UG: dignidad estudiantil en Guanajuato

Por: © Luis Miguel Rionda ©

Publicado en 15 Diario de Monterrey.

 En este mes de octubre los universitarios de Guanajuato presenciamos, atónitos, dos triunfos consecutivos logrados por dos diferentes comunidades estudiantiles de la universidad estatal. Digo que atónitos, porque durante muchos años nos acostumbramos a convivir con estudiantes más bien apáticos y “bien portados”.

La Universidad de Guanajuato puede calificarse como una entidad “tranquila”: sin movilizaciones ni huelgas que perjudiquen el ritmo flemático de su actividad académica. Sólo la huelga de junio de 1977 llegó a quebrantar la paz institucional, y en ese entonces fueron los profesores, con la indiferencia de nosotros sus estudiantes, quienes agitaron el gallinero. La consecuencia fue el despido de docenas de docentes, y un cambio institucional que con el tiempo permitió la autonomía de 1994.

 Los estudiantes de la UG se han movilizado en pocas ocasiones. A principios de la década pasada tomaron las escalinatas del edificio central para protestar por un intento de incrementar fuertemente los aranceles institucionales, sobre todo el pago por la inscripción. Lograron echar atrás ese intento, y desde entonces los incrementos se han ajustado a la inflación. El 3 de abril de 2003, más de mil estudiantes de algunas facultades se lanzaron a las calles de Guanajuato capital para protestar por la guerra de Irak y exigir por la paz mundial. Pude acompañarlos en esa ocasión y corear con alegría: “¡El que no brinque es Bush! ¡El que no brinque es Bush”. Todos brincábamos con frenesí.

Los dos triunfos a los que me referí al principio de este artículo se dieron en León y en Guanajuato. El primero fue resultado de una manifestación de estudiantes del Campus León de la UG ante el cabildo de esa ciudad, el jueves 13 pasado. El reportero de Milenio-León Pedro Domínguez apuntó que protestaron “por las donaciones que ha hecho el municipio a instituciones de educación privada y la intención de dar 100 mil pesos más para el Instituto Lux para la impresión de un libro”. Los estudiantes coreaban en el salón de cabildos: “¡Del erario público a la educación pública!” Uno de los líderes estudiantiles, Iván Vega, publicó una nota en Facebook donde explicó que “entre Marzo y Agosto se donó una cantidad que asciende a los $55’000,000 a universidades privadas. De esta manera, es preciso que señalemos que esta administración otorgó la cantidad de 15 millones de pesos a la Universidad Iberoamericana y otros 15 millones al Tecnológico de Monterrey. Por otra parte, se donó un terreno con valor de 25 millones de pesos a la Universidad De La Salle. Asimismo hay que destacar que estas donaciones se hicieron con el fin de incrementar la competitividad e inversión en el municipio de León.”

Los estudiantes le reprocharon al gobierno municipal y al Instituto de Cultura local el haber cancelado meses antes el Festival Internacional de Arte Contemporáneo “por falta de presupuesto”, y en cambio donar 100 mil pesos para un libro conmemorativo del aniversario de una escuela privada. El ayuntamiento de León reculó, y canceló la donación. Y estoy seguro de que al menos esta administración municipal no volverá a realizar donativos a instituciones que cobran –y caro- por sus servicios, cuando las universidades públicas padecen carencias en terrenos elementales.

 El segundo triunfo estudiantil se dio el miércoles 26 pasado: una columna de alumnos de la División de Ciencias Económico Administrativas de la UG recorrió a pie la ruta de transporte que los lleva desde su lejana sede en la punta del cerro del Establo en Marfil, hasta el centro de Guanajuato capital. Protestaban por la escasez y mala calidad del servicio concesionado de transporte público. Llegaron al ayuntamiento y lograron ser recibidos por el alcalde, quien de inmediato organizó una reunión de negociación con los trasportistas, las autoridades de la UG y los estudiantes, hasta lograr un acuerdo satisfactorio para todos. 

Me alegra mucho constatar cómo nuestros jóvenes se apropian de los espacios públicos para manifestarse cuando algo les molesta o inquieta. Dos grupos diferentes obligaron a sus autoridades municipales a atenderlos y a dialogar con ellos. Veo el germen de una nueva ciudadanía ilustrada guanajuatense, que es capaz de debatir y hacerse escuchar en la defensa de sus derechos. Sólo me lastima constatar también que la institución no hizo, no ha hecho, mención o comentario alguno sobre estos sucesos inéditos, que nos deberían llenar de orgullo como comunidad universitaria.

---

Persecución y hostigamiento

Por: © Luis Miguel Rionda ©

Publicado en de León.

El ayuntamiento del municipio de Guanajuato se ha enredado en un breñal impresionante de confusión, contradicción y desatino. La falta de oficio político de sus principales ediles mantiene la comunicación con la sociedad local y sus organizaciones en un permanente litigio público, primero en los medios de comunicación, y de ahí a los tribunales. Los tres abogados que conducen el cabildo se asumen en barandilla permanente, y toman la crítica como ataque personal, estallan en cólera y pierden los estribos. Han olvidado que son, antes que funcionarios, servidores públicos que se deben a los ciudadanos electores que los pusieron en esos cargos.
El cuidado de los bienes e intereses públicos no puede estar a cargo únicamente de los gobernantes. La democracia moderna se basa en el principio de representación, que indica que la ciudadanía delega funciones de administración y cuidado del interés público en los titulares del poder social, pero no renuncia a su soberanía original y a su derecho de vigilar la actuación de las autoridades electas. No hay “carta blanca” alguna en el hecho de que los gobernantes reciban la encomienda de tomar decisiones que busquen el bien común. Y para ello se les dota de facultades y recursos, que de ninguna manera son omnímodos.
La nueva cultura política que ha surgido en el país desde 1988 con el mega fraude electoral de ese año, ha forjado una nueva clase ciudadana, participativa y en expansión. Los mexicanos de la segunda década del tercer milenio no nos parecemos ya a los “mexicanos de los noventa” que retrató el libro de Ulises Beltrán y otros (UNAM, 1996). Mucho menos nos parecemos a los mexicanos de los sesenta, que vivían atrapados en la cultura política del súbdito, que retrataron Almod y Verba (The Civic Culture, 1963) en su revisión clásica en cinco países.
Los mexicanos de hoy, sobre todo de clase media, rechazamos el autoritarismo de la posrevolución. De igual manera rechazamos los nuevos autoritarismos de izquierda y derecha, que se han agazapado en los partidos políticos. Es bien sabido que los autoritarismos más cerriles se gestaban –y se gestan- a nivel municipal, que ha padecido caciquismos tipo don Perpetuo del Rosal. De ello eran conscientes incluso los presidentes más autoritarios, como Calles, que los combatieron.

