viernes, 3 de septiembre de 2021

Informe autoritario

Informe autoritario

Por: © Luis Miguel Rionda ©

Publicado en:
Milenio León
eslocotidiano.com

El tercer informe presidencial de Andrés Manuel López Obrador fue la nota de la semana. En teoría, este ejercicio de rendición de cuentas debe servir para que el titular del ejecutivo “manifieste el estado general que guarda la administración pública del país” ante el Congreso de la Unión, según el artículo 69 de la constitución mexicana.

Sin embargo, el ejercicio ha perdido sustancia, al menos en su expresión oral —el llamado “mensaje político”—, que hoy parece más una retahíla de post verdades que muy poco aporta a la comprensión de la sustancia del proyecto de gobierno. Este tercer informe reiteró esta tendencia hacia la vacuidad ceremonial, con mensajes dirigidos a la feligresía y a la evangelización de los conversos. La 4T se habló a sí misma, y reiteró un triunfalismo que no se sustenta en los hechos duros de la realidad aviesa.

Comenzó con una declaración lanzada sin anestesia y sin respeto a la sintaxis: “La transformación está en marcha y, aunque es necesario seguir poniendo al descubierto la gran farsa neoliberal y auspiciando el cambio de mentalidad [sic] del pueblo, porque eso es lo más cercano a lo esencial y a lo irreversible [sic].” Me alarma que una administración federal, por más legítima que sea, pretenda auspiciar un “cambio de mentalidad” en sus electores, y que dicho cambio sea “irreversible”. Me pareció evidente el paralelismo con las convicciones autoritarias de las revoluciones radicales que, para mantenerse en el poder, buscan “reeducar” al pueblo, develándole la verdad única, evangélica y salvadora. Recordé la revolución cultural china y su enorme costo humano, los gulag soviéticos y sus lavados de cerebro, la reeducación castrista en la Cuba de los sesenta (“Con la Revolución todo, contra la Revolución nada”), y la educación socialista de Calles en México, definida en su “grito de Guadalajara” del 20 de julio de 1934, cuando afirmó que “debemos entrar y apoderarnos de las conciencias de la niñez, de las conciencias de la juventud, porque son y deben pertenecer a la Revolución.”

“¡Tengan para que aprendan!”, fue el mensaje del presidente hacia el resto de los mexicanos amontonados en las etiquetas presidenciales: fifís, conservadores, neoliberales, aspiracionistas, clasemedieros, hipócritas, vendidos, calderonistas, apátridas, etcétera. Su discurso no fue el de un estadista, sino el de un rijoso e iluminado líder de secta ideológica, más preocupado por afianzar su lugar en la historia y no en el futuro. Reafirmó sus vocaciones estatistas, monopólicas y parroquianas, más propias de su admirado “desarrollo estabilizador” nacionalista de los años cincuenta y sesenta, y el populismo revolucionario de los setenta. Un México que ya no existe en un entorno mundial “post-neoliberal”.

Thomas Piketty explica en su interesante texto El capital del siglo XXI, que hoy día las desigualdades deben ser combatidas mediante políticas fiscales y de desarrollo de alcance global, y no mediante transferencias y subsidios que perpetúan la dependencia.

En cambio, AMLO presumió que “el 70 por ciento de los hogares de México está inscrito en cuando menos un Programa de Bienestar o se beneficia de alguna manera del presupuesto nacional”. Me alarma esta percepción paternalista, que ilustró bien en la mañanera del 29 de abril de 2019 cuando comparó sus programas sociales con la protección a los “animalitos” domésticos, que han perdido su capacidad de alimentarse. 

Una visión miope de caridad cristiana, que busca “la gran satisfacción que produce a cualquier ser humano de buenos sentimientos el llevar a la práctica el principio fundamental del amor al prójimo y el servicio a los semejantes.”

Pero nada es irreversible en la política, sobre todo en democracia. La sabiduría reside en corregir a tiempo los errores de los pretendidos iluminati.



viernes, 27 de agosto de 2021

Una reforma punitiva, 2

Una reforma punitiva, 2

Por: © Luis Miguel Rionda ©

Publicado en:
ZonaFranca.mx Milenio León
https://15diario.com/diario-de-campo-una-reforma-punitiva-ii-luis-miguel-rionda.html
eslocotidiano.com

El proyecto de iniciativa del Senado de la República para la reforma político-electoral, que se circuló informalmente la semana pasada, ha causado muchas reacciones. Entre ellas la de la Presidencia de la República, que anunció que presentará una iniciativa propia. En lo que ésta se conoce, continúo exponiendo mis puntos de vista sobre la primera.

Me parece positivo que se plantee mejorar la técnica legislativa, y concentrar en el artículo 41 constitucional todo lo referido a la materia electoral. Hoy día, la constitución mexicana es un rompecabezas que confunde y en ocasiones se contradice. La claridad y la lógica son importantes.

Se plantea reconocer derechos plenos a los ciudadanos mexicanos con doble ciudadanía, que hoy día son discriminados para desempeñar un cargo público. Un anacronismo que impone diferencias entre mexicanos “de primera” —nativos— y los “de segunda” —los naturalizados—. Considero que también se les debería reconocer derechos políticos a los extranjeros avecindados en el país, luego de una estancia mínima documentada.

La iniciativa incluye la opción del voto electrónico en el territorio nacional mediante urnas, aplicaciones o páginas electrónicas. Ese es el camino de la racionalidad electoral, que ya ha sido puesto a prueba mediante el voto desde el exterior. Hay que universalizarlo.

Se añade el derecho a votar en referendos y plebiscitos, y que se pueda decidir sobre el uso, administración y destino de proyectos y recursos asignados mediante presupuestos participativos, así como en la gestión, evaluación y control de la función pública. Un paso más hacia la democracia directa.

Se propone reformar el artículo 38 para que una persona sometida a proceso judicial aún sin sentencia, no sea suspendida en sus derechos ciudadanos. Se elimina la anacrónica fracción IV, que suspende los derechos por “vagancia o ebriedad consuetudinaria” (¡!).

