Una reforma punitiva, 2

Por: © Luis Miguel Rionda ©

Publicado en:

El proyecto de iniciativa del Senado de la República para la reforma político-electoral, que se circuló informalmente la semana pasada, ha causado muchas reacciones. Entre ellas la de la Presidencia de la República, que anunció que presentará una iniciativa propia. En lo que ésta se conoce, continúo exponiendo mis puntos de vista sobre la primera.

Me parece positivo que se plantee mejorar la técnica legislativa, y concentrar en el artículo 41 constitucional todo lo referido a la materia electoral. Hoy día, la constitución mexicana es un rompecabezas que confunde y en ocasiones se contradice. La claridad y la lógica son importantes.

Se plantea reconocer derechos plenos a los ciudadanos mexicanos con doble ciudadanía, que hoy día son discriminados para desempeñar un cargo público. Un anacronismo que impone diferencias entre mexicanos “de primera” —nativos— y los “de segunda” —los naturalizados—. Considero que también se les debería reconocer derechos políticos a los extranjeros avecindados en el país, luego de una estancia mínima documentada.

La iniciativa incluye la opción del voto electrónico en el territorio nacional mediante urnas, aplicaciones o páginas electrónicas. Ese es el camino de la racionalidad electoral, que ya ha sido puesto a prueba mediante el voto desde el exterior. Hay que universalizarlo.

Se añade el derecho a votar en referendos y plebiscitos, y que se pueda decidir sobre el uso, administración y destino de proyectos y recursos asignados mediante presupuestos participativos, así como en la gestión, evaluación y control de la función pública. Un paso más hacia la democracia directa.

Se propone reformar el artículo 38 para que una persona sometida a proceso judicial aún sin sentencia, no sea suspendida en sus derechos ciudadanos. Se elimina la anacrónica fracción IV, que suspende los derechos por “vagancia o ebriedad consuetudinaria” (¡!).

Creo que es excelente la propuesta de eliminar las senadurías de representación proporcional. Un despropósito impuesto por los partidos minoritarios en la reforma de 1996 que contradice la función federalista del Senado. También se plantea reducir el número de diputaciones electas por representación proporcional de 200 a 100. ¿Y por qué no reducir también las diputaciones de mayoría relativa de 300 a 200? Así mantendríamos una cámara de diputados mixta pero más ligera, con 300 curules: dos tercios de MR y otro de RP. Cada diputación de mayoría representaría a alrededor de 462 mil ciudadanos —con padrón electoral de agosto de 2021.

La reforma propone que “en el caso en que exista un porcentaje mayor de hombres que de mujeres en las diputaciones electas por mayoría relativa, se hagan ajustes a las listas regionales a efecto de que se compense esta sobre representación masculina con mujeres electas por el principio de representación proporcional.” Se garantiza así la paridad de género.

Se plantea limitar la facultad reglamentaria del INE desde noventa días antes y durante el desarrollo del proceso electoral, para abonar a la certidumbre de las pautas de la competencia. En consecuencia, se propone que los órganos electorales notifiquen al Congreso de la Unión sobre las omisiones legislativas con la temporalidad suficiente —180 días antes de la elección— para que pueda efectuar los cambios necesarios. Me parece razonable.

Veamos ahora qué futuro le depara a esta iniciativa informal.

---

Una reforma punitiva, 1

Por: © Luis Miguel Rionda ©

Publicado en:

A mediados de esta semana circuló un documento generado en apariencia por la bancada del partido Morena en el Senado de la República. Se trata de un proyecto de iniciativa para la reforma político-electoral a nivel nacional. Es evidente que esta pretendida filtración busca tantear el ánimo de la clase política, antes de formalizar la entrega de la propuesta de reforma constitucional. También es claro que existe prisa para concretar la reforma; la intención ha sido expresada en las conferencias mañaneras presidenciales, donde se ha expuesto sin ambages la animadversión oficial contra los organismos electorales.

Un detalle: me llama la atención que el archivo electrónico venga firmado por el doctor Osiris Vázquez Rangel, quien según una ficha curricular que encontré es —o era— secretario de estudio y cuenta en el Tribunal Electoral de la Ciudad de México (ver aquí). Inquieta saber que un texto tan sensible se genere desde una cuenta ajena al Senado, y no estaría mal aclararlo. Luego de estudiar la exposición de motivos, me queda claro que la reforma busca pasar factura de los recientes descalabros electorales y legales del partido mayoritario, a los árbitros institucionales; en concreto, la mira está puesta en los actuales consejeros del INE y los magistrados del TEPJF. Se repite la receta punitiva del 2007-2008, cuando la coalición derrotada en la elección presidencial de 2006 impuso los términos de una reforma que defenestró a la generación de consejeros que presidía Luis Carlos Ugalde. También se impuso un modelo de comunicación política que hoy es criticado por la nueva hegemonía, heredera de aquel movimiento.

