones en un permanente litigio público, primero en los medios de comunicación, y de ahí a los tribunales. Los tres abogados que conducen el cabildo se asumen en barandilla permanente, y toman la crítica como ataque personal, estallan en cólera y pierden los estribos. Han olvidado que son, antes que funcionarios, servidores públicos que se deben a los ciudadanos electores que los pusieron en esos cargos.
El cuidado de los bienes e intereses públicos no puede estar a cargo únicamente de los gobernantes. La democracia moderna se basa en el principio de representación, que indica que la ciudadanía delega funciones de administración y cuidado del interés público en los titulares del poder social, pero no renuncia a su soberanía original y a su derecho de vigilar la actuación de las autoridades electas. No hay “carta blanca” alguna en el hecho de que los gobernantes reciban la encomienda de tomar decisiones que busquen el bien común. Y para ello se les dota de facultades y recursos, que de ninguna manera son omnímodos.
La nueva cultura política que ha surgido en el país desde 1988 con el mega fraude electoral de ese año, ha forjado una nueva clase ciudadana, participativa y en expansión. Los mexicanos de la segunda década del tercer milenio no nos parecemos ya a los “mexicanos de los noventa” que retrató el libro de Ulises Beltrán y otros (UNAM, 1996). Mucho menos nos parecemos a los mexicanos de los sesenta, que vivían atrapados en la cultura política del súbdito, que retrataron Almod y Verba (The Civic Culture, 1963) en su revisión clásica en cinco países.
Los mexicanos de hoy, sobre todo de clase media, rechazamos el autoritarismo de la posrevolución. De igual manera rechazamos los nuevos autoritarismos de izquierda y derecha, que se han agazapado en los partidos políticos. Es bien sabido que los autoritarismos más cerriles se gestaban –y se gestan- a nivel municipal, que ha padecido caciquismos tipo don Perpetuo del Rosal. De ello eran conscientes incluso los presidentes más autoritarios, como Calles, que los combatieron.

Resulta que el secretario del ayuntamiento –el padre , el síndico –el hijo y el propio alcalde -¿el espíritu santo?- de San Guanajuato, Cuc, amenazaron y cumplieron con presentar una demanda contra el joven empresario Alejandro Navarro, a quien el primero calificó en entrevista como “muchachito estúpido”, ofendiendo la dignidad del presidente de la asociación civil “Guanajuato Somos Todos”, organización que es resultado directo del movimiento social que le propinó tamaña zurra a la autoridad en el plebiscito del 5 de diciembre.
Se confirma que este ayuntamiento es incapaz de dialogar y de asumir con prudencia las críticas inevitables en cualquier función pública. Se han aficionado a la judicialización de sus diferencias con la sociedad, pues hay que recordar que hace un año demandaron penalmente a los líderes del Frente Cívico Guanajuatense, Eduardo Lachica y Miguel Ángel Chacón. También ha habido amenazas contra otros personajes, como el empresario Guillermo Smith, el constructor Salvador Flores, el abogado y consejero del SIMAPAG Ramón Izaguirre, y otros más –yo mismo, como lo denuncié públicamente en una nota periodística del 14 de diciembre pasado- que hemos debido soportar la altanería de personajes que se supone nos sirven.
El síndico presentó una denuncia contra Alejandro Navarro acusándolo de “difamación y calumnia” por haber afirmado que la eventual concesión del contrato para surtir de agua al SIMAPAG por parte de cierta empresa, era un “pago de favores”. Seguramente la demanda se basa en el arcaico artículo 188 de nuestro Código Penal estatal, que reza: “A quien comunique dolosamente a otro la imputación que hace a una persona física o moral de un hecho cierto o falso que le cause o pueda causarle deshonra, descrédito o perjuicio, se le aplicará de un mes a un año de prisión y de diez a cincuenta días multa.”
El estatuto es increíblemente vago. Tanto que cualquier miembro de nuestra sociedad cae cotidianamente en el supuesto combatido. Desde las señoras chismosas del mercado, hasta nuestros más encumbrados políticos hacen asertos que pueden estar causando alguna “deshonra” a alguien. Ya ni digamos la prensa y los medios. No por nada en el código federal se derogó desde el 2007 el delito de calumnia, con lo que se protegió la libertad de expresión y el oficio del periodismo y la opinión. Pero en Guanajuato arrastramos anacronismos como este, anticonstitucionales, que en el ámbito internacional han sido superados hace mucho tiempo.
Estoy seguro de que Alejandro saldrá airoso de este nuevo arrebato de la autoridad. También espero que él y Ramón Izaguirre presenten sus quejas ante la Procuraduría de los Derechos Humanos, porque en sus personas se busca cebar el odio acumulado por una autoridad incompetente y rijosa. Guanajuato Somos Todos está con ustedes.