Resulta que el secretario del ayuntamiento –el padre , el síndico –el hijo y el propio alcalde -¿el espíritu santo?- de San Guanajuato, Cuc, amenazaron y cumplieron con presentar una demanda contra el joven empresario Alejandro Navarro, a quien el primero calificó en entrevista como “muchachito estúpido”, ofendiendo la dignidad del presidente de la asociación civil “Guanajuato Somos Todos”, organización que es resultado directo del movimiento social que le propinó tamaña zurra a la autoridad en el plebiscito del 5 de diciembre.
Se confirma que este ayuntamiento es incapaz de dialogar y de asumir con prudencia las críticas inevitables en cualquier función pública. Se han aficionado a la judicialización de sus diferencias con la sociedad, pues hay que recordar que hace un año demandaron penalmente a los líderes del Frente Cívico Guanajuatense, Eduardo Lachica y Miguel Ángel Chacón. También ha habido amenazas contra otros personajes, como el empresario Guillermo Smith, el constructor Salvador Flores, el abogado y consejero del SIMAPAG Ramón Izaguirre, y otros más –yo mismo, como lo denuncié públicamente en una nota periodística del 14 de diciembre pasado- que hemos debido soportar la altanería de personajes que se supone nos sirven.
El síndico presentó una denuncia contra Alejandro Navarro acusándolo de “difamación y calumnia” por haber afirmado que la eventual concesión del contrato para surtir de agua al SIMAPAG por parte de cierta empresa, era un “pago de favores”. Seguramente la demanda se basa en el arcaico artículo 188 de nuestro Código Penal estatal, que reza: “A quien comunique dolosamente a otro la imputación que hace a una persona física o moral de un hecho cierto o falso que le cause o pueda causarle deshonra, descrédito o perjuicio, se le aplicará de un mes a un año de prisión y de diez a cincuenta días multa.”
El estatuto es increíblemente vago. Tanto que cualquier miembro de nuestra sociedad cae cotidianamente en el supuesto combatido. Desde las señoras chismosas del mercado, hasta nuestros más encumbrados políticos hacen asertos que pueden estar causando alguna “deshonra” a alguien. Ya ni digamos la prensa y los medios. No por nada en el código federal se derogó desde el 2007 el delito de calumnia, con lo que se protegió la libertad de expresión y el oficio del periodismo y la opinión. Pero en Guanajuato arrastramos anacronismos como este, anticonstitucionales, que en el ámbito internacional han sido superados hace mucho tiempo.
Estoy seguro de que Alejandro saldrá airoso de este nuevo arrebato de la autoridad. También espero que él y Ramón Izaguirre presenten sus quejas ante la Procuraduría de los Derechos Humanos, porque en sus personas se busca cebar el odio acumulado por una autoridad incompetente y rijosa. Guanajuato Somos Todos está con ustedes.

---

Hace un año, 4

Por: © Luis Miguel Rionda ©

Publicado en de León.

Terminaremos ahora de historiar el movimiento social que surgió en la ciudad de Guanajuato hace un año, con motivo del pretendido cambio de uso de suelo en los bajos del cerro de La Bufa, y la intención de urbanizar el área y “dignificar” la loma del Hormiguero, donde cada año y desde 1624 se realiza la fiesta de la Cueva de San Ignacio, santo patrono de la villa.
El desarrollador quiso presentar el proyecto como una oportunidad para la generación de miles de empleos, tan necesarios en una capital con pocas alternativas de desarrollo. Se manejaron alegremente cifras que bailaron según el declarante entre los 50 y los 800 empleos permanentes, y los mil y seis mil temporales. Estos últimos en la construcción de un desarrollo que preveía 893 viviendas de 160 metros cuadrados, con una densidad de 200 a 300 habitantes por hectárea, un centro comercial con 400 locales, un hotel de gran turismo, una central de transferencia de pasajeros y un “parque urbano”. Este último fue una zanahoria adicional. Para promoverlo se montaron algunos quioscos donde se exhibía un video promocional del “Parque Cultural San Ignacio”, que preveía la construcción en el Hormiguero de un auditorio, andadores, dos museos… en fin, el cerro dejaría de serlo bajo placas de cemento y edificaciones.

El 13 de agosto el ayuntamiento solicitó formalmente a la Comisión de Participación Ciudadana del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato la realización, por primera vez en la historia de la entidad, de un plebiscito sobre el tema. Esa comisión aprobó la solicitud el día 19, y procedió a cotizar el costo del instrumento: un millón 110 mil 771 pesos. El ayuntamiento aceptó aportarlos, y rascó el recurso de sus escasas finanzas, afectando seguramente a partidas importantes para la ciudad. Al inicio los grupos opositores rechazaron el plebiscito, pues la Ley Estatal de Participación Ciudadana exigía, para que el resultado fuese vinculante, condiciones imposibles de cumplir, incluso para los propios partidos políticos si pudiesen participar –que no—: 50% de participación electoral –en la elección municipal de 2009 hubo un 46.6%—, y mayoría calificada de un 60% para la opción ganadora. Además, a los dos años la vinculación dejaría de tener validez. Sin embargo, el ayuntamiento acordó atender al resultado incluso si no se lograban los umbrales. Esto condujo a que los opositores aceptaran participar, aunque bajo protesta.
El 31 de octubre se realizó una tercera marcha multitudinaria por las calles principales de la ciudad, hasta de nuevo, como en la primera, culminar en la Plaza de la Paz. El constructor y el propio municipio –contraviniendo el reglamento de la ley de marras— promovieron activamente el voto afirmativo, con derroche de recursos privados y públicos en propaganda nada disimulada. Los medios de comunicación se dividieron, así como los políticos y la sociedad misma. Descalificaciones fueron y vinieron, hasta crispar el ambiente. Los grupos opositores reunieron más de siete mil firmas de rechazo al proyecto, que dieron una idea del sentir comunitario.

El domingo 5 de diciembre hubo una participación de casi el 13% del padrón electoral de 116 mil 349 electores. Muy elevada si la comparamos con el 6.6% del plebiscito que se organizó en el DF el 22 de septiembre de 2002 para aprobar la construcción del segundo piso del periférico. El 84% de los votantes optó por el No, el 15.3% por el Sí y el 0.7% anuló su voto. 5.5 votos negativos por cada positivo. Fue clarísima la decisión ciudadana. El alcalde había ganado su propia elección con un 43.9% de los votos válidos, equivalente a 22 mil 283 votos, apenas diez mil por arriba de los 12 mil 547 que votaron por el No.

El ayuntamiento de Guanajuato, en su sesión del 10 de diciembre de 2010, revocó el polémico acuerdo del 13 de julio anterior. Lo hizo a regañadientes y en una sesión tensa, para la que previamente el auditorio había sido llenado de acarreados y así dificultar la presencia de los opositores; sin leerse públicamente el acuerdo, con el voto en contra de un regidor panista y el desplante regañón del síndico priísta. El alcalde mostró moderación y acató el compromiso público.

El IEEG le reintegró al ayuntamiento un remanente de 243 mil 114 pesos, muy necesarios sin duda para un municipio con un presupuesto anual total de 322.5 millones de pesos.
El constructor no se cruzaría de brazos. En enero de 2011 interpondría un recurso legal contra el ayuntamiento ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del estado. Recurso que finalmente fue sobreseído el 15 de julio pasado. Pero la historia no termina aún, y habrá que mantener la guardia en alto.

---

Hace un año, 3

Por: © Luis Miguel Rionda ©

Publicado en de León.

En julio del año pasado y en Guanajuato capital, se desarrollaron dos marchas de protesta donde demandamos la anulación del acuerdo del Ayuntamiento del 13 de julio, cuando se preautorizó el cambio de uso de suelo para el predio Granja La Bufa. La primera el 25, con 500 participantes, y la segunda el mero Día de la Cueva de San Ignacio, el 31 de julio, con mil manifestantes. Como fueron marchas muy concurridas, sobre todo si tomamos en cuenta que la población total de la ciudad es de no más de 140 mil personas, muchos creímos que la autoridad municipal comprendería el mensaje y que recularía en su decisión. No fue así: se radicalizó la posición del Ayuntamiento, que cerró filas alrededor del presidente municipal. Ediles de tres partidos lo apoyaron y sólo se mantuvo la oposición del Verde, aunque con vacilaciones. Sin embargo, las propias dirigencias partidistas estatales comenzaron a dudar de la pertinencia de la posición del Cabildo, en particular los partidos gobernantes en el municipio.