Los términos del actual proyecto de reforma refuerzan la tendencia centralizadora que se gestó desde el Pacto por México de 2012, y que se concretó en la reforma política de 2014, que eliminó en la práctica la autonomía de los organismos electorales locales, y reforzó la megacefalia del INE. Se propone ahora “pasar [sic] las funciones de los OPLES al INE” y que éste asuma las funciones de ésos: organizar los miles de procesos electorales locales. Adiós al federalismo electoral.

Con esto, se dice, “se generan beneficios en términos prácticos y económicos, pero no se afecta a las entidades de la república […] el desafío consiste en generar que los organismos locales de los que dispone el INE [330 juntas distritales y 32 locales] asimilen en sus esquemas administrativos internos a la función de los OPLES.”

La nueva generación de consejeros generales del INE —que sustituiría de inmediato a los detestados titulares actuales— se constituiría con siete miembros —en lugar de once—, elegidos por nueve años por el Congreso, con una presidencia rotativa electa entre ellos mismos, en periodos de tres años. No está mal esta idea, si no fuera por la evidente intención de descabezar de inmediato al organismo. También se propone eliminar los 32 órganos jurisdiccionales locales, y que la integración de la Sala Superior del TEPJF baje de siete magistraturas a cinco. Este tribunal tendría que establecer salas locales para atender los miles de recursos que se generan en los procesos municipales, distritales y estatales. También es evidente el deseo de fulminar a la actual generación magistral, que le ha causado no pocos descalabros a la 4T, que falló en su intento de domesticar al tribunal.

Sin embargo, hay elementos positivos en la propuesta, que voy a abordar en mi siguiente contribución. Buenas ideas que merecerían un mejor contexto, que incluyera un debate profundo entre los actores políticos, con vistas al 2024, todavía lejano.

---

De encuentros

Por: © Luis Miguel Rionda ©

Publicado en de León.

El día de ayer participé en una mesa redonda convocada por el recién resucitado Instituto de Administración Pública de Guanajuato (IAP), que hoy conduce el maestro Gerardo Mosqueda Martínez, exsecretario de Gobierno y autodestapado aspirante a la candidatura del PAN a la gubernatura. El tema propuesto por los convocantes fue “La Democracia en el Sistema Electoral Mexicano”, que incluía una amplia lista de temas a abordar. En la mesa participaron también el exrector, exgobernador y exdirector general del Conacyt Juan Carlos Romero Hicks, así como mi colega el doctor Santiago López Acosta, experto en temas electorales. Tres académicos de la Universidad de Guanajuato, pero con trayectorias y visiones muy diferentes.

Hace una semana recibí la invitación por medio de mi amigo Ricardo Sánchez Benavides, colaborador de Mosqueda, y confieso que me sorprendió un poco pues no había vuelto a tener contacto con el IAP desde que fue fundado hace 15 años. El instituto tuvo un arranque prometedor cuando lo dirigió José Luis Romero Hicks, pero luego cayó en un largo letargo que muchos creímos equivalió a muerte por ostracismo. Ricardo me explicó que Gerardo Mosqueda, hiperactivo como siempre, le está dando una buena sacudida al viejo tapete y lo ha vuelto a poner en circulación. Por supuesto, no me habló del evidente uso como plataforma preelectoral del precandidato, pero entre amigos no todo debe ser dicho.
Como analista político no dejé de tener ciertos escrúpulos ante la convocatoria, sobre todo por las posibles interpretaciones a que podría prestarse el evento. Pero cuando recibí la invitación formal me quedó claro que se trataba de un evento académico, a desarrollarse en un espacio universitario y con participantes que difícilmente podrían ser relacionados como apoyos del precandidato. Se nos dio la mayor libertad para expresar nuestras múltiples inquietudes sobre el desarrollo y la situación actual del sistema político-electoral de México y de Guanajuato, y la mesa se desarrolló bajo el cariz clásico del debate académico.
Como era de esperarse, Santiago y yo destacamos los pendientes y las ausencias dentro del imperfecto modelo político que nos hemos dado en la entidad y en el país, y Juan Carlos, ni modo que no, se concentró en los numerosos avances de la democracia electoral mexicana en los últimos 20 años, y en la necesidad del perfeccionamiento de la calidad ciudadana, como condición aún no alcanzada para convertir a la democracia en sistema de vida. Todos coincidimos en la existencia de una importante brecha entre el deber y el ser del modelo político consagrado en la Constitución, y el ejercicio concreto del poder. Sobre todo los fuertes déficits que padecen los partidos políticos en su eficacia como correas de trasmisión entre las aspiraciones de los conjuntos sociales y el aparato de gobierno, lo que explica el fuerte desprestigio social que padecen.
Me alegró ver a un Juan Carlos Romero más relajado; más dispuesto al necesario debate al que se deben someter los hombres del poder. Es evidente que sus responsabilidades anteriores, el Conacyt y la gubernatura, le imponían un cuidado extremo de sus opiniones públicas. Era un hombre apegado a guiones escrupulosos, sembrados de ampulosas citas de autoridades. Ahora lo vi más suelto: es de nuevo un orador de notas manuscritas, y de improvisación fresca. Más académico. Nomás le falta que se deje de nuevo su barba quijotesca. Pero tal vez la barba de hombre sabio no se vea bien en el Senado.