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Hace un año, 4

Por: © Luis Miguel Rionda ©

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Terminaremos ahora de historiar el movimiento social que surgió en la ciudad de Guanajuato hace un año, con motivo del pretendido cambio de uso de suelo en los bajos del cerro de La Bufa, y la intención de urbanizar el área y “dignificar” la loma del Hormiguero, donde cada año y desde 1624 se realiza la fiesta de la Cueva de San Ignacio, santo patrono de la villa.
El desarrollador quiso presentar el proyecto como una oportunidad para la generación de miles de empleos, tan necesarios en una capital con pocas alternativas de desarrollo. Se manejaron alegremente cifras que bailaron según el declarante entre los 50 y los 800 empleos permanentes, y los mil y seis mil temporales. Estos últimos en la construcción de un desarrollo que preveía 893 viviendas de 160 metros cuadrados, con una densidad de 200 a 300 habitantes por hectárea, un centro comercial con 400 locales, un hotel de gran turismo, una central de transferencia de pasajeros y un “parque urbano”. Este último fue una zanahoria adicional. Para promoverlo se montaron algunos quioscos donde se exhibía un video promocional del “Parque Cultural San Ignacio”, que preveía la construcción en el Hormiguero de un auditorio, andadores, dos museos… en fin, el cerro dejaría de serlo bajo placas de cemento y edificaciones.

El 13 de agosto el ayuntamiento solicitó formalmente a la Comisión de Participación Ciudadana del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato la realización, por primera vez en la historia de la entidad, de un plebiscito sobre el tema. Esa comisión aprobó la solicitud el día 19, y procedió a cotizar el costo del instrumento: un millón 110 mil 771 pesos. El ayuntamiento aceptó aportarlos, y rascó el recurso de sus escasas finanzas, afectando seguramente a partidas importantes para la ciudad. Al inicio los grupos opositores rechazaron el plebiscito, pues la Ley Estatal de Participación Ciudadana exigía, para que el resultado fuese vinculante, condiciones imposibles de cumplir, incluso para los propios partidos políticos si pudiesen participar –que no—: 50% de participación electoral –en la elección municipal de 2009 hubo un 46.6%—, y mayoría calificada de un 60% para la opción ganadora. Además, a los dos años la vinculación dejaría de tener validez. Sin embargo, el ayuntamiento acordó atender al resultado incluso si no se lograban los umbrales. Esto condujo a que los opositores aceptaran participar, aunque bajo protesta.
El 31 de octubre se realizó una tercera marcha multitudinaria por las calles principales de la ciudad, hasta de nuevo, como en la primera, culminar en la Plaza de la Paz. El constructor y el propio municipio –contraviniendo el reglamento de la ley de marras— promovieron activamente el voto afirmativo, con derroche de recursos privados y públicos en propaganda nada disimulada. Los medios de comunicación se dividieron, así como los políticos y la sociedad misma. Descalificaciones fueron y vinieron, hasta crispar el ambiente. Los grupos opositores reunieron más de siete mil firmas de rechazo al proyecto, que dieron una idea del sentir comunitario.

El domingo 5 de diciembre hubo una participación de casi el 13% del padrón electoral de 116 mil 349 electores. Muy elevada si la comparamos con el 6.6% del plebiscito que se organizó en el DF el 22 de septiembre de 2002 para aprobar la construcción del segundo piso del periférico. El 84% de los votantes optó por el No, el 15.3% por el Sí y el 0.7% anuló su voto. 5.5 votos negativos por cada positivo. Fue clarísima la decisión ciudadana. El alcalde había ganado su propia elección con un 43.9% de los votos válidos, equivalente a 22 mil 283 votos, apenas diez mil por arriba de los 12 mil 547 que votaron por el No.