Se intensificaron las reuniones de coordinación entre los grupos ciudadanos. Se realizaron encuentros con dirigentes partidistas, de los que no se obtuvieron resultados. Nos enfrentábamos a las propias divisiones internas de esos institutos. El cabildo formó una comisión de contacto con el movimiento, que un viernes por la tarde nos citó a reunión para el siguiente lunes a las 10:00 de la mañana. Era evidente la intención de hacernos fallar a una cita imposible de cumplir, sobre todo porque la mayoría de los ciudadanos tenemos empleos diurnos. Respondimos con una contrapropuesta: citamos a la comisión a una reunión pública el siguiente jueves, el 28 de agosto por la tarde, en la Plaza de San Roque. Acudimos 80 personas, pero no así los representantes municipales. La reunión se convirtió en sesión de catarsis y planeación. Se plantearon más acciones de rechazo público y una estrategia para detener un proyecto que causaba repulsa generalizada. Cartas a la SEMARNAT y a la PROFEPA, solicitudes de información pública –la mayoría negadas por la autoridad municipal—, entrevistas a los medios, artículos de opinión y cuanto recurso estuvo a nuestro alcance fue empleado para generar un ambiente de protesta. Recibimos la solidaridad de centenares de personas de otras ciudades del país y del extranjero, así como de movimientos hermanos como “Todos somos Puebla”, otros de Michoacán, así como del DF.
El 29 de septiembre se presentó en el Teatro Juárez un libro conmemorativo de los 100 años del Mercado Hidalgo, otro ícono de nuestra ciudad. Fue invitada María Luisa “La China” Mendoza, quien en un arrebato de guanajuatidad enfadada dijo: “Hoy unos miserables piensan crucificar el cerro para volverlo colonia, super, club, etcétera y pasar a cuchillo nuestras historia, a los tlacuaches, zorrillos, armadillos, conejos, ardillas, lagartijas, víboras, alicantes, petirrojos, cuervos, águilas, halcones, cactus, casuarinas, eucaliptos, huizaches y mezquites. Los guanajuatenses no estamos mancos, ¡no nos vamos a dejar!” Esto arrancó una ovación de tres minutos, que incomodó a los pocos regidores presentes. Fue así que La China se convirtió en la madrina de nuestro movimiento.

El 30 de septiembre el alcalde Guerrero emitió su primer informe de gobierno. Por supuesto había que manifestarse. Ahí se nos unieron los colonos y campesinos pobres de Guanajuato, organizados alrededor del Frente Cívico “Euquerio Guerrero”. Ellos con una agenda social que rebasaba los objetivos de nuestro movimiento pero, ciudadanos todos, nos unimos para manifestarnos a una sola voz. Aunque habíamos acordado mantener la paz que siempre caracterizó a nuestras movilizaciones, el alcalde prefirió entrar por una puertita trasera del Teatro Principal, para desde los micrófonos lanzarnos la diatriba de llamarnos “patanes”. Esto por una presunta agresión verbal de uno de nuestros compañeros a una regidora, quien tergiversó los hechos. Y el alcalde se mantuvo en su macho.

Y seguimos con nuestras protestas. Aprovechamos la inauguración y la clausura del Festival Internacional Cervantino para animar a las multitudes de la explanada de la Alhóndiga de Granaditas con nuestros pregones y globos enormes, a la manera del hermoso espectáculo del “Juego Mágico” que Juan Ibáñez montó en los años ochenta. Veinte de nosotros fuimos capaces de hacer reaccionar en favor de nuestra causa a siete mil locales y visitantes, que corearon nuestras consignas y se llevaron a sus lugares de origen la convicción de que en Guanajuato sucedían cosas importantes.
El ayuntamiento, para no dar su brazo a torcer ante las crecientes voces que exigían reconsideración, encontró una salida conveniente al solicitarle al Instituto Electoral del Estado de Guanajuato (IEEG) la realización, por primera vez en la historia de nuestra entidad, de un plebiscito con base en la Ley de Participación Ciudadana de 2002, que había sido diseñada para evitar precisamente esa participación. El IEEG accedió y calculó el costo en más de un millón 400 mil pesos, que evidentemente no estaban considerados en ningún capítulo del presupuesto municipal. Los politólogos sabemos que ninguna autoridad llama a plebiscitos o a referendos sin la seguridad de ganarlos. Tanta era la confianza y el autoengaño de la autoridad guanajuateña, que le condujo al mayor desastre electoral de nuestra historia reciente.
Así se dejó venir la tercera marcha, la del 31 de octubre…

Continuaremos rememorando la próxima.

---

Hace un año, 2

Por: © Luis Miguel Rionda ©

Publicado en de León.

En sesión del Ayuntamiento de Guanajuato capital del 13 de julio de 2010 se emitió un acuerdo autorizando la factibilidad en el cambio de uso de suelo del predio “Granja La Bufa”, de poco más de 47 hectáreas que abarcaban el cerro del Hormiguero –precisamente donde se realiza desde 1624 la verbena popular para celebrar al Santo Patrono de la ciudad, Ignacio de Loyola hasta la propia cuenca de la presa colonial Pozuelos, tan lastimada. Lo abrupto de la decisión, que se venía cocinando desde diciembre en negociaciones muy reservadas, nos sorprendió fuertemente a muchos ciudadanos comunes. Reaccionaron en particular los jóvenes estudiantes y algunas personas mayores que temieron por el destino de esta fiesta popular, así como por el arranque de un proceso de urbanización salvaje en un área que hasta entonces se había mantenido ajena a la especulación urbana.
El instrumento que ese grupo de jóvenes y adultos encontraron para canalizar su enojo y comenzar a organizar un Movimiento Social Urbano –en la terminología de Manuel Castells- fueron las redes sociales que han surgido gracias a las nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación, las célebres TIC’s, cuyo espacio principal es la virtualidad del internet. En este caso la herramienta privilegiada fue la red social Facebook, fundada como es de todos sabido por el joven Mark Zuckerberg (1984), estudiante de la Universidad de Harvard, a mediados de la década pasada. Un par de jóvenes, Cecilia Barrera (1988) estudiante de Derecho de la UIA-León, y Alfredo “Kanels” Segura (1985), recién egresado de la misma carrera en la Universidad de Guanajuato, decidieron abrir un grupo de discusión en el Face, al que denominaron “Guanajuato somos todos!!”, así con doble admiración.

En pocos días nos sumamos centenares de participantes y las discusiones y el enojo colectivo nos llevó a acordar la realización de un primer encuentro personal de los integrantes que pudieran. El 22 de julio un grupito de 20 personas nos reunimos en el estacionamiento de un centro comercial, desde donde se admira –espléndida- La Bufa. Acudieron sobre todo jóvenes, pero también algunas señoras y yo, que ya acumulamos edad. Ahí se definió la primera acción colectiva: una marcha multitudinaria para el siguiente domingo 25, que partiera del monumento a Florencio Antillón, hasta la Plaza de la Paz. En tres días se organizó el operativo, que requirió de una gran colaboración entre personas que hasta ese día no se conocían.

