Los evidentes problemas presupuestales que enfrentarán el año próximo tanto el gobierno federal como los gobiernos estatales y municipales, se están traduciendo desde ya en una serie de recortes en áreas que son consideradas prescindibles. La administración federal, sumergida en la histeria de recortar gasto ante la imposibilidad de empujar la reforma tributaria, presentó hace poco una lista de instituciones que son factibles de ser liquidadas, privatizadas o desaparecidas del mapa, entre las que se cuentan algunas que han cumplido a plenitud con los objetivos para los que fueron creadas, como es el caso del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA) o el Instituto Nacional de Investigaciones Forestales y Agropecuarias (INIFAP). Puedo testimoniar que el IMTA es la única institución que hoy en día realiza investigación seria en campos tan vitales como la cultura del agua, la participación social en el uso y aprovechamiento del recurso, sus imbricaciones políticas y económicas, etcétera. Y solamente me refiero al campo del conocimiento de lo social, sin meterme a la generación de tecnología del agua, campo en el que también se destaca el IMTA. Recientemente el Centro de Investigación en Ciencias Sociales de la Universidad de Guanajuato (CICSUG) publicó el número 12 de su revista Regiones en convenio con el IMTA, dedicándolo al tema “Gestión participativa en torno a los recursos naturales: el agua”. Su siguiente número, también en coedición con el IMTA, abordará el tema “El campo mexicano frete a la globalización y la apertura económica”. También puedo señalar que al menos tres proyectos de investigación que hoy evalúa el CONCYTEG proceden de ese instituto, que hoy en día es el único que realiza investigación social y tecnológica sobre el tema del agua en el estado de Guanajuato.
Contagiado de este afán de “reingeniería administrativa”, el gobierno estatal de Guanajuato ha determinado desaparecer instancias oficiales, y nuevamente encontramos algunas que despiertan sorpresa y confusión, como fue el caso de los beneméritos Talleres Gráficos del Estado. Ahora le toca al Consejo Estatal de Población (CESPO) y a otras tres instancias, que hasta hace poco parecían representar una parte estratégica del accionar gubernamental.
Llama la atención que estos ajustes se den a conocer de forma abrupta y sin haber sometido a las instancias afectadas a una evaluación objetiva de su desempeño. Pero al parecer no hubo ninguna evaluación, sino que la decisión respondió más a negociaciones internas dentro del equipo de trabajo gubernamental, buscando ganar espacios para algunos de sus miembros reubicados, así como hacerse de los sustanciosos recursos presupuestales que se ejercían en las oficinas a liquidar.
En el caso del COESPO me inquieta particularmente por sus posibles implicaciones. Primero, porque parece reflejar un desinterés por mantener una política poblacional, migratoria y reproductiva que responda a la intensa dinámica que experimenta el estado de Guanajuato en esos ámbitos. Tenemos tanta población como muchos países del mundo; nuestra migración interna y externa es de las más dinámicas del país; nuestro sistema de ciudades medias es muy interesante y contrasta con el de otras regiones de México, y nuestra población todavía se multiplica de forma acelerada porque carece todavía de una cultura poblacional y reproductiva que abone la calidad de vida de los guanajuatenses. Segundo, porque esta desaparición podría interpretarse también como un avance adicional de los sectores más conservadores del partido en el poder, con lo que se abandona en los hechos la potestad estatal en la materia demográfica y se deja en manos de la “libertad” de conciencia individual (léase Provida).
Desde su nacimiento en 1987, el COESPO tuvo como directores a José María Sepúlveda, Francisco Arroyo, Guadalupe García Chávez, Francisco Lomelí, Margarita Ortega y Luis Fernando Macías. El único que tuvo el perfil profesional adecuado y la experiencia para el puesto fue éste último. En sus tres años de desempeño se generaron bases de datos de gran importancia cuyo destino será pronto un misterio. Podemos mencionar tan sólo el adendo que el COESPO sumó a la encuesta que el Colegio de la Frontera Norte aplica entre los migrantes que regresan de los EU, lo que permitiría conocer con más precisión el perfil de nuestros paisanos que se van al norte. ¿Qué va a pasar con esa información? ¿Qué sucederá con el programa editorial y de investigación que impulsaba? ¿Qué pasará con sus 50 trabajadores, algunos de ellos muy calificados? Y ya entrados en calor, ¿por qué no se pensó mejor en desaparecer otras instancias, como el superfluo Instituto de Ecología, que no ha podido rendir cuentas derechas? En fin, al parecer la transparencia en las decisiones de gobierno todavía es materia lejana.