El ayuntamiento de Guanajuato, en su sesión del 10 de diciembre de 2010, revocó el polémico acuerdo del 13 de julio anterior. Lo hizo a regañadientes y en una sesión tensa, para la que previamente el auditorio había sido llenado de acarreados y así dificultar la presencia de los opositores; sin leerse públicamente el acuerdo, con el voto en contra de un regidor panista y el desplante regañón del síndico priísta. El alcalde mostró moderación y acató el compromiso público.

El IEEG le reintegró al ayuntamiento un remanente de 243 mil 114 pesos, muy necesarios sin duda para un municipio con un presupuesto anual total de 322.5 millones de pesos.
El constructor no se cruzaría de brazos. En enero de 2011 interpondría un recurso legal contra el ayuntamiento ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del estado. Recurso que finalmente fue sobreseído el 15 de julio pasado. Pero la historia no termina aún, y habrá que mantener la guardia en alto.

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Hace un año, 3

Por: © Luis Miguel Rionda ©

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En julio del año pasado y en Guanajuato capital, se desarrollaron dos marchas de protesta donde demandamos la anulación del acuerdo del Ayuntamiento del 13 de julio, cuando se preautorizó el cambio de uso de suelo para el predio Granja La Bufa. La primera el 25, con 500 participantes, y la segunda el mero Día de la Cueva de San Ignacio, el 31 de julio, con mil manifestantes. Como fueron marchas muy concurridas, sobre todo si tomamos en cuenta que la población total de la ciudad es de no más de 140 mil personas, muchos creímos que la autoridad municipal comprendería el mensaje y que recularía en su decisión. No fue así: se radicalizó la posición del Ayuntamiento, que cerró filas alrededor del presidente municipal. Ediles de tres partidos lo apoyaron y sólo se mantuvo la oposición del Verde, aunque con vacilaciones. Sin embargo, las propias dirigencias partidistas estatales comenzaron a dudar de la pertinencia de la posición del Cabildo, en particular los partidos gobernantes en el municipio.

Se intensificaron las reuniones de coordinación entre los grupos ciudadanos. Se realizaron encuentros con dirigentes partidistas, de los que no se obtuvieron resultados. Nos enfrentábamos a las propias divisiones internas de esos institutos. El cabildo formó una comisión de contacto con el movimiento, que un viernes por la tarde nos citó a reunión para el siguiente lunes a las 10:00 de la mañana. Era evidente la intención de hacernos fallar a una cita imposible de cumplir, sobre todo porque la mayoría de los ciudadanos tenemos empleos diurnos. Respondimos con una contrapropuesta: citamos a la comisión a una reunión pública el siguiente jueves, el 28 de agosto por la tarde, en la Plaza de San Roque. Acudimos 80 personas, pero no así los representantes municipales. La reunión se convirtió en sesión de catarsis y planeación. Se plantearon más acciones de rechazo público y una estrategia para detener un proyecto que causaba repulsa generalizada. Cartas a la SEMARNAT y a la PROFEPA, solicitudes de información pública –la mayoría negadas por la autoridad municipal—, entrevistas a los medios, artículos de opinión y cuanto recurso estuvo a nuestro alcance fue empleado para generar un ambiente de protesta. Recibimos la solidaridad de centenares de personas de otras ciudades del país y del extranjero, así como de movimientos hermanos como “Todos somos Puebla”, otros de Michoacán, así como del DF.
El 29 de septiembre se presentó en el Teatro Juárez un libro conmemorativo de los 100 años del Mercado Hidalgo, otro ícono de nuestra ciudad. Fue invitada María Luisa “La China” Mendoza, quien en un arrebato de guanajuatidad enfadada dijo: “Hoy unos miserables piensan crucificar el cerro para volverlo colonia, super, club, etcétera y pasar a cuchillo nuestras historia, a los tlacuaches, zorrillos, armadillos, conejos, ardillas, lagartijas, víboras, alicantes, petirrojos, cuervos, águilas, halcones, cactus, casuarinas, eucaliptos, huizaches y mezquites. Los guanajuatenses no estamos mancos, ¡no nos vamos a dejar!” Esto arrancó una ovación de tres minutos, que incomodó a los pocos regidores presentes. Fue así que La China se convirtió en la madrina de nuestro movimiento.

