Informe autoritario

Por: © Luis Miguel Rionda ©

Publicado en:

El tercer informe presidencial de Andrés Manuel López Obrador fue la nota de la semana. En teoría, este ejercicio de rendición de cuentas debe servir para que el titular del ejecutivo “manifieste el estado general que guarda la administración pública del país” ante el Congreso de la Unión, según el artículo 69 de la constitución mexicana.

Sin embargo, el ejercicio ha perdido sustancia, al menos en su expresión oral —el llamado “mensaje político”—, que hoy parece más una retahíla de post verdades que muy poco aporta a la comprensión de la sustancia del proyecto de gobierno. Este tercer informe reiteró esta tendencia hacia la vacuidad ceremonial, con mensajes dirigidos a la feligresía y a la evangelización de los conversos. La 4T se habló a sí misma, y reiteró un triunfalismo que no se sustenta en los hechos duros de la realidad aviesa.

Comenzó con una declaración lanzada sin anestesia y sin respeto a la sintaxis: “La transformación está en marcha y, aunque es necesario seguir poniendo al descubierto la gran farsa neoliberal y auspiciando el cambio de mentalidad [sic] del pueblo, porque eso es lo más cercano a lo esencial y a lo irreversible [sic].” Me alarma que una administración federal, por más legítima que sea, pretenda auspiciar un “cambio de mentalidad” en sus electores, y que dicho cambio sea “irreversible”. Me pareció evidente el paralelismo con las convicciones autoritarias de las revoluciones radicales que, para mantenerse en el poder, buscan “reeducar” al pueblo, develándole la verdad única, evangélica y salvadora. Recordé la revolución cultural china y su enorme costo humano, los gulag soviéticos y sus lavados de cerebro, la reeducación castrista en la Cuba de los sesenta (“Con la Revolución todo, contra la Revolución nada”), y la educación socialista de Calles en México, definida en su “grito de Guadalajara” del 20 de julio de 1934, cuando afirmó que “debemos entrar y apoderarnos de las conciencias de la niñez, de las conciencias de la juventud, porque son y deben pertenecer a la Revolución.”

“¡Tengan para que aprendan!”, fue el mensaje del presidente hacia el resto de los mexicanos amontonados en las etiquetas presidenciales: fifís, conservadores, neoliberales, aspiracionistas, clasemedieros, hipócritas, vendidos, calderonistas, apátridas, etcétera. Su discurso no fue el de un estadista, sino el de un rijoso e iluminado líder de secta ideológica, más preocupado por afianzar su lugar en la historia y no en el futuro. Reafirmó sus vocaciones estatistas, monopólicas y parroquianas, más propias de su admirado “desarrollo estabilizador” nacionalista de los años cincuenta y sesenta, y el populismo revolucionario de los setenta. Un México que ya no existe en un entorno mundial “post-neoliberal”.

Thomas Piketty explica en su interesante texto El capital del siglo XXI, que hoy día las desigualdades deben ser combatidas mediante políticas fiscales y de desarrollo de alcance global, y no mediante transferencias y subsidios que perpetúan la dependencia.

En cambio, AMLO presumió que “el 70 por ciento de los hogares de México está inscrito en cuando menos un Programa de Bienestar o se beneficia de alguna manera del presupuesto nacional”. Me alarma esta percepción paternalista, que ilustró bien en la mañanera del 29 de abril de 2019 cuando comparó sus programas sociales con la protección a los “animalitos” domésticos, que han perdido su capacidad de alimentarse. 

Una visión miope de caridad cristiana, que busca “la gran satisfacción que produce a cualquier ser humano de buenos sentimientos el llevar a la práctica el principio fundamental del amor al prójimo y el servicio a los semejantes.”

Pero nada es irreversible en la política, sobre todo en democracia. La sabiduría reside en corregir a tiempo los errores de los pretendidos iluminati.

---

Blake, ¿qué pasa?

Por: © Luis Miguel Rionda ©

Publicado en de León.

El deceso del secretario de Gobernación, Francisco Blake Mora, cayó como relámpago en cielo despejado sobre el escenario político nacional. Más que por su intrínseco carácter de suceso lamentable, por la circunstancia pasmosa de ser el segundo titular de esa secretaría en el mismo sexenio presidencial y en con apenas tres años de distancia, casi exactos, entre ambos accidentes aéreos. Es inevitable que los mexicanos racionales nos hagamos preguntas sobre lo que está sucediendo en las altas esferas del país. Las teorías de los accidentes azarosos, siempre aceleradas y voluntariosas, nos hacen levantar la ceja. No podemos evitar sumar dos más dos y sospechar –con ese “sospechosismo” con el que nos caracterizó Creel a los mexicanos— que pudo haber mano negra o al menos ineptitudes detrás de estas desgracias.

A las pocas horas la Presidencia de la República, por voz de mi querida amiga Alejandra Sota Mirafuentes –a quien lamento verle pasar por estos tristes deberes-, emitía un comunicado donde no se cerraba a posibilidad alguna: “En este momento se están evaluando todas las posibles causas que hayan propiciado este muy lamentable incidente. Por respeto a las víctimas y a sus familiares, el Gobierno Federal agradecerá a la opinión pública que sean las investigaciones correspondientes por las autoridades las que clarifiquen estos lamentables hechos.” Muy bien, pero apenas cuatro días después la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, por voz de su trémulo secretario, ya afirmaba que se trató de un “accidente” provocado por la densidad de la niebla y la baja altura. Puede consultarse la conferencia de prensa en esta dirección electrónica: sct.gob.mx/uploads/media/SCT-Conferencia_de_prensa_151111.pdf 

 Nótese que se empleó en diez ocasiones el término “accidente” y sólo en una el concepto “incidente”, correctamente preferido por la Presidencia.