viernes, 28 de noviembre de 2003
viernes, 21 de noviembre de 2003
La reforma vacía
Los actuales debates que se desarrollan en el Congreso de la Unión en torno a las urgentes reformas en las materias hacendaria y eléctrica parecen apuntalar la convicción de que los mexicanos nacemos con una inexplicable incapacidad para entendernos los unos con los otros. A pesar de las promesas que hace pocas semanas expresaron los líderes de las fracciones parlamentarias de esta nueva LIX legislatura, los acuerdos no parecen estarse construyendo y más bien lo que hemos visto es una danza de negociaciones mezquinas plagadas de intereses facciosos y parciales. La prueba más evidente fue el triste proceso de selección del nuevo Consejo General del IFE, donde se aplicó una lamentable política de reparto de cuotas entre los dos liderazgos partidistas mayoritarios, que dejó al grueso de los diputados fuera de toda posibilidad de debatir seriamente sobre perfiles y capacidades personales de los eventuales consejeros. De esta forma, la sombra de la sospecha marcó innecesariamente tanto a la institución electoral como a los propios consejeros entrantes.
Vemos ahora cómo en el asunto de la reforma hacendaria los grupos parlamentarios se debaten en pugnas de política camarillesca, que están contaminando una materia que debería ser eminentemente técnica. Alguien podría debatirme, con razón, que los asuntos fiscales también son políticos, pero yo argumentaría que precisamente lo que está faltando es la Política (con mayúscula) de altos estándares y miras de largo plazo. Los señores diputados nos están dando una lección de cómo se puede frustrar un proyecto nacional (del signo que sea) cuando lo que priva es el inmediatismo electorero y partidista, sazonado de populismo oportunista.
Para construir un marco de negociación de largo aliento, yo propondría que se parta de unas cuantas premisas o axiomas que fuesen incuestionables por parte de los partidos. Yo imaginaría estos: 1) es urgente ampliar los recursos fiscales del estado mexicano en sus tres niveles de gobierno, 2) es urgente ampliar la base de contribuyentes y combatir la informalidad, 3) es urgente simplificar el esquema recaudatorio, 4) es urgente concretar el federalismo hacendario e involucrar a estados y municipios en la ingrata labor de recolectar impuestos, y 5) es urgente transparentar el uso y destino de los recursos públicos, para incrementar la confianza ciudadana hacia el gobierno. Habría otros ejes que podría proponer, pero que ya no serían de aceptación general por su contenido político e ideológico, como los siguientes: 6) es necesario que la política fiscal deje de ser un instrumento privilegiado de fomento económico, sobre todo a través de exenciones y tratos especiales a industrias y giros específicos, ya que la claridad y la eficacia recaudatorias serán por sí mismas los nuevos instrumentos de fomento; 7) el necesario revisar a fondo la efectividad real de la política redistributiva federal que hoy subsidia a ciertas entidades y perjudica a otras, con un indeseable efecto de desaliento; 8) hay que darle autonomía y viabilidad financiera a PEMEX y a la CFE, sin que ello represente su privatización o su constricción; 9) el IVA generalizado (pero en menor monto al actual) es conveniente, siempre que vaya acompañado de estrategias paralelas de apoyo directo a las clases populares (subsidios directos mediante programas sociales, seguro médico popular, restricción a la vigencia de las patentes médicas, etcétera); y 10) facilitar la recuperación del IVA a contribuyentes cumplidos mediante deductibilidades bien definidas.