El presidente del IAP, venciendo su natural inclinación polemista, no se permitió abonar al debate y participarnos sus personales puntos de vista. Un escrúpulo que le debe ser reconocido, al mantenerse en su papel como convocante y representante de un instituto que aún está convaleciente luego de una larga indisposición. Anunció más actividades de corte académico, abiertas a cualquiera que tenga interés en la cosa pública. Yo le deseo la mejor de las suertes, tanto en esta como en la otra aventura. Pero hasta ahí.

---

Otra reforma política, ya chale…

Por: © Luis Miguel Rionda ©

Publicado en de León,
y en .

En el tratamiento de los asuntos públicos, es impresionante el gusto que tenemos los mexicanos por las reuniones de trabajo, los foros, los comités y las comisiones. Es viejo el adagio político mexicano que dicta: “si quieres que un asunto no se resuelva, crea una comisión”. Y es de una pertinencia clara en los momentos actuales.
El presidente Calderón envió a la consideración del congreso una iniciativa de reforma política –la segunda que habría en su administración- antes del fin de año, y la respuesta del legislativo, a través del Senado, fue abrir un selecto foro de consulta sobre el tema. De nuevo presenciamos el interminable desfile de las mismas caras de siempre: los opinadores, los académicos y los santones eternos, a los que siempre hay que invitar a predicar sobre el tema. Por supuesto, se acompaña con trasmisión televisiva en vivo o diferida, para exaltar el ego de los elocuentes disertantes. Los políticos de todo signo hacen cara de entender algo de lo que pregonan los intelectuales orgánicos, y agitan afirmativamente sus cabezas: hay que ir a fondo con la reforma, no hay que permitir que el presidente haga de las suyas, hay que salvar a la República y a sus preciosos partidos políticos.
La política se convierte de nuevo en el arte del pavoneo, la pasarela, y la grandilocuencia, y se deja de lado el fondo del asunto: que hay suficientes iniciativas en la hielera del congreso, que incluyen siempre sesudas exposiciones de motivos, donde se pueden encontrar las ideas más valiosas para afinar o reformar la reforma calderoniana. Pero no, ese sería trabajo de gabinete, sin las luces de las cámaras y el pulular de micrófonos y audiograbadoras. No hay glamur en el análisis de lo existente; siempre es mejor convocar a nuevos encuentros chispeantes, llamativos, fashion. La tarea legislativa real es agotadora, infame e ingrata. Nadie gana capital político batiendo con sudor las iniciativas acumuladas. Es mucho mejor dar la nota con foros esplendentes que convoquen a la prensa y los medios electrónicos. Eso sí da beneficios pingües para el legislador protagónico, que necesita lucir públicamente su fino traje de diseñador, así como su peinado envaselinado y refulgente con corte y tinte de estilista. La política es imagen, es pretending, pero no sustancia.
No nos hagamos tontos. Ningún legislador tiene intención de prestar oídos a los arrogantes cicerones del foro del Senado. Saben que la decisión final es su prerrogativa, y no la van a compartir. En todo caso buscarán obtener beneficios políticos personales y de partido a cambio de apoyar tal o cual propuesta de sus líderes. Y hasta ahí.
En esta ocasión no he dado seguimiento a las participaciones de los santones en el foro, y es por pura flojera lo confieso. El canal del Congreso los trasmite, a veces en vivo. Pero ya me fastidié de tanto rollo sin destino. Recuerdo los foros para la refinería de PEMEX, para seleccionar los consejeros electorales, y otros más que ya borré de mi disco duro mental. Eran tan frecuentes los rebuznos de los diputados y senadores, tratando de lucirse a costillas de los invitados a los foros, que he desarrollado aversión hacia estos eventos de pacotilla.
Bien haría el Congreso nacional en dejarse de este tipo de estrategias de dilación, y abocarse el estudio de las iniciativas existentes en el archivo. Por supuesto, teniendo como eje la iniciativa presidencial. Los opinadores podremos coincidir en que la propuesta del ejecutivo es limitada, desequilibrada e incluso interesada en reforzar el presidencialismo. Pero es un excelente motivo para legislar positivamente en favor del cambio de rumbo, pero un cambio sin dedicatorias, que busque reforzar los equilibrios y las potestades entre los poderes. Los legisladores tienen un abanico amplísimo de posibilidades, pero me parecen anonadados por los ignotos alcances del asunto, incluso si se deja a nivel de la propuesta presidencial. El fantasma de la Reforma del Estado sigue recorriendo los pasillos de San Lázaro y las arcadas de Xicoténcatl, espantando a los parlamentarios ladinos con sus cadenas a rastras y sus amenazas de suprimir ventajas partidistas y privilegios personales.
Todos son reformistas hasta cuando les conviene. Después se aferran a sus alforjas. Humana condición.