Creo que es excelente la propuesta de eliminar las senadurías de representación proporcional. Un despropósito impuesto por los partidos minoritarios en la reforma de 1996 que contradice la función federalista del Senado. También se plantea reducir el número de diputaciones electas por representación proporcional de 200 a 100. ¿Y por qué no reducir también las diputaciones de mayoría relativa de 300 a 200? Así mantendríamos una cámara de diputados mixta pero más ligera, con 300 curules: dos tercios de MR y otro de RP. Cada diputación de mayoría representaría a alrededor de 462 mil ciudadanos —con padrón electoral de agosto de 2021.

La reforma propone que “en el caso en que exista un porcentaje mayor de hombres que de mujeres en las diputaciones electas por mayoría relativa, se hagan ajustes a las listas regionales a efecto de que se compense esta sobre representación masculina con mujeres electas por el principio de representación proporcional.” Se garantiza así la paridad de género.

Se plantea limitar la facultad reglamentaria del INE desde noventa días antes y durante el desarrollo del proceso electoral, para abonar a la certidumbre de las pautas de la competencia. En consecuencia, se propone que los órganos electorales notifiquen al Congreso de la Unión sobre las omisiones legislativas con la temporalidad suficiente —180 días antes de la elección— para que pueda efectuar los cambios necesarios. Me parece razonable.

Veamos ahora qué futuro le depara a esta iniciativa informal.


viernes, 20 de agosto de 2021

Una reforma punitiva, 1

Una reforma punitiva, 1

Por: © Luis Miguel Rionda ©

Publicado en:
ZonaFranca.mx Milenio León
https://15diario.com/diario-de-campo-una-reforma-punitiva-i--luis-miguel-rionda.html
eslocotidiano.com

A mediados de esta semana circuló un documento generado en apariencia por la bancada del partido Morena en el Senado de la República. Se trata de un proyecto de iniciativa para la reforma político-electoral a nivel nacional. Es evidente que esta pretendida filtración busca tantear el ánimo de la clase política, antes de formalizar la entrega de la propuesta de reforma constitucional. También es claro que existe prisa para concretar la reforma; la intención ha sido expresada en las conferencias mañaneras presidenciales, donde se ha expuesto sin ambages la animadversión oficial contra los organismos electorales.

Un detalle: me llama la atención que el archivo electrónico venga firmado por el doctor Osiris Vázquez Rangel, quien según una ficha curricular que encontré es —o era— secretario de estudio y cuenta en el Tribunal Electoral de la Ciudad de México (ver aquí). Inquieta saber que un texto tan sensible se genere desde una cuenta ajena al Senado, y no estaría mal aclararlo. Luego de estudiar la exposición de motivos, me queda claro que la reforma busca pasar factura de los recientes descalabros electorales y legales del partido mayoritario, a los árbitros institucionales; en concreto, la mira está puesta en los actuales consejeros del INE y los magistrados del TEPJF. Se repite la receta punitiva del 2007-2008, cuando la coalición derrotada en la elección presidencial de 2006 impuso los términos de una reforma que defenestró a la generación de consejeros que presidía Luis Carlos Ugalde. También se impuso un modelo de comunicación política que hoy es criticado por la nueva hegemonía, heredera de aquel movimiento.

Los términos del actual proyecto de reforma refuerzan la tendencia centralizadora que se gestó desde el Pacto por México de 2012, y que se concretó en la reforma política de 2014, que eliminó en la práctica la autonomía de los organismos electorales locales, y reforzó la megacefalia del INE. Se propone ahora “pasar [sic] las funciones de los OPLES al INE” y que éste asuma las funciones de ésos: organizar los miles de procesos electorales locales. Adiós al federalismo electoral.

Con esto, se dice, “se generan beneficios en términos prácticos y económicos, pero no se afecta a las entidades de la república […] el desafío consiste en generar que los organismos locales de los que dispone el INE [330 juntas distritales y 32 locales] asimilen en sus esquemas administrativos internos a la función de los OPLES.”

La nueva generación de consejeros generales del INE —que sustituiría de inmediato a los detestados titulares actuales— se constituiría con siete miembros —en lugar de once—, elegidos por nueve años por el Congreso, con una presidencia rotativa electa entre ellos mismos, en periodos de tres años. No está mal esta idea, si no fuera por la evidente intención de descabezar de inmediato al organismo. También se propone eliminar los 32 órganos jurisdiccionales locales, y que la integración de la Sala Superior del TEPJF baje de siete magistraturas a cinco. Este tribunal tendría que establecer salas locales para atender los miles de recursos que se generan en los procesos municipales, distritales y estatales. También es evidente el deseo de fulminar a la actual generación magistral, que le ha causado no pocos descalabros a la 4T, que falló en su intento de domesticar al tribunal.

Sin embargo, hay elementos positivos en la propuesta, que voy a abordar en mi siguiente contribución. Buenas ideas que merecerían un mejor contexto, que incluyera un debate profundo entre los actores políticos, con vistas al 2024, todavía lejano.


viernes, 13 de agosto de 2021

Inopia cultural

Inopia cultural

Por: © Luis Miguel Rionda ©

Publicado en:
ZonaFranca.mx Milenio León
https://15diario.com/diario-de-campo-inopia-cultural-luis-miguel-rionda.html
eslocotidiano.com

Desde hace décadas los diferentes gobiernos nacionales y locales de nuestro país han ejercido una política confusa —por decirlo amablemente— hacia el ámbito de la cultura. La Constitución General de la República hace referencia en once ocasiones a este concepto —incluyendo tres a la cultura física—, sin nunca definirlo. Pero es de destacar el párrafo once del artículo 4º, que dice: “Toda persona tiene derecho al acceso a la cultura y al disfrute de los bienes y servicios que presta el Estado en la materia, así como el ejercicio de sus derechos culturales.” Este texto fue adicionado apenas el 30 de abril de 2009. Desde entonces el derecho a la cultura es considerado uno más de los derechos humanos de los mexicanos, y el Estado asumió formalmente la obligación de promover su fortalecimiento, su protección, su difusión y conocimiento.

A pesar de los buenos deseos, es un derecho humano que no se acompaña con los apoyos presupuestales suficientes. Desde hace más de una década los recursos públicos destinados al fortalecimiento de las culturas nacionales no rebasan el 0.1% del Producto Interno Bruto (ver aquí). Son poco menos de 14 mil millones de pesos del gobierno federal en su ramo 48 (ver aquí), más una cantidad mucho menor de parte de los gobiernos estatales y municipales. Para colmo, la quinta parte del presupuesto federal de este año se destina al megaproyecto presidencial Chapultepec (ver aquí).