Por supuesto, yo no estoy calificado para desmentir a los técnicos que dieron argumentos a esta versión. Pero sí tengo algunas entendederas y las mismas se niegan a concebir la posibilidad de que un helicóptero en perfecto estado mecánico –según los mismos reportes—, con los mejores pilotos del país, y dotado de la mejor tecnología de geolocalización –altímetros, radares, GPS y demás— pueda chocar de frente contra una ladera chaparra, casi despejada de vegetación y a apenas tres mil metros sobre el nivel del mar. La tecnología moderna permite conducir esos aparatos “por instrumentos”, además de que suelen ascender a alturas muy seguras para evitar cualquier riesgo innecesario. Sencillamente no lo entiendo.

No abogo por ninguna teoría de la conspiración, pero sí me molesta la premura con la que las autoridades responsabilizadas de las comunicaciones del país, y las que tienen el deber de cuidar de la seguridad personal del gabinete presidencial, emitieron hipótesis en las que por casualidad nunca hay responsabilidades de ningún tipo: todo es perfecto, todos hicieron lo debido, nadie metió la pata. Me voy a permitir citarme a mí mismo, en un artículo que publiqué a pocos días del “accidente” de Juan Camilo Mouriño, hace tres años (“Bajas de guerra”, Correo, 7/11/2008):

“Por supuesto que todos pensamos de inmediato en que se trataba de un evidente ataque de los criminales que han mantenido en jaque al Estado mexicano desde hace casi dos años. Me imaginé que los embates de Morelia y este ‘atentado’ estaban relacionados. También quise ver algún vínculo entre este suceso y la muerte del exsecretario de Seguridad Pública, Ramón Martín Huerta, sacrificado en circunstancias que se parecen en demasía a las que ahora vemos. Ni modo: los mexicanos somos asiduos creyentes en las conspiraciones. Pero no se nos puede culpar porque un ligero vistazo a la historia nacional nos exhibe múltiples ejemplos de ‘accidentes’ que resultaron demasiado convenientes para algún actor político o social interesado. Como somos herederos de una larga travesía de impunidades y sucesos nunca clarificados a cabalidad, no es inexplicable que nos prestemos a las teorías más arcanas sobre maquinaciones y confabulaciones que se esconden detrás de los sucesos de alto impacto.”

“Conforme se han dado a conocer más detalles [del avionazo de Mouriño], parecería afianzarse la hipótesis del accidente. Sin embargo, el propio presidente Calderón en su mensaje del martes [4 de noviembre de 2008] fue en extremo cuidadoso en la selección de los términos con los que se refirió al suceso: ‘desgracia’, ‘percance’ y otros que transparentaron su voluntad de no eliminar ninguna alternativa, incluida la del atentado. Fue el secretario Luis Téllez el primero en referirse al hecho como un ‘accidente’, apenas un día después del mismo.”

Pregunto ahora: ¿Son coincidencias?

Apenas el 4 de noviembre el secretario de Gobernación había participado en las exequias del asesinado alcalde de La Piedad, y se conmovió hasta las lágrimas al abrazar al más pequeño de los huérfanos que dejó el joven munícipe Ricardo Guzmán. Así lo declaró el encargado de despacho, Juan Marcos Gutiérrez, al periódico tijuanense El Mexicano (Nota “Temía Blake morir y dejar a sus hijos”, 17/11/2011).

Da mucha tristeza ver cegada la vida de jóvenes como Blake, Mouriño y Martín Huerta, sin que sus muertes sirvan de algo, ni siquiera para que el gobierno mexicano reconozca que posee una pésima flotilla aérea, que refleja el mal estado generalizado de las cosas públicas en el país.

---

Mensaje agorero

Por: © Luis Miguel Rionda ©

Publicado en de León, y en Gurú político.

El lunes pasado el presidente Calderón hizo publicar una larga declaración, al parecer de su propio puño, sobre sus razones para justificar el mantenimiento de la sangrienta “guerra” contra el crimen organizado. Al otro día se trasmitió un mensaje a la Nación por los medios electrónicos. Ambos me mueven a las siguientes reflexiones:



El presidente está obnubilado. No acepta voltear a ver otra opción diferente que la del enfrentamiento armado, a pesar de los más de 22 mil cadáveres de ciudadanos mexicanos que se han acumulado. Pronto representarán a la mitad de los soldados norteamericanos caídos en una guerra de verdad, de enorme crueldad, como fue la de Vietnam. Acusa a sus críticos de defender la idea de rendirse ente el hampa, y dejarle el campo libre. Creo que el presidente se equivoca: los más serios analistas que han criticado su estrategia no han propuesto tal cosa, sino que se analicen estrategias alternas, desde la posible legalización parcial hasta el combate cibernético e inteligente a los hampones financieros que lavan los capitales de los capos tanto en México como en Estados Unidos. Hay que pegarles donde les duele, no donde están blindados por el hambre de sus mesnadas.
El presidente está obcecado. El tono autoritario y grandilocuente que empleó en la televisión lo mostró más necio que inteligente. Justifica con los mismos argumentos de hace tres años y medio una decisión que el sentido común aconsejaría reevaluar. El ejército, la marina y las policías federales fueron lanzados sin un plan estratégico a combatir un monstruo de humo, que goza de las ventajas de la guerrilla junto con las del poder económico de sus dólares y el poder político que han sabido comprar. Las evidencias de que incluso la secretaría federal de Seguridad Pública ha sido infiltrada han circulado en los medios, y lo han hecho más profusamente las pruebas en contra de las policías de diferentes ámbitos. Nada puede detener a los cañonazos de cincuenta mil pesos… mensuales.
El presidente está desesperado. Se le oyó con voz angustiada, temblorosa y quebrada por los nervios. ¿Confiará en sus allegados? ¿Realmente ignora los señalamientos de posible corrupción en los mandos mayores de la SSP? Con un secretario que se hace construir una casa de 15 millones de pesos, yo tendría mis resquemores. ¿Seguirá confiando en el ejército y sus mandos superiores? ¿Por qué ha cobrado tanto protagonismo la Marina y sus fuerzas especiales y de inteligencia? ¿Son más confiables? Y si es así, ¿podemos temer que sean el último reducto de la confianza presidencial? ¿Por qué emboscaron tan fácilmente a la Policía Federal en Zitácuaro? La respuesta obvia es que sigue habiendo filtraciones desde el interior de las corporaciones.
El presidente pide auxilio a los mexicanos. Y es que no encuentra más de quién echar mano. Pero los mexicanos estamos hartos de la violencia, la inseguridad y la corrupción policiaca. Mientras que el Estado se desvanece en las calles de nuestras ciudades, el crimen cobra presencia efectiva, y es capaz de tomar pueblos y regiones enteras para aislarlas del territorio nacional. Ahí está Oaxaca y la zona Triqui, donde el asesinato es cotidiano e impune. Los periodistas siguen padeciendo la desprotección de un Estado que no se atreve a tocar ciertos espacios.
El presidente se siente incomprendido. Y me temo que pronto se sentirá víctima de la ingratitud de sus gobernados, al estilo Salinas de Gortari. Reitera demasiado cómo sus antecesores, incluido su exjefe Fox, permitieron que el problema creciera hasta hacerse incontrolable. Nos recuerda que él tomó una decisión histórica y responsable, y que nos advirtió que costaría tiempo, recursos y vidas humanas -tal vez quiso emular a Winston Churchill cuando, ante la guerra, le prometió a su pueblo “sangre, sudor y lágrimas”-. Pero muchos mexicanos creemos que la inseguridad sólo ha empeorado, en perjuicio del ciudadano inocente, y que la crisis económica que no termina de superar nuestro país le garantiza a los capos miles, tal vez millones de posibles nuevos reclutas, dispuestos a matar, a asaltar y a traficar por sólo un par de miles de pesos a la semana.
El mensaje no nos dio esperanzas. Nos volvió a anunciar lo mismo que en enero de 2007, y eso es desesperante. Insiste en que el sacrificio nos toca a los mexicanos, pero no menciona nunca a los gringos consumidores de drogas, lavadores de dinero y traficantes de armas de alto poder. La lucha sólo se librará en México. Y en los Estados Unidos sólo seguirán las tímidas redadas sobre ínfimos traficantes de esquina. La guerra también les debería costar muertos a ellos. Al cabo que ya están acostumbrados a sacrificar a sus jóvenes en guerras sin sentido.

---

Universidades bajo asedio

Por: © Luis Miguel Rionda ©

Publicado en el de Guanajuato, y en 15Diario de Monterrey.

La educación superior en México, tanto pública como privada, atraviesa por una situación esquizofrénica, en particular en lo relacionado con su vínculo con el Estado. Me explico: existen abundantes estudios de gran calidad, generados por instancias como la UNESCO, el Banco Mundial o la OCDE, que han puesto en evidencia el enorme poder que tienen como catalizadores del desarrollo la educación superior y la innovación científica. Esto no es un misterio, ni se pone en duda cuando se debaten las causas de nuestra postración económica desde hace 30 años. El gobierno mexicano lo reconoce en el discurso, pero cuando se trata de evidenciarlo con recursos, se muestra reticente y avaro. La iniciativa de presupuesto de egresos que envió el presidente Calderón prevía un recorte de 6.2% al presupuesto de las universidades públicas. Como más del 85% del gasto de esas instituciones se compone de gasto no programable –salarios y prestaciones-, ese recorte significaría en los hechos un decremento de dos quintos de su gasto de inversión en infraestructura, nuevos proyectos, capacitación, extensión y muchos otros ámbitos de acción y crecimiento. Hubiera sido un recorte no limitado a la grasa, sino que llegaría al hueso.
Por su parte las instituciones privadas enfrentan una retracción en la demanda de educación superior que se inició hace más de diez años. Todas esas universidades han debido competir en condiciones desfavorables, debido a la crisis económica y la restricción de la capacidad de las familias de clase media. En términos reales, sus colegiaturas se han congelado, si no es que disminuido. Por ejemplo el Tec de Monterrey ofrece convenientes planes de crédito, no conocidos hace poco tiempo. El gobierno no tiene un programa efectivo de estímulo a la oferta privada, más que el de ahogar a la oferta pública.
Lo contradictorio de la actitud oficial ha sometido a las instituciones a una dinámica perversa: por un lado se impone la necesidad de expandir la oferta para retener a una creciente población de jóvenes adultos que podrán demandar acceso un mercado de trabajo deprimido; pero por otra se restringen los apoyos financieros y humanos, además de someter a la comunidad académica nacional a un esquema de evaluación brutal y desconsiderada, basada en la convicción de que los educadores son inevitablemente deshonestos.
El Estado mexicano ha renunciado a la posibilidad de impulsar con decisión la formación de recursos humanos de alta calidad. Se ha impuesto la lógica elemental de las “ventajas comparativas”, que reconoce competitividad en la oferta de mano de obra barata con bajísima calificación. Así se evidencia en la política de atracción de maquiladoras e industrias golondrina.
Afortunadamente los diputados y senadores evitaron la sinrazón del recorte a las universidades, y restituyeron casi en su totalidad el presupuesto necesario para que la educación superior pública pueda mantener o incrementar sus estándares. Pero la intentona puso en evidencia que nuestros políticos carecen de visión de largo plazo, y que sólo reaccionan a las exigencias de lo contingente. Lástima.

---

Más impuestos ¿a cambio de...?

Por: © Luis Miguel Rionda ©

Publicado en de León.