---

Si de reformas se trata...

Por: © Luis Miguel Rionda ©

Publicado en de León.


La iniciativa del presidente Calderón para emprender una nueva reforma política irrumpió en el conjunto nacional como un trueno en descampado. Aunque el dirigente había insinuado algo sobre el asunto, pocos esperaban que la eventual propuesta tuviese tamaño calado. Muchos creíamos que la administración federal se encaminaba a dedicar su último trienio a rescatar lo salvable luego de los dos grandes fracasos de la gestión: la imposible batalla contra la delincuencia organizada, y el fiasco económico agravado por el torpe manejo de la crisis y el fracaso de la reforma fiscal. El desinterés evidenciado por el ejecutivo durante estos tres años hacia la reforma del Estado, indicaba que Calderón, como en su tiempo Fox, no buscaría agitar el avispero político con reformas en la materia. Todavía hace poco tiempo un fantasma recorría los medios de comunicación: se trataba de Porfirio Muñoz Ledo, el “ángel de la reforma del Estado”, que se quejaba lastimeramente -¡ay, mis hijos!- de la inmovilidad en esta cuestión.
Cuando a principios de septiembre pasado el presidente de la República presentó con maneras grandilocuentes su decálogo de prioridades para el resto de su mandato, colocó a la reforma política en el último lugar de las diez recetas, expresada además de significativamente parca: “Emprender una reforma política de fondo que incluye a la electoral”. Nadie supo a qué se refería con ese “de fondo”, y además puso nerviosas a las autoridades electorales, pues se recuerda bien que la última reforma electoral tuvo como bajas colaterales a los consejeros generales y al propio presidente del IFE.
El nuevo subdecálogo -ahora político- presentado a la consideración del legislativo, recoge algunas de las propuestas que se han ventilado en diferentes foros, comisiones, asociaciones –como las que ha conducido el propio Muñoz Ledo-, y por opinadores diversos. Lo sorprendente es que las ideas sean signadas ahora por quien se opuso en sus tiempos de legislador a varias de ellas, por considerarlas riesgosas.
Las mociones calderonistas no son novedosas pues, sólo exceptuando los “candados” aquí y allá, y las dos últimas de la lista. Pero sí son de largo alcance. Por eso creí que, antes de lanzar este guante, el presidente y su secretario de Gobernación habrían hecho la tarea de “planchar” previamente sus ponencias con los líderes parlamentarios opositores, de tal manera que el anuncio no pareciera como una sorpresiva ocurrencia, destinada al naufragio. Las recientes declaraciones de los dirigentes de los partidos parecen confirmar esta última impresión.
Por ello me pregunto si la iniciativa no tiene precisamente el objetivo de crear desconcierto entre las oposiciones, y que la negociación a que pronto dará lugar tendrá como intención real sacar adelante sólo los dos últimos puntos del decálogo. A saber, las dos “iniciativas preferentes” del ejecutivo por cada periodo legislativo, y las “observaciones parciales o totales a los proyectos aprobados por el congreso y al presupuesto de egresos de la federación”. Los ocho ítems iniciales serían todos negociables o incluso sacrificables. Si mi sospecha es correcta, la iniciativa vendría a significar un verdadero caballo de Troya.
Ojalá me equivoque, y que el poder legislativo federal retome esta invitación para llevarla aún más allá de lo planteado por el ejecutivo. Hay bondades en el decálogo que deben ser evaluadas y mejoradas. Por ejemplo, la reelección de los miembros de los ayuntamientos es una demanda ya vieja, que presenta más ventajas que desventajas. Entre estas últimas se ha señalado el peligro real de que se consoliden los cacicazgos, como los que hoy vemos accionar en varios municipios del país mediante estratagemas como las “parejas presidenciales” –matrimonios que se suceden uno al otro en el poder-, las “dinastías” –los cargos se heredan de una generación a la otra- y los monigotes –terceros que se prestan a servir de peones del maximato local-. Claro que el peligro existe, sobre todo en los municipios con un bajo nivel de institucionalidad, presas fáciles de los clientelismos o los “seductores de la patria”, bueno “de la matria”. Pero en contraparte las ganancias en cuanto a la profesionalización de la función y en garantizar la rendición de cuentas son muchas.
Una palabra final sobre la composición del congreso: me parece grave proponer la reducción de los distritos uninominales; al contrario, si se puede hay que incrementarlos para que la reducción en los plurinominales no se traduzca en una menor correspondencia entre la fuerza electoral de los partidos y su número de curules. No veo el problema en desaparecer totalmente los pluris, si a cambio se incrementan los unis. Al reducirse el número de ciudadanos por distrito, la representación se mejora al reforzar el vínculo entre representante y representados. Pero todo esto hay que discutirlo frente a nuestros legisladores, antes de que nos tomen por cachirulos.