La cita fue a las 11:00, y a esa hora éramos muy pocos los que nos apersonamos frente a la Escuela de Música. Al principio el miedo fue al ridículo, a que marcháramos 20 ó 30 “catrines” –siempre nos han acusado de ser un movimiento clasemediero- por entre el tráfico y la indiferencia popular. Afortunadamente no fue así: de los autobuses urbanos bajaban y bajaban personas vestidas con playera blanca y pantalón de mezclilla, el atuendo que acordamos emplear para identificarnos. Ya cerca del mediodía, comenzamos a marchar más de 250 personas –yo las conté- enarbolando cartelones y pancartas, pero sobre todo gritando a todo pulmón: “¡Guanajuato tiene voz!”, “¡Ni hoteles ni casas, queremos La Bufa así como está!” “¡Nicéforo, entiende, La Bufa no se vende!”

Por una confusión inevitable, otro grupo de ciudadanos se había reunido en la glorieta Pozuelos. Pudimos contactarnos y ellos atravesaron el túnel que lleva a Embajadoras, donde se nos unieron en medio de una gran algarabía. Nuestro grupo fue creciendo hasta que al atravesar por el Jardín Unión ya éramos más de 500 vociferantes. Culminamos en el monumento a La Paz, donde la lluvia no arredró a una multitud exaltada, que defendía su tradición, su cultura y sus espacios naturales.

La autoridad municipal reaccionó con la descalificación y la diatriba. Se nos acusó de ignorantes desinformados, manipulados por “intereses políticos oscuros”, y no sé de qué más. El movimiento continuó. Otra vez por medio de las TIC’s, mediante los grupos “Guanajuato somos Todos” y “Rescatando Los Picachos”, a los que pronto se unieron el Consejo Ecologista Guanajuatense y el Frente Cívico “Euquerio Guerrero”, convocamos a una segunda movilización, que se realizó apenas seis días después el sábado 31, el mero Día de la Cueva.

Para esa marcha ya hubo más coordinación y eficiencia. Nos reunimos en la glorieta Pozuelos, ahora portando más pancartas y más camisetas con el rojinegro logotipo de GST. Con un equipo de sonido rentado animamos una caminata de más de mil personas, sobre todo familias acompañadas de sus chiquitines, que recorrimos los dos o tres kilómetros de carretera panorámica que separan la glorieta del cerro de El Hormiguero, donde se realiza la verbena popular desde el siglo XVII. Los comerciantes nos regalaban botellas de agua. Los paseantes nos vitoreaban, y muchos se nos unieron, hasta que llegamos a la explanada cerril donde realizamos un nutrido mítin, donde quien quiso hizo uso del micrófono. Al final culminamos con nuestro canto de guerra: “Tierra de mis amores”, de don Jesús Elizarrarás.
Continuaremos rememorando la próxima.

---

Hace un año, 1

Por: © Luis Miguel Rionda ©

Publicado en de León.

Hace un año ya, el actual ayuntamiento de la ciudad de Guanajuato cometió el más grande error de su gestión. Bueno, el más grande en estos 21 meses de su mandato; todavía le faltan 15. Aunque el error fue pagado caro, finalmente fue un gran aprendizaje en la construcción de una ciudadanía crítica y activa en la capital del estado. Vale la pena rememorar un poco los hechos, a manera de homenaje al movimiento social que se desató en consecuencia. Recordemos que la “Empresa Mercantil Constructora Azacán S.A. de C.V.” había presentado el 2 de diciembre de 2009 ante el gobierno municipal, un estudio de compatibilidad urbanística para el cambio de uso de suelo en un predio de su propiedad denominado “Granja La Bufa”. El terreno en cuestión tenía, según el Plan de Desarrollo Urbano de 1994 aún vigente, un uso de suelo de preservación ecológica y parque urbano. Pero el dueño buscaba desarrollar “un proyecto que considera varios equipamientos de tipo: comercio, recreativo, de transporte, así como de usos de servicios y habitacional.”

Estaba muy fresca en la memoria de los capitalinos la historia de cómo se había hecho la constructora de ese terreno. Un periódico de circulación estatal había dado seguimiento a la adjudicación de la obra del nuevo acceso a la ciudad, denominado “Diego Rivera”, una obra de gran magnitud, de 200 millones de pesos de inversión, que atravesaría una superficie virgen pero demasiado cercana a los cerros más emblemáticos de Guanajuato: La Bufa, Los Picachos y El Hormiguero. Cito una nota de Martín Fuentes y Alfonso Ochoa del 9 de febrero de 2007: “(…) en diciembre de 2005, el constructor Alejandro Marcocchio, a quien días después se le asignaría el trabajo [del nuevo acceso], compró 47.4 hectáreas de superficie atravesada por la nueva carretera, según consta en el Registro Público de la Propiedad. Meses después, justo el 15 de septiembre del 2006 y a días de que concluyera el gobierno del PRI, encabezado por el entonces presidente interino Juan Antonio Valdés Fonseca, se modificó el ‘Plan de Ordenamiento Territorial del centro de población de Guanajuato, Guanajuato’, lo que permitiría al contratista construir zonas poblacionales de baja densidad en sus predios.” El nuevo POT se alcanzó a publicar en el Periódico Oficial del estado el 17 de noviembre de 2006, e inquietantemente señalaba: “se protegen aquellas zonas de valor escénico, con las que cuenta el municipio, como lo es el caso de la Bufa, cuyo peñón se mantiene libre de cualquier tipo de desarrollo”. ¡Zambomba! Se abría así la puerta a la urbanización del nuevo acceso, dejando libre solamente… el peñón.

El constructor había adquirido el predio de su anterior propietaria, Martha Guadalupe Rodríguez Gaudiano, por un precio de 248 mil 602 pesos con 40 centavos. Es decir, 1.9 pesos el metro cuadrado. Seguramente pagó más, pero sin duda el metro le siguió costando muy barato. Entretanto la empresa construyó la nueva carretera de cinco kilómetros, modificando la traza original y desatando la controversia pública al movilizar enormes cantidades de tierra y construyendo dos grandes terraplenes en Granja La Bufa para modificar su pendiente del 20% al 8%, cuyo interés privado era evidente. El impacto del proyecto sobre la zona fue de enormes dimensiones, y la sociedad civil no reaccionó a tiempo para detener el despropósito. Nostra culpa…

Durante la administración de Eduardo Romero Hicks (2006-2009) no se pudo formalizar la actualización del Plan de Ordenamiento Territorial (POT) 2008, para permitir al desarrollador cambiar el uso de suelo en Granja La Bufa. Algunos regidores, como Dolores Gasca, Samantha Smith y Salvador Flores, denunciaron en su oportunidad la intención de concretar ese cambio mediante el nuevo POT y beneficiar al poderoso particular.
Dicha permuta en el uso del suelo debió esperar a la siguiente administración municipal, que tuvo menos recato en permitirlo, incluso sin contar con el instrumento legal del POT actualizado que ordena la Ley Orgánica Municipal. Las negociaciones del constructor rebasaron a los grupos de interés locales, e involucraron a fuerzas supramunicipales, como el propio gobernador del Estado, quien desarrolló sus oficios para garantizar un buen ambiente para el proyecto.

En sesión del 13 de julio de 2010, el ayuntamiento encabezado por Nicéforo Guerrero Reynoso, quien había obtenido su triunfo electoral gracias a una inédita coalición PRI-PRD, emitió un acuerdo autorizando la viabilidad en el cambio de uso de suelo en Granja La Bufa. Los tres principales grupos partidistas en el cabildo expresaron su venia, incluyendo a la oposición panista, demasiado entusiasmada con el proyecto. Diez regidores y los dos síndicos votaron a favor. Sólo los dos regidores del Partido Verde se opusieron. Demasiado alimento para el sospechosismo…
Continuaremos rememorando la próxima.