Dentro del gasto cultural federal, el presupuesto destinado al Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) ha sido uno de los más castigados. Para este año su presupuesto suma tres mil 820 millones, un recorte del 2.53% sobre el año anterior. Si consideramos que el instituto está al cargo de la preservación, estudio y divulgación del amplísimo patrimonio histórico y arqueológico nacional, podemos concluir que es un recurso en extremo limitado y que, según el sindicato del INAH, “provocará, entre otras cosas, deterioro de los monumentos paleontológicos, arqueológicos, artísticos e históricos del país, así como la red de museos y otras infraestructuras culturales dependientes del Sector Cultura y del INAH, en particular. La gran mayoría de las zonas arqueológicas, museos y monumentos históricos del país […] se encuentran en un avanzado estado de deterioro y requieren de mantenimiento urgente” (ver aquí).

Uno de esos sitios es el del Templo Mayor, que tal vez sea el repositorio arqueológico más importante del país, junto con Teotihuacan. Este conjunto, descubierto apenas en febrero de 1978 gracias al hallazgo por parte de trabajadores electricistas del monolito de la Coyolxauhqui, representa uno de los mejores ejemplos de la urbanística, la mitología y la cultura de los antiguos mexicas, a quienes conocemos tan poco a pesar de ser reivindicados como los fundadores simbólicos del México moderno.

La actual administración federal ha revivido el viejo nacionalismo mexicano, que se sustenta en una visión broncínea y anquilosada de un pasado imaginado. El discurso ideológico de la 4T se nutre con los viejos estereotipos del indigenismo de los años treinta y cuarenta, que buscaba “forjar Patria”, en palabras de su fundador Manuel Gamio. Pero al mismo tiempo cae en los simplismos de la propaganda populista, como se evidencia en los actos conmemorativos del bicentenario en este año.

Me parece indignante que el gobierno de la CDMX, con apoyo del federal, destinen recursos —no se sabe cuántos— a la construcción de una horrible maqueta del Templo Mayor a cien metros del original. Un adefesio a un tercio de su tamaño original, que me recuerda las atracciones gringas que imitan castillos y monumentos, y los banalizan con espectáculos de luz y sonido con contenido New Age —ahora les dicen videomapping—. Entretanto el sitio original se desgasta por carecer del techado que se cayó el 28 de abril pasado, por las inopias presupuestales del INAH.


viernes, 6 de agosto de 2021

Tribunal amenazado

Tribunal amenazado

Por: © Luis Miguel Rionda ©

Publicado en:
ZonaFranca.mx Milenio León
http://15diario.com/diario-de-campo-tribunal-amenazado-luis-miguel-rionda.html
eslocotidiano.com

La reciente crisis en la sala superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación pone en evidencia que la intervención de poderes exógenos en los procesos internos de los organismos autónomos tiene consecuencias graves para su gobernabilidad. Cuando el ejecutivo y el legislativo, que tienen origen en la competencia político-partidista, buscan cooptar o domesticar a los entes autónomos, los contaminan con sus intereses partidistas e imponen una visión ideológica en su desempeño, con lo que la función original de los órganos es alterada, incluso corrompida.

¿A qué me refiero? A que en el caso del tribunal el depuesto magistrado presidente había venido cumpliendo el papel de quinta columnista del poder hegemónico, dificultando o modificando la impartición de justicia en el campo de la competencia electoral. Es bien sabido por los que creemos conocer las condiciones internas de la función electoral, que algunas sentencias emitidas desde la designación del interfecto al frente del tribunal han causado controversia, en particular aquéllas que han anulado acuerdos del consejo general del INE. Incluso se han contradicho criterios defendidos en sentencias previas, como en el caso de la atención a la violencia política de género, o la obligatoriedad de candidatos y precandidatos de presentar informes de gastos de campaña.

Los cinco —de siete— magistrados que destituyeron al controversial presidente enlistaron una serie de inconsistencias, omisiones, imposiciones y manejos administrativos sospechosos que nunca fueron esclarecidos o atendidos por el presidente del colegiado. La resistencia a ventilar temas incómodos fue evidente en los alegatos que expuso el aludido, antes de ordenar el levantamiento de la sesión virtual y hacer mutis, junto con otra magistrada y el personal directivo de la secretaría de acuerdos.

Los magistrados rebeldes asumieron la defensa del prestigio del tribunal, que ha sumado luces y sombras a lo largo de sus 25 años de existencia, pero que sin duda ha sido el garante de la democratización y la progresividad en los derechos políticos de los mexicanos.

El secuestro de los organismos autónomos se traduce en regresiones autoritarias que buscan deconstruirlos, para retornar al centralismo caudillista que todo decidía, incluso la aplicación de la ley. Las reacciones externas nos ayudan a adivinar los hilos de control que hoy se ponen en riesgo: la mayoría parlamentaria y el ejecutivo se han pronunciado por la renuncia del pleno de la sala superior. Es lógico: así se plantea la tabla rasa que facilitaría la cooptación completa de ese importantísimo órgano del Poder Judicial, que también ha estado bajo asedio, con el anzuelo de la inminente reforma a ese poder, incluida la ampliación del periodo de su propio presidente.

El canibalismo institucional se desata sin embozos para facilitar el camino a la imposición de la agenda de largo plazo, transexenal, de la 4T. Ojalá los magistrados den la batalla por su autonomía, porque de otra manera el tribunal puede constituirse en la antesala del exterminio o domesticación del sistema electoral nacional.


viernes, 30 de julio de 2021

No a la muerte

No a la muerte

Por: © Luis Miguel Rionda ©

Publicado en:
ZonaFranca.mx Milenio León
http://15diario.com/diario-de-campo-no-a-la-muerte-luis-miguel-rionda.html
eslocotidiano.com

En el México del siglo XXI se está reproduciendo un fenómeno inquietante, que ya se había padecido hace cien años: la indiferencia ante la muerte. En las décadas de 1910 y 1920 nuestro país padeció una violenta revolución y varias asonadas, hasta la última de Saturnino Cedillo en 1937. Además, sobrellevó la primera pandemia de ese siglo, la llamada influenza española de 1917 y 1918, en buena medida producto de la primera guerra mundial.