Si la negociación parte de la definición de los axiomas compartidos por todos los partidos, el trabajo se enfocaría sobre los temas escabrosos, pero partiendo de que las soluciones a encontrar sean las más sencillas y que pudieran mantenerse durante más largo plazo. Es necesario que superemos el primitivismo político de negociar todo con la presión de los tiempos encima. Si los asuntos de fondo no pueden salir en estas pocas semanas que le restan al año, es mejor dejar las cosas como están y continuar con los debates con la calma y la responsabilidad necesarias que garanticen una reforma hacendaria de largo aliento. Recordemos la triste experiencia de la “reforma” del 2000, cuando los diputados se inventaron sobre las rodillas una serie de impuestos absurdos que no resistieron el paso del tiempo.
Desgraciadamente me confieso pesimista sobre el tema de la reforma hacendaria. Creo que vamos a presenciar un parto de los montes que responderá más a las perspectivas electoreras del 2006 que a una auténtica labor de congresistas con vocación de estadistas. En fin, esto es una prueba más de que nuestra transición política no ha terminado aún.
Vemos ahora cómo en el asunto de la reforma hacendaria los grupos parlamentarios se debaten en pugnas de política camarillesca, que están contaminando una materia que debería ser eminentemente técnica. Alguien podría debatirme, con razón, que los asuntos fiscales también son políticos, pero yo argumentaría que precisamente lo que está faltando es la Política (con mayúscula) de altos estándares y miras de largo plazo. Los señores diputados nos están dando una lección de cómo se puede frustrar un proyecto nacional (del signo que sea) cuando lo que priva es el inmediatismo electorero y partidista, sazonado de populismo oportunista.
Para construir un marco de negociación de largo aliento, yo propondría que se parta de unas cuantas premisas o axiomas que fuesen incuestionables por parte de los partidos. Yo imaginaría estos: 1) es urgente ampliar los recursos fiscales del estado mexicano en sus tres niveles de gobierno, 2) es urgente ampliar la base de contribuyentes y combatir la informalidad, 3) es urgente simplificar el esquema recaudatorio, 4) es urgente concretar el federalismo hacendario e involucrar a estados y municipios en la ingrata labor de recolectar impuestos, y 5) es urgente transparentar el uso y destino de los recursos públicos, para incrementar la confianza ciudadana hacia el gobierno. Habría otros ejes que podría proponer, pero que ya no serían de aceptación general por su contenido político e ideológico, como los siguientes: 6) es necesario que la política fiscal deje de ser un instrumento privilegiado de fomento económico, sobre todo a través de exenciones y tratos especiales a industrias y giros específicos, ya que la claridad y la eficacia recaudatorias serán por sí mismas los nuevos instrumentos de fomento; 7) el necesario revisar a fondo la efectividad real de la política redistributiva federal que hoy subsidia a ciertas entidades y perjudica a otras, con un indeseable efecto de desaliento; 8) hay que darle autonomía y viabilidad financiera a PEMEX y a la CFE, sin que ello represente su privatización o su constricción; 9) el IVA generalizado (pero en menor monto al actual) es conveniente, siempre que vaya acompañado de estrategias paralelas de apoyo directo a las clases populares (subsidios directos mediante programas sociales, seguro médico popular, restricción a la vigencia de las patentes médicas, etcétera); y 10) facilitar la recuperación del IVA a contribuyentes cumplidos mediante deductibilidades bien definidas.
Si la negociación parte de la definición de los axiomas compartidos por todos los partidos, el trabajo se enfocaría sobre los temas escabrosos, pero partiendo de que las soluciones a encontrar sean las más sencillas y que pudieran mantenerse durante más largo plazo. Es necesario que superemos el primitivismo político de negociar todo con la presión de los tiempos encima. Si los asuntos de fondo no pueden salir en estas pocas semanas que le restan al año, es mejor dejar las cosas como están y continuar con los debates con la calma y la responsabilidad necesarias que garanticen una reforma hacendaria de largo aliento. Recordemos la triste experiencia de la “reforma” del 2000, cuando los diputados se inventaron sobre las rodillas una serie de impuestos absurdos que no resistieron el paso del tiempo.
Desgraciadamente me confieso pesimista sobre el tema de la reforma hacendaria. Creo que vamos a presenciar un parto de los montes que responderá más a las perspectivas electoreras del 2006 que a una auténtica labor de congresistas con vocación de estadistas. En fin, esto es una prueba más de que nuestra transición política no ha terminado aún.