---

Red Médica, 2

Por: © Luis Miguel Rionda ©

Publicado en de Guanajuato.

Hubo varias reacciones a mi artículo anterior, que quiero comentar ahora. Primero agradezco todas esas opiniones favorables al contenido de mi texto, y que coinciden en la necesidad de no sólo ampliar nuestra aportación, sino de repensar algunas de las estrategias financieras del propio sistema de salud universitario. Pero también agradezco las críticas al artículo, en particular la que me dirigió mi colega y amigo, sindicalista de cepa, Daniel Luna Soto, quien me escribió un amable pero enérgico mensaje donde asegura que “los universitarios no tenemos información específica sobre la red Médica, sólo está en el aire la información etérea que han proporcionado, resultado de aplicar las operaciones matemáticas básicas… nadie me ha dicho exactamente en qué se gasta mi aportación, cuál es la aportación de la Universidad y cuál la del gobierno del estado…” En otro mensaje me amplía su comentario asegurando que “sí estoy sorprendido el encontrar [en tu artículo] una gran aceptación de la idea de que nos metan la mano en nuestro bolsillo”. Estoy seguro de que Daniel me perdonará el atrevimiento de hacer público nuestro debate, pero creo que vale la pena hacerlo así, en beneficio de nuestra comunidad y de la propia red.

Daniel Luna, profesor del Depto.
de Arquitectura de la UG

Coincido con Daniel en que hay que exigir que se dé una explicación más amplia y precisa sobre las actuales aplicaciones de recursos, y que incluso se realice una auditoría. Hay que eliminar de tajo cualquier asomo de abuso. Pero también creo que un esquema de beneficios tan generoso no podía seguirse manteniendo tanto tiempo con base primordialmente en los subsidios de la institución. Los beneficiarios debemos ampliar nuestra aportación, independientemente de que se encuentren alternativas para darle viabilidad financiera a la red. Defender a priori nuestros bolsillos me suena egoísta, sin tener todavía claro el horizonte.
Por otra parte, recibí un interesante mensaje de mi colega y amigo Luis Lauro Garza, profesor de la Universidad Autónoma de Nuevo León y director de 15Diario.com, medio electrónico de Monterrey que reproduce esta columna. Y me dice: “… en la UANL contamos con un inmejorable servicio médico: consultorios, análisis y farmacia propios. Y en casos excepcionales se subroga la prestación de un servicio o la adquisición de un medicamento a clínicas privadas. Aparte de contar, cuando se ofrece, con un piso especial para empleados y trabajadores (Pensionados UANL) en el Hospital Universitario (el hospital-escuela de la Facultad de Medicina), donde te atienden muy bien y con calidad de primerísimo nivel. Por cierto, mis dos hijos nacieron allí, pues entonces (y creo que hoy también) en el HU contaba con el mejor y más moderno quirófano de la ciudad. Todo dentro del Área Médica de la UANL.”

Luis Lauro Garza, profesor
de la UANL

El esquema de la UANL es muy diferente al de nuestra red médica en la UG. Ellos le apostaron a sus fuerzas propias, y proveen directamente los servicios de salud a su comunidad universitaria. Y no están en crisis financiera, como nosotros. ¿No valdría la pena ir pensando en desarrollar infraestructura propia de atención a la salud, con base en nuestros departamentos académicos vinculados al área? ¿Por qué no pensar en hospitales universitarios para cada uno de los campii? También en más clínicas de primer contacto, e incluso en clínicas dentales, en convenio con la UNAM. Hay muchas alternativas, y nos convendría estudiar experiencias exitosas como la de la UANL.

---

De nuevo...

Por: © Luis Miguel Rionda ©

Publicado en de León.

No sé qué les pasa a las autoridades municipales de Guanajuato capital, que no terminan de salir de una para meterse en otra. Hace pocas semanas fueron defraudados por un proveedor de láminas para el programa “techo digno” con más de 400 mil pesos. Todavía no se sabe con claridad cómo se va a reparar el daño patrimonial que padecieron las arcas municipales; al menos yo lo desconozco. Luego nos enteramos del “cheque de hule” con el que les pretendió pagar tres millones de pesos el abusivo empresario chicano que explota las 35 momias viajeras que ya no sabemos si siguen en Detroit o ya están en Texas. Los abundantes viajes del alcalde son otro motivo de asombro, cuando se acude a excusas absurdas para justificarlos, como su semana en Cuba, donde aprendió a regar mejor el césped de los parques públicos.

Pareciera que los ediles de este gobierno “de coalición” (mejor dicho “de colisión”) son víctimas facilonas de fraudes, engaños y timos, además de una pésima relación con los ciudadanos comunes, a los que frecuentemente regañan o intimidan, como les sucedió a los vecinos de Villas de Guanajuato por atreverse a opinar diferente sobre la construcción de una delegación de policía.
Ahora arremeten -de nuevo- contra la agrupación civil “Guanajuato somos todos”, por habernos atrevido a solicitar copia -a nuestras expensas- del expediente del recurso legal que interpuso el constructor que fue afectado con la revocación del acuerdo del 13 de julio, sobre el cambio de uso de suelo de los bajos de los cerros de La Bufa y El Hormiguero. En las últimas semanas habíamos tenido cierto acercamiento con las autoridades municipales, con quienes participamos en la campaña “Limpiemos México” del domingo 5 pasado, para conmemorar el día mundial del medio ambiente. También hemos participado con entusiasmo y compromiso en los foros de consulta que está organizando el IMPLAN municipal y el equipo de investigadores de la UNAM, con el objeto de integrar el Plan de Ordenamiento Territorial, que podría ayudar a acabar con la especulación urbana y los intentos de urbanizar zonas de preservación ecológica, como la que pretende afectar la constructora.

Creímos que estábamos encontrando un nuevo entendimiento con el municipio, y que nuestro deber era apoyarlo a sostener el acuerdo del 10 de diciembre pasado, que revirtió el del 13 de julio. Nos enteramos con preocupación que a inicios de este año el constructor interpuso un recurso legal ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado, para combatir el acuerdo que revocaba la posibilidad del cambio de uso de suelo en “Granja La Bufa”, y que ese recurso tenía serias posibilidades de prosperar. El equipo de abogados de “Guanajuato somos todos”, en el que participa el talentoso abogado Ramón Izaguirre Ojeda, creyó poder coadyuvar con el municipio haciendo uso del recurso de la doctrina jurídica denominado Amicus curiæ, y que es definido por el propio Ramón como “la forma a través de la cual una o más personas, que no son parte en una controversia judicial, aportan argumentos en ella dada la trascendencia del conflicto por resolver.”
El municipio, por las voces del síndico y del secretario del ayuntamiento, Gabino Carbajo junior y Gabino Carbajo senior, negaron rotunda y airadamente cualquier posibilidad de que “particulares” como nosotros recibamos copia alguna del expediente. Volvieron a proferir denostaciones contra nuestro movimiento y de plano le demandaron a Ramón Izaguirre que renuncie a la posición que detenta como miembro del consejo ciudadano del SIMAPAG, el sistema municipal de agua potable. Consideran que es una aberración que el consejero cobre en las arcas del ayuntamiento y que al mismo tiempo sea un crítico de las decisiones de ese cuerpo; es decir, que el que paga manda y que se espera que los servidores públicos no sólo aporten su trabajo y talentos, sino también su conciencia y su libertad de expresión.