¿Cómo evitar dar una opinión sobre la “reforma fiscal” en curso? No es posible hacerlo, sencillamente porque todos los mexicanos vamos a ser afectados de manera directa -en el sector formal- o indirecta -los que medran en la informalidad-. En lo personal soy un asalariado, un profesor universitario cuyos ingresos son usualmente fijos, aunque eventualmente soy contratado por honorarios como profesionista liberal. Por ello soy parte del sector “cautivo”, clasemediero, que es el que efectivamente paga impuestos y derechos al Estado. Formo parte de los 14.6 millones de asalariados que, junto con los 9 millones de personas físicas con actividad independiente y las 800 mil personas morales, formamos la base de contribuyentes del país, según el SAT (Notimex, 2 de septiembre pasado).
En 2008 los contribuyentes mexicanos aportamos 1.2 billones de pesos a las finanzas públicas federales, que sumados a los ingresos petroleros y a los derechos, productos y aprovechamientos, representaron un ingreso de 2.05 billones de pesos. Un tercio del mismo fue de origen petrolero (Política de ingresos 2008, SHCP). Si el PIB nacional de 2008 fue de 9 billones de pesos, quiere decir que se recaudó por impuestos a los contribuyentes apenas un 13.3% del PIB. Somos el país de la OCDE que menos recauda en proporción a su PIB. ¿Para qué hacerlo, si desde 1978 gozamos del cuerno de la abundancia petrolero?
La petrolización de los ingresos públicos ha tenido el efecto nefasto de hacer negligente al Estado para recolectar impuestos. En adición, el sector informal de la economía ha sido estimulado por las diferentes crisis, además de que sigue siendo muy complicado ingresar a la formalidad ya sea con actividad empresarial o como trabajador independiente. Cualquiera que haya presentado su declaración de impuestos sabe, sabemos, que el procedimiento es tan complicado que es obligado contratar a un contador, quien además debe actualizarse cada año por los constantes cambios en la miscelánea.
Según Milenio diario del 24 de mayo pasado, citando un informe del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados, el sector informal representa un volumen de 12.1 millones de mexicanos, quienes sólo pagan impuestos al consumo pero no al ingreso. Ese montón de informales -comerciantes ambulantes, jornaleros, migrantes, videopiratas, taxistas, narcos, changarreros, sexoservidoras y demás- equivalen al 5.06% de la Población Económicamente Activa (PEA), integrada por los trabajadores de 14 años o más.
Una reforma fiscal demandaría integrar a esos informales a la base gravable mediante mecanismos que hicieran atractivo darse de alta con Lolita. Eso mediante una estrategia que diera seguridad jurídica y personal a estos “micro emprendedores” y a los trabajadores a destajo o por jornal. Por supuesto habría que basarse en pocos impuestos de carácter universal, focalizados en grabar el ingreso y el consumo de manera perfectamente proporcional, y con un esquema sencillo para su pago y eventual deducción.
Lo que me parece escandaloso es que mantengamos la situación actual, llena de excepciones, omisiones y exenciones, con un esquema tributario enmarañado y por lo mismo fácilmente evadible si se cuenta con abogados fiscalistas o contadores colmilludos que le den la vuelta a la tortilla en favor del potentado que les pague sus jugosos emolumentos. Es terrible que se mantenga el trato preferencial a los grandes consorcios nacionales y extranjeros, que no sólo pueden hacer uso del crédito fiscal a 10 ó 12 años, sino también de múltiples deducciones que les permiten pagar cifras ridículas al fisco. Un día sí y otro también nos enteramos en la prensa de cómo Hacienda pierde juicios y amparos frente a los grandes potentados, a quienes con regularidad les reintegra millonadas.
He calculado con base en mis declaraciones fiscales y mis cuentas hogareñas que cada año pago más de la mitad de mis ingresos en impuestos por ingresos y por consumo. Parecería que habito en Noruega o en Dinamarca, donde el Estado benefactor retiene esa proporción, pero que la reintegra en servicios públicos de gran calidad. Pero en México pagamos por un gobierno ineficaz, ausente en el momento en que somos asaltados o secuestrados, que otorga una educación de nivel “Gordillo” y un servicio de salud carente de medicamentos. ¿Por qué entonces pagar más impuestos? Les pregunto a los senadores.

---

Varas diferentes

Por: © Luis Miguel Rionda ©

Publicado en de León, y reproducido en CEIPOL.

La liquidación de la empresa estatal Luz y Fuerza del Centro ha trastornado de forma radical la agenda de los asuntos a debate en la conducción del desarrollo nacional. El gran asunto de la política coyuntural debería ser el del presupuesto público de ingresos y egresos del año próximo, pues de ello depende la velocidad y efectividad en la salida de la crisis económica que, contra todo lo dicho por los personeros del gobierno federal, nos ha pegado como a pocos países. El haber iniciado un frente de conflicto adicional al del actual debate parece responder a un deseo de distraer a la opinión pública. La negativa de “toma de nota” de la Secretaría del Trabajo, con su belicoso y locuaz secretario al frente, al liderazgo del Sindicato Mexicano de Electricistas, pareció en un principio un asunto que no tenía sentido en un momento en que se requería convocar a grandes acuerdos en torno a las estrategias económicas globales. Sin embargo pronto se evidenció que existía un plan largamente premeditado en el asunto. No se trataba de descabezar o dinamitar un liderazgo sindical acusado de corrupto y sin duda cercano a los patricios de la izquierda nacional. La estrategia iba más allá: estaba dirigida a desmontar una empresa terriblemente ineficiente y que con sus cedazos presupuestales se había convertido en la fuente de financiamiento más importante de los movimientos contestatarios y sus mesías iluminados.
El operativo fue implementado con una eficacia inquietante. Se escogió con sospechosa puntería el día, la hora, los espacios y las circunstancias. El sindicato no se había preparado realmente para una posible toma de sus instalaciones, cuando existían muchos elementos que permitían sospechar la inminencia de una posible requisa o apropiación. La policía federal, que con regularidad se ve rebasada o sorprendida por el crimen organizado, se mostró cruelmente eficaz ante trabajadores adormilados y algunos incluso bebidos luego del festejo del triunfo futbolero. Ojalá viéramos estos desplantes contra las fortalezas de los capos, y en los espacios de nuestra geografía que están fuera del control del Estado mexicano.
Por supuesto que el SME y sus usos y costumbres eran indefendibles, incluso para la izquierda honesta. Pero lo que vimos fue una blitzkrieg avasallante que dejó en el suelo y sin empleo a 66 mil jefes de familia. Podemos transigir en que era urgente poner orden en el sistema energético de la zona centro del país, y tapar la fuga milmillonaria que representaba para un erario depauperado el sostenimiento de una casta divina y sus subsidios para las movilizaciones de izquierda. Pero ¿por qué comenzaron con el SME? Un derrame financiero mayor se hubiera podido tapar declarando la quiebra de PEMEX y su necesaria requisa, defenestrando al SNTPRM con todo y sus líderes-jeques. O bien ejecutando una medida drástica contra el charrismo en la SEP, donde se sigue comerciando con las plazas y las promociones, y los líderes se proveen de Hummers que luego, si los ventanean, rifan. Se me antoja sospechar una razón para ello: el sindicato petrolero es aliado histórico del PRI y coquetea con el PAN, y el sindicato magisterial se ha convertido en el soporte imprescindible del PAN, gracias a doña Elba Esther y sus prosélitos enquistados en las filas de la SEP y el gobierno federal.
Había que poner orden. Pero eso sí: que se haga la voluntad del presidente en los bueyes de mi compadre.
---
Y termino con una nota personal de protesta en contra de la irrupción de elementos del ejército en la comunidad de Lebaron, de los mormones de Chihuahua. Tres soldados embozados y vestidos de civil irrumpieron en una celebración familiar. Los mormones, que ya habían anunciado su voluntad de defenderse, lo hicieron ante la evidente agresión armada por parte de desconocidos que no se identificaron. Hubo un militar muerto y ahora se acusa a varios miembros de esta expacífica secta de asesinato. ¿Qué nos pasa?

