El reto independiente, 1

Por: © Luis Miguel Rionda ©

Publicado el 19 de enero de 2018 en:

Las llamadas candidaturas independientes, entendidas como aquéllas no vinculadas a un partido político, no son una novedad dentro del sistema electoral mexicano moderno. La primera ley electoral federal, emitida el 2 de julio de 1918, reconocía esta figura, aunque con un nombre distinto —candidatos no dependientes de partidos políticos—. Bastaba con una expresión escrita de apoyo al candidato, firmada por 50 ciudadanos del distrito o demarcación que se buscaba representar o gobernar. Durante la mayor parte de la primera mitad del siglo XX, las elecciones se desarrollaban y organizaban a nivel municipal, de manera muy descentralizada como corresponde al modelo federal clásico. Así sucede aún hoy en los Estados Unidos, donde los condados son los responsables de la operatividad electoral.

El modelo electoral mexicano se centralizó fuertemente con la reforma política de 1946, que eliminó a los municipios del ejercicio electoral, y lo adjudicó a los gobiernos federal y estatales. Las candidaturas independientes desaparecieron del ámbito federal, y más adelante, en 2007, del estatal. Se cerró así una puerta a la participación política directa del ciudadano, aunque la Constitución General —artículo 41— nunca prohibió la figura.

El inicio del cambio fue propiciado por la aspiración del político e intelectual Jorge Castañeda, quien buscó la candidatura presidencial independiente para contender en las elecciones federales de julio de 2006. Para ello entabló un juicio de amparo, que fue desechado por un juez. Recurrió entonces a un recurso de revisión para buscar un amparo ante un Tribunal de Circuito en Materia Administrativa, y que fue atraído por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en abril de 2005. El amparo fue negado, pues no era procedente en materia electoral. Castañeda llevó su caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que resolvió aparentemente en su favor en septiembre de 2008.

Paralelamente, y gracias a un fallo favorable de la Suprema Corte de octubre de 2006, relativo a una reforma a la Constitución del Estado de Yucatán, se aprobaron las candidaturas independientes para las elecciones locales de esa entidad.

La consecuencia fue la reforma política de 2012, mediante la que se reconoció la figura del candidato independiente en el ámbito federal, y en septiembre de 2013 se reformó el artículo 116 para permitirla en las entidades de la república. Con la reforma política de 2014 se definieron las condiciones para su registro y actuación, y en las elecciones de julio de 2015 vimos la victoria de seis candidatos independientes en varios espacios de poder o representación, incluido un municipio de Guanajuato, Comonfort.

Esta figura política ha despertado mucha expectativa a nivel nacional, y en este proceso electoral 2017-2018 tenemos a una pléyade de aspirantes a candidatos para todos los órdenes de gobierno y de los legislativos en contienda. Personajes de todo tipo recolectan firmas de apoyo en la vilipendiada aplicación del INE o en cédulas en papel, presionados por el tiempo y la carencia de estructura y recursos para la labor. Todo ello ha concentrado la atención de la opinión pública nacional y está generando intensos —y a veces malintencionados— debates sobre el desempeño de los aspirantes.

En lo personal pienso que la figura amplía sustancialmente las posibilidades del ciudadano para la participación política. Sin duda es cierto que los umbrales definidos en las leyes son demasiado altos, y que es aún peor la exigencia de la dispersión territorial de las firmas de apoyo. Pero así fue definido por los legisladores, que a fin de cuentas representan —aún— los intereses partidistas, y buscaron restringir el acceso a los espacios del poder a los outsiders y a personajes sin vínculos aparentes con la élite del poder.

Los independientes podrían representar una amenaza creciente para la partidocracia; al menos así quieren vender este imaginario colectivo los críticos de los partidos. Los independientes despiertan esperanzas, pero también inquietudes. ¿Cuáles son los intereses reales que podrían estar ocultando? ¿La pureza política existe, incluso en ciudadanos sin partido? Y los trásfugas de los partidos, ¿son confiables?

Invito al lector, a la lectora, a seguir reflexionando sobre este punto en una semana.

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Olvidos intencionados

Por: © Luis Miguel Rionda ©

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Algo sucede con las identidades ideológicas de nuestros gobernantes, que en estos tiempos parecen diluirse en un pragmatismo pasmoso y lamentable. Y es que en la política se inventaron los referentes de “izquierda” y “derecha”, incluso el debatible “centro” para tener una mínima claridad sobre las posturas axiológicas de los personajes públicos. Es importante definirse en lo teórico para darle pistas a los gobernados o representados sobre el tipo de oferta programática que pueden esperar de su clase política, organizada en partidos que tienen la obligación de asumir posiciones claras sobre los temas fundamentales que afectan al común. Precisamente esa es la función de los llamados documentos básicos de los institutos políticos: los principios de doctrina, que luego deben traducirse en un programa de acción.

Pero nos encontramos con el hecho de que esos documentos definitorios luego son destinados al descanso eterno del archivero, y los hombres y mujeres en el poder optan por las mudanzas ideológicas en función de la coyuntura, sobre todo electoral.

¿A qué me refiero con este rollo? A las actitudes mudables de los gobiernos emanados de los partidos políticos. Por ejemplo el gobierno federal, hoy bajo la égida del Partido Revolucionario Institucional (PRI): ¿cuál es su ideología? Acabamos de ver cómo minusvaloró la trascendencia de un aniversario más de la Revolución Mexicana. Esto a pesar de que en el arranque mismo de su declaración de principios afirma orgulloso que “Nuestro origen surge de los grandes valores sociales de la Revolución Mexicana”. ¿En serio? Al menos en apariencia da otra impresión: que el nuevo gobierno ha querido apartarse de esos valores, como el nacionalismo revolucionario (nuestras principales empresas siguen cayendo en manos extranjeras: bancos, minas… ¡hasta la cerveza!), la justicia social (recuerden la Reforma Laboral), la soberanía (ya se declaró muerta la doctrina Estrada y se tolera el espionaje extranjero), la economía mixta (¿alguien se acuerda de ella?), el mercado tutelado por el Estado (para ello se le dio un Buen Fin), el petróleo es nuestro (al menos sí del Sindicato y de los ordeñadores de ductos), y la tierra es de quien la trabaja (o la renta, o la compra, como las trasnacionales agroindustriales).

Desde la administración de Carlos Salinas hasta la actual, incluyendo obviamente a los dos sexenios panistas, el Estado mexicano se ha desprendido de su herencia revolucionaria. Lo ha hecho de manera callada, pues la simbología del movimiento social más importante de América Latina es todavía muy poderosa. Hasta los gobiernos del Partido Acción Nacional revindicaron la parte que les toca del alzamiento popular: su fase y contenido maderista. No fueron indiferentes, y en particular la administración calderonista impulsó los festejos del centenario de la Revolución, aunque trivializando sus símbolos (¿recuerdan el horrendo “Coloso”, hoy arrumbado?).

¿Por qué se minusvaloró este 103 aniversario? Oímos cómo el secretario de Gobernación declaraba sobre la aparente cancelación del desfile deportivo– que muchos consideran ya tradicional: “no se puede cancelar lo que no se ha programado”. No se programó, pero al cuarto para las doce organizaron un desfile castrense, que aparentó ser una salida apresurada al mundo de críticas que ya se avizoraba.

Hay hechos que dicen más que mil palabras. La Revolución, sus significados y la falta de cumplimiento de sus metas les provocan cada vez más incomodidad a los gobernantes. Quieren sustituir en el imaginario colectivo el peligroso mensaje revolucionario por la moderación del reformismo. No estaría mal si ese gradualismo nos condujera en el mediano plazo a los mismos objetivos que buscaría un rompimiento violento con el ancien régime, pero al parecer son reformas que van en otra dirección: precisamente en contra de los valores justicieros que clamó la Revolución.

Avanzamos lentamente hacia las terribles injusticias y desequilibrios que describieron analistas como John Kenneth Turner en 1908 y Andrés Molina Enríquez en 1909, en las vísperas del estallamiento del hartazgo popular. A 103 años, ¿no estamos parados sobre una olla de presión similar? La violencia social ya se evidenció en 1994 en Chiapas, y desde 2006 hasta la actualidad en Michoacán, la frontera y gran parte del país. Y es que la violencia es el último recurso de los desesperados, como fue para los sans-culottes en Francia de Luis XVI, o para los peones rurales y “pelados” urbanos del México porfirista.