Ramón Izaguirre no es un empleado del ayuntamiento: es un consejero ciudadano que a cambio de su esfuerzo y compromiso con el SIMAPAG –que no con el ayuntamiento- recibe una dieta –que no es sueldo- que compensa el sacrificio de su tiempo. Si fuera un trabajador más de la nómina, o bien un ejecutivo, tendría derechos laborales, percibiría aguinaldo, bonos y una liquidación en caso de despido. Incluso podría sindicalizarse, si fuera el caso. En la Ley para los Servidores Públicos del Estado y los Municipios de Guanajuato no aparece en ninguna parte la figura de consejero ciudadano, por lo que no es sujeto de la misma ley. Los consejos de corte ciudadano fueron creados para darle independencia a las instituciones, no para someterlos a otras autoridades “superiores”. Pero no me sorprendería que el ayuntamiento, torciendo la interpretación de la ley, cometa otra arbitrariedad y deponga al consejero Izaguirre, en venganza por la paliza que les propinó la ciudadanía en el plebiscito que ellos mismos convocaron. Pero Ramón tiene experiencia en poner en su lugar a autoridades abusivas, siempre con el uso de la ley.

---

Juicio por los derechos ciudadanos

Por: © Luis Miguel Rionda ©

Publicado en de Guanajuato.

El día de ayer presenté ante el Tribunal Electoral del Estado de Guanajuato una petición de juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano. Esto para combatir el acuerdo del Congreso del Estado del 30 de mayo pasado con el que designó al consejero ciudadano propietario para el consejo general del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato (IEEG). Lo hice convencido de que el procedimiento actual con el que los grupos y representaciones parlamentarias integran la terna que manda la ley para la selección del consejero ciudadano, es oscuro e incierto, pues no incluye mecanismos que le den apertura hacia la sociedad y hacia los ciudadanos que eventualmente pudieran considerarse calificados para cumplir a cabalidad la función de autoridad electoral.

Hace 17 años Guanajuato fue pionero en el país en la ciudadanización plena de su organismo electoral. Con la emisión del código de 1994, nuestra entidad innovó los esquemas vigentes hasta entonces mediante la integración de un instituto que le dio certeza y confiabilidad a sus procedimientos electorales. Sin embargo, demasiado pronto nuestra legislación se vio rebasada por otros códigos electorales locales y por el propio COFIPE, la norma federal. En 1997 en el IFE se profesionalizó la función y se creó la figura de “consejero electoral”.
Los consejeros generales electorales del IFE son funcionarios públicos de tiempo completo, y por lo mismo son sujetos de las responsabilidades que la ley marca a ese tipo de servidores. En Guanajuato, con nuestra arcaica figura de consejeros ciudadanos, los mismos no se desempeñan de tiempo completo ni son considerados sujetos de la ley de responsabilidades de los servidores públicos, aunque sí se encuentran protegidos por el fuero, lo que posibilita conductas antiéticas e incluso auténtica corrupción.
Aunque no tienen carga laboral de tiempo completo, los consejeros de Guanajuato sí perciben sustanciales emolumentos, que rebasan los 660 mil pesos netos al año, más aguinaldo y otras prestaciones. Eso le ha dado a estas posiciones un atractivo monumental, por lo que no pocos aspirantes, incluso con poca experiencia o vocación en el ámbito electoral, busquen los padrinazgos de los partidos políticos para hacerse de estas jugosas “dietas”. Esto ha deformado de raíz el procedimiento de selección de consejeros, pues induce el interés económico por parte de los aspirantes.
Con el recurso que interpuse ante el tribunal busco que el proceso se reponga, pero ahora bajo condiciones de equidad que le permitan a la sociedad y a sus organizaciones poder participar en la proposición de aspirantes. El actual sistema de cuotas partidistas debe ser cambiado mediante una reforma legal, y debe contemplar mecanismos de evaluación de capacidades y vocaciones. No estaría mal bajar el monto de las dietas, o bien convertir la posición en una responsabilidad pública de tiempo completo.
En esta y en otras ocasiones he participado en el proceso por voluntad propia. Nunca a propuesta de un partido. Yo he levantado mi dedo para autoproponerme porque estoy convencido de que tengo la experiencia, la capacidad y el gusto por la materia electoral y por la participación ciudadana en los asuntos públicos. Sé que con este recurso estoy “quemando mis naves” con los partidos, que difícilmente me considerarán en el futuro para este tipo de posiciones. Pero no me importa: busco agitar el árbol para que caigan las manzanas podridas y permitir que crezcan nuevas. Sin importar el resultado de mi queja, creo que contribuyo al debate público sobre la urgencia de una reforma electoral profunda, que nos vuelva a colocar en la posición de avanzada que un día tuvimos.

---

De zorros y leones

Por: © Luis Miguel Rionda ©

Publicado en de León.

El ejercicio de la política en nuestro país ha caído en un franco cinismo en el ejercicio del poder. Poco importa la ética pública, el compromiso con la legalidad y el respeto por los opositores, así como por los ciudadanos comunes. Los que nos dedicamos al estudio –que no ejercicio- de la misma no somos ingenuos ni pretendemos que los políticos se comporten como apóstoles del bien común ni mártires en la lucha por la moral pública. No, para nada. Sabemos que la clase política en todos los países responde a intereses que rebasan por mucho las plataformas y los principios partidarios. Hay un compromiso tácito, nunca confesado, con la preservación del poder muy a la manera como Maquiavelo se lo recomendaba al príncipe, en su capítulo sobre el modo de cumplir las promesas: “Nadie deja de comprender cuán digno de alabanza es el príncipe que cumple la palabra dada, que obra con rectitud y no con doblez; pero la experiencia nos demuestra, por lo que sucede en nuestros tiempos, que son precisamente los príncipes que han hecho menos caso de la fe jurada, envuelto a los demás con su astucia y reído de los que han confiado en su lealtad, los únicos que han realizado grandes empresas.” Y continuaba: “conviene que el príncipe se transforme en zorro y en león, porque el león no sabe protegerse de las trampas ni el zorro protegerse de los lobos. Hay, pues, que ser zorro para conocer las trampas y león para espantar a los lobos.”

Los políticos mexicanos han demostrado ser alumnos adelantados del consejero florentino. Aplican sus lecciones sin importarles que la consecuencia inevitable sea el descrédito social generalizado de la clase política, que hoy día le merece la menor de las confianzas a la sociedad mayor. México padece, entre muchas otras cosas, del desprestigio generalizado de sus hombres y mujeres en el poder y en la representación social. Y es que nuestros políticos han resultado más zorros que leones, y cultivan más la intriga palaciega que la atención decidida a los males y necesidades de sus gobernados o representados.
En Guanajuato, donde se practica desde hace mucho la política zorruna, florentina, enmascarada, hemos refinado el arte de la doble cara, del decir y no hacer, de la pretensión declarativa de moralidad pero con la ejecución de acciones sin escrúpulos. Algo sé del asunto, luego de terminar un libro histórico sobre los cien años de partidos políticos en nuestra entidad, a cuya presentación, querido lector o lectora, te invito este viernes 10 de junio a las 17:00 en el auditorio general de la Universidad de Guanajuato. Invita el Instituto Electoral del Estado de Guanajuato (IEEG), que promete obsequiar un ejemplar a cada asistente que se registre. El comentarista será el doctor Leonardo Valdés, presidente consejero del IFE, profesor con licencia de nuestra universidad, y mi querido amigo.