El 30 de septiembre el alcalde Guerrero emitió su primer informe de gobierno. Por supuesto había que manifestarse. Ahí se nos unieron los colonos y campesinos pobres de Guanajuato, organizados alrededor del Frente Cívico “Euquerio Guerrero”. Ellos con una agenda social que rebasaba los objetivos de nuestro movimiento pero, ciudadanos todos, nos unimos para manifestarnos a una sola voz. Aunque habíamos acordado mantener la paz que siempre caracterizó a nuestras movilizaciones, el alcalde prefirió entrar por una puertita trasera del Teatro Principal, para desde los micrófonos lanzarnos la diatriba de llamarnos “patanes”. Esto por una presunta agresión verbal de uno de nuestros compañeros a una regidora, quien tergiversó los hechos. Y el alcalde se mantuvo en su macho.

Y seguimos con nuestras protestas. Aprovechamos la inauguración y la clausura del Festival Internacional Cervantino para animar a las multitudes de la explanada de la Alhóndiga de Granaditas con nuestros pregones y globos enormes, a la manera del hermoso espectáculo del “Juego Mágico” que Juan Ibáñez montó en los años ochenta. Veinte de nosotros fuimos capaces de hacer reaccionar en favor de nuestra causa a siete mil locales y visitantes, que corearon nuestras consignas y se llevaron a sus lugares de origen la convicción de que en Guanajuato sucedían cosas importantes.
El ayuntamiento, para no dar su brazo a torcer ante las crecientes voces que exigían reconsideración, encontró una salida conveniente al solicitarle al Instituto Electoral del Estado de Guanajuato (IEEG) la realización, por primera vez en la historia de nuestra entidad, de un plebiscito con base en la Ley de Participación Ciudadana de 2002, que había sido diseñada para evitar precisamente esa participación. El IEEG accedió y calculó el costo en más de un millón 400 mil pesos, que evidentemente no estaban considerados en ningún capítulo del presupuesto municipal. Los politólogos sabemos que ninguna autoridad llama a plebiscitos o a referendos sin la seguridad de ganarlos. Tanta era la confianza y el autoengaño de la autoridad guanajuateña, que le condujo al mayor desastre electoral de nuestra historia reciente.
Así se dejó venir la tercera marcha, la del 31 de octubre…

Continuaremos rememorando la próxima.

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Hace un año, 2

Por: © Luis Miguel Rionda ©

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En sesión del Ayuntamiento de Guanajuato capital del 13 de julio de 2010 se emitió un acuerdo autorizando la factibilidad en el cambio de uso de suelo del predio “Granja La Bufa”, de poco más de 47 hectáreas que abarcaban el cerro del Hormiguero –precisamente donde se realiza desde 1624 la verbena popular para celebrar al Santo Patrono de la ciudad, Ignacio de Loyola hasta la propia cuenca de la presa colonial Pozuelos, tan lastimada. Lo abrupto de la decisión, que se venía cocinando desde diciembre en negociaciones muy reservadas, nos sorprendió fuertemente a muchos ciudadanos comunes. Reaccionaron en particular los jóvenes estudiantes y algunas personas mayores que temieron por el destino de esta fiesta popular, así como por el arranque de un proceso de urbanización salvaje en un área que hasta entonces se había mantenido ajena a la especulación urbana.
El instrumento que ese grupo de jóvenes y adultos encontraron para canalizar su enojo y comenzar a organizar un Movimiento Social Urbano –en la terminología de Manuel Castells- fueron las redes sociales que han surgido gracias a las nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación, las célebres TIC’s, cuyo espacio principal es la virtualidad del internet. En este caso la herramienta privilegiada fue la red social Facebook, fundada como es de todos sabido por el joven Mark Zuckerberg (1984), estudiante de la Universidad de Harvard, a mediados de la década pasada. Un par de jóvenes, Cecilia Barrera (1988) estudiante de Derecho de la UIA-León, y Alfredo “Kanels” Segura (1985), recién egresado de la misma carrera en la Universidad de Guanajuato, decidieron abrir un grupo de discusión en el Face, al que denominaron “Guanajuato somos todos!!”, así con doble admiración.