---

Voces por la contrarreforma

Voces por la contrarreforma

Por: © Luis Miguel Rionda ©

Publicado en el de Guanajuato.
También en 15Diario, cotidiano electrónico.

Con el arranque de los trabajos de la sexagésima primera legislatura federal, se anuncia una nueva reforma en materia electoral, que sería la segunda en la administración presidencial calderonista. Las elecciones del 5 de julio pasado pusieron en evidencia muchas limitaciones de las enmiendas introducidas a fines de 2007, particularmente en lo concerniente a las nuevas atribuciones del IFE en materia de comunicación en los medios electrónicos. Al final nadie quedó satisfecho, ni siquiera los partidos políticos que cocinaron la reforma. Pero en particular las televisoras hicieron sentir su disgusto mediante reiterados incumplimientos o interpretaciones interesadas de la norma, lo que llevó al instituto a aplicar multas y correctivos a las concesionarias. Éstas se defendieron con recursos legales y metalegales, pero también incidieron en difundir una visión negativa sobre las reformas y el propio IFE.
Ahora que se anuncia una inminente revisión de la normatividad electoral, me parece inquietante que se hagan evidentes dos corrientes de opinión sobre la orientación a tomar: unos opinan que la reforma funcionó aceptablemente bien, y que sólo se requiere afinar algunos detalles que quedaron mal planteados; y los contrarios, que claman por un retorno al esquema anterior de comunicación política. Aquéllos son miembros de la clase política más consolidada en los tres principales partidos, que han aprendido a lidiar con el monstruo bicéfalo de la televisión comercial, y que han sufrido en carne propia los costos de la animosidad del duopolio. Los otros opinantes son personajes cercanos a los intereses de las empresas comunicadoras, y han comprado el discurso de la limitación a la libertad de expresión que conllevó la reforma.
Por supuesto que yo me cuento entre los que creemos en las bondades de la norma actual. Uno de sus objetivos fue bajar el costo de la democracia en nuestro país. Otro fue reducir el enorme poder de chantaje político que han adquirido los grandes concesionarios de la televisión y la radio. Ambos propósitos se lograron: las elecciones pasadas nos costaron a los mexicanos un tercio de lo gastado en los comicios de 2003, también de carácter intermedio. Los cálculos los realizó Ciro Murayama, economista de la UNAM experto en financiamiento de las elecciones, y los incluye en un artículo publicado en el número de agosto de la revista Voz y voto.
También bajó la capacidad de chantaje mencionada, y por lo mismo los concesionarios no se resignan a perder ni el poder fáctico ni los ingresos económicos perdidos.
Con seguridad, ahora que se abra este expediente los personeros de los potentados afectados buscarán influir para que se eche atrás el nuevo modelo de comunicación, basado en los ejemplos de Francia, España o el Reino Unido. Desearán que se retorne al modelo norteamericano, donde los partidos y candidatos dedican la mayor parte de su esfuerzo a recolectar recursos económicos que van a parar a los bolsillos de las cadenas de comunicación. Sería un error hacerlo. Hay que formar un bloque de opinión que evite un retroceso en este campo. Yo me apunto.