Nadie sabe con certeza cuántas muertes cobraron ambos sucesos, pero sin duda fueron demasiadas, pues se reflejaron en los grandes números de los censos de población de 1910, 1921 y 1930. El tercer Censo General de Población de 1910 arrojó un total de 15 millones 160 mil habitantes de este territorio. Once años después esa cantidad había disminuido en 5.4%, al sumar solamente 14 millones 335 mil personas. A esa pérdida neta hay que sumar el crecimiento demográfico natural que se perdió en esos años, más la migración internacional de miles de mexicanos que huyeron de la violencia.

En el quinto censo general de 1930 se contó a 16 millones 553 mil mexicanos. Una recuperación del 15.5% con respecto a 1921. A partir de entonces la población inició una recuperación espectacular, producto de la paz social y el progreso económico. Las generaciones de la posrevolución heredaron un miedo endémico a la violencia y a las pestes, y eso contribuyó a la notable estabilidad que caracterizó al “milagro mexicano” y el largo decurso del desarrollo estabilizador. Durante varias décadas, fue notable el caso mexicano entre los países latinoamericanos, por su convivencia sosegada.

Eso terminó en los años noventa. México desplazó a Colombia como origen de los flujos de psicotrópicos, ya que los carteles mexicanos aprovecharon el vacío que provocó el derrumbe de los cárteles de Medellín y de Cali durante esa década. Las recurrentes crisis económicas y la depauperación de la población mexicana favorecieron la emergencia de grupos delincuenciales con alcance internacional, y con ellos llegó la violencia criminal más brutal y sanguinaria, como no se había visto en mucho tiempo en un país que había olvidado el terror en la convivencia cotidiana.

México es hoy uno de los países sin guerra más violentos del mundo. El indicador más cruento es el del número de asesinatos dolosos, que han transitado de los 10 mil 285 ultimados de 2001, a 36 mil 579 en 2020 (29 ejecutados sobre cada 100 mil habitantes; el promedio mundial es del 5.3 según el Banco Mundial); el número se ha más que triplicado en veinte años (fuente: TResearch.mx).

A las escalofriantes cifras mortales por violencia, se une la de los decesos por la plaga virulenta que nos asola desde hace 16 meses. Las cifras varían desde las oficiales de la SSA, que hace dos días sumaban 239 mil 616 decesos, hasta los cálculos basados en el “exceso de muertes” que se detectan en los registros civiles del país, y que el INEGI estimó a principios de julio en 498 mil 164 defunciones. Medio millón que se suma a los 47 mil 328 asesinados en el mismo periodo. En tiempos normales, la estadística nacional muestra que se espera poco más de un millón 70 mil decesos al año. La cifra se ha excedido en un espeluznante 50%.

No debemos normalizar la muerte. Requerimos mantener nuestra capacidad de asombro y de rechazo a la partida anticipada por causas prevenibles, como la violencia y el contagio. Los mexicanos de hoy y mañana merecemos más que el pasmo y la negación que evidencian nuestras autoridades todos los días. Recuperemos la paz, recuperemos la salud. Más nos vale…


viernes, 23 de julio de 2021

Cuba: la enseñanza revolucionaria

Cuba: la enseñanza revolucionaria

Por: © Luis Miguel Rionda ©

Publicado en:
ZonaFranca.mx Milenio León
http://15diario.com/diario-de-campo-cuba-la-ense%C3%B1anza-revolucionaria-luis-miguel-rionda.html
eslocotidiano.com

Desde mi más tierna infancia, Cuba era un tema obligado en las tertulias intelectuales que se deban en casa o a las que acudían mis padres. A la Revolución cubana —así, con mayúscula— la consideré como una especie de hermana mayor, pues sólo me llevaba un año de edad. La izquierda provinciana de entonces estudiaba y reverenciaba el proceso de insurrección de los “barbudos” de Cuba, a quienes todos decían haber conocido en algún momento en la ciudad de México, en particular al Che. Mi padre aseguraba haberlo conocido en la Alameda central de la ciudad de México, tomando fotos. Llamaba la atención por su facha de estudiante rebelde y su actitud y apariencia criolla, de chaval blanquito recién bajado del barco.

La invasión de Bahía de Cochinos de abril de 1961 —¡hace sesenta años!— por parte de “gusanos” cubanos, financiados y entrenados por el detestado imperialismo yanqui, provocó una reacción de solidaridad continental, particularmente entre los jóvenes. En México, el general Lázaro Cárdenas encabezó una lista de voluntarios para integrarse a las brigadas internacionales de defensa de la revolución. Mi padre siempre presumió de haberse anotado en esa lista. Por supuesto el gobierno mexicano nunca permitiría semejante aventura, y esa energía se canalizó a la fundación del Movimiento de Liberación Nacional en agosto siguiente, el último estertor de la Revolución mexicana. Mi padre también se anotó, y durante años leyó con fruición la revista Política —de Manuel Marcué Pardiñas, el único órgano de izquierda con algo de independencia del estado autoritario.

Tendría yo unos doce o trece años cuando leí el Diario del Che en Bolivia, que me estrujó y convenció de las bondades de la causa utópica de esos esos revolucionarios románticos, como los que construían la alternativa socialista en Cuba y en Chile. En la adolescencia me acerqué al marxismo panfletario, y hasta la licenciatura leí directamente a Marx y a los marxistas. Cuba siempre fue el referente para mi círculo generacional; luego se uniría la Nicaragua sandinista. “Ser joven y no ser revolucionario es una contradicción hasta biológica”, dijo el sabio Salvador Allende. Pero luego sucedió el éxodo de Mariel en 1980. Quisimos verlo como una especie de purga saludable para la revolución cubana. Pero se fueron incrementando las versiones de represión y autoritarismo por parte de la élite del poder en la isla, así como los testimonios de una pobreza generalizada. Los noventa fueron la década de la gran decepción hacia el modelo socialista mundial, no sólo por su fracaso como alternativa de desarrollo económico y social, sino por su intolerancia política, proclive a la represión, la persecución y el asesinato.

Muchos idealistas nos dimos cuenta de que el pensamiento unívoco, conservador e intolerante, no es exclusivo de la derecha política. También la izquierda genera sus élites privilegiadas y excluyentes, que se enquistan sobre los romanticismos quiméricos. Eso sucede hoy en Cuba: sesenta y dos años de revolución tuvieron los mismos efectos que experimentaron las revoluciones mexicana, rusa, china y demás. Una gran decepción.