En pocos días nos sumamos centenares de participantes y las discusiones y el enojo colectivo nos llevó a acordar la realización de un primer encuentro personal de los integrantes que pudieran. El 22 de julio un grupito de 20 personas nos reunimos en el estacionamiento de un centro comercial, desde donde se admira –espléndida- La Bufa. Acudieron sobre todo jóvenes, pero también algunas señoras y yo, que ya acumulamos edad. Ahí se definió la primera acción colectiva: una marcha multitudinaria para el siguiente domingo 25, que partiera del monumento a Florencio Antillón, hasta la Plaza de la Paz. En tres días se organizó el operativo, que requirió de una gran colaboración entre personas que hasta ese día no se conocían.

La cita fue a las 11:00, y a esa hora éramos muy pocos los que nos apersonamos frente a la Escuela de Música. Al principio el miedo fue al ridículo, a que marcháramos 20 ó 30 “catrines” –siempre nos han acusado de ser un movimiento clasemediero- por entre el tráfico y la indiferencia popular. Afortunadamente no fue así: de los autobuses urbanos bajaban y bajaban personas vestidas con playera blanca y pantalón de mezclilla, el atuendo que acordamos emplear para identificarnos. Ya cerca del mediodía, comenzamos a marchar más de 250 personas –yo las conté- enarbolando cartelones y pancartas, pero sobre todo gritando a todo pulmón: “¡Guanajuato tiene voz!”, “¡Ni hoteles ni casas, queremos La Bufa así como está!” “¡Nicéforo, entiende, La Bufa no se vende!”

Por una confusión inevitable, otro grupo de ciudadanos se había reunido en la glorieta Pozuelos. Pudimos contactarnos y ellos atravesaron el túnel que lleva a Embajadoras, donde se nos unieron en medio de una gran algarabía. Nuestro grupo fue creciendo hasta que al atravesar por el Jardín Unión ya éramos más de 500 vociferantes. Culminamos en el monumento a La Paz, donde la lluvia no arredró a una multitud exaltada, que defendía su tradición, su cultura y sus espacios naturales.

La autoridad municipal reaccionó con la descalificación y la diatriba. Se nos acusó de ignorantes desinformados, manipulados por “intereses políticos oscuros”, y no sé de qué más. El movimiento continuó. Otra vez por medio de las TIC’s, mediante los grupos “Guanajuato somos Todos” y “Rescatando Los Picachos”, a los que pronto se unieron el Consejo Ecologista Guanajuatense y el Frente Cívico “Euquerio Guerrero”, convocamos a una segunda movilización, que se realizó apenas seis días después el sábado 31, el mero Día de la Cueva.

Para esa marcha ya hubo más coordinación y eficiencia. Nos reunimos en la glorieta Pozuelos, ahora portando más pancartas y más camisetas con el rojinegro logotipo de GST. Con un equipo de sonido rentado animamos una caminata de más de mil personas, sobre todo familias acompañadas de sus chiquitines, que recorrimos los dos o tres kilómetros de carretera panorámica que separan la glorieta del cerro de El Hormiguero, donde se realiza la verbena popular desde el siglo XVII. Los comerciantes nos regalaban botellas de agua. Los paseantes nos vitoreaban, y muchos se nos unieron, hasta que llegamos a la explanada cerril donde realizamos un nutrido mítin, donde quien quiso hizo uso del micrófono. Al final culminamos con nuestro canto de guerra: “Tierra de mis amores”, de don Jesús Elizarrarás.
Continuaremos rememorando la próxima.

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Hace un año, 1

Por: © Luis Miguel Rionda ©

Publicado en de León.

Hace un año ya, el actual ayuntamiento de la ciudad de Guanajuato cometió el más grande error de su gestión. Bueno, el más grande en estos 21 meses de su mandato; todavía le faltan 15. Aunque el error fue pagado caro, finalmente fue un gran aprendizaje en la construcción de una ciudadanía crítica y activa en la capital del estado. Vale la pena rememorar un poco los hechos, a manera de homenaje al movimiento social que se desató en consecuencia. Recordemos que la “Empresa Mercantil Constructora Azacán S.A. de C.V.” había presentado el 2 de diciembre de 2009 ante el gobierno municipal, un estudio de compatibilidad urbanística para el cambio de uso de suelo en un predio de su propiedad denominado “Granja La Bufa”. El terreno en cuestión tenía, según el Plan de Desarrollo Urbano de 1994 aún vigente, un uso de suelo de preservación ecológica y parque urbano. Pero el dueño buscaba desarrollar “un proyecto que considera varios equipamientos de tipo: comercio, recreativo, de transporte, así como de usos de servicios y habitacional.”