---

Cangrejos al combate...

Cangrejos al combate...

Publicado el el de Guanajuato.

Economistas y politólogos liberales coinciden: los monopolios y las hegemonías son perjudiciales para la sana competencia tanto en el campo económico como en el político. La diversidad, así como la libertad de elegir entre opciones diferentes, permiten que el consumidor o el ciudadano puedan recibir más calidad y variedad a cambio de su instrumento de intercambio: dinero o sufragio. Es por eso que los sistemas económicos o políticos que favorecen la competencia y la posibilidad de renovar se fortalecen en lo interno y le garantizan el incremento de los niveles de satisfacción y con ello la legitimidad del sistema en general.

Por supuesto, el egoísmo y la voracidad por el poder o el dinero, tendencias que pueden ser vistas incluso como naturales en nuestra cultura, conducen hacia lo contrario: el acaparamiento de espacios, la segregación de los competidores y la modificación amañada de las reglas del juego, de tal manera que se mantengan las condiciones que impiden la verdadera contienda que pueda amenazar la hegemonía establecida por las empresas o las corporaciones políticas en detrimento del resto de los actores. Los monopolios son letales para la libertad económica. Pero también lo son los partidos políticos de Estado, o los que sucumben a la tentación de comportarse como tales.

Este largo proemio me sirve para manifestar mi desacuerdo ante la iniciativa que la mayoría parlamentaria de nuestro estado busca imponer para eliminar la figura de las candidaturas comunes de nuestra legislación estatal. He señalado en múltiples ocasiones y de forma pública que el estatuto electoral de Guanajuato padece todavía de serios rezagos en comparación a los que imperan en otras entidades y por supuesto en la federación. Aunque tuvimos una reforma electoral el año pasado, fue imposible impulsar más modificaciones que las estrictamente necesarias para adecuarse a los cambios recientes en el código federal. Lo único adicional de alguna trascendencia fue que se haya retirado la facultad del ejecutivo del estado para proponer a dos de los cinco consejeros ciudadanos del Consejo General del IEEG. Pero no se fue más allá.

Las candidaturas comunes fueron admitidas en nuestra legislación a partir de la reforma publicada en agosto de 2002. Antes sólo se admitían las coaliciones electorales y los frentes políticos. Esta figura tiene fuertes ventajas con relación a la de la coalición, pues no obliga a los partidos a presentar una plataforma común, ni tampoco les hace perder la representación de cada partido en los órganos electorales. Pero es falso que las candidaturas comunes permitan rebasar los gastos de campaña, como he escuchado decir por radio a algún comentarista. En cambio, la candidatura común permite una mayor claridad en la asignación de diputados de RP y de regidores.
Si la iniciativa prospera estaremos dando un paso atrás, y confirmando a Guanajuato como uno de los estados más retrógrados en cuanto a favorecer la competencia por encima de consolidar hegemonías.