No olvidemos. Para eso sirven los aniversarios: para recordar…

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Nuevo juicio

Por: © Luis Miguel Rionda ©

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El pasado martes 12 presenté ante la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TRIFE), vía el Tribunal Electoral del Estado de Guanajuato (TEEG), una solicitud para entablar un juicio de protección a los derechos político-electorales del ciudadano (JPD en la jerga abogadil), con base en la Ley General de Medios de Impugnación y la propia Constitución General de la República. Lo hice para combatir la sentencia que dictó el TEEG el 5 de julio anterior, donde resolvió ratificar el acuerdo del pleno del Congreso del Estado del 30 de mayo, mediante el que se designó al nuevo consejero ciudadano para integrarse al Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato (IEEG).

El agravio principal que alego es el de la violación a principios constitucionales de legalidad, equidad, certeza, debido proceso, transparencia, exhaustividad y de interpretación y relatividad legal, así como acuerdos internacionales sobre derechos humanos.
Hay que recordar que desde que se promulgó el Código Electoral del Estado de Guanajuato el 22 de noviembre de 1994, se determinó un proceso de selección de los consejeros ciudadanos generales del IEEG -integrado el 15 de enero de 1995-, que en sus orígenes fue de avanzada por la ciudadanización plena del órgano electoral, pero que con el tiempo se ha vuelto anacrónico, obscuro y que en la práctica ha partidizado al órgano superior. El artículo 56, reformado en 2008, ordena que de los cinco consejeros propietarios, tres sean electos “a propuesta del grupo parlamentario que tenga mayor número de diputados, uno a propuesta de la primera minoría y otro, a propuesta de los demás grupos parlamentarios y representaciones parlamentarias, representados en el Congreso del Estado.” En esta ocasión se trataba de este último caso, ya que los grupos y representaciones parlamentarias del PVEM, el PRD, el PANAL y Convergencia debieron ponerse de acuerdo para armar una terna para someter al pleno.
Pude ser incluido en esa terna, luego de autoproponerme y de emprender una ardua labor de cabildeo para convencer a los diputados locales de mis capacidades con base en mi trayectoria en el ámbito electoral. Desgraciadamente desde el inicio se evidenció que los diputados tenían “precocinado” el acuerdo, y que integrarían la terna sólo para cumplir con el requerimiento que habían obviado en el nombramiento de los dos consejeros anteriores, defenestrados luego de sendos procesos legales ante el TRIFE.
Nunca albergué falsas esperanzas, pues esta era la quinta ocasión en que participaba voluntariamente en el proceso. Lo que busqué –y busco- es que el mecanismo quede evidenciado en su inequidad y en su carencia de garantías para conservar realmente ciudadanizado al IEEG. Hoy día, un solo partido acapara la capacidad de proponer a tres consejeros propietarios, a un supernumerario y, como se evidenció en esta ocasión, la posibilidad de incumplir acuerdos e imponer incluso al consejero que correspondía a las minorías parlamentarias. Así, en la práctica ese partido ha podido designar a cuatro de los consejeros propietarios, sólo con el apoyo de la primera minoría, que le agarró la pata a la vaca. Esto redunda en la pérdida de legitimidad del órgano superior del IEEG, que ha sido integrado primordialmente con exfuncionarios del propio instituto. La endogamia es una enfermedad institucional que perpetúa esquemas políticos y administrativos viciados, que han sido denunciados por los propios partidos y sus representantes ante el consejo.
Por eso me decidí a seguir adelante con mi proceso legal. Sé que así “quemo mis naves” con el Congreso local y sus grupos parlamentarios, pero me motiva el deseo de obligar al estamento dominante a aceptar la necesidad de una reforma electoral seria, que no sólo cambie el procedimiento de selección de consejeros, sino también las condiciones generales de competencia política mediante una actualización de un marco legal que se ha hecho anacrónico. En el 2008 lo intentamos a partir del IGECIP (Instituto Guanajuatense de Estudios en Ciencias Políticas, que dirigía Juan Miguel Alcántara, y hoy José Aben-Amar González). También lo ensayamos por la vía de la asociación política nacional “Propuesta Cívica”, que dirige Sergio Aguayo en el nivel nacional y David Herrerías en el local. No estaría mal repetir la experiencia, pues de todas las propuestas de reforma que expresamos entonces (más de 20) sólo se concretó la reforma al artículo 56, que le quitó al gobernador su capacidad de proponer a dos consejeros propietarios y a los dos supernumerarios. Pero en los hechos hemos visto que tal facultad se mantuvo.

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100 años de historia de los partidos

Por: © Luis Miguel Rionda ©

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Hoy día se presenta mi libro “Cien años de historia de los partidos políticos en Guanajuato”, bajo el sello editorial del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato (IEEG), y con los comentarios de mi colega Leonardo Valdés Zurita, consejero presidente del Instituto Federal Electoral. La presentación tendrá lugar en el Auditorio General de la Universidad de Guanajuato, en su edificio central en Guanajuato capital. El evento comenzará a las 17:00, y el IEEG obsequiará un ejemplar del libro a cada persona que se registre en el vestíbulo. Al final de la presentación se desarrollará una mesa de discusión con la participación de líderes nacionales de los partidos, que debatirán sobre su oferta política de cara a las elecciones de julio del año próximo. El investigador de la UNAM Lorenzo Córdova Vianello moderará esta mesa. Finalmente fue el periodista Arnoldo Cuéllar Ornelas quien moderó la mesa con los líderes políticos.

El libro de mi autoría tiene ya una vieja historia propia: algunas de sus secciones fueron parte de mi tesis de doctorado, que defendí en 1997 en el CIESAS de Guadalajara. En 1998 el IEEG publicó el libro “Orígenes y Evolución de los Partidos Políticos en el Estado de Guanajuato”, y en 2008 la “Reseña Histórica de los Partidos Políticos en Guanajuato”. El primero fue una versión tijereteada de mi tesis, que nunca me satisfizo pues se integró con el más puro sistema de “tijera y engrudo” por parte de un trabajador del instituto, que por poco me birla mis créditos autorales. Afortunadamente el doctor José Ángel Córdova Villalobos, entonces presidente del IEEG, corrigió a tiempo el desaguisado y el libro salió bajo mi nombre.
El año pasado la Comisión para el Fortalecimiento del Régimen de Partidos Políticos del IEEG, bajo la presidencia del doctor Santiago Hernández Ornelas y la secretaría del licenciado Álvaro Chávez López, me convocó a retomar el texto, pulirlo y actualizarlo con la información más reciente de los partidos políticos, en particular los que se han unido al concierto político en las últimas dos décadas. Así lo hice durante intensos ocho meses de ese año, durante los cuales pude entrevistar a una docena de líderes de todos los partidos, actualizar la información, mejorar la estructura y la presentación del texto, hasta generar un documento del que me siento muy orgulloso, así como agradecido con el IEEG y la comisión mencionada.

Afirmo en el libro que desde hace mucho tiempo en Guanajuato se ha practicado una política sofisticada, alérgica en general a los métodos violentos y cerriles que abundan en latitudes más sureñas o norteñas. Con algo de humor cínico se afirma que los guanajuatenses de todos los colores gustan de la política “florentina”: cortés, hermética y ladina. Ni violenta ni pedestre, pero sí marrullera y retorcida. Ejercer la política en Guanajuato requiere malicia, preciosismo, doble lenguaje y semblante de jugador de póker. Y nunca sobra un poco de cultura y estudios, en particular de derecho o administración. Como en el resto del país, la “ronda de las generaciones” de la política ha impuesto ritmos de cambio que transformaron en estos últimos cien años las maneras de competir por el poder: primero por la fuerza de las armas, luego por la fuerza del partido, más adelante por la fuerza de la movilización y la capacidad de chantaje, hasta arribar a la fuerza electoral y de atracción de sufragios. Hoy día también cuenta mucho la fuerza del dinero, la presencia en medios, el desgaste en el gobierno y la renovación de la esperanza. Todo ello sin importar el partido del que se trate.

La larga tradición de partidos y movimientos conservadores o de franca derecha en la entidad, contrasta con la escasez y flaqueza de las corrientes sociales progresistas o de izquierda. Entre ambos paradigmas ideológicos se movieron los cenáculos autodenominados “revolucionarios”, que conformaron la tendencia oficialista (PNR-PRM-PRI) y que durante décadas compitieron entre sí bajo las banderas de los grupos “verde” (obregonistas primero y cardenistas después) y “rojo” (laboristas y callistas). Décadas de confrontaciones, que comenzaron en 1920 y terminarían medio siglo después (se dice que con el “verde” Torres Landa en 1961, con el “rojo” Moreno en 1967 o con el incoloro Ducoing en 1973), le dieron sabor y color a la política maquiavélica guanajuatense. Competencia que sólo recobraría intensidad con los “colorados” del PDM en los ochenta y los “azules” del PAN en los noventa.