---

No aprendemos

Por: © Luis Miguel Rionda ©

Publicado en de León.
También en 15Diario, cotidiano electrónico.

Desde que la crisis global nos regresó a nuestra cruel realidad de subdesarrollo fiscal, el gobierno mexicano se mantiene sumergido en una paranoia presupuestal que ha contaminado la atención a cuestiones de mayor importancia. No es raro, ya que para atender cualquier prioridad se debe contar con el recurso suficiente. Una de esas cuestiones nodales es la educación, y muy en particular la educación superior y la investigación científica. Mal que bien, los mexicanos contamos ya con un promedio de entre ocho y nueve grados de educación, lo que quiere decir que el ámbito básico de la instrucción está atendido, más o menos. Pero debido a la transición demográfica por la que atravesamos desde hace una década, hoy día la presión de la demanda está sobre la educación media superior -la preparatoria pues- y la superior.
Cientos de miles de jóvenes aspiran cada año a ingresar a estos servicios educativos, y un enorme porcentaje queda fuera, al menos de la oferta pública. Es por ello que en estos años recientes hemos presenciado un auténtico boom de la educación privada, concretada en liceos y universidades particulares que por el afán de captar a estos miles de clientes potenciales, han expandido sus capacidades a costa de disminuir la calidad. Es el fenómeno de las universidades “patito” y los institutos-hongo, que pululan en cocheras, casas habitación acondicionadas y cualquier espacio donde se pueda abrir un “plantel”.
El Estado mexicano ha exhibido dos caras contradictorias frente al problema: por un lado impulsa a las universidades e institutos públicos -excepto los macrocefálicos- a expandir su oferta, seduciéndolos con la promesa de apoyos y financiamientos. Pero por otra parte ante las incidencias económicas se aplican políticas restrictivas de presupuesto a las mismas universidades, como vemos hoy día. El secretario Alonso Lujambio, académico y universitario de vocación, tuvo que anunciar para este año un 1% de recorte, que para un conjunto de instituciones que dedican más de un 90% de su presupuesto a gasto corriente y etiquetado significa una enormidad: un décimo de su gasto programable, ese que permite expandir la oferta, abrir nuevos programas, realizar investigación, hacerse de infraestructura, etcétera.
Se sabe que en el proyecto de presupuesto federal 2010 que presentó el presidente Calderón se prevé un recorte adicional de 6.2% al gasto en educación superior e investigación científica. Esa proporción llega al hueso: significará detener de plano los proyectos de crecimiento en cantidad y en calidad dentro del sector. Habrá que dejar para mejores tiempos la posibilidad de que nuestro país forme más capital humano de alto registro, a la manera como lo hacen naciones en desarrollo como la India, China, Corea, Brasil o Chile, que invierten en educación superior e investigación cantidades sustanciales que les han permitido convertirse en potencias tecnológicas. La India exporta ingenieros, China está por lanzar su primera expedición tripulada a la luna, Corea lidera la creatividad mundial en electrónicos y automotores, Brasil exporta aviones civiles y de guerra de alta tecnología, Chile cuenta con la clase media más ilustrada del continente gracias a uno de los mejores sistemas educativos del mundo.
Mientras tanto el gobierno mexicano le dice a la mejor universidad de habla hispana del mundo, la UNAM, que se ajuste el cinturón. Insinúa que las universidades públicas son dispendiosas, en contraste con las privadas –recordemos que Calderón se formó en la Libre de Derecho-. Por ello la administración ha mantenido una dificultosa relación con la ANUIES. Hace unos meses recurrió al chantaje y les recordó las universidades que les había apoyado con 600 millones de pesos para cumplir sus obligaciones fiscales. No producen, están politizadas y pagan demasiado a sus profesores y trabajadores, dicen en la presidencia.
No pongo en duda que en muchas universidades públicas existen problemas de eficiencia y calidad. Precisamente esos problemas deben ser atendidos mediante el reforzamiento financiero de los mecanismos de estímulo institucional, como los programas emprendidos por la SEP y el CONACyT en los últimos tres lustros: PROMEP, PIFI, PNPC, Fondos Mixtos, etcétera. No hay mejor inversión que en educación básica y superior, así como en investigación científica, como han puesto en evidencia los estudios comparativos disponibles sobre la vinculación desarrollo-educación. México se prepara para volver a echarse atrás en este ámbito, y mantenernos así en el sótano del capital humano. Seguiremos siendo un país de maquila, ignorancia y migración.