Aunque duela reconocerlo, el liberalismo sigue siendo el mejor modelo, gracias a su capacidad de regenerarse. Un liberalismo social que en el corto plazo atienda el desarrollo del individuo particular, pero sin descuidar la solidaridad comunitaria y la responsabilidad medioambiental en el largo plazo.


viernes, 16 de julio de 2021

Retorno con riesgos

Retorno con riesgos

Por: © Luis Miguel Rionda ©

Publicado en:
ZonaFranca.mx Milenio León
http://www.15diario.com/diario-de-campo-retorno-con-riesgos-luis-miguel-rionda.html
eslocotidiano.com

El gobierno federal, a través de la SEP, ha anunciado el inminente regreso a clases presenciales en el sistema educativo nacional. En consecuencia, el resto del sistema educativo se apresta a dicho retorno. Como profesor de educación superior, reconozco que me alegra la perspectiva de volver a interactuar de manera presencial con mis alumnos, mis colegas y mi comunidad. Sin embargo, me siento preocupado por algunas consideraciones, que deseo compartir. 

Primero, el ritmo de la vacunación nacional ha sido lento e inestable. Al 13 de julio se había vacunado a 35.7 millones de personas, de los 86.5 millones de adultos mayores de 18 años del país. Pero del total de vacunados, sólo 21 millones (58.7%) han recibido esquemas completos (https://bit.ly/2UNMNAD). Sin embargo, un 40% de la población de 18 años o más ha recibido al menos una dosis. Los docentes han sido inoculados con la vacuna china Cansino, cuya efectividad documentada por la Secretaría de Salud es del 65.28% (https://bit.ly/3xKSv4z). Es decir, que la población adulta aún se encuentra en situación vulnerable, particularmente los jóvenes de entre 18 y 30 años, el conjunto objetivo de la educación superior. 

Segundo, se nos ha informado a los profesores de educación superior que el retorno será bajo un modelo “híbrido” de impartición de clases. Es decir, que parte de las sesiones serán presenciales, con grupos de no más de diez alumnos, y que el resto podrá participar a la distancia, pues la sesión se trasmitirá en vivo. Me preocupa la operatividad de tal modelo, que será un reto para garantizar la participación segura de los profesores y los alumnos. Además, la tercera ola de la pandemia está afectando sobre todo a los jóvenes, que aún no están protegidos y que son proclives a una mayor movilidad. Los profesores —vacunados y todo— que tenemos padecimientos crónicos nos veremos de nuevo expuestos a posibles contagios de nuevas cepas más virulentas. 

Tercero, que muchas actividades complementarias que se suspendieron desde el año pasado —laboratorios, vinculación, prácticas profesionales de campo, etcétera— se retomarán, y aún con las precauciones establecidas abrirán espacios de riesgo para los involucrados. Además, la movilidad urbana se reactivará, exponiendo a los alumnos y los profesores al contacto cercano con los usuarios del transporte colectivo. 

Cuarto, la dimensión de la pandemia ha sido sistemáticamente minusvalorada por parte de las autoridades nacionales. Finalmente, la Secretaría de Salud federal reconoció que existe un exceso de defunciones en el país entre los años 2020 y 2021 de 353 mil 858 casos, asociados al COVID (https://bit.ly/3hHzx9x). Esa “cifra oscura” refleja el fracaso de la estrategia nacional de contención de la epidemia, que por cierto no va a ser evaluada ni cambiada por consideraciones políticas. La ignorancia y la soberbia nos han pasado una terrible factura a los mexicanos. 

Sin más fundamento que mi sentido común, creo que lo mejor hubiera sido esperar al inicio del año próximo, cuando alcancemos —si lo logramos— el 80% de la vacunación que la OMS recomienda para alcanzar la inmunidad de rebaño (https://bit.ly/3ktHFMR). Con la actual tercera ola encima, el retorno de millones de niños y jóvenes a las actividades presenciales en los espacios precarios de nuestra infraestructura educativa podría provocar un desastre demográfico similar al de la influenza de 1917-1918, cuando medio millón de mexicanos perdió la vida.

viernes, 9 de julio de 2021

Consulta vacía

Consulta vacía

Por: © Luis Miguel Rionda ©

Publicado en:
ZonaFranca.mx Milenio León
http://15diario.com/9JULIO2021.pdf
eslocotidiano.com

La democracia liberal ha sido frecuentemente tildada como una “tiranía de las mayorías”, ya que el sistema de sufragio universal se basa en el principio de que la sumatoria igualitaria de voluntades constituye la base de las decisiones legítimas. Sin embargo, como técnica para la toma de decisiones, la democracia electoral puede ser criticada por su apuesta subyacente a la sabiduría de la masa, dejando de lado los procedimientos de la racionalidad dialéctica que impulsó el humanismo clásico. Puede argumentarse que la suma de las ignorancias no necesariamente conduce la develación de una verdad oculta bajo el peso de la mayoría. 

Se ha pretendido paliar este handicap de origen de la democracia procedimental con las alternativas que ofrece el modelo alterno de la democracia directa, que demanda un fuerte componente de participación ciudadana individual. Pienso que no es mala idea, pues a diferencia del sufragio universal, tan vulnerable a la coacción y al engaño, la participación exige un mayor grado de compromiso del ciudadano o ciudadana, y confirma el valor que el humanismo confiere a la persona humana como vehículo primordial de la acción política. 

En ese sentido siempre me he manifestado como entusiasta de esas alternativas, que en nuestro país tiene una historia muy reciente. Apenas en la primera década de este siglo se comenzó a legislar sobre mecanismos comiciales de participación directa en la toma de decisiones públicas, como la iniciativa popular, el referéndum, el plebiscito, la consulta popular, la revocación de mandato y los presupuestos participativos. A nivel local existen más de 20 leyes estatales de participación ciudadana ¬–la de Guanajuato se emitió en 2002–. En el ámbito nacional se cuenta con la Ley Federal de Consulta Popular del 14 de marzo de 2014, recientemente reformada el 19 de mayo pasado. 

 Su artículo 4º reza que “La consulta popular es el instrumento de participación por el cual los ciudadanos, a través de la emisión del voto libre, secreto, directo, personal e intransferible, toman parte de las decisiones de los poderes públicos respecto de uno o varios temas de trascendencia nacional o regional competencia de la Federación.” 