---

Un IFE remozado

Con la instalación formal del Consejo General del IFE el pasado día 3, se marcó el inicio el proceso electoral federal 2008-2009. Ese órgano de gobierno ha iniciado sus actividades renovado -muchos dirían “zarandeado”-, con el ingreso de cinco nuevos consejeros generales y un nuevo consejero presidente, el paisano Leonardo Valdés Zurita. De la anterior generación, sólo sobrevivieron Virgilio Andrade, Marco Antonio Gómez y Arturo Sánchez. Los nuevos son Benito Nacif, Marco Antonio Baños, Macarita Elizondo, Francisco Javier Guerrero y Alfredo Figueroa. Ellos exhiben perfiles al menos tan variopintos como sus antecesores, aunque con una constante: sólo unos pocos tienen experiencia en la materia.
La reforma electoral de 2007 fue trascendente por haberle ampliado sus facultades al IFE, por eliminar el enorme gasto en publicidad por medios electrónicos masivos, y por haberle otorgado la administración de los tiempos oficiales del Estado en esos medios durante el periodo electoral: 48 minutos diarios de cada canal o estación radiofónica, dos minutos por cada hora si transmiten todo el día. En precampañas la mitad de ese tiempo corresponde a los partidos políticos; en campaña es el 85%. El resto es del IFE, de los institutos estatales y tribunales electorales. En Guanajuato, por ejemplo, que tenemos elecciones concurrentes, de los 41 minutos que tienen derecho los partidos en campaña, 15 pueden referirse a los procesos locales y serán tramitados por el IEEG ante el IFE.
El anterior dato no es menor: en 2006 los partidos políticos gastaron dos mil millones de pesos en contratar publicidad en radio y televisión, equivalente al 47.6% del total de su financiamiento público. En esta ocasión, el IFE debió invertir alrededor de 600 millones de pesos en adquisición de equipo técnico para el monitoreo de los medios, que es otra de las obligaciones nuevas. Lo bueno es que es un gasto en activos fijos, que ya no volverá a hacerse en los próximos procesos. Se evita así un gasto irracional en propaganda vacua y sin sentido. Ojalá que esto sirva para reforzar nuevas estrategias de convencimiento, que busquen informar y formar criterio, más que condicionar conductas por medio de pautas musicales o visuales.
En Guanajuato iniciamos actividades a partir de la instalación del consejo local del IFE el día de ayer. Lo hacemos estrenando consejero presidente, ya que hace un mes se concretó el cambio de vocal ejecutivo, que algunos considerábamos necesario. Llegó como nuevo delegado el maestro Jaime Juárez Jasso, quien ya se había desempeñado como vocal de organización en los distritos de Pénjamo y San Francisco del Rincón. Aunque mexiquense, tiene raíces en esta tierra por su familia política, pues se casó con una francorrinconense. Es una buena cosa que conozca el terreno y las gentes, pues ya van dos delegados que llegan desconociendo los usos y costumbres de los melifluos guanajuatenses, y luego hacen papelones. JJJ es bien conocido por los vocales distritales y locales, y parece que comienza con el pie derecho. Sin duda, hubo alguna decisión del actual consejero presidente, que conocía la circunstancia por la que atravesaba la delegación, y buscó mejorar el ambiente organizacional del instituto en esta junta local. Qué bueno.
Los seis consejeros que actuamos hace tres años continuamos con la estafeta: Carmen Castro Mata, Guadalupe Rangel Armenta, Beatriz Solomon García, Armando Cabria Pérez, Arturo Lara Martínez y yo. De igual manera repiten los consejeros distritales, aunque se han dado algunas bajas entre ellos. Debo señalar que este será nuestro último proceso como consejeros.
Con 14 distritos y 3.2 millones de electores, Guanajuato es una de las entidades más complejas para la organización electoral en el país. El proceso que culminará el 5 de julio próximo será menos arduo que el de 2006, pues sólo se elegirán diputados federales -los ayuntamientos y los diputados locales se renovarán con el proceso estatal-, pero tenemos una legislación más compleja, con nuevas atribuciones y con el deseo de los contrincantes de hacerse de la mayoría parlamentaria, en espacial los azules y los tricolores. No será raro que volvamos a experimentar momentos de exaltación y violencia verbal, pues hay mucho en juego, particularmente el futuro de las iniciativas necesarias para la segunda parte del régimen del presidente de la República, cuando usualmente se generan las reformas más trascendentes. Habrá que cuidar que el vapuleado prestigio del IFE -azotado por los propios actores interesados- se redima y presente ante los ciudadanos un proceso más transparente y eficaz que nunca.

Las reformas inevitables

La reforma electoral estatal aparenta sufrir un nuevo retraso, ahora provocado por una estrategia de dar largas a su aprobación a nivel de los ayuntamientos. Esto es de lamentarse, porque hay que ponderar que fue un logro no menor de la sociedad civil el que se haya podido sensibilizar al Congreso del Estado, y en particular a su mayoría parlamentaria, sobre la necesidad de recuperar en algo el liderazgo político perdido por nuestra entidad en materia de confiabilidad en sus procesos y autoridades electorales. La iniciativa consensuada y aprobada el 29 de mayo pasado recuperó algunas de las propuestas que emitimos varios ciudadanos, integrantes algunos del Instituto Guanajuatense de Estudios y Ciencias Políticas (IGECIP). No se atendieron todas las propuestas, evidentemente, pero fue un importante paso en la dirección correcta.