Rica es sin duda la historia política del siglo XX en Guanajuato. Mi libro, a pesar de su amplitud, sólo rasguña la superficie de un periodo que merece ser más trabajado por todo un equipo de historiadores. Estoy seguro de que pronto me acompañarán en la aventura los jóvenes cronistas de los partidos que están surgiendo ante la urgencia de rescatar la memoria de nuestros institutos políticos. Te invito a que nos acompañes, al menos en esta presentación formal.

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Juicio por los derechos ciudadanos

Por: © Luis Miguel Rionda ©

Publicado en de Guanajuato.

El día de ayer presenté ante el Tribunal Electoral del Estado de Guanajuato una petición de juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano. Esto para combatir el acuerdo del Congreso del Estado del 30 de mayo pasado con el que designó al consejero ciudadano propietario para el consejo general del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato (IEEG). Lo hice convencido de que el procedimiento actual con el que los grupos y representaciones parlamentarias integran la terna que manda la ley para la selección del consejero ciudadano, es oscuro e incierto, pues no incluye mecanismos que le den apertura hacia la sociedad y hacia los ciudadanos que eventualmente pudieran considerarse calificados para cumplir a cabalidad la función de autoridad electoral.

Hace 17 años Guanajuato fue pionero en el país en la ciudadanización plena de su organismo electoral. Con la emisión del código de 1994, nuestra entidad innovó los esquemas vigentes hasta entonces mediante la integración de un instituto que le dio certeza y confiabilidad a sus procedimientos electorales. Sin embargo, demasiado pronto nuestra legislación se vio rebasada por otros códigos electorales locales y por el propio COFIPE, la norma federal. En 1997 en el IFE se profesionalizó la función y se creó la figura de “consejero electoral”.
Los consejeros generales electorales del IFE son funcionarios públicos de tiempo completo, y por lo mismo son sujetos de las responsabilidades que la ley marca a ese tipo de servidores. En Guanajuato, con nuestra arcaica figura de consejeros ciudadanos, los mismos no se desempeñan de tiempo completo ni son considerados sujetos de la ley de responsabilidades de los servidores públicos, aunque sí se encuentran protegidos por el fuero, lo que posibilita conductas antiéticas e incluso auténtica corrupción.
Aunque no tienen carga laboral de tiempo completo, los consejeros de Guanajuato sí perciben sustanciales emolumentos, que rebasan los 660 mil pesos netos al año, más aguinaldo y otras prestaciones. Eso le ha dado a estas posiciones un atractivo monumental, por lo que no pocos aspirantes, incluso con poca experiencia o vocación en el ámbito electoral, busquen los padrinazgos de los partidos políticos para hacerse de estas jugosas “dietas”. Esto ha deformado de raíz el procedimiento de selección de consejeros, pues induce el interés económico por parte de los aspirantes.
Con el recurso que interpuse ante el tribunal busco que el proceso se reponga, pero ahora bajo condiciones de equidad que le permitan a la sociedad y a sus organizaciones poder participar en la proposición de aspirantes. El actual sistema de cuotas partidistas debe ser cambiado mediante una reforma legal, y debe contemplar mecanismos de evaluación de capacidades y vocaciones. No estaría mal bajar el monto de las dietas, o bien convertir la posición en una responsabilidad pública de tiempo completo.
En esta y en otras ocasiones he participado en el proceso por voluntad propia. Nunca a propuesta de un partido. Yo he levantado mi dedo para autoproponerme porque estoy convencido de que tengo la experiencia, la capacidad y el gusto por la materia electoral y por la participación ciudadana en los asuntos públicos. Sé que con este recurso estoy “quemando mis naves” con los partidos, que difícilmente me considerarán en el futuro para este tipo de posiciones. Pero no me importa: busco agitar el árbol para que caigan las manzanas podridas y permitir que crezcan nuevas. Sin importar el resultado de mi queja, creo que contribuyo al debate público sobre la urgencia de una reforma electoral profunda, que nos vuelva a colocar en la posición de avanzada que un día tuvimos.

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De zorros y leones

Por: © Luis Miguel Rionda ©

Publicado en de León.

El ejercicio de la política en nuestro país ha caído en un franco cinismo en el ejercicio del poder. Poco importa la ética pública, el compromiso con la legalidad y el respeto por los opositores, así como por los ciudadanos comunes. Los que nos dedicamos al estudio –que no ejercicio- de la misma no somos ingenuos ni pretendemos que los políticos se comporten como apóstoles del bien común ni mártires en la lucha por la moral pública. No, para nada. Sabemos que la clase política en todos los países responde a intereses que rebasan por mucho las plataformas y los principios partidarios. Hay un compromiso tácito, nunca confesado, con la preservación del poder muy a la manera como Maquiavelo se lo recomendaba al príncipe, en su capítulo sobre el modo de cumplir las promesas: “Nadie deja de comprender cuán digno de alabanza es el príncipe que cumple la palabra dada, que obra con rectitud y no con doblez; pero la experiencia nos demuestra, por lo que sucede en nuestros tiempos, que son precisamente los príncipes que han hecho menos caso de la fe jurada, envuelto a los demás con su astucia y reído de los que han confiado en su lealtad, los únicos que han realizado grandes empresas.” Y continuaba: “conviene que el príncipe se transforme en zorro y en león, porque el león no sabe protegerse de las trampas ni el zorro protegerse de los lobos. Hay, pues, que ser zorro para conocer las trampas y león para espantar a los lobos.”

Los políticos mexicanos han demostrado ser alumnos adelantados del consejero florentino. Aplican sus lecciones sin importarles que la consecuencia inevitable sea el descrédito social generalizado de la clase política, que hoy día le merece la menor de las confianzas a la sociedad mayor. México padece, entre muchas otras cosas, del desprestigio generalizado de sus hombres y mujeres en el poder y en la representación social. Y es que nuestros políticos han resultado más zorros que leones, y cultivan más la intriga palaciega que la atención decidida a los males y necesidades de sus gobernados o representados.
En Guanajuato, donde se practica desde hace mucho la política zorruna, florentina, enmascarada, hemos refinado el arte de la doble cara, del decir y no hacer, de la pretensión declarativa de moralidad pero con la ejecución de acciones sin escrúpulos. Algo sé del asunto, luego de terminar un libro histórico sobre los cien años de partidos políticos en nuestra entidad, a cuya presentación, querido lector o lectora, te invito este viernes 10 de junio a las 17:00 en el auditorio general de la Universidad de Guanajuato. Invita el Instituto Electoral del Estado de Guanajuato (IEEG), que promete obsequiar un ejemplar a cada asistente que se registre. El comentarista será el doctor Leonardo Valdés, presidente consejero del IFE, profesor con licencia de nuestra universidad, y mi querido amigo.

Retornando al tema, diré que mi capacidad de asombro se ve rebasada de tanto en tanto. El último evento me tocó personalmente, cuando en un nuevo tour de force las mayorías parlamentarias de nuestro congreso local rompieron un compromiso político con la tercera fuerza y nombraron a un consejero ciudadano del IEEG más afín a la pasividad a la que han condenado al consejo general del instituto. Inercia que quiso romper su actual presidente, quien por ello se ha echado encima la mala vibra de los partidos.
Desde hace tiempo se ha optado por la endogamia, convirtiendo a la “representación ciudadana independiente” que debe conducir la institución, en rehén de los partidos. Antes, en tiempos del viejo autoritarismo, la Comisión Electoral del estado se mantenía bajo el control estrecho del Ejecutivo, que incluso la presidía mediante el Secretario de Gobierno. Hoy ese control ha migrado hacia el Legislativo, pero el rumor de pasillo afirma que es un disfraz, pues se mantiene el control del Ejecutivo, que interviene en los hechos para imponer consejeros. Se evade así la reforma legal que en el 2008 le enajenó al gobernador la capacidad de proponer candidatos a esas posiciones.
Es triste constatar que los políticos y los partidos abjuran de los principios que en algún momento de sus historias les honraron. El poder corrompe, no cabe duda. Y hasta el partido con la tradición cívica más brillante, que apostó a la “brega de eternidad” en la formación de ciudadanos demócratas, es capaz de emular los peores hábitos del pasado con tal de afianzar un control político que muy poco ayuda a rescatar el prestigio social de la política.

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Entrevista para Zona Franca

Entrevista para Zona Franca. Arnoldo Cuéllar y Luis Miguel Rionda, 8 de marzo de 2011. Canal de Casa, Televisa Bajío.