Estaba muy fresca en la memoria de los capitalinos la historia de cómo se había hecho la constructora de ese terreno. Un periódico de circulación estatal había dado seguimiento a la adjudicación de la obra del nuevo acceso a la ciudad, denominado “Diego Rivera”, una obra de gran magnitud, de 200 millones de pesos de inversión, que atravesaría una superficie virgen pero demasiado cercana a los cerros más emblemáticos de Guanajuato: La Bufa, Los Picachos y El Hormiguero. Cito una nota de Martín Fuentes y Alfonso Ochoa del 9 de febrero de 2007: “(…) en diciembre de 2005, el constructor Alejandro Marcocchio, a quien días después se le asignaría el trabajo [del nuevo acceso], compró 47.4 hectáreas de superficie atravesada por la nueva carretera, según consta en el Registro Público de la Propiedad. Meses después, justo el 15 de septiembre del 2006 y a días de que concluyera el gobierno del PRI, encabezado por el entonces presidente interino Juan Antonio Valdés Fonseca, se modificó el ‘Plan de Ordenamiento Territorial del centro de población de Guanajuato, Guanajuato’, lo que permitiría al contratista construir zonas poblacionales de baja densidad en sus predios.” El nuevo POT se alcanzó a publicar en el Periódico Oficial del estado el 17 de noviembre de 2006, e inquietantemente señalaba: “se protegen aquellas zonas de valor escénico, con las que cuenta el municipio, como lo es el caso de la Bufa, cuyo peñón se mantiene libre de cualquier tipo de desarrollo”. ¡Zambomba! Se abría así la puerta a la urbanización del nuevo acceso, dejando libre solamente… el peñón.

El constructor había adquirido el predio de su anterior propietaria, Martha Guadalupe Rodríguez Gaudiano, por un precio de 248 mil 602 pesos con 40 centavos. Es decir, 1.9 pesos el metro cuadrado. Seguramente pagó más, pero sin duda el metro le siguió costando muy barato. Entretanto la empresa construyó la nueva carretera de cinco kilómetros, modificando la traza original y desatando la controversia pública al movilizar enormes cantidades de tierra y construyendo dos grandes terraplenes en Granja La Bufa para modificar su pendiente del 20% al 8%, cuyo interés privado era evidente. El impacto del proyecto sobre la zona fue de enormes dimensiones, y la sociedad civil no reaccionó a tiempo para detener el despropósito. Nostra culpa…

Durante la administración de Eduardo Romero Hicks (2006-2009) no se pudo formalizar la actualización del Plan de Ordenamiento Territorial (POT) 2008, para permitir al desarrollador cambiar el uso de suelo en Granja La Bufa. Algunos regidores, como Dolores Gasca, Samantha Smith y Salvador Flores, denunciaron en su oportunidad la intención de concretar ese cambio mediante el nuevo POT y beneficiar al poderoso particular.
Dicha permuta en el uso del suelo debió esperar a la siguiente administración municipal, que tuvo menos recato en permitirlo, incluso sin contar con el instrumento legal del POT actualizado que ordena la Ley Orgánica Municipal. Las negociaciones del constructor rebasaron a los grupos de interés locales, e involucraron a fuerzas supramunicipales, como el propio gobernador del Estado, quien desarrolló sus oficios para garantizar un buen ambiente para el proyecto.

En sesión del 13 de julio de 2010, el ayuntamiento encabezado por Nicéforo Guerrero Reynoso, quien había obtenido su triunfo electoral gracias a una inédita coalición PRI-PRD, emitió un acuerdo autorizando la viabilidad en el cambio de uso de suelo en Granja La Bufa. Los tres principales grupos partidistas en el cabildo expresaron su venia, incluyendo a la oposición panista, demasiado entusiasmada con el proyecto. Diez regidores y los dos síndicos votaron a favor. Sólo los dos regidores del Partido Verde se opusieron. Demasiado alimento para el sospechosismo…
Continuaremos rememorando la próxima.

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Red Médica, 2

Por: © Luis Miguel Rionda ©

Publicado en de Guanajuato.