Retornando al tema, diré que mi capacidad de asombro se ve rebasada de tanto en tanto. El último evento me tocó personalmente, cuando en un nuevo tour de force las mayorías parlamentarias de nuestro congreso local rompieron un compromiso político con la tercera fuerza y nombraron a un consejero ciudadano del IEEG más afín a la pasividad a la que han condenado al consejo general del instituto. Inercia que quiso romper su actual presidente, quien por ello se ha echado encima la mala vibra de los partidos.
Desde hace tiempo se ha optado por la endogamia, convirtiendo a la “representación ciudadana independiente” que debe conducir la institución, en rehén de los partidos. Antes, en tiempos del viejo autoritarismo, la Comisión Electoral del estado se mantenía bajo el control estrecho del Ejecutivo, que incluso la presidía mediante el Secretario de Gobierno. Hoy ese control ha migrado hacia el Legislativo, pero el rumor de pasillo afirma que es un disfraz, pues se mantiene el control del Ejecutivo, que interviene en los hechos para imponer consejeros. Se evade así la reforma legal que en el 2008 le enajenó al gobernador la capacidad de proponer candidatos a esas posiciones.
Es triste constatar que los políticos y los partidos abjuran de los principios que en algún momento de sus historias les honraron. El poder corrompe, no cabe duda. Y hasta el partido con la tradición cívica más brillante, que apostó a la “brega de eternidad” en la formación de ciudadanos demócratas, es capaz de emular los peores hábitos del pasado con tal de afianzar un control político que muy poco ayuda a rescatar el prestigio social de la política.

---

Paz, ¡pero ya!

Por: © Luis Miguel Rionda ©

Publicado en de León.

El miércoles fue un día de movilización nacional. Cerca de una cincuentena de marchas y manifestaciones a todo lo largo del territorio nacional puso en evidencia que la sociedad civil concientizada está harta de la cruenta guerra entre el Estado mexicano y los carteles de la delincuencia organizada. Los que participamos en las protestas, lo hicimos con la clara expectativa de hacer oír nuestro rechazo a la violencia, tanto la institucional como la criminal. Hicimos coro al “¡ya estamos hasta la madre!” de Javier Sicilia, al “si no pueden, ¡renuncien!” de Alejandro Martí, y al “¡no tienen madre!” de Nelson Vargas.

La sociedad civil mexicana está exasperada por la violencia. Casi cuarenta mil muertos son un precio excesivo para justificar una guerra que no se puede ganar. El mismo secretario de Seguridad Pública federal, Genaro García Luna, vaticina que la violencia en nuestro país comenzará a disminuir en al menos siete años. ¡Siete años! ¿Y cuántos muertos más? ¿Cien mil? ¿Doscientos mil? Es demasiado, es inaceptable, es inmoral.
La esperanza reside en la sociedad movilizada. Entre uno y dos centenares de ciudadanos acudimos este miércoles a la Plaza de la Paz, en Guanajuato capital. Un lugar emblemático: la antigua Plaza Mayor de esa ciudad que mudó de nombre en 1898 cuando se levantó ahí el monumento a la Paz, de Jesús Contreras, como símbolo del agradecimiento de la población local a la paz porfiriana que tanto benefició a Guanajuato, estado que fue torturado cruelmente por la violencia del siglo XIX. Es un monumento precioso: una columna de mármol, de orden jónico, es coronada por una altiva mujer broncínea de pechos desnudos, que se posa sobre un orbe sostenido por hojas de olivo y por rechonchos querubines que contemplan la hermosa plaza. Abajo un soldado, tal vez Marte, observa abrumado a la multitud, empuñando su sable sin hoja. Dicen que se la robaron; otros creen que su vacío es a propósito.

La violencia en México nos ha hecho perder el sentido del asombro. Las pavorosas cifras de muertos, descuartizados, descabezados, desaparecidos, secuestrados, mutilados, violadas, asaltados y extorsionados nos son indiferentes, de lo abultadas que nos las presentan los medios. Ya se ha convertido en ejercicio morboso el llevar la contabilidad de la matanza. Sólo los que han perdido a un ser querido, a un amigo, a un familiar, han probado el dolor en su real dimensión, y la impotencia que provoca el terriblemente ineficiente sistema de procuración de justicia mexicano. Nuestras policías no previenen el delito, pues se ocultan del mismo por temor a ser victimados ellos mismos. Tampoco investigan ni persiguen con eficiencia, pues carecen de profesionalización. Décadas de abandono de la fuerza pública nos han pasado la terrible factura de su incompetencia, su corrupción y su indolencia. Ser policía o soldado en México es como un bachiller que aspira a ingresar en la universidad del delito.

El gobierno del presidente Calderón debe reevaluar con urgencia sus estrategias, pues es demasiado evidente que equivocó el camino desde el inicio, desde que azotó al avispero de la delincuencia sin tener preparadas las contramedidas, las respuestas inteligentes que desarmaran las muy esperables respuestas de la violencia criminal. Se debió tejer con antelación un acuerdo nacional e internacional en torno al desvergonzado lavado de dinero que instituciones poderosas ejercitan en beneficio del narcotráfico. Se debió contener el flujo de armas provenientes del norte, comprometiendo al gobierno norteamericano a cambiar su política sobre las armas de asalto. Se debió haber depurado y profesionalizado a las policías, emulando el modelo colombiano. Nunca se debió involucrar al ejército, pues un mazo nunca cumplirá la función de un martillo. Es decir, se debió recurrir antes al seso que al machete.

La desesperación del gobierno federal, la cómoda tibieza de los gobiernos estatales y la inoperancia de los municipales contribuye mucho a la sensación de desconcierto generalizado. Y los criminales, como los animales de rapiña, perciben el miedo y atacan al consternado. Eso explica la exasperación de los ciudadanos comunes, que se radicalizan y mientan madres. ¡Estamos hasta la madre!, vocifera Sicilia. Y miles lo coreamos.

Nadie va a querer que esta pesadilla se prolongue por siete años. Ni siquiera por dos años. No tenemos tanto tiempo, pues el país se nos descose y se subleva. Es tiempo de pensar en medidas radicales, aunque no gusten a los gringos.

---

Autoridad acorralada

Por: © Luis Miguel Rionda ©

Publicado en de Guanajuato.

La sesión del ayuntamiento de Guanajuato capital celebrada el viernes 10 pasado fue muy especial por un par de motivos. Primero porque fue la primera ocasión –que yo tenga memoria y he trabajado la historia de los últimos cien años de nuestra ciudad- en que la autoridad debió revocar un acuerdo suyo en respuesta a una impresionante presión ciudadana, que se materializó en el 84% de voto negativo en el plebiscito del domingo 5.
Segundo porque se cometieron varios errores inútiles, como el de haber obviado la lectura del nuevo acuerdo, siendo que el numeroso público presente deseaba conocer el contenido del mismo -bueno, al menos los que acudimos sin ser acarreados por los líderes de Colonias Unidas, que coparon los lugares disponibles con humildes señoras y niños que se aburrieron como nunca en su vida-. Era asunto de sensibilidad política: convenía que se leyera el acuerdo, de tan sólo dos cuartillas y media, a fin de atajar cualquier “sospechosismo” por parte de los opositores al anterior acuerdo. Otro error inexplicable fue haber abordado en la misma sesión otros puntos que evidentemente buscaron premiar a la agrupación clientelar Colonias Unidas: la regularización de predios en los asentamientos donde ejercen su capacidad de chantaje los líderes oportunistas de siempre. No hay que hacer cosas buenas que parezcan malas, dice el sabio dicho popular. Es posible que esa regularización no tenga nada qué ver con el asunto de la Bufa, pero ¿para qué juntarlos? Hasta políticos novatos como el bravucón síndico priísta podrían entenderlo –o eso creo.