---

El parto de los montes

El parto de los montes

Por: © Luis Miguel Rionda ©

Publicado en de León.

Hace una semana el “informe” presidencial despertó múltiples expectativas y comentarios. El tono empleado por el presidente Calderón pareció anunciar un violento golpe de timón que buscaría rescatar lo que queda de su sexenio para afianzar -o apenas definir- el aporte de su gestión al futuro del país. La aparente preocupación no era para menos: aunque el actual presidente se esforzó durante el arranque de su gobierno por diferenciarse de su antecesor en cuanto a capacidad de decisión y sentido de responsabilidad histórica, el tiempo corrió e hizo lo suyo. Hemos llegado a la mitad del periodo sin cosechar aún un mínimo beneficio de las batallas calderonistas. No se ha derrotado al crimen organizado, a pesar de haber lanzado al ejército en su combate; ni tampoco se han generado los empleos y las oportunidades de desarrollo que se prometieron. La administración no ha logrado definir cuál será el aporte que la distinguirá de sus antecesores, y la ubicará en los libros de historia. Seguimos en el nivel de la buena voluntad, pero todavía no llegamos al terreno de los logros. Para colmo, la crisis “importada” -desde que tengo memoria todas las crisis de nuestro país son endosadas al exterior- ha complicado de manera impresionante el escenario y estrechado los márgenes de acción del gobierno federal.
En fin, que ha pasado una semana luego de los grandilocuentes anuncios de Palacio Nacional y apenas el miércoles se dieron a conocer los primeros hechos concretos: el despido de tres secretarios de estado -uno de ellos renunciante desde hacía meses-, y las iniciativas dentro del plan de ingreso-gasto para el año próximo. En teoría estas medidas ayudarán a sacar al sector público del profundo hoyo en el que se encuentra sumergido desde que los “veneros del petróleo” nos los escrituró el diablo. Tres décadas de bonanza petrolera nos heredaron un gobierno obeso, holgazán, comodino e ineficaz para garantizar el estado de derecho y el desarrollo sustentable.
La desaparición de las secretarías de estado sólo es una medida simbólica. Escuché a Mario di Constanzo afirmar que esto representa un ahorro de alrededor del 6% del gasto federal, pero sin considerar las liquidaciones que por ley deberán emitirse a favor de trabajadores y funcionarios despedidos. Opino yo que se ahorraría mucho más si se aplicara un programa serio de racionalización y moralización del gasto en la SEP y en PEMEX.
Varios organismos del sector público están en quiebra técnica y por lo mismo demandan subsidios enormes. Es el caso del IMSS, el ISSSTE, Luz y Fuerza del Centro, el propio PEMEX, y otros más. Por ejemplo, la SEP es un barril sin fondo donde los recursos se pierden en la enormidad de la estructura, la corrupción sindical, en el salario de casi dos millones de plazas que no siempre se abocan a la enseñanza, y en proyectos faraónicos como el de Enciclomedia. Casi todas las secretarías y organismos descentralizados o autónomos tienen 32 ó más delegaciones estatales. Cientos de miles de burócratas dependen del gasto federal. México tiene un Estado caro y desproporcionado en razón de las capacidades, aunque no en cuanto a las necesidades, que no son adecuadamente atendidas por el enorme aparato gubernamental. Por ejemplo, un cuarto de millón de policías municipales, estatales y federales no sirven de nada para garantizar la seguridad pública. Hubo que involucrar a los 150 mil soldados del ejército y la armada para medio cubrir esa necesidad. Y ni así.
Las medidas tomadas por el presidente Calderón dan la impresión de ser un parto de los montes: espectaculares y vacuas. Sustituyó a funcionarios por su aparente incapacidad y metió a otros que anuncian ser peores. Se confirma que el equipo presidencial ha sido seleccionado en función a la amistad y no a la capacidad. En cuanto a la materia fiscal y económica a la administración sólo se le ocurrió incrementar los impuestos sobre la misma base tributaria. Los que siempre hemos pagado impuestos pagaremos aún más. Los que no pagan seguirán disfrutando de la informalidad de nuestra economía.
Así no saldremos nunca de la crisis por nuestros medios. Parece ser que el equipo económico presidencial sólo espera que la locomotora norteamericana se recupere y que nos jale fuera del hoyo, pues los problemas estructurales de nuestro país parecen ser irresolubles. Al menos para ellos.