La reforma vacía
Los actuales debates que se desarrollan en el Congreso de la Unión en torno a las urgentes reformas en las materias hacendaria y eléctrica parecen apuntalar la convicción de que los mexicanos nacemos con una inexplicable incapacidad para entendernos los unos con los otros. A pesar de las promesas que hace pocas semanas expresaron los líderes de las fracciones parlamentarias de esta nueva LIX legislatura, los acuerdos no parecen estarse construyendo y más bien lo que hemos visto es una danza de negociaciones mezquinas plagadas de intereses facciosos y parciales. La prueba más evidente fue el triste proceso de selección del nuevo Consejo General del IFE, donde se aplicó una lamentable política de reparto de cuotas entre los dos liderazgos partidistas mayoritarios, que dejó al grueso de los diputados fuera de toda posibilidad de debatir seriamente sobre perfiles y capacidades personales de los eventuales consejeros. De esta forma, la sombra de la sospecha marcó innecesariamente tanto a la institución electoral como a los propios consejeros entrantes.
Vemos ahora cómo en el asunto de la reforma hacendaria los grupos parlamentarios se debaten en pugnas de política camarillesca, que están contaminando una materia que debería ser eminentemente técnica. Alguien podría debatirme, con razón, que los asuntos fiscales también son políticos, pero yo argumentaría que precisamente lo que está faltando es la Política (con mayúscula) de altos estándares y miras de largo plazo. Los señores diputados nos están dando una lección de cómo se puede frustrar un proyecto nacional (del signo que sea) cuando lo que priva es el inmediatismo electorero y partidista, sazonado de populismo oportunista.
Para construir un marco de negociación de largo aliento, yo propondría que se parta de unas cuantas premisas o axiomas que fuesen incuestionables por parte de los partidos. Yo imaginaría estos: 1) es urgente ampliar los recursos fiscales del estado mexicano en sus tres niveles de gobierno, 2) es urgente ampliar la base de contribuyentes y combatir la informalidad, 3) es urgente simplificar el esquema recaudatorio, 4) es urgente concretar el federalismo hacendario e involucrar a estados y municipios en la ingrata labor de recolectar impuestos, y 5) es urgente transparentar el uso y destino de los recursos públicos, para incrementar la confianza ciudadana hacia el gobierno. Habría otros ejes que podría proponer, pero que ya no serían de aceptación general por su contenido político e ideológico, como los siguientes: 6) es necesario que la política fiscal deje de ser un instrumento privilegiado de fomento económico, sobre todo a través de exenciones y tratos especiales a industrias y giros específicos, ya que la claridad y la eficacia recaudatorias serán por sí mismas los nuevos instrumentos de fomento; 7) el necesario revisar a fondo la efectividad real de la política redistributiva federal que hoy subsidia a ciertas entidades y perjudica a otras, con un indeseable efecto de desaliento; 8) hay que darle autonomía y viabilidad financiera a PEMEX y a la CFE, sin que ello represente su privatización o su constricción; 9) el IVA generalizado (pero en menor monto al actual) es conveniente, siempre que vaya acompañado de estrategias paralelas de apoyo directo a las clases populares (subsidios directos mediante programas sociales, seguro médico popular, restricción a la vigencia de las patentes médicas, etcétera); y 10) facilitar la recuperación del IVA a contribuyentes cumplidos mediante deductibilidades bien definidas.
Si la negociación parte de la definición de los axiomas compartidos por todos los partidos, el trabajo se enfocaría sobre los temas escabrosos, pero partiendo de que las soluciones a encontrar sean las más sencillas y que pudieran mantenerse durante más largo plazo. Es necesario que superemos el primitivismo político de negociar todo con la presión de los tiempos encima. Si los asuntos de fondo no pueden salir en estas pocas semanas que le restan al año, es mejor dejar las cosas como están y continuar con los debates con la calma y la responsabilidad necesarias que garanticen una reforma hacendaria de largo aliento. Recordemos la triste experiencia de la “reforma” del 2000, cuando los diputados se inventaron sobre las rodillas una serie de impuestos absurdos que no resistieron el paso del tiempo.