Estoy convencido de que la actual convocatoria del INE a participar en la consulta popular del 1 de agosto próximo no cumple con la condición de abordar un tema trascendente. La confusa pregunta en la que se sustentará la convierte en un ejercicio inútil, pues se trata de cuestionar si el ciudadano o ciudadana está de acuerdo con “emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos”. Esto es una obviedad, pues todo servidor público puede ser sometido a investigación si se cuenta con los elementos mínimos para sospechar de violaciones a la ética y las leyes del servicio público. No hay necesidad de consultar nada. 

 Los destinatarios no son cualquier “actor político”. En el sentido original, son los expresidentes del “periodo neoliberal” (whateverthatmeans). Se trata entonces de una consulta casi nominal, con eventuales destinatarios individuales. Eso viola el principio de abstracción implícito en toda consulta. Es incluso una posible violación al derecho de presunción de inocencia, ya que el resultado podría estar “encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas” (¡!). 

En uso de mi libertad ciudadana para participar o no, y como muchos lo han hecho ya, manifiesto mi decisión de abstenerme de participar en este ejercicio inútil.

viernes, 2 de julio de 2021

A tres años del voto del hartazgo

A tres años del voto del hartazgo

Por: © Luis Miguel Rionda ©

Publicado en:
ZonaFranca.mx Milenio León
http://15diario.com/
eslocotidiano.com

Hace tres años se concretaron las elecciones federales que permitieron renovar el poder ejecutivo presidencial y las dos cámaras legislativas. Los resultados evidenciaron el hartazgo generalizado con las opciones de la ortodoxia política tripartidista heredada de la última década del siglo XX. Fue esta ola electoral de repulsión al ancien régime lo que le valió el triunfo a un partido reciente. Un partido que en su origen se denominó Movimiento de Regeneración Nacional y que en su registro optó por la apócope de “Morena”, en clara alusión a la advocación guadalupana del Tepeyac. Fue la base de la coalición Juntos Haremos Historia (Morena, PT y PES), que logró la presidencia de la república con el 53.2% del total de votos emitido, y el triunfo en 218 de los 300 distritos uninominales de la Cámara de Diputados, con el 43.5% de los votos. 

Sin duda fue un triunfo “de arrastre”, en el cual pesó el liderazgo carismático del candidato presidencial López Obrador. Eso explica el diferencial de votos entre el candidato presidencial (30’113,483) y sus compañeros candidatos a diputados (23’635,467) de los tres partidos de su coalición. 

A tres años de distancia podemos aventurar que se trató de una elección democrática, muy vigilada y bien evaluada. La tercera alternancia presidencial de México pudo realizarse en un ambiente de legitimidad y paz social. Todo lo cual contradice a los detractores del actual modelo electoral de nuestro país, que juzgan que éste ha solapado fraudes electorales previos y que es favorable a los intereses de los partidos del “periodo neoliberal”. 

 El reciente proceso del 7 de junio de 2021 se desarrolló con los mismos estándares de calidad, y garantizó a la renovada coalición Juntos Haremos Historia el 42.76% del total de votos para la renovación del legislativo federal y el triunfo en 186 de los distritos uninominales. Una victoria en el ámbito federal, que se une a la conquista de once de las quince gubernaturas en disputa. 

De manera contradictoria, esta fuerza triunfadora mantiene su añeja denuncia de fraude sistemático, que se quiere consustancial a la naturaleza del INE y los OPLE. Han anunciado que buscarán reformarlos de raíz, o incluso desaparecerlos. Y esto convoca a la sorpresa, pues los señalamientos no tienen más sustento que el de una desconfianza ideológica hacia la democracia de corte liberal, como la que hemos construido en México desde 1978. Tal vez se inspiran en modelos “democráticos” con elecciones plebiscitarias como las de Cuba, Nicaragua o Venezuela, donde los partidos de Estado o hegemónicos controlan los órganos electorales, y combaten o apresan a los opositores al régimen “revolucionario”. 

Yo felicito al INE por este aniversario, y me pronuncio por una reforma legal que mantenga la autonomía de los órganos electorales –administrativos y jurisdiccionales–, pero que simplifique y modernice los procesos de competencia partidista, la emisión y recepción del voto, y que fortalezca la ciudadanización y vigilancia de las diferentes fases del ejercicio. Rechazo la regresión autoritaria, ya sea de izquierda o de derecha.

viernes, 25 de junio de 2021

Derechos políticos de los migrantes: un nuevo logro

Por: © Luis Miguel Rionda ©

Publicado en:
ZonaFranca.mx Milenio León
http://15diario.com/
eslocotidiano.com

Quiero compartir una buena noticia con los guanajuatenses que viven en el extranjero, particularmente en los Estados Unidos. El martes 22 de junio pasado, el pleno del Tribunal Electoral del Estado de Guanajuato (TEEG) aprobó el proyecto de sentencia que presentó la magistrada ponente Dolores López Loza, sobre el juicio de protección de los derechos políticos del ciudadano 211/2021 que interpuso Juan José Corrales Gómez, en su calidad de presidente de la asociación civil Fuerza Migrante, en tono a la necesidad de reconocer y ampliar los derechos de representación política de una amplia población que calculamos en alrededor de un millón de ciudadanos guanajuatenses de pleno derecho que habitan fuera de las fronteras nacionales. 

La sentencia revoca el acuerdo CGIEEG/264/2021 emitido por el Consejo General de Instituto Electoral del Estado de Guanajuato (IEEG), en el que éste expresó su respuesta negativa tajante a la solicitud interpuesta por el mismo ciudadano, que demandó la implementación de acciones afirmativas por parte de ese órgano electoral local para contar con diputaciones migrantes en el Congreso del Estado de Guanajuato.

La sentencia vincula al consejo a “realizar un análisis sobre la viabilidad de emitir medidas afirmativas en favor de la comunidad migrante de Guanajuato radicada en el extranjero para contar con diputaciones con dicha calidad en el Congreso del Estado para el próximo proceso electoral.” Para la realización de este estudio, el TEEG otorga hasta 90 días a partir del fin del actual proceso electoral.