---

Alonso: el bello y la bestia

Lo conocí en septiembre de 1996, durante el primer Congreso Nacional de Ciencia Política. Me inscribí al evento motivado por el deseo de analizar y compartir la experiencia guanajuatense en torno a los gobiernos de Carlos Medina y Vicente Fox, a quienes les había tocado la suerte –buena o mala- de compartir el poder con una mayoría parlamentaria de diferente signo partidista. Me tocó participar en una mesa de trabajo que tenía como tema el desempeño del poder legislativo en las entidades del país. El coordinador era Alonso, quien me pareció un joven académico talentoso, pero sencillo y afable. Él tenía 34 años de edad, y era candidato a doctor por la Universidad de Yale. Yo tenía 36 y desarrollaba mi doctorado en el CIESAS en Guadalajara.
Poco después me llamó para invitarme a participar en un libro colectivo que él estaba armando para ser publicado por el Colegio, la UAM y el IFE. Sería dedicado al tema de los “gobiernos divididos” que se comenzaban a presentar en el país, que junto con Guanajuato incluían a Baja California, Baja California Sur, Chihuahua y Aguascalientes. Consistiría en cinco ensayos sobre estos casos estatales y una introducción analítica a cargo de Alonso. Un “gobierno dividido” acontece cuando el poder ejecutivo es detentado por un militante de signo partidista diferente al de la mayoría del congreso. Si recuerdan, tanto Medina como Fox convivieron con legislaturas con mayoría priísta hasta 1997. En Guanajuato, a pesar de las eventuales radicalizaciones de ambos poderes en torno a asuntos como el de la reforma electoral, se pudo construir un esquema de convivencia que permitió avances sustantivos en temas como el fiscal, el del desarrollo económico, el educativo, etcétera. Consulta el texto que publiqué.
En noviembre de 1996 Alonso fue nombrado consejero general del IFE. Yo continué trabajando sobre los temas electorales, y en 1999 volví a contactarlo, ahora con motivo de haber sido yo propuesto por Woldenberg para ocupar una consejería local del IFE en Guanajuato. Nuevamente se mostró gentil y me deparó su apoyo. En nuestros encuentros de consejeros del IFE siempre lo busqué para saludarlo y charlar un poco. No sólo es un gran conocedor de la materia política, sino también un gran ser humano.
Formó parte de la mejor generación de consejeros generales del IFE. A su salida se reintegró a su base académica en el ITAM, pero no por mucho tiempo: no me sorprendió que lo convocaran a conducir el IFAI, donde hizo un excelente papel.
Cuando supe de su nombramiento al frente de la SEP me extrañé porque la educación no es su área, pero luego entendí que hoy se requiere de un negociador fino como Alonso. De seguro sabrá seducir a “la maestra” con sus modales y su porte. Es como establecer la clásica dicotomía entre “el bello y la bestia”. Yo por lo pronto le deseo la mejor de las suertes.

Bajas de guerra

Los lamentables fallecimientos del joven secretario de gobernación, Juan Camilo Mouriño; el recién estrenado secretario Técnico de la Comisión de la Reforma Penal, José Luis Santiago Vasconcelos, y los otros funcionarios y trabajadores de la Secretaría de Gobernación, ha significado un shock que será difícil de asimilar para la sociedad mexicana. Cuando oí la noticia de la voz de mi esposa, me encontraba concentrado en la elaboración de un informe urgente. No dí crédito: me sentí pasmado y opté por abandonar el informe. Encendí la radio y para mi asombro se confirmó lo que en un primer momento creí que era un posible rumor. Estoy seguro de que esa misma sensación fue la que experimentamos muchos de los mexicanos que nos manteníamos informados sobre las urgencias que atendía esa secretaría, sobre todo en materia de seguridad, pues se acercaba el plazo perentorio marcado por el gobierno federal para reportar avances sustantivos en el combate a la delincuencia organizada.
Por supuesto que todos pensamos de inmediato en que se trataba de un evidente ataque de los criminales que han mantenido en jaque al Estado mexicano desde hace casi dos años. Me imaginé que los embates de Morelia y este “atentado” estaban relacionados. También quise ver algún vínculo entre este suceso y la muerte del exsecretario de Seguridad Pública, Ramón Martín Huerta, sacrificado en circunstancias que se parecen en demasía a las que ahora vemos. Ni modo: los mexicanos somos asiduos creyentes en las conspiraciones. Pero no se nos puede culpar porque un ligero vistazo a la historia nacional nos exhibe múltiples ejemplos de “accidentes” que resultaron demasiado convenientes para algún actor político o social interesado. Como somos herederos de una larga travesía de impunidades y sucesos nunca clarificados a cabalidad, no es inexplicable que nos prestemos a las teorías más arcanas sobre maquinaciones y confabulaciones que se esconden detrás de los sucesos de alto impacto.
Conforme se han dado a conocer más detalles, parecería afianzarse la hipótesis del accidente. Sin embargo, el propio presidente Calderón en su mensaje del martes fue en extremo cuidadoso en la selección de los términos con los que se refirió al suceso: “desgracia”, “percance” y otros que transparentaron su voluntad de no eliminar ninguna alternativa, incluida la del atentado. Fue el secretario Luis Téllez el primero en referirse al hecho como un “accidente”, apenas un día después del mismo.
Al escuchar la grabación que compartió el secretario de Comunicaciones con el público nacional, llama mucho la atención que los pilotos no reportaran emergencia alguna. Me parece que ese es un primer indicio de que el evento tuvo un desenlace abrupto, instantáneo y posiblemente provocado. No es creíble que un avión moderno, con 10 años de uso, se venga abajo así nomás. No había mal tiempo, ni vientos, ni obstáculos a la visibilidad. Se nos ha informado que el avión se encontraba dando el último viraje para atacar una pista del aeropuerto de la ciudad de México, y que estaba cumpliendo estrictamente las instrucciones del personal controlador de vuelos. ¿Entonces qué pasó?
Mi temor es que pronto se aduzca la explicación más facilona en estos casos: “fue un error humano”, nos dirán. Es decir, que el piloto se confundió, se norteó, se ofuscó, o tal vez estornudó sobre los controles y desquició el sistema electrónico. Con la tecnología que cargan esos jets modernos, dudo mucho que el elemento humano sea causa fundamental de estos “accidentes”. O bien dirán que fue un error en el mantenimiento, que un mecánico olvidó apretar la tuerca fundamental del sistema de viraje de las alas, y a lo mejor por eso “se reventó el chicote” que las controla. No me estoy pitorreando: lo digo en serio. Tengo la sospecha de que se nos dará una explicación absurda, pues de lo que se trata es de atajar los rumores y preservar la imagen de los altos funcionarios como intocables para el crimen organizado.
Al mismo tiempo, a diario conocemos de la acumulación de asesinatos de servidores públicos de menor nivel relacionados con la seguridad pública: directores, comandantes, agentes, que son masacrados por pistoleros armados hasta con lanzagranadas. Ellos reciben una muerte menos glamorosa, pero igual de deplorable e injusta. Es posible que las muertes de aquéllos funcionarios no se sumen a la enorme lista de bajas en esta guerra, pero no puedo dejar de pensar que ellos también fueron sacrificados en batalla.