Otra reforma política, ya chale…

Por: © Luis Miguel Rionda ©

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En el tratamiento de los asuntos públicos, es impresionante el gusto que tenemos los mexicanos por las reuniones de trabajo, los foros, los comités y las comisiones. Es viejo el adagio político mexicano que dicta: “si quieres que un asunto no se resuelva, crea una comisión”. Y es de una pertinencia clara en los momentos actuales.
El presidente Calderón envió a la consideración del congreso una iniciativa de reforma política –la segunda que habría en su administración- antes del fin de año, y la respuesta del legislativo, a través del Senado, fue abrir un selecto foro de consulta sobre el tema. De nuevo presenciamos el interminable desfile de las mismas caras de siempre: los opinadores, los académicos y los santones eternos, a los que siempre hay que invitar a predicar sobre el tema. Por supuesto, se acompaña con trasmisión televisiva en vivo o diferida, para exaltar el ego de los elocuentes disertantes. Los políticos de todo signo hacen cara de entender algo de lo que pregonan los intelectuales orgánicos, y agitan afirmativamente sus cabezas: hay que ir a fondo con la reforma, no hay que permitir que el presidente haga de las suyas, hay que salvar a la República y a sus preciosos partidos políticos.
La política se convierte de nuevo en el arte del pavoneo, la pasarela, y la grandilocuencia, y se deja de lado el fondo del asunto: que hay suficientes iniciativas en la hielera del congreso, que incluyen siempre sesudas exposiciones de motivos, donde se pueden encontrar las ideas más valiosas para afinar o reformar la reforma calderoniana. Pero no, ese sería trabajo de gabinete, sin las luces de las cámaras y el pulular de micrófonos y audiograbadoras. No hay glamur en el análisis de lo existente; siempre es mejor convocar a nuevos encuentros chispeantes, llamativos, fashion. La tarea legislativa real es agotadora, infame e ingrata. Nadie gana capital político batiendo con sudor las iniciativas acumuladas. Es mucho mejor dar la nota con foros esplendentes que convoquen a la prensa y los medios electrónicos. Eso sí da beneficios pingües para el legislador protagónico, que necesita lucir públicamente su fino traje de diseñador, así como su peinado envaselinado y refulgente con corte y tinte de estilista. La política es imagen, es pretending, pero no sustancia.
No nos hagamos tontos. Ningún legislador tiene intención de prestar oídos a los arrogantes cicerones del foro del Senado. Saben que la decisión final es su prerrogativa, y no la van a compartir. En todo caso buscarán obtener beneficios políticos personales y de partido a cambio de apoyar tal o cual propuesta de sus líderes. Y hasta ahí.
En esta ocasión no he dado seguimiento a las participaciones de los santones en el foro, y es por pura flojera lo confieso. El canal del Congreso los trasmite, a veces en vivo. Pero ya me fastidié de tanto rollo sin destino. Recuerdo los foros para la refinería de PEMEX, para seleccionar los consejeros electorales, y otros más que ya borré de mi disco duro mental. Eran tan frecuentes los rebuznos de los diputados y senadores, tratando de lucirse a costillas de los invitados a los foros, que he desarrollado aversión hacia estos eventos de pacotilla.
Bien haría el Congreso nacional en dejarse de este tipo de estrategias de dilación, y abocarse el estudio de las iniciativas existentes en el archivo. Por supuesto, teniendo como eje la iniciativa presidencial. Los opinadores podremos coincidir en que la propuesta del ejecutivo es limitada, desequilibrada e incluso interesada en reforzar el presidencialismo. Pero es un excelente motivo para legislar positivamente en favor del cambio de rumbo, pero un cambio sin dedicatorias, que busque reforzar los equilibrios y las potestades entre los poderes. Los legisladores tienen un abanico amplísimo de posibilidades, pero me parecen anonadados por los ignotos alcances del asunto, incluso si se deja a nivel de la propuesta presidencial. El fantasma de la Reforma del Estado sigue recorriendo los pasillos de San Lázaro y las arcadas de Xicoténcatl, espantando a los parlamentarios ladinos con sus cadenas a rastras y sus amenazas de suprimir ventajas partidistas y privilegios personales.
Todos son reformistas hasta cuando les conviene. Después se aferran a sus alforjas. Humana condición.

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Diálogo de Sordos

Por: © Luis Miguel Rionda ©

Publicado en el de Guanajuato, y en 15Diario de Monterrey.

La reciente reforma en el Distrito Federal que permite los matrimonios entre personas del mismo género, ha abierto un nuevo frente de debate que complejiza el de por sí atiborrado coro de disputas que se alza hoy en México. Interpreto que la medida, más que atender una justa demanda por parte de un importante sector de la población, tiene como objetivo real responder a la ofensiva que los sectores políticos conservadores han emprendido en la materia del derecho a la vida desde la concepción. Los legisladores locales del PAN, con el apoyo de muchos del PRI, han reformado 17 constituciones estatales para incluir el reconocimiento de este derecho a los no natos.
De inicio me manifiesto a favor de la reforma concretada en el DF, ya que la institución denominada “matrimonio” es un simple contrato avalado por una comunidad política -en el caso del fuero civil- o religiosa. No es más que eso. Desde un punto de vista antropológico e histórico, la función social del matrimonio es preservar los lazos de unión entre conjuntos humanos que buscan establecer alianzas. También tiene una función económica que busca definir y preservar las vías de la herencia y la acumulación de bienes a lo largo de las generaciones.
Cuando se afirma que la función principal de este vínculo legal es la procreación, se cae en lo que la lógica formal denomina “falacia ecológica”: pretender que todos los miembros de un conjunto comparten las características que supuestamente definen al grupo, que frecuentemente no son más que prejuicios o preconcepciones. Es algo así como afirmar “todos los mexicanos son informales; tú eres mexicano, luego tú eres informal”. La premisa inicial es una generalización que no tiene sustento. A lo que voy es que pretender que el matrimonio es el instrumento que regula la procreación, porque así lo ha determinado alguna iglesia, religión o estado, es imponer criterios morales uniformes a una sociedad que se caracteriza por una creciente diversidad de valores.
Nuestra sociedad ha heredado el modelo del matrimonio de la tradición judeo-cristiana. Pero eso no quiere decir que sea el único o mejor modelo de matrimonio. En otras sociedades o momentos históricos han existido matrimonios grupales, homosexuales, endogámicos, avunculados –donde el tío materno ejerce el rol formal de jefe de la familia-, etcétera. Al lector le recomiendo echar un ojo a la literatura antropológica sobre los diferentes sistemas de parentesco y matrimonio que existen en las sociedades humanas: los textos de Claude Lévi-Strauss -recientemente fallecido-, R.R. Radcliffe-Brown, Ira Buchler o Robin Fox.
Nuevamente nos encontramos con otro motivo para la confrontación de visiones morales, que con frecuencia es infructuosa. De nuevo el pensamiento unívoco pretende que la totalidad de cuerpo social se restrinja a un solo modelo de conducta social. Me entristece que no se establezca un debate serio y plural antes de aprobar una iniciativa legal de este calado, ya sea de derecha o de izquierda. Así fue con la reforma de los 17, y lo es ahora con el mayoriteo en el DF. Estoy de acuerdo con la reforma, pero no lo estoy con los modos.

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Libertad de expresión, ¿para quién?

Por: © Luis Miguel Rionda ©

Publicado en el de Guanajuato.
También en 15Diario, cotidiano electrónico.