Desgraciadamente me confieso pesimista sobre el tema de la reforma hacendaria. Creo que vamos a presenciar un parto de los montes que responderá más a las perspectivas electoreras del 2006 que a una auténtica labor de congresistas con vocación de estadistas. En fin, esto es una prueba más de que nuestra transición política no ha terminado aún.
Vemos ahora cómo en el asunto de la reforma hacendaria los grupos parlamentarios se debaten en pugnas de política camarillesca, que están contaminando una materia que debería ser eminentemente técnica. Alguien podría debatirme, con razón, que los asuntos fiscales también son políticos, pero yo argumentaría que precisamente lo que está faltando es la Política (con mayúscula) de altos estándares y miras de largo plazo. Los señores diputados nos están dando una lección de cómo se puede frustrar un proyecto nacional (del signo que sea) cuando lo que priva es el inmediatismo electorero y partidista, sazonado de populismo oportunista.
Para construir un marco de negociación de largo aliento, yo propondría que se parta de unas cuantas premisas o axiomas que fuesen incuestionables por parte de los partidos. Yo imaginaría estos: 1) es urgente ampliar los recursos fiscales del estado mexicano en sus tres niveles de gobierno, 2) es urgente ampliar la base de contribuyentes y combatir la informalidad, 3) es urgente simplificar el esquema recaudatorio, 4) es urgente concretar el federalismo hacendario e involucrar a estados y municipios en la ingrata labor de recolectar impuestos, y 5) es urgente transparentar el uso y destino de los recursos públicos, para incrementar la confianza ciudadana hacia el gobierno. Habría otros ejes que podría proponer, pero que ya no serían de aceptación general por su contenido político e ideológico, como los siguientes: 6) es necesario que la política fiscal deje de ser un instrumento privilegiado de fomento económico, sobre todo a través de exenciones y tratos especiales a industrias y giros específicos, ya que la claridad y la eficacia recaudatorias serán por sí mismas los nuevos instrumentos de fomento; 7) el necesario revisar a fondo la efectividad real de la política redistributiva federal que hoy subsidia a ciertas entidades y perjudica a otras, con un indeseable efecto de desaliento; 8) hay que darle autonomía y viabilidad financiera a PEMEX y a la CFE, sin que ello represente su privatización o su constricción; 9) el IVA generalizado (pero en menor monto al actual) es conveniente, siempre que vaya acompañado de estrategias paralelas de apoyo directo a las clases populares (subsidios directos mediante programas sociales, seguro médico popular, restricción a la vigencia de las patentes médicas, etcétera); y 10) facilitar la recuperación del IVA a contribuyentes cumplidos mediante deductibilidades bien definidas.
Si la negociación parte de la definición de los axiomas compartidos por todos los partidos, el trabajo se enfocaría sobre los temas escabrosos, pero partiendo de que las soluciones a encontrar sean las más sencillas y que pudieran mantenerse durante más largo plazo. Es necesario que superemos el primitivismo político de negociar todo con la presión de los tiempos encima. Si los asuntos de fondo no pueden salir en estas pocas semanas que le restan al año, es mejor dejar las cosas como están y continuar con los debates con la calma y la responsabilidad necesarias que garanticen una reforma hacendaria de largo aliento. Recordemos la triste experiencia de la “reforma” del 2000, cuando los diputados se inventaron sobre las rodillas una serie de impuestos absurdos que no resistieron el paso del tiempo.
Desgraciadamente me confieso pesimista sobre el tema de la reforma hacendaria. Creo que vamos a presenciar un parto de los montes que responderá más a las perspectivas electoreras del 2006 que a una auténtica labor de congresistas con vocación de estadistas. En fin, esto es una prueba más de que nuestra transición política no ha terminado aún.
viernes, 7 de noviembre de 2003
El IFE y su encrucijada
La renovación del Consejo General del IFE no pudo escapar de la polémica, y la verdad, no podía ser de otra forma. La Cámara de Diputados no atendió con oportunidad suficiente este asunto, que fue dejado entre las cuestiones “poco urgentes” dentro de la agenda del primer periodo de sesiones. Desde el inicio existía la posibilidad de que esta decisión se fuese ventilando con calma y con talento, tejiendo fino entre los grupos parlamentarios, y evitar las prisas y aceleres que tanto daño hacen a la factura de la política nacional. Se designó de forma temprana a una comisión que avanzaría en el tema, que conformaron Emilio Chauyffet (PRI), Juan Molinar (PAN), Emilio Zebadúa (PRD) y dos diputados más del PVEM y el PT, pero poco se hizo realmente durante las seis primeras semanas de esta legislatura. Por lo menos poco se vio desde nuestra platea ciudadana.