Educación en crisis

Cuando en 1985 me involucré con la problemática educativa de nuestro estado, y por ende del país, ya se hablaba con insistencia de la necesidad de reformar a fondo todo el sector, pues para nadie era secreto que todos los índices de calidad apuntaban a una situación dramática que explicaba por qué nuestro país no avanzaba en los ámbitos social, económico y político. En los ochentas, con Jonguitud en el sindicato, con Reyes Heroles en la SEP, y con un sinfín de lastres de carácter político y burocrático, se percibía ya la magnitud del desastre educativo nacional. Para enfrentarlo se inventó la “Revolución Educativa” que resolvería el problema y legaría una educación de primera a las generaciones por venir. Al menos eso presumían los inefables documentos programáticos que le dieron cuerpo. No fue así: no hubo revolución ni tampoco evolución. Corrieron al talentoso pero chocho Reyes Heroles y lo siguió el gris Miguel González Avelar, quien tampoco dio pie con bola y el sexenio delamadridista se fue con más pena que gloria en este campo. Para colmo, le tocó lidiar con la movilización magisterial más virulenta de las últimas décadas, por lo que debió hacer más concesiones al poderoso sindicato.
La subcultura política nacional, producto de una educación autoritaria y anacrónica, se evidenció con el bochorno electoral de 1988, perpetrado por el hoy demócrata Manuel Bartlett, a quien se premió entonces con la regencia de la SEP, la secretaría con el presupuesto más abultado del país. A la sazón se habló de “Modernización educativa”, muy en tono con el sexenio modernizante salinista. Por cierto el nuevo presidente, bajito pero energético, dio un manotazo y se deshizo de Jonguitud, como lo había hecho antes con La Quina. Nuevos tiempos se anunciaban en el sindicalismo mexicano; al menos eso creímos. Pero Salinas impuso a un nuevo leviatán mongol, en la persona de una mujer que hoy es la más poderosa de México: la maestra Elba Esther. Sólo cambiaron los protagonistas, pero no los viejos géneros. Así pervivieron los viejos problemas y lo único que se modernizó fue la corrupción interna, con imaginativos métodos para la venta de plazas y otras componendas sindicales, que se aparejaron con la simulación docente, la crisis interna sindical –SNTE versus CNTE-, la incoherencia en las políticas oficiales y los recortes al gasto educativo. Cuatro secretarios de educación en el sexenio salinista ponen en evidencia el nulo aprecio por el sector; con un político en decadencia, dos economistas que aspiraban a otra cosa –Zedillo y Solana-, y sólo hasta el último año vimos un especialista en materia educativa: José Angel Pescador. Lo más destacable de este periodo fue la culminación de la federalización educativa, que implicó la entrega de recursos y responsabilidades educativas a los estados, que no siempre aceptaron de buen grado el nuevo broncón que se les delegaba.
Zedillo nombró a un medio-abogado y medio-economista que presumía un doctorado falaz: Fausto Alzati. Un guanajuateño que había conducido “por instrumentos” al Conacyt, donde aplicó medidas draconianas que sacaron a casi la mitad de los científicos del país del Sistema Nacional de Investigadores, por carecer de doctorado (!). Yo incluido, lo confieso. La comunidad científica nacional lo repudió por esta causa. No duró mucho en la SEP: pronto la revista Proceso puso en evidencia su inexistente grado, más a la maner a de la Universidad de la Plaza Santo Domingo, que de Harvard. Se fue a freír espárragos y a terminar su licenciatura a distancia en la UNAM. Le sucedió Miguel Limón, otro abogado que se había desempeñado de manera solvente en el Instituto Nacional Indigenista, donde lo conocí. Un profesional de la política y de la administración, pero no demasiado en la educación. El poder de la profesora Gordillo florecía, y al mismo tiempo se deterioraba la situación de escuelas y profesores. El gasto educativo real cayó como nunca antes. Los espacios fueron cubiertos por la educación privada y confesional, que disfrutaba ahora de nuevas canonjías por parte del Estado.
Vicente Fox, el presidente del cambio, no cambió nada importante en el ámbito educativo. Como gobernador de Guanajuato y como candidato, había vilipendiado al sindicato magisterial y a su lideresa. Todo cambió al llegar a la silla presidencial, silla con dos asientos, pues fue ocupada por la “pareja presidencial”. Pronto doña Martita de Fox y la profesora tejieron una alianza que no se debilitaría nunca. El ámbito político de la relación con el sindicato más grande de América Latina fue atendido por la pareja, y la operatividad cotidiana fue dejada en manos del nuevo secretario, el rústico exrector de la UANL, Reyes Tamez Guerra, quien condujo la política educativa concreta sin mayores interferencias de su jefe, pues como muchos recordamos Fox no delegaba, sino abandonaba. No hubo mucha congruencia, y sí muchas ocurrencias, como el proyecto Enciclomedia, que dio a ganar muchos millones a proveedores cercanos al gobierno.
En tiempos de Calderón no parece que se corrija el rumbo. La economista -¡y dale!- Josefina Vázquez Mota no ha introducido golpes de timón, y sí ha continuado con muchas inercias. Su equipo inmediato de tecnócratas es ajeno al ámbito educativo, y ha cedido posiciones ejecutivas al sindicato, entre ellas para el yerno de “la maestra”. A pesar de la proverbial antipatía entre ésta y la secretaria Vázquez, han tejido una “alianza” que se antoja artificial y efímera. Las bases magisteriales no la comparten. El problema es que la resolución de los rezagos transita siempre por la inyección de mayores recursos, y éstos no existen. El gasto educativo se destina en más de un 90% a salarios, cuando entre los países de la OCDE la proporción es de poco más de 50% -Jorge Zepeda dixit-, lo que nos pone ante un dilema: ¿gastar más en mejorar los niveles salariales de una clase docente poco motivada y escéptica, reacia a superarse? ¿O invertir en infraestructura y en un sistema de estímulos vinculados a la calidad y la productividad? El gobierno de Calderón presupuestó un 13% más para educación en 2009. ¿Hacia dónde se irán esos dineros?