El 24 de agosto de 2020 diversas asociaciones solicitaron al IEEG que reglamentara y emitiera acciones afirmativas sobre esta materia. El 27 de septiembre el Consejo General respondió negativamente. Yo, como consejero electoral que era, presenté un voto concurrente donde propuse que el tema se continuara analizando y que se integrara una mesa interinstitucional, junto con el Congreso local, para no cerrar la puerta con un azotón. No fui apoyado.

El 18 de marzo de este año Fuerza Migrante insistió en el tema, basándose en la sentencia SUP-RAP-21/2021 del 24 de febrero de la sala superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que ordenó al INE emitir acciones afirmativas en el ámbito federal. Inopinadamente el 31 de marzo el presidente del IEEG contestó la nueva petición con un oficio simple reiterando la negativa. Recusamos la respuesta con el JPDC-44/2021 y el TEEG ordenó al Consejo General a dar respuesta, por lo que el 26 de mayo éste emitió su acuerdo CGIEEG/264/2021, porfiando en su negativa.

El 7 de junio presentamos en línea ante el TEEG el JPDC-211/2021, motivo de la respuesta positiva aquí reseñada. Solicitamos que el tribunal vinculara al IEEG y al Congreso del Estado a normar en la materia, a la manera como se hizo antes con la población indígena mediante la sentencia TEEG-JPDC-84/2018 del 15 de agosto de ese año. En esta ocasión el tribunal sólo vinculó al IEEG, pero no al Congreso. Sin embargo, el magistrado presidente Gerardo Arzola presentó un voto concurrente donde explica: “veo conveniente que deba vincularse al órgano legislativo local a fin de que, al igual que el Consejo General del Instituto electoral local, realice sus trabajos, estudios, debates y demás tareas que el proceso legislativo exige para que con plenitud de facultades resuelve si es o no menester emitir legislación respecto al tema que os ocupa de las diputaciones migrantes.”

Los cientos de miles de paisanos que se vieron obligados a emigrar por la necesidad económica, y que aportan más de cuatro mil millones de dólares anuales a las economías domésticas y comunitarias en los municipios de Guanajuato, no tienen derecho a una representación política efectiva a nivel local. La legislación nacional les permite emitir su voto por la presidencia y por los senadores de la república desde 1998. A partir de 2014 en algunos estados pueden votar en la renovación de sus gubernaturas. Pero no así por las autoridades ejecutivas y legislativas locales. En la práctica eso los deja sin representación en el ámbito que más les interesa participar: a nivel de sus distritos, municipios y comunidades.

En la jornada electoral del 6 de junio pasado, los chilangos y jaliscienses en el extranjero pudieron votar por la selección de un diputado específico que los represente. De esta manera los paisanos tendrán una voz en los legislativos locales, resaltando las demandas y aspiraciones de un sector de la población ausente en lo físico, pero no así en la querencia y el compromiso con sus familias y congéneres en su matria.

Dentro de la larga brega por el reconocimiento de la plenitud de los derechos políticos de las poblaciones ausentes esta ha sido una pequeña victoria, pero de gran significación. Son ya treinta años de buscar este objetivo, que se traduce en una ampliación más de los derechos humanos, haciendo posible el principio de progresividad en la construcción de un nuevo concepto de ciudadanía, más inclusiva y global.


viernes, 11 de junio de 2021

Elecciones 2021: todos ganan

Por: © Luis Miguel Rionda ©

Publicado en:
ZonaFranca.mx Milenio León
http://15diario.com/
eslocotidiano.com

El miércoles 9 de junio se realizaron los cómputos distritales y municipales de las elecciones realizadas el domingo 6. El siguiente domingo se verificaron los cómputos estatales en las 15 entidades con elección para gubernaturas.

La buena noticia es que nadie ganó todo ni perdió todo. Pero eso no quiere decir que las cosas se mantuvieron como antes. La polarización discursiva impulsada por la 4T y sus rivales no tuvo efectos disuasivos sobre el electorado: el 52.7% de los mexicanos acudió a votar, lo que fue un récord para unas elecciones intermedias. En 2015 la cifra nacional había sido del 47.7%; en 2009 fue de 44.8% y en 2003 de 41.3%. Aunque vale la pena recordar que, en 1997 –cuando el PRI perdió el control sobre el legislativo– el 57.7% de la lista votó, y en 1991, con padrón electoral nuevecito, lo hizo el 66%. Para un país donde el voto no es obligatorio –formalmente sí lo es, pues lo ordena la Constitución en su artículo 36 fracción III–, es un gran mérito que más de la mitad de sus ciudadanos acudan sin coacción alguna a manifestar sus preferencias políticas. Es un vaso medio lleno.

El gran ganador de este proceso electoral fue sin duda el Instituto Nacional Electoral (INE), así como los organismos electorales locales, todos ellos amenazados de desaparición por los caudillos de la 4T, incluyendo el presidente de la república. Su excelente desempeño técnico despejó esos nubarrones. Los mecanismos de información previa, como el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) y los conteos rápidos, funcionaron a la perfección –excepto en Guerrero y otras entidades con organismos locales muy castigados en lo presupuestal–, y reforzaron la certidumbre y la confianza ciudadanas. Un millón 465 mil ciudadanos colaboraron en las casi 163 mil casillas instaladas en el país. ¡Sólo 32 no pudieron instalarse! Ello por la resistencia de pobladores en comunidades de usos y costumbres, o acosadas por la violencia.

Morena y sus aliados consolidan presencia territorial nacional, al hacerse de once gubernaturas de las quince en disputa. Pero no pudo preservar seis alcaldías clave de la Ciudad de México. Sólo conservó siete de las 16. La coalición Va por México y el partido Movimiento Ciudadano no avanzaron demasiado en la Cámara de Diputados federal, pero se convirtieron en factor real de oposición, que será muy importante para imponer un dique a las pretensiones centralizadoras y radicales del programa de largo plazo de la 4T, que parecían llevar hacia un modelo autoritario basado en una concepción clasista y sectaria del poder público. Las dos coaliciones lograron números cercanos en sus votos: Va por México (PAN, PRI y PRD) sumó 39.7%, y Juntos Haremos Historia (Morena, PT y PVEM) un 42.8%. El resto de los 49 millones 107 mil 9 votos (17.5%) se repartió entre el MC, los tres partidos que no lograron superar el 3% de votación, los nulos y los candidatos no registrados.