Persiste la campaña en medios electrónicos en contra -al menos en apariencia- del IFE y de su consejo general, pero muy en particular contra su presidente Leonardo Valdés. Muy claramente la cadena de Salinas Pliego, TV Azteca, ha dado amplia e interesada cobertura a los datos expuestos en la auditoría interna, así como en el presunto “fracaso” del costoso operativo para monitorear los contenidos en medios electrónicos y sus espacios informativos. Pero la campaña tiene cola: es evidente que las mega empresas de las comunicaciones, el duopolio televisivo, no se ha resignado a ver perdidas sus cómodas ganancias de tiempos electorales. Al menos dos mil millones de pesos se han ido de las manos de estos consorcios, ya que esa fue la cantidad que gastaron los partidos políticos en las elecciones de 2006 para difundir propaganda en la TV y la radio comerciales.
Los potentados de las televisoras han negado defender un interés financiero en su campaña contra la reforma electoral de 2007. Han disfrazado sus críticas con la piel de oveja de una pretendida defensa de la libertad de expresión, ya que insisten en que los controles a los que la ley faculta al IFE inhiben la posibilidad de que los ciudadanos contraten espacios en los que puedan difundir sus opiniones y preferencias. Llama la atención que los cuasi monopolios de las comunicaciones tengan ahora tanto compromiso con esa libertad, así como con una aparente objetividad en la cobertura de las notas electorales. En México la libertad de expresión es cosa muy nueva en la práctica, e incluso hoy día sigue siendo peligrosa de ejercer en uno de los países donde más periodistas pierden la vida haciendo su trabajo.
Todavía está fresca en la memoria los manipuleos y las ausencias informativas en que han incurrido las televisoras dependiendo del interés particular que tengan en determinados temas. Sería largo enumerar los casos de manipuleo o negación informativa, pero son bien conocidos. En la reciente campaña electoral, los partidos y candidatos no simpáticos para ellos desaparecieron de los espacios informativos. Incluso personajes con quienes en su momento tejieron contubernio, fueron borrados literalmente de la pantalla catódica.
La libertad de expresión no existe para las televisoras. Para ellas sólo existe la libertad de defender sus muy concretos intereses monetarios, para lo cual se sirven de su influencia nacional sobre un pueblo poco letrado y muy visual. La política no es para ellas un medio de superación y convivencia sociales, sino un simple vehículo de transmisión de sus exigencias.
Será muy lamentable si en la reforma electoral por venir se permite revertir los aspectos que muchos consideramos más benéficos de la adecuación del 2007. Peor aún si logran, como se rumora, influir lo suficiente para que los partidos vuelvan a manosear la ya muy ajada autonomía del IFE.
A veces comprendo a Chávez y a los Kirchner…

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Rechazo a la mentira

Rechazo a la mentira

Por: © Luis Miguel Rionda ©

Publicado en el de Guanajuato.

Una de las instituciones mexicanas que padece más descrédito público es el Congreso, tanto el federal como los estatales. Yo no lo invento: lo señalan reiteradamente las encuestas sobre confianza en las instituciones, como la de Consulta Mitofvski de agosto pasado. Muchas son las causas, pero me parece que la principal es la carencia de vinculación efectiva entre los representantes y sus representados, lo que se acentúa en el caso de los que llegan a la curul por el sistema de representación proporcional. A esto se suma la imposibilidad de forjar una carrera legislativa de manera continua, sino salteada, por la anacrónica no reelección.
Cuando el (la) diputado(a) o el (la) senador(a) protesta el cargo, con frecuencia carece de vocación y/o conocimientos para la labor parlamentaria; no pocos consideran que el tránsito por el legislativo es un precedente necesario para la forja de una carrera política prometedora, que luego se corona con alguna posición ejecutiva. Esta circunstancia explica por qué se acepta con tanta facilidad la movilidad de los integrantes de ese poder; nadie pierde el sueño por pedir licencia a la menor oportunidad de saltar a otra posición más apetecible, usualmente en el ejecutivo. Esta circulación permanente provoca que la curva de aprendizaje del quehacer legislativo sea enorme, ya que cuando el titular se ha familiarizado con los procedimientos, deja la curul en manos de su suplente, quien por supuesto llega a aprender cómo se cocinan las iniciativas. El resultado está a la vista de cualquiera: baja productividad del legislativo, iniciativas nunca procesadas, comisiones que sesionan poco o nunca, ausentismo crónico, prácticas poco éticas en el manejo de los recursos asignados a los representantes, etcétera.
Es por eso tan explicable la reacción de enojo público al conocerse la voluntad de al menos ocho diputados federales de solicitar licencia apenas a días de tomar posesión, a fin de dar paso a caballos negros que por angas o mangas no convenía que aparecieran como titulares, muchos por la cuota de género. No es nada nuevo, pero al menos ahora sí hubo una repulsión más o menos amplia. Me alegra.
Y una nota sobre otra mentira, la del caso “Juanito”: según una encuesta de María de las Heras, un 66% de los ciudadanos de Iztapalapa considera que Rafael Acosta debe renunciar para dar paso a Clara Brugada. Además, un 77% opina que no tiene capacidad personal para gobernar. Y de los que manifestaron haber votado por el PT, casi la mitad reconocen que lo hicieron respondiendo a la convocatoria de AMLO. Es impresionante la capacidad de movilización que posee el exjefe de gobierno en esa demarcación. La democracia es el imperio de las mayorías, y en Iztapalapa fue claro que esas colectividades actuaron con espectacular disciplina cuando se definió esta singular estrategia. El riesgo que no se calibró con suficiencia fue que el polichinela terminaría creyéndose la mentira.

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Poderes corruptos

Poderes corruptos

Por: © Luis Miguel Rionda ©

Publicado el el de Guanajuato. Es triste, pero la acción política en los llamados países democráticos padece con frecuencia el mal de la confusión entre los intereses del común con los intereses privados del actor particular que ejerce el poder o la representación sociales. Me refiero a que los gobernantes -el poder ejecutivo- o los representantes -el legislativo-, incluso los jueces y magistrados -el judicial-, están sometidos a la tensión moral y ética del deber formal ante la ciudadanía que los eligió, o que al menos paga sus emolumentos, contra la tentación de obtener ventajas personales o familiares sólo posibles mediante el uso y abuso de la función pública. Los casos señalados en los medios impresos y electrónicos son recurrentes a lo largo y ancho del país, e involucran a personajes de todos los partidos políticos, de todas las ideologías y de todos los orígenes sociales. Hay una crisis moral en México. Es una crisis sistémica, que no ha sido posible superar por más controles que se aplican al ejercicio del poder público. La corrupción no ha sido erradicada en décadas. Pero la sorpresa reciente es que esa corrupción no era particularidad de un sistema de gobierno autoritario, o de un partido político hegemónico arraigado en los espacios propicios para la degradación. La “robolución” prohijó a sus oposiciones, y cuando éstas se hicieron del poder no actuaron de forma muy distinta a sus predecesores. No hay monopolio del cohecho, del abuso, del amiguismo o del nepotismo. Izquierdas y derechas caen con regularidad en las tentaciones del peculio fácil, pero ajeno. En las encuestas que conozco sobre cultura cívica, como las levantadas regularmente por Consulta Mitovsky, Parametría, Latinbarómetro e incluso la Secretaría de Gobernación, ponen en evidencia que el mexicano es un individuo pragmático, poco apegado a las formas de la convivencia cívica pero muy respetuoso de los usos y costumbres de su familia o comunidad inmediata. Es decir que no hemos podido asimilar la trascendencia de formar parte de un gran Estado-Nación que se rige por macrovalores y por normas abstractas, constitucionales, que permiten la convivencia entre los grandes componentes de lo que denominamos patria. No: más bien privilegiamos la comodidad de ponderar nuestra conducta sobre la base de la inmediatez, de la comunidad concreta donde nos movemos. Cuando el interés inmediato priva sobre los valores cívicos y políticos de la gran comunidad nacional, es fácil caer en las tentaciones de la corrupción. Carecemos todavía de esa cultura cívica que en otros países priva sobre las relaciones entre los individuos y sus agrupaciones. La moralidad es consustancial al ciudadano, no es opcional. Y por moralidad entiendo los valores que privilegian la convivencia social, y sacrifica en su favor a los intereses del egoísmo y la corrupción. Estas líneas las motivó el caso más reciente en nuestro poder legislativo local, donde se premió a la apostasía interesada con un puesto judicial que demanda una moralidad impecable. Qué lástima.

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¡Salvemos a Juanito!

¡Salvemos a Juanito!

Por: © Luis Miguel Rionda ©

Publicado en de León.