Hubo varias reacciones a mi artículo anterior, que quiero comentar ahora. Primero agradezco todas esas opiniones favorables al contenido de mi texto, y que coinciden en la necesidad de no sólo ampliar nuestra aportación, sino de repensar algunas de las estrategias financieras del propio sistema de salud universitario. Pero también agradezco las críticas al artículo, en particular la que me dirigió mi colega y amigo, sindicalista de cepa, Daniel Luna Soto, quien me escribió un amable pero enérgico mensaje donde asegura que “los universitarios no tenemos información específica sobre la red Médica, sólo está en el aire la información etérea que han proporcionado, resultado de aplicar las operaciones matemáticas básicas… nadie me ha dicho exactamente en qué se gasta mi aportación, cuál es la aportación de la Universidad y cuál la del gobierno del estado…” En otro mensaje me amplía su comentario asegurando que “sí estoy sorprendido el encontrar [en tu artículo] una gran aceptación de la idea de que nos metan la mano en nuestro bolsillo”. Estoy seguro de que Daniel me perdonará el atrevimiento de hacer público nuestro debate, pero creo que vale la pena hacerlo así, en beneficio de nuestra comunidad y de la propia red.

Daniel Luna, profesor del Depto.
de Arquitectura de la UG

Coincido con Daniel en que hay que exigir que se dé una explicación más amplia y precisa sobre las actuales aplicaciones de recursos, y que incluso se realice una auditoría. Hay que eliminar de tajo cualquier asomo de abuso. Pero también creo que un esquema de beneficios tan generoso no podía seguirse manteniendo tanto tiempo con base primordialmente en los subsidios de la institución. Los beneficiarios debemos ampliar nuestra aportación, independientemente de que se encuentren alternativas para darle viabilidad financiera a la red. Defender a priori nuestros bolsillos me suena egoísta, sin tener todavía claro el horizonte.
Por otra parte, recibí un interesante mensaje de mi colega y amigo Luis Lauro Garza, profesor de la Universidad Autónoma de Nuevo León y director de 15Diario.com, medio electrónico de Monterrey que reproduce esta columna. Y me dice: “… en la UANL contamos con un inmejorable servicio médico: consultorios, análisis y farmacia propios. Y en casos excepcionales se subroga la prestación de un servicio o la adquisición de un medicamento a clínicas privadas. Aparte de contar, cuando se ofrece, con un piso especial para empleados y trabajadores (Pensionados UANL) en el Hospital Universitario (el hospital-escuela de la Facultad de Medicina), donde te atienden muy bien y con calidad de primerísimo nivel. Por cierto, mis dos hijos nacieron allí, pues entonces (y creo que hoy también) en el HU contaba con el mejor y más moderno quirófano de la ciudad. Todo dentro del Área Médica de la UANL.”

Luis Lauro Garza, profesor
de la UANL

El esquema de la UANL es muy diferente al de nuestra red médica en la UG. Ellos le apostaron a sus fuerzas propias, y proveen directamente los servicios de salud a su comunidad universitaria. Y no están en crisis financiera, como nosotros. ¿No valdría la pena ir pensando en desarrollar infraestructura propia de atención a la salud, con base en nuestros departamentos académicos vinculados al área? ¿Por qué no pensar en hospitales universitarios para cada uno de los campii? También en más clínicas de primer contacto, e incluso en clínicas dentales, en convenio con la UNAM. Hay muchas alternativas, y nos convendría estudiar experiencias exitosas como la de la UANL.

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De nuevo...

Por: © Luis Miguel Rionda ©

Publicado en de León.

No sé qué les pasa a las autoridades municipales de Guanajuato capital, que no terminan de salir de una para meterse en otra. Hace pocas semanas fueron defraudados por un proveedor de láminas para el programa “techo digno” con más de 400 mil pesos. Todavía no se sabe con claridad cómo se va a reparar el daño patrimonial que padecieron las arcas municipales; al menos yo lo desconozco. Luego nos enteramos del “cheque de hule” con el que les pretendió pagar tres millones de pesos el abusivo empresario chicano que explota las 35 momias viajeras que ya no sabemos si siguen en Detroit o ya están en Texas. Los abundantes viajes del alcalde son otro motivo de asombro, cuando se acude a excusas absurdas para justificarlos, como su semana en Cuba, donde aprendió a regar mejor el césped de los parques públicos.