Al acercarse los últimos días de octubre, se retomó finalmente el asunto de la designación de los nueve consejeros electorales (ojo: ya no son “consejeros ciudadanos”, como erróneamente se asume por ahí), y queriéndolo o no, este punto se vinculó con el resto de las graves cuestiones que hoy se debaten en el espacio legislativo, como son la reforma energética y la reforma hacendaria. Este vínculo perjudicó enormemente el proceso de selección al contaminarse con temas que despiertan radicalismos y confrontaciones. Lo que Woldenberg sugirió fue desoído, y ninguno de los integrantes del consejo anterior repitió en el cargo. En consecuencia mucha experiencia se pierde e indirectamente se descalifica a los consejeros salientes, algunos de los cuales hicieron un papel extraordinario. Yo esperaba que repitieran algunos de ellos, como Peschard, Lujambio, Merino o Luken. Otros resultaron demasiado polémicos, como Cárdenas y Cantú, pero representaban ya un activo muy importante para el instituto.
Finalmente se regresó al sistema de cuotas partidistas, con su inevitable carga política para los nuevos consejeros. No se consideraron alternativas provenientes de la sociedad civil ni se estudiaron a fondo los currículos de los cerca de 200 candidatos que se barajaron. Yo no me explico cómo no se ponderaron los méritos personales de gentes tan destacadas en el campo electoral como Leonardo Valdés, José Antonio Crespo, Jorge Alonso y otros. Tuvieron la “mala suerte” de ser parte de la propuesta del PRD-PT, que hizo mal en aferrarse en exigir a Cantú en la presidencia. Precisamente este fue el problema: que se siguieron manejando las candidaturas en planillas partidistas, y no se debatieron perfiles y méritos personales, con un procedimiento más objetivo, y no el de la negociación en cuotas. Ojalá que en la próxima reforma política se cambie este método, y se piense más bien en un concurso abierto, y por qué no, a la manera del Servicio Profesional Electoral.
Sin embargo el procedimiento actual, con todo y sus problemas, generó un excelente consejo saliente, y ahora aparentemente parió un solvente consejo entrante. Los nuevos consejeros no tienen la culpa de los relajos que armaron sus designantes, y tienen razón al pedir un voto de confianza a la sociedad, para demostrar en los hechos su independencia de juicio. Yo he defendido antes (como consejero local que fui en las dos elecciones anteriores, y como exparticipante en la política partidaria) la libertad de ideología personal de la que deben gozar los consejeros. Esa ideología y sus consecuentes simpatías partidistas son materia privada, y los consejeros no deberán traducirlo en un desempeño interesado al momento de tomar decisiones que tienen un carácter eminentemente público. Esos servidores públicos deben ser profesionales, honestos y responsables de sus actos, pero no se les puede pedir virginidad política. Las personas que podrían reunir un perfil políticamente neutro son también, necesariamente, las que no participan ni se interesan en los asuntos públicos, y por lo mismo serían las menos calificadas para cumplir con esta importante labor. Los consejeros tienen derecho a poseer un pasado partidista (y también un futuro similar), pero en el periodo de su encargo deben garantizar solvencia moral, compromiso con la democracia y capacidad para sobreponerse a los intereses particulares y/o partidistas.
Yo saludo con entusiasmo la designación de Luis Carlos Ugalde como consejero presidente del IFE. Y lo hago porque he tratado a Luis Carlos en su calidad de académico, y me consta el gran profesionalismo y el rigor analítico con el que aborda la materia político electoral. Él participó hace año y medio en una sesión del seminario sobre procesos electorales que coordino para el Colegio de la Frontera Norte en Tijuana, y luego pude comentar un libro suyo en la Universidad Lasallista en Salamanca. Su gran calidad humana salta a la vista. No tengo duda de que hará un excelente papel, y que no comprometerá el buen nombre que se ha forjado el IFE desde 1996. Por eso, ¡bienvenido y mucha suerte!