No me cabe duda de que en el golpe de timón oficial con relación a la participación del Ejecutivo en la nominación de consejeros y magistrados electorales, tuvo mucha influencia la charla que nos compartió el maestro José Woldenberg el 13 de mayo pasado, donde, a respuesta de un cuestionamiento del público y la prensa, emitió la opinión de que dicha injerencia no era positiva en un momento donde el resto del país la ha superado. Fue significativo que a los pocos días el gobernador manifestara públicamente su acuerdo en que el Legislativo incluyese este punto en su iniciativa de reforma. Los proponentes ciudadanos nos sentimos de plácemes, aunque lamentando que sólo se haya considerado uno de los puntos de nuestra batería de propuestas discutidas ante la comisión electoral.

Este avance parcial es significativo porque debe entenderse que la reforma electoral es un proceso permanente; nunca un expediente cerrado. Es incorrecto plantear que ciertas reformas pueden considerarse "definitivas", como sucedió en 1996 con las trascendentales modificaciones al Cofipe. Siempre habrá algo que es conveniente modificar, pues las condiciones de la competencia y las expectativas sociales cambian aceleradamente en un país cuya transición política parece no tener fin. Hay que armarse de paciencia, y seguir manifestando ante los legisladores la exigencia ciudadana del perfeccionamiento del marco normativo, siempre por encima de los intereses partidistas. En el ámbito federal, estamos atestiguando un cambio trascendental: el de la prohibición de las campañas en los principales medios electrónicos de comunicación –radio y TV—financiadas con dineros públicos o privados. Así se separan del proceso los intereses de los poderes fácticos, y posiblemente se aliente una auténtica comunicación política que haga posible el debate y la información objetiva sobre candidatos, plataformas y proyectos de gobierno o de representación. Esta modalidad se aplica ya en Brasil, Chile, España, Francia, Gran Bretaña, Australia y Canadá.

En ese sentido debemos prepararnos en lo local a enfrentar en conjunto con el IFE los retos tecnológicos y de fiscalización que implican estas nuevas reglas.

Hace dos contribuciones narré mis impresiones sobre el primer foro de diálogo y colaboración entre autoridades electorales a que convocó el IFE los días 7 y 8 pasados. En su intervención como panelista, Leonardo Valdés nos informó que en el proceso electoral federal de 2006 los partidos políticos se gastaron casi dos millones de pesos en contratar publicidad en radio y televisión. Y ese es el dato oficial reportado por los partidos. El dato real sólo podemos adivinarlo --¿será el doble, el triple?--. Esa cifra escandalosa correspondió a casi la mitad (47.6%) del financiamiento público que recibieron. ¿Cuántas escuelas, carreteras u hospitales podríamos construir con esa millonada?

La reforma obliga ahora a que los partidos ejerzan su propaganda en los tiempos oficiales de los medios. El IFE será la única autoridad competente para administrarlos, incluso por sobre los órganos electorales locales, ya que las telecomunicaciones son materia federal. Nos explicó Leonardo: "Desde el inicio de las precampañas y hasta el día de la jornada electoral, quedan a disposición del IFE 48 minutos diarios, que son distribuidos en dos y hasta tres minutos por cada hora de transmisión, en cada estación de radio y televisión. En las precampañas los partidos políticos disponen en conjunto de un minuto por cada hora de transmisión. En las campañas electorales los partidos pueden disponer del 85 por ciento de los 48 minutos referidos anteriormente. Fuera de precampañas y campañas electorales, el IFE dispone del 12 por ciento del tiempo del estado, del cual el 50 por ciento corresponde a los partidos políticos y 50 por ciento a las autoridades electorales. Y aquí hay que enfatizarlo, no sólo al IFE sino también a los institutos estatales electorales y a otras autoridades electorales como el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales. Para el caso de las entidades federativas, el IFE administra los tiempos que corresponden al estado en radio y televisión, en las estaciones y canales con cobertura en la entidad respectiva. […] De este modo los tiempos de acceso a radio y televisión son los siguientes: para elecciones federales, durante las precampañas, existen 18 minutos para los partidos políticos y 30 minutos para las autoridades electorales. Durante las campañas hay 41 minutos para los partidos políticos y siete minutos para las autoridades electorales. Durante las elecciones locales, cuando éstas son coincidentes, en campañas locales tenemos 15 minutos para partidos políticos y este tiempo forma parte de los 41 minutos reservados, para los partidos políticos en las campañas federales."

El esquema será acompañado de un sofisticado sistema nacional de monitoreo, que se estrenará apenas en esta ocasión, en el que se invirtieron más de 800 millones de pesos. Este monto nos hizo dudar a muchos sobre los pretendidos ahorros. Pero es una inversión necesaria para darle viabilidad a la reforma, y el gasto fuerte es el inicial; en las elecciones subsecuentes se solventará este recurso de fiscalización.