Pareciera que los ediles de este gobierno “de coalición” (mejor dicho “de colisión”) son víctimas facilonas de fraudes, engaños y timos, además de una pésima relación con los ciudadanos comunes, a los que frecuentemente regañan o intimidan, como les sucedió a los vecinos de Villas de Guanajuato por atreverse a opinar diferente sobre la construcción de una delegación de policía.
Ahora arremeten -de nuevo- contra la agrupación civil “Guanajuato somos todos”, por habernos atrevido a solicitar copia -a nuestras expensas- del expediente del recurso legal que interpuso el constructor que fue afectado con la revocación del acuerdo del 13 de julio, sobre el cambio de uso de suelo de los bajos de los cerros de La Bufa y El Hormiguero. En las últimas semanas habíamos tenido cierto acercamiento con las autoridades municipales, con quienes participamos en la campaña “Limpiemos México” del domingo 5 pasado, para conmemorar el día mundial del medio ambiente. También hemos participado con entusiasmo y compromiso en los foros de consulta que está organizando el IMPLAN municipal y el equipo de investigadores de la UNAM, con el objeto de integrar el Plan de Ordenamiento Territorial, que podría ayudar a acabar con la especulación urbana y los intentos de urbanizar zonas de preservación ecológica, como la que pretende afectar la constructora.

Creímos que estábamos encontrando un nuevo entendimiento con el municipio, y que nuestro deber era apoyarlo a sostener el acuerdo del 10 de diciembre pasado, que revirtió el del 13 de julio. Nos enteramos con preocupación que a inicios de este año el constructor interpuso un recurso legal ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado, para combatir el acuerdo que revocaba la posibilidad del cambio de uso de suelo en “Granja La Bufa”, y que ese recurso tenía serias posibilidades de prosperar. El equipo de abogados de “Guanajuato somos todos”, en el que participa el talentoso abogado Ramón Izaguirre Ojeda, creyó poder coadyuvar con el municipio haciendo uso del recurso de la doctrina jurídica denominado Amicus curiæ, y que es definido por el propio Ramón como “la forma a través de la cual una o más personas, que no son parte en una controversia judicial, aportan argumentos en ella dada la trascendencia del conflicto por resolver.”
El municipio, por las voces del síndico y del secretario del ayuntamiento, Gabino Carbajo junior y Gabino Carbajo senior, negaron rotunda y airadamente cualquier posibilidad de que “particulares” como nosotros recibamos copia alguna del expediente. Volvieron a proferir denostaciones contra nuestro movimiento y de plano le demandaron a Ramón Izaguirre que renuncie a la posición que detenta como miembro del consejo ciudadano del SIMAPAG, el sistema municipal de agua potable. Consideran que es una aberración que el consejero cobre en las arcas del ayuntamiento y que al mismo tiempo sea un crítico de las decisiones de ese cuerpo; es decir, que el que paga manda y que se espera que los servidores públicos no sólo aporten su trabajo y talentos, sino también su conciencia y su libertad de expresión.

Ramón Izaguirre no es un empleado del ayuntamiento: es un consejero ciudadano que a cambio de su esfuerzo y compromiso con el SIMAPAG –que no con el ayuntamiento- recibe una dieta –que no es sueldo- que compensa el sacrificio de su tiempo. Si fuera un trabajador más de la nómina, o bien un ejecutivo, tendría derechos laborales, percibiría aguinaldo, bonos y una liquidación en caso de despido. Incluso podría sindicalizarse, si fuera el caso. En la Ley para los Servidores Públicos del Estado y los Municipios de Guanajuato no aparece en ninguna parte la figura de consejero ciudadano, por lo que no es sujeto de la misma ley. Los consejos de corte ciudadano fueron creados para darle independencia a las instituciones, no para someterlos a otras autoridades “superiores”. Pero no me sorprendería que el ayuntamiento, torciendo la interpretación de la ley, cometa otra arbitrariedad y deponga al consejero Izaguirre, en venganza por la paliza que les propinó la ciudadanía en el plebiscito que ellos mismos convocaron. Pero Ramón tiene experiencia en poner en su lugar a autoridades abusivas, siempre con el uso de la ley.

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