Al acercarse los últimos días de octubre, se retomó finalmente el asunto de la designación de los nueve consejeros electorales (ojo: ya no son “consejeros ciudadanos”, como erróneamente se asume por ahí), y queriéndolo o no, este punto se vinculó con el resto de las graves cuestiones que hoy se debaten en el espacio legislativo, como son la reforma energética y la reforma hacendaria. Este vínculo perjudicó enormemente el proceso de selección al contaminarse con temas que despiertan radicalismos y confrontaciones. Lo que Woldenberg sugirió fue desoído, y ninguno de los integrantes del consejo anterior repitió en el cargo. En consecuencia mucha experiencia se pierde e indirectamente se descalifica a los consejeros salientes, algunos de los cuales hicieron un papel extraordinario. Yo esperaba que repitieran algunos de ellos, como Peschard, Lujambio, Merino o Luken. Otros resultaron demasiado polémicos, como Cárdenas y Cantú, pero representaban ya un activo muy importante para el instituto.
Finalmente se regresó al sistema de cuotas partidistas, con su inevitable carga política para los nuevos consejeros. No se consideraron alternativas provenientes de la sociedad civil ni se estudiaron a fondo los currículos de los cerca de 200 candidatos que se barajaron. Yo no me explico cómo no se ponderaron los méritos personales de gentes tan destacadas en el campo electoral como Leonardo Valdés, José Antonio Crespo, Jorge Alonso y otros. Tuvieron la “mala suerte” de ser parte de la propuesta del PRD-PT, que hizo mal en aferrarse en exigir a Cantú en la presidencia. Precisamente este fue el problema: que se siguieron manejando las candidaturas en planillas partidistas, y no se debatieron perfiles y méritos personales, con un procedimiento más objetivo, y no el de la negociación en cuotas. Ojalá que en la próxima reforma política se cambie este método, y se piense más bien en un concurso abierto, y por qué no, a la manera del Servicio Profesional Electoral.
Sin embargo el procedimiento actual, con todo y sus problemas, generó un excelente consejo saliente, y ahora aparentemente parió un solvente consejo entrante. Los nuevos consejeros no tienen la culpa de los relajos que armaron sus designantes, y tienen razón al pedir un voto de confianza a la sociedad, para demostrar en los hechos su independencia de juicio. Yo he defendido antes (como consejero local que fui en las dos elecciones anteriores, y como exparticipante en la política partidaria) la libertad de ideología personal de la que deben gozar los consejeros. Esa ideología y sus consecuentes simpatías partidistas son materia privada, y los consejeros no deberán traducirlo en un desempeño interesado al momento de tomar decisiones que tienen un carácter eminentemente público. Esos servidores públicos deben ser profesionales, honestos y responsables de sus actos, pero no se les puede pedir virginidad política. Las personas que podrían reunir un perfil políticamente neutro son también, necesariamente, las que no participan ni se interesan en los asuntos públicos, y por lo mismo serían las menos calificadas para cumplir con esta importante labor. Los consejeros tienen derecho a poseer un pasado partidista (y también un futuro similar), pero en el periodo de su encargo deben garantizar solvencia moral, compromiso con la democracia y capacidad para sobreponerse a los intereses particulares y/o partidistas.
Yo saludo con entusiasmo la designación de Luis Carlos Ugalde como consejero presidente del IFE. Y lo hago porque he tratado a Luis Carlos en su calidad de académico, y me consta el gran profesionalismo y el rigor analítico con el que aborda la materia político electoral. Él participó hace año y medio en una sesión del seminario sobre procesos electorales que coordino para el Colegio de la Frontera Norte en Tijuana, y luego pude comentar un libro suyo en la Universidad Lasallista en Salamanca. Su gran calidad humana salta a la vista. No tengo duda de que hará un excelente papel, y que no comprometerá el buen nombre que se ha forjado el IFE desde 1996. Por eso, ¡bienvenido y mucha suerte!
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