El INE sometió a recuento a casi el 60% de los paquetes electorales integrados en las casillas. En 11 de los 300 distritos se fueron a recuento total. Tal vez se exageró, pero sin duda esta medida –agotadora para los consejos distritales– aportó más certidumbre sobre los resultados. El propio presidente López Obrador debió reconocer que estas elecciones fueron libres y justas, “no como antes” (¡!). En Guanajuato, mi estado, fue el caso del distrito 10 de Uriangato.


A nivel local la situación fue variopinta. En Guanajuato, el IEEG estuvo a punto de descarrilar por sus problemas de coordinación de procesos clave como el registro y seguimiento de las candidaturas. Con todo, sus 68 consejos funcionaron bien y sólo tres municipios requirieron recuentos por las pequeñas diferencias en los resultados del primer y segundo lugares: Santiago Maravatío (27 votos del independiente sobre el candidato del PRI-PRD), Huanímaro (271 votos del candidato Verde sobre el de Morena) y Silao (280 votos del candidato de Morena sobre el del PAN). El mapa político se volvió a redefinir, ahora con 18 alternancias en 46 municipios, pero lejos de las 24 alternancias de 2018 y las 33 de 2015.

El PAN pasó de gobernar 25 municipios a 22, pero con trece perdidos y diez ganados, entre ellos cuatro que gobernaba Morena. El PRI se movió de once a diez, ocho ganados en coalición con el PRD. Morena mantuvo Salamanca –su plaza fuerte gracias a los petroleros–, y logró Doctor Mora y el industrial Silao, pero va a dejar de gobernar en Acámbaro, Apaseo el Alto, Comonfort y San José Iturbide. El PRD triunfa en dos municipios que no gobernaba antes: Tierra Blanca y Xichú. Movimiento Ciudadano conquistó Pueblo Nuevo –con la dinastía Solórzano– y Moroleón ¬–con la hija de la candidata asesinada Alma Rosa Barragán–. Nueva Alianza conserva Villagrán. RSP logra Jaral del Progreso y San Diego de la Unión. Y un independiente en Santiago Maravatío.

En cuanto a la constitución de la nueva LXV Legislatura local, según el PREP el PAN confirmó e incluso amplió su carácter hegemónico al ganar 21 de los 22 distritos con el 41.8% de los votos, contra 22.7% de Morena, 10.3% del PRI-PRD, 3.7% del PRI, 4.6% del PVEM y 4.5% de MC. Morena ganó el distrito 14 de Salamanca con el 35.8% de los votos, contra 32.7% del PAN. En el Congreso local el PAN contará con sus 21 diputados de mayoría, sin ninguna posición de representación proporcional (RP). Como segunda fuerza encontrará a Morena con su curul de mayoría y seis de RP. Posiblemente otras cuatro diputaciones se asignarán al PRI, dos al PVEM y dos a MC, para completar las 36 curules. El PAN sumó 800 mil 445 votos del millón 914 mil 182 votos contabilizados en el PREP.

La micropolítica pone en evidencia el mosaico que es en realidad México…


viernes, 4 de junio de 2021

Tres días de paz

Tres días de paz

Por: © Luis Miguel Rionda ©

Publicado en:
ZonaFranca.mx Milenio León
http://15diario.com/
eslocotidiano.com

A partir de las 00:00 horas del jueves 3 de junio entramos al periodo de 72 horas previas a la jornada electoral del domingo 6, que la ley prevé para introducir un ejercicio de reflexión ciudadana sobre las ofertas políticas que se recibieron por parte de candidatos y partidos, para atraer la preferencia que se expresará sobre la boleta electoral. Este “silencio” afecta no sólo a los partidos y candidatos, sino también a los gobiernos, a los medios de comunicación, a las encuestadoras y demás agentes interesados.

Es evidente que este silencio obligado incomoda a los actores de la escena pública, pues la captura de votos mediante la propaganda machacona y vacua basa su éxito en la reiteración de miles de mensajes simplones, imágenes atractivas, bailes salseros y jingles o sonsonetes pegajosos. La política como mercado placero, basada en el show mediático que resalta los envoltorios sobre los contenidos. La candidata o el candidato es el producto perecedero que hay que colocar ante una audiencia a la que se juzga poco demandante y de deseos primarios, nacidos de los impulsos reptilianos que privilegian los sentidos, y se olvidan del pensamiento abstracto, propio del ciudadano con formación política.

Sin duda la norma electoral mexicana es sabia al demandar un espacio de silencio reparador antes de la cita ante las urnas. Puede servir de desintoxicación para nuestro juicio personal, tan vapuleado por los anuncios, las descalificaciones, las mentiras y la violencia verbal. En esto concedo a nuestro modelo electoral el gran mérito de aplacar los ánimos antes de la toma de decisión por parte del sufragista.

En otros países, como en Estados Unidos, Gran Bretaña, Japón y muchos otros, no existe este periodo reflexivo. En la propia jornada, a pie de las casillas o centros de votación, puede uno encontrarse con cuadrillas de partidarios que publicitan a sus favoritos ante electores aún dudosos. Pero eso es posible por la civilidad de sus manifestaciones, y también por la existencia de métodos alternos de votación, como el voto por adelantado –vía postal o electrónica–, el voto en ausencia, el voto desde el extranjero, etcétera.

El clima preelectoral en México se ha convertido en terreno minado por la violencia criminal. El tono fuertemente belicoso de gran parte de las campañas también ha añadido tintes de miedo. Ser candidato o candidata en México es una vocación de alto riesgo, como lo hemos experimentado a lo largo de este proceso electoral. La consultora Integralia contabilizó desde septiembre hasta el 10 de mayo pasado 169 incidentes de violencia política, con 143 víctimas mortales, entre ellos 26 aspirantes a elección popular. El 18 de mayo ya sumaban 32, según la secretaría de Gobernación. Todavía no ocurría el asesinato artero de Alma Barragán en Moroleón el 26 de mayo.

Ante esta sinrazón, esta locura violenta, México hace bien en apagar las estridencias por tres días, con el fin de dar paso al pensamiento. La política se inventó para dar cauce a los conflictos entre los intereses públicos encontrados, y evitar la violencia. Es urgente volver a la racionalidad, y acudir a las urnas en masa, para en ellas expresar nuestra molestia, nuestras cuitas, pero en paz…