El caso “Juanito”, el vernáculo Rafael Acosta, está devolviéndole mucha de su dignidad perdida a la acción política en nuestro país. Su actual actitud pragmática, cínica incluso, no es diferente a la de los personeros más insignes del liderazgo político nacional, incluyendo al propio AMLO, quien quiso abusar de la aparente ingenuidad y estulticia del oscuro candidato del PT para abrirle la puerta trasera del poder a la defenestrada Clara Brugada. Desde la pasmosa “toma de protesta” de “Juanito” se evidenció que el autoproclamado adalid de las causas justas no confiaba demasiado en la sinceridad del polichinela de Iztapalapa. Lo hizo jurar dos veces para remachar su compromiso de renunciar en caso de ganar la elección delegacional. Las fuerzas pejistas actuaron como debieron y desviaron el apoyo histórico del PRD en la delegación más castigada del DF, en favor de este personaje hermético. El triunfo no fue sorpresivo, incluso para los perredistas perdedores. El capital político personal que acumuló López Obrador en esta delegación durante sus seis años en el gobierno del DF volvió a actuar con eficacia, y ungió con la victoria a un personaje que parece extraído de Los Supermachos o Los Agachados de Rius, y que navegó durante la campaña bajo la bandera del bobalicón, pero fiel a la causa superior del presidente legítimo.
A muchos nos irritó la maniobra por burda, por ofensiva a la dignidad del candidato sacrificable, y al final de cuentas por soberbia ante los poderes públicos del Distrito Federal, de la delegación Iztapalapa, y del propio Tribunal Electoral federal. Todos recibieron del Peje su respectiva dosis de ordenanzas: “Juanito” de renunciar sin chistar, el Jefe de Gobierno de aceptar la renuncia y presentar la propuesta de la Bruganda ante la Asamblea de Representantes, y ésta de aprobar la sustitución, culminando así la burla a las instituciones.
Nadie sospechó, excepto tal vez el propio AMLO, de la voluntad asnal del candidato. Pero el hecho es que a cinco semanas de asumir el cargo, “Juanito” hace planes y más planes, da entrevistas donde despliega una insospechada locuacidad, y vuela alto en el avión de la imaginación. Ya puso condiciones a su renuncia, y pronto se le ocurrirán más excusas para no dejar el suculento hueso, con sus casi 80 mil pesos de sueldo mensual neto. Un presupuesto anual de casi tres mil millones de pesos, similar al que se ejerce en el municipio de León -pero para el doble de habitantes-, representa una capacidad de maniobra que es imposible de ignorar. “Juanito” sueña ya con la jefatura de gobierno del DF, y de ahí brinca a la candidatura presidencial. Nada es demasiado grande para este “ex actor de ficheras, ex desnudista, ex luchador, madreador profesional, comerciante ambulante” como reportó Milenio el 16 de junio pasado. Dice: “Me dedico al comercio, a productos de temporada en la calle, en la casa, tengo una pequeña nevería, tengo puestos en tianguis, soy comerciante ambulante”. Parece payo pero estudia la prepa abierta: no es tan cerril como aparenta.
La política mexicana ha exhibido muchos personajes de vodevil a lo largo de la historia, pero sin duda la circunstancia de “Juanito” lo hace único: el de haberse prestado para un montaje burdo, que lo hizo pasar ante la nación entera como un vulgar títere de líderes maniobreros y tramposos. Pero resulta que el pelele está resultando respondón y sagaz, poniendo en un brete a los curros ladinos que le quisieron engatusar. Aunque será difícil que “Juanito” se salga con la suya, sin daños mayores al menos, su reacción le ha devuelto la dignidad usurpada. Está evidenciando sentido de la política real, donde nada es cedido sin recibir algo a cambio. Y es posible que le dé una sopa de su propio chocolate al líder que lo humilló públicamente, al hacerle ver que incluso una persona simple tiene la chispa y el ingenio suficientes como para voltearle el chirrión por el palito a la soberbia de los paladines iluminados.
Por cierto, los usuarios de Facebook no dejen de buscar el grupo ¡Salvemos a Juanito! que ya tiene 131 miembros. Se trata de “un grupo que desea defender los derechos politicos -y de autoestima- de Juanito. Él ya fue electo legalmente como delegado en Iztapalapa y no debe renunciar”. ¿Cómo ven?

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Dinastías municipales

El nuevo panorama político demandará estrategias de negociación entre los poderes federales y sus equivalentes en los estados y municipios. El voto diferenciado ha reforzado el fenómeno de los gobiernos divididos, donde el ejecutivo y el legislativo son controlados por partidos diferentes. Lo mismo sucede a nivel municipal donde, al menos en el estado de Guanajuato, la distribución proporcional de las regidurías obligará a sus presidentes a negociar las grandes líneas de sus proyectos de trabajo, y así garantizar efectividad con inclusión. Desgraciadamente en nuestro país y en Guanajuato todavía vemos activo un autoritarismo inveterado en los ayuntamientos de todos los colores partidistas, pero particularmente donde el triunfo ante urnas es debido más a las personalidades carismáticas y a los caciquismos locales. Veo con preocupación cómo se está arraigando el hábito pernicioso de burlar el precepto de la no reelección municipal mediante el recurso de la sucesión intrafamiliar, particularmente a través de la pareja matrimonial. El fenómeno “Kirchner” ha tenido varias réplicas en nuestro país; tan sólo recordemos el intento frustrado de doña Marthita de Fox, o el de la otra Marthita, pero de Echevarría, quien en 2004 quiso suceder a su esposo Antonio en la gubernatura de Nayarit, por el PAN. Hoy será diputada por el PRD.


En la ciudad de Guanajuato tuvimos el caso de doña Conchita de Villagómez, quien en 2006 intentó suceder a su esposo Rafael en el gobierno municipal que entonces ejercía bajo la bandera del PRD. Fue derrotada en la elección por el hoy presidente municipal del PAN, Eduardo Romero Hicks, él mismo perteneciente a otra dinastía local. La política es tan importante que debe quedar en familia, parecen querer decirnos esos actores.
Vemos ahora que algunas de esas dinastías municipales se repiten y se consolidan, como en Valle de Santiago, donde compiten dos familias poderosas, los Arredondo y los Nieto, por sucederse en el poder municipal. Fernando Arredondo será presidente por tercera vez y restituye el dominio del PRD. En Yuriria el munícipe verde Gerardo Gaviña será sucedido por su esposa la “güera” Angelita López. Él mismo se benefició del liderazgo de su padre, don Pedro (qepd), expresidente municipal por el PAN, quien le heredó su capital político que hoy beneficia al PVEM.
En Pueblo Nuevo se anunciaba la posibilidad de que ese municipio se constituyese en paradigma del “matrimonio presidencial”. El actual alcalde José Durán, quien ha repetido en el cargo en tres ocasiones, fue sucedido en una ocasión por su esposa Cuquita García (1997), quien lo intentó nuevamente en 2003 y de nuevo en esta última elección. Sólo el médico Leonardo Solórzano, del PRI, ha impedido la consolidación de esta sucesión matrimonial en dos ocasiones.
Esta preeminencia de familias, personalidades y cacicazgos es una amenaza latente para el avance democrático plural. El elector parroquiano se ve atrapado por lealtades o compromisos vinculados a intereses personales o a programas sociales, y evita analizar con cuidado mejores opciones.

Nueva polifonía

El día de ayer, poco antes de las 11:00 de la mañana, el consejo local del IFE para el estado de Guanajuato, donde soy consejero, cerró la sesión permanente que había dado inicio el domingo 5 a las 8:00 horas. La sesión tuvo como objetivo realizar un seguimiento del proceso comicial federal para elegir diputados al Congreso de la Unión. A lo largo del día pudimos verificar la apertura de la totalidad de las 6,572 casillas en los 14 distritos, para la recolección de los votos de una lista nominal de 3 millones 746 mil 664 ciudadanos, que potencialmente podrían acudir a votar. Por supuesto nadie esperaba que tal cantidad de guanajuatenses se presentase realmente a votar; tampoco que el total de los 77 millones 481 mil 874 mexicanos enlistados lo hicieran. Muchos anunciaron que la participación electoral no alcanzaría ni siquiera un tercio de la lista, dado el descrédito de la política y el desprestigio creciente de los gobernantes y los representantes ante la opinión pública.
El desencanto de la mayoría de los mexicanos podría haberse reflejado en una caída libre de la votación. Ese fue muy reiterado en los medios y entre muchos analistas. Pero al parecer los presagios fallaron: hace tres años, cuando hubo elecciones concurrentes locales y federales incluyendo la presidencial, la participación electoral en México y Guanajuato había sido de 58.6% y 57.3% respectivamente; en las intermedias de 2003 las cifras fueron de 41.7% y 49%; en el 2000 -nuevamente concurrentes y presidenciales- votó un 64% y un 66.7% de los electores, y en 1997 se registraron participaciones de 57.7 y 65.9%. Pero en esta elección que vivimos hoy la participación electoral nacional fue de 44.7% y en Guanajuato de 47.5% según los datos del PREP. Es decir que entre elecciones comparables como las actuales y las de 2003 la participación se ha mantenido estable a nivel nacional y en Guanajuato incluso se incrementó.
Por otra parte, la campaña favorable al voto nulo también parece haber logrado alguna efectividad, pero no la suficiente como para considerar que se convirtió en una expresión de rechazo amplio hacia el sistema electoral y de partidos. Aunque algunas casas encuestadoras anunciaron que el voto anulado o en blanco alcanzaría entre el 7 y el 10%, la realidad lo ubica bastante lejos de esta cifra: a nivel nacional parece haber alcanzado un 5.39%, mientras que en Guanajuato sólo se registraron 4.03%. Veamos cómo evolucionó el voto nulo en las últimas elecciones federales:

El nuevo mapa electoral será muy interesante: el PAN ganó en 13 de los 14 distritos federales, parece haber perdido en dos distritos locales, y de 36 municipios que hoy gobierna puede bajar a 25. Es decir que los electores ejercieron el voto diferenciado. Hay algunos distritos que muestran una variedad extrema en las opciones de los municipios que los conforman. Esto nos anuncia un nuevo estadio de madurez cívica.