En fin, el asunto 4 del orden del día consistió en la aprobación del punto de acuerdo que revocó otro punto de acuerdo, el del 13 de julio, que provocó la inmensa molestia ciudadana. El punto revocado otorgaba la factibilidad de cambio de uso de suelo del predio “Granja la Bufa”, ubicado a tan sólo 622 metros de la base del cerro más emblemático de la ciudad. Sin embargo, el nuevo fallo fue atacado por el profesor Francisco Licea Montiel, regidor del PAN (como antes lo había sido del PRI), quien invocó el carácter ilegal de otro acuerdo, del 9 de septiembre, que estableció el compromiso del ayuntamiento de respetar y cumplimentar el resultado del plebiscito aunque no se alcanzase el 50% de participación ciudadana definido por la ley respectiva. Reconoció haber votado a favor del mismo, y que no quería volver a cometer errores… ¡y volvió a cometer otro al ser el único edil en votar en contra! Con esto se evidenció como uno de los regidores más contradictorios en su actuación, pues en el origen de este asunto él había sido uno de los pocos ediles que pensaron seriamente en echar atrás el acuerdo del 13 de julio.

El junior...

Vale la pena detenerse en el largo alegato que espetó el síndico Gabino Carbajo junior: en una pieza de pobre oratoria, improvisada y por lo mismo plagada de antipolítica, se dedicó a descalificar a los movimientos sociales que se opusieron al desatino del ayuntamiento. Abusando de la posición privilegiada de ser miembro de un cuerpo edilicio soberano, que no admite diálogo más que por invitación, se dedicó a descalificar ciudadanos. En especial se refirió a mi persona, acusándome de haber mentido en mis aseveraciones sobre este tema. Afirmó que me lo había reclamado cara a cara. Y sí lo hizo, pero de muy mala manera: fustigándome con insultos en el estacionamiento cercano al edificio municipal. Ahí me reclamó, furibundo, de haberlo acusado de “ladrón”; lo confronté y le pedí que en concreto me indicara dónde lo acusaba yo de tal cosa. Cambió su versión y me espetó que había insultado a todo el ayuntamiento al acusarlos de corruptos; de nuevo le pedí –y le pido- que me muestre dónde expreso yo tal acusación. De nuevo cambió el tema y me reclamó por una fotografía de la Bufa y por haber “engañado a la gente” al afirmar que el desarrollo se daría sobre los cerros. Nueva patraña, que le convoco públicamente a probar con alguna evidencia basada en mis escritos o en mis participaciones televisivas. En mi blog personal puede encontrar todas mis publicaciones periódicas recientes.
Lamento que la autoridad responda con rencor y agresividad hacia los ciudadanos que nos hemos manifestado contrarios a sus decisiones. Ejercemos un derecho constitucional, y ellos están obligados a conducirse con respeto y ecuanimidad. Pero es evidente que esas preseas no adornan sus pechos.

---

Desarrollo urbano, pero sustentable

Por: © Luis Miguel Rionda ©

Publicado en de León.

El movimiento ciudadano que paró en seco la intención del ayuntamiento de la ciudad de Guanajuato y de un adinerado constructor local, de urbanizar las faldas de los cerros de La Bufa, los Picachos y el Hormiguero, ha convocado la atención nacional e internacional. Los protagonistas más visibles hemos recibido, además de muchas felicitaciones, varias propuestas para vincularnos con otros movimientos, que buscan preservar distintas áreas de la geografía natural del país fuera de la avaricia del desarrollismo inmediatista. Y es que los negocios inmobiliarios están depredando espacios de gran vulnerabilidad natural y social, y esa situación está despertando conciencias de ciudadanos inquietos, que no quieren aceptar la “inevitabilidad” del crecimiento urbano sobre los precarios nichos ecológicos que aún sobreviven a nuestra devastación.

Por otra parte, es cierto que la necesidad tiene cara de hereje, y que en panza vacía no entran razones ecologistas o preservacionistas. Nuestra gente más vulnerable vive desesperada ante la ausencia de oportunidades de hacerse de un trabajo y de una vida decente. Reconozcamos que la pobreza es la peor enemiga de la ecología y de la paz social. No podemos pedir respeto al entorno natural cuando la población no puede sostenerse con los recursos que le puede otorgar la civilización urbana o rural. Es por eso tan difícil combatir la deforestación de nuestros bosques, la sobreexplotación de los mantos freáticos, la quema de llantas en las ladrilleras, la cacería furtiva de especies en peligro de extinción, el comercio de animales escasos, la saturación con basura de ríos y canales, el contrabando de marfil y de pieles exóticas, el consumo popular de huevos de tortuga, la venta de loros de Colima en nuestros cruceros, etcétera.
Para la preservación de la naturaleza y del clima global la mejor receta es garantizar el desarrollo social con carácter sustentable. Crear empleos con baja huella ecológica, con alto valor agregado y por lo mismo bien remunerados y permanentes. Cuando la panza está llena, puede uno preocuparse más de asuntos trascendentes como el calentamiento global y la separación de desechos sólidos. No hay sustentabilidad en situaciones de pobreza.

Esto explica por qué pudo florecer un movimiento preservacionista en la ciudad de Guanajuato: es una ciudad con una clase media ilustrada mejor establecida que en otras urbes de la entidad y del centro del país. Mientras que el resto del estado de Guanajuato tiene un promedio educativo de seis años, y México registra siete, este municipio capital exhibió ocho en el último conteo poblacional. Además de una panza llena, se requiere también de una cabeza llena de educación. Ese es el germen del pensamiento ciudadano crítico y ecologista.
En esta edición de Milenio, en su página 10, se publica una carta de agradecimiento de “Guanajuato somos todos” a los ciudadanos que votaron en el plebiscito del domingo. No sólo agradecemos el apoyo de ese 84% que votó por el NO al cambio de uso de suelo, sino también a los que votaron por el SÍ. Esto porque ambos conjuntos sumaron 15 mil ciudadanos conscientes que de manera voluntaria acudieron a las urnas a participar en la democracia directa, y contribuir así a la construcción de una sociedad mejor. Casi un 13% de participación sobre la lista nominal hizo que el plebiscito guanajuatense rompiera el récord nacional; cuando se realizó el plebiscito en el DF sobre el segundo piso del periférico la participación fue del 6.6%.

De igual forma agradeceremos a la autoridad municipal si sostiene su palabra de echar atrás el acuerdo del 13 de julio sobre la factibilidad del cambio de uso de suelo en “Granja La Bufa”. Mucho más agradeceremos si el ayuntamiento nos apoya para conseguir que toda la zona que rodea el nuevo acceso Diego Rivera, incluyendo cañadas, lomeríos y los cerros icónicos de la Bufa, los Picachos y el Hormiguero completos, sean declarados área natural protegida. Este será el segundo paso en nuestro andar. Los siguientes serán dirigidos hacia la constitución de un cinturón de preservación ecológica alrededor de nuestra ciudad, que amortigüe los efectos perniciosos del desarrollo urbano desordenado. Tenemos en la mira el cuidado de los cerros de Sirena, Calderones, el Meco, Aldana y muchos más, que están siendo invadidos o fraccionados de manera irregular. Todos son propiedad privada. Hay que lograr que se conviertan en áreas naturales protegidas o bien propiedad social mediante compra o expropiación. El crecimiento debemos orientarlo hacia las zonas propicias, ubicadas más bien hacia el sur plano y cercano al agua. Pero eso deben decidirlo los especialistas, consultando a la sociedad y a los usuarios o afectados. Al tiempo.

---