Un descanso

Esta semana testificaremos, participaremos o padeceremos los cierres de campaña de la miríada de candidatos a integrar los 46 ayuntamientos, las 36 diputaciones locales y las 14 diputaciones federales. Un mundo amplio, confuso y variopinto de candidatos de los ocho partidos y las diferentes coaliciones que integraron a nivel de cada circunscripción. Es difícil, incluso para los que presumen de enterados, tener alguna claridad entre tanta y variada oferta, que exhibe -o bien oculta- las bondades o los riegos que hay detrás de cada personaje. El ciudadano común puede sentirse convocado, entusiasmado e informado, o bien atosigado, encandilado y engañado, según la percepción que han sabido proyectar los millones de mensajes en los medios de comunicación, por necesidad simples y engañosos. Tuvimos pocas oportunidades de presenciar debates serios y argumentados entre los candidatos. Los aspirantes más fuertes tienden a rehuir estos encuentros, que pueden poner en evidencia sus limitaciones personales para la polémica de cara a los rivales. En cambio los que tienen urgencia de atraer clientela electoral buscan siempre estas lides, incluso arriesgando a que la audiencia despeje dudas acerca de sus propias taras.
El proceso está por culminar. A partir del jueves darán inicio las 72 horas que se ordenan para dejar descansar a los ciudadanos y meditar el voto. Los setenta días previstos para las campañas electorales federales, que dieron inicio el 3 de mayo, deben culminar el 1 de julio. Desde las 0:00 horas del jueves dos está prohibida “la celebración y la difusión de reuniones o actos públicos de campaña, de propaganda o de proselitismo electorales, por cualquier medio, ya sea impreso o electrónico, incluyendo radio y televisión.” Así reza el acuerdo 310/2009 del Consejo General del IFE. Tampoco los gobiernos pueden hacer difusión alguna de sus obras. Además se veda la difusión de resultados de encuestas hasta las 20:00 horas, hora del centro, del 5 de julio.
Es de celebrarse que el proceso electoral prevea este descanso para nuestros ánimos, nuestros oídos -no tolero los vociferantes carros de sonido que nos agreden con sus decibeles-, nuestra vista -la contaminación visual degrada nuestras ciudades- y el resto de nuestros sentidos. La sobreexposición televisiva y radiofónica fastidia. Es emocionante regresar a la tranquilidad, y preparar el ánimo para el momento frente a la boleta, cuando premiaremos o castigaremos a los pescadores de votos, que nos tratan como peces y no como personas.
Hay que aprovechar para meditar con seriedad sobre nuestras opciones. Yo insisto en denunciar el voto blanco o nulo, y por supuesto la abstención, como engañosas formas de “protesta”. Si queremos rezongar hagámoslo con el voto efectivo, no con el desdén del encaprichado. De otra manera nuestro vacío sólo confirma nuestra incapacidad ciudadana para interactuar con el poder político, ejercitando el mejor de nuestros recursos para incidir en las decisiones públicas. Al gobernante o al representante electos les dará igual ser favorecidos por muchos o por pocos, siempre y cuando sean mayoría. No lo olvidemos.

Votar o no votar, II

La política en México fue asunto de minorías elitistas durante muchísimo tiempo. Tanto, que en el año de 1767 el virrey Marqués de Croix espetó a sus gobernados: "pues de una vez para lo venidero deben saber los súbditos del gran monarca que ocupa el trono de España, que nacieron para callar y obedecer y no para discurrir, ni opinar en los altos asuntos del gobierno." Todavía en su autobiografía “Mis tiempos”, José López Portillo puso en evidencia que el poder de decidir en México correspondía a la voluntad del presidente-emperador que nos regía. Hasta recientemente nadie en nuestro país podía contradecir la voluntad omnímoda del señor presidente, del señor gobernador, del señor presidente municipal. En el hogar, en la escuela, en el trabajo, en el sindicato, la situación no era –no es- muy diferente.
La transición a la democracia cambió sustancialmente la situación. Hoy el presidente de la república tiene su poder delimitado, contrabalanceado por el poder legislativo, el judicial, los gobernadores y demás agentes públicos que han surgido de otros partidos políticos. El enmiendo ha llegado a tanto que incluso nos quejamos hoy de la parálisis de gestión y de gobernación del ejecutivo y el legislativo.
La democracia imperfecta que nos hemos dado nos ha reconocido nuestra dignidad ciudadana. Con el voto, a pesar de todos los vicios de nuestro sistema, podemos incidir de manera efectiva en el desarrollo de la cosa pública. Ya nadie desprecia el peso del voto del elector; al contrario: se ha convertido en suculento empeño de los partidos y candidatos, ávidos de legitimidad. En un entorno en el que en la práctica no existen mecanismos de democracia directa –referenda, plebiscito- el voto periódico para renovar gobernantes o representantes es el único recurso legal para influir en el desarrollo del Estado.
La novel democracia mexicana ha decepcionado a muchos. Se le adjudican los defectos de la clase política que nos gobierna, cuando sencillamente es echarle la culpa al mensajero del contenido del mensaje. Tenemos políticos de mala calidad, pero no es culpa de la democracia como sistema.
La corriente de opinión que impulsa la anulación del voto desconoce que ese es un falso camino. No hay manera de que los votos nulos se traduzcan como un rechazo a los partidos y sus candidatos, pues en nuestro mecanismo no se separan las nulidades por error o ignorancia –que son muchas- del voto negativo y consciente en contra del sistema. Anular el voto puede equivaler a un soldado que dispara al aire frente al enemigo que se viene encima, por no estar de acuerdo con la guerra: sus móviles pueden ser correctos, pero el mecanismo y el momento no.
Yo sí voy a votar, y lo haré por partidos y candidatos concretos. Los mejores desde mi visión. No consentiré el desperdicio de mi voto por considerar que los actores de la política chafean. Allá ellos. Yo buscaré castigarlos o premiarlos según mi parecer.

Votar o no votar

El miércoles pasado, durante el programa televisivo “Tercer grado” que se trasmite por el engreído “Canal de las estrellas” de Televisa, escuché pasmado cómo algunos de los “líderes de opinión” participantes –Ciro Gomez Leyva, Carlos Loret de Mola, Carlos Marín y Lopez Dóriga manifestaban campechana e irresponsable que en las próximas elecciones no piensan acudir a votar, o bien que van a anular su voto. Los lectores con acceso a internet pueden ver la sección del programa aquí.
No puedo entender cómo un grupo de periodistas que detentan la audiencia más importante del país gracias al poder de penetración del quasi monopolio televisivo, abusen del poder de la escucha pasiva por parte de millones de votantes, para manifestar sin ambages y sin medir las consecuencias de sus dichos, sus decisiones particulares, privadísimas, pero que por el efecto multiplicador del medio con más penetración del país tendrán un efecto de imitación por la carencia de información, formación política y nivel educativo que padecen la mayoría de los mexicanos.
Miles de millones de pesos, millones de anuncios en radio y TV, miles de horas de capacitación de funcionarios electorales, millones de horas-hombre de esfuerzo del personal del IFE y de los institutos electorales involucrados, se pueden ir al drenaje de la indiferencia por culpa de estos opinadores sin escrúpulos.
El acceso a los medios, como en mi caso y como el de todos los que participamos en la “opinión publicada”, requiere de un mínimo de responsabilidad ante los dichos y opiniones divulgados. No es lo mismo que Ciro, Marín o Loret publiquen sus libres opiniones sobre su actuación electoral en sus columnas periodísticas, como también lo hace José Antonio Crespo, Sergio Aguayo y otros opinadores opuestos a la participación, que aparecer ante una pantalla que es atendida por millones de espectadores, la mayoría de los cuales tienen una definición difusa sobre su comportamiento electoral. Es inevitable tener sospechas cuando la empresa que subsidia el espacio de opinión ha sostenido una lucha soterrada contra la reforma electoral y la eliminación de la publicidad electoral pagada en los medios electrónicos. Les pegaron fuerte en el bolsillo reaccionan como ellos acostumbran: descalificando, boicoteando y denunciando la reforma como ataque a la libertad de expresión.
Dijo Marín sobre la posibilidad de acudir a votar el 5 de julio: “ojalá me anime el mero día”. Qué poca.
Si el abstencionismo y la anulación de votos se convierten en la constante de esta elección, las consecuencias serán muy graves. Se podría propiciar que los representantes de los partidos demandaran sistemáticamente la apertura de los paquetes electorales y la repetición del escrutinio y cómputo dentro del breve tiempo con que se cuenta en los distritos. Todos tendrían argumentos para exigir la reposición del procedimiento, ya que nadie podrá interpretar adecuadamente el mensaje de la abstención y la anulación. Hay que pensarlo bien, y no dejarse llevar por los curros de la pantalla.

Sobre-regulación electoral

El 31 de enero pasado dieron inicio las precampañas federales. En nuestro afán de regularlo todo, nos hemos convertido en el único país que controla incluso los procesos de competencia interna de partidos y ciudadanos. Pronto habrá quien opine que es necesario legislar sobre las ante-pre-campañas, o que se regule sobre la difusión de cualquier mensaje que pueda ser interpretado como “electorero”, incluso los de opinión o informativos.
Menciono esto porque ese mismo día, en el consejo local del IFE en Guanajuato, debatimos sobre un recurso de revisión que interpuso el PRI ante esa autoridad, como reacción a un auto de desechamiento dictaminado por el consejo distrital 05 de León sur. El 13 de enero, ese partido presentó una denuncia en contra del PAN por hechos que consideró violatorios de la legislación electoral. Se trató de la instalación de lonas alusivas al Seguro Popular, donde el partido acusado asume el mérito por dicho programa social.
Los siete consejeros locales, con el apoyo de la infraestructura legal del instituto, analizamos los términos de la queja, y nos fue evidente que en los términos de la actual legislación, la propaganda política sí puede hacer referencia a pretendidos éxitos o bondades de los gobiernos emanados de los partidos. La junta local nos propuso un proyecto de dictamen que aprobamos en sesión de trabajo, y se hizo del conocimiento de los representantes partidarios. En la sesión extraordinaria el representante del PRI Salvador Ramírez, con el apoyo de los representantes del PRD y del PVEM, demandó a los consejeros una explicación de nuestras razones para la aprobación del dictamen negativo. Los cinco consejeros presentes expusimos nuestros motivos, y aquí deseo compartir algunos de los que yo expuse.
Expliqué que yo podía estar de acuerdo en lo personal con los razonamientos que fundamentan el recurso, pero que la ley –la Constitución y el COFIPE- no restringen la capacidad de los partidos para exponer los logros o bondades –reales o virtuales- de sus gobiernos o sus legisladores. No hay una violación evidente de los preceptos legales aludidos en el recurso. En cambio el COFIPE sí es explícito en el sentido de prohibir a los gobiernos de cualquier signo partidista hacer difusión de sus obras en periodo electoral (art. 347, COFIPE), o bien personalizar dicha difusión o apoyar de alguna forma a los partidos o a los candidatos (art. 134 CGR). En este sentido, creo que ha habido otras acciones que me parecen reprobables y rayando en la ilegalidad, como lo fue el uso de los colores del partido en el gobierno en las nuevas placas de los automóviles, o que las oficinas públicas se pinten con los mismos. Pero en este caso es el gobierno el que perpetra esta acción, y no el partido.
Se nos cuestionó si se dan debates entre los consejeros. Mencioné que en efecto los hay, y que se zanjan en las sesiones de trabajo, como de seguro sucederá ahora que comienza el trabajo de las comisiones, donde pueden participar los representantes partidarios. Cité un asunto que yo presenté a la consideración de mis compañeros: el de la campaña de difusión personalista que emprendió el presidente del PSD, en tiempos no electorales. No encontramos elementos legales que impidiesen esa campaña, y la cuestión quedó ahí. Sin embargo, he señalado que una de sus pintas, la ubicada en la carretera federal 45 a la altura del parque industrial Apolo, en Irapuato, se hizo sobre un talud que es parte del equipamiento carretero, lo que contraviene el artículo 236 inciso D del COFIPE: la propaganda “no podrá fijarse o pintarse en elementos del equipamiento urbano, carretero o ferroviario…” Algo habrá qué hacer.
En fin, que en mi opinión la hiperlegislación nos está llevando a severas confusiones acerca de lo que se puede o no hacer en lo referente a actos de campaña por parte de partidos y otros actores. Ya lo vemos ahora con las televisoras, que se aprovecharon de un acuerdo acerca de la distribución de los 2 ó 3 minutos de promocionales a lo largo de cada hora de difusión. Los concesionarios juntaron en bloques esos minutos y los presentaron en lo más álgido de los partidos de futbol, culpando al IFE. Mala onda.

El consejero Pepe

El fin del año pasado vino acompañado de una buena noticia para los que hemos manifestado públicamente nuestra preocupación por el mecanismo que subsiste para la designación de los consejeros ciudadanos del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato (IEEG). Me refiero al nombramiento por parte del Congreso del Estado de José Argueta y Jesús Badillo como nuevos consejeros generales. Al consejero supernumerario Ricardo Sánchez no tengo aún el gusto de conocerlo, pero sí a los dos titulares. Ambos tienen conocimientos probados de la materia electoral y estoy seguro de que harán un buen papel en su nueva responsabilidad ciudadana.
Pero aquí me quiero referir a José Argueta, cuyo nombramiento está siendo cuestionado por el Partido Verde con base en presuntos antecedentes partidistas. Hay que recordar que la legislación electoral de Guanajuato es increíblemente restrictiva en lo referente a la nominación de consejeros ciudadanos y otros funcionarios de la materia comicial. El Código Estatal (CIPEEG) reza en su artículo 57, inciso III, que los consejeros deberán “No tener antecedentes de militancia partidaria activa y pública”, y define ésta como: “Desempeñar o haber desempeñado cualquier cargo de dirigencia dentro de un partido político nacional o estatal; ser o haber sido candidato a puesto de elección popular representando a un partido político nacional o estatal; ser o haber sido representante de candidato o de partido en el ámbito estatal o federal, ante órganos electorales o de casilla; ser o haber sido coordinador de campaña política de candidato a puesto de elección popular, en comicios federales, estatales o municipales; y manifestarse o haberse manifestado públicamente a través de medios de comunicación social extranjeros, nacionales o estatales, a favor de un candidato o de un partido político.” Estas exigencias de pureza y virginidad política constituyen un sinsentido que sólo se explica como resultado del clima de profunda desconfianza dentro del que se gestó la reforma electoral de 1994.
El Código Federal (COFIPE) es bastante menos restrictivo. Su artículo 118 enlista dentro de las condiciones para ser consejero local del IFE dos que son equiparables a las citadas antes: “d) No haber sido registrado como candidato a cargo alguno de elección popular en los tres años inmediatos anteriores a la designación; e) No ser o haber sido dirigente nacional, estatal o municipal de algún partido político en los tres años inmediatos anteriores a la designación.” No hay demanda de virginidad política, pues en ese caso José Woldenberg, Luis Carlos Ugalde y Leonardo Valdés no habrían podido ser considerados para una consejería por sus antecedentes partidarios.
Pepe Argueta tiene razón al argumentar que él nunca fue representante del malogrado Partido Democracia Social en 1999. Me consta, pues en esa ocasión fui uno de los consejeros locales del IFE que promovimos su nominación como consejero electoral para el distrito 04 de Guanajuato. A Pepe lo unía una vieja amistad con Gilberto Rincón Gallardo, con quien había compartido andanzas, y por eso su amigo lo incluyó como posible representante del naciente partido en Guanajuato, cargo que nunca aceptó ni ejerció. Así me lo explicó Pepe entonces y no tuvimos mayor problema para designarlo en la consejería que detentó eficazmente durante los procesos electorales del 2000, 2003 y 2006. Renunció a ser ratificado como consejero para estas elecciones venideras, tal vez para poder ser considerado disponible para el IEEG.
Su honestidad intelectual y personal es bien conocida por los que lo tratamos y lo leemos. Siempre le he considerado uno de los mejores periodistas de Guanajuato, riguroso y profundamente crítico del poder. Así lo fue en tiempos de la hegemonía priísta y así lo es en la panista. Su conciencia no está a la venta, de eso estoy seguro. Dentro del consejo general del IEEG hace falta una voz ciudadana crítica e inconforme, que haga contrapeso a la molicie que con frecuencia se ha observado. En conjunto con Jesús Badillo podrá significar una corriente de aire fresco que fortalezca la pluralidad y apertura del órgano de gobierno. Yo por lo pronto le manifiesto mi solidaridad, seguro de que su nominación es muy positiva para la democracia en nuestra entidad.