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viernes, 10 de septiembre de 2021

Humanidad y libertades: el aborto

Humanidad y libertades: el aborto

Por: © Luis Miguel Rionda ©

Publicado en:
ZonaFranca.mx Milenio León
http://15diario.com/hemeroteca/15diario/hemeroteca/2013-11-15/rionda15.html
eslocotidiano.com

La reciente resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre la no punibilidad del aborto —una acción que está definida en muchas legislaciones del país como un delito equiparable al homicidio— sin importar las circunstancias, es un enorme paso hacia la ampliación de los derechos humanos y el reconocimiento del libre albedrío de las mujeres sobre su cuerpo y su capacidad de gestación.

El tema del aborto es un asunto espinoso y polarizante. En términos geológicos y políticos es un “clivaje”: una fisura que fácilmente puede convertirse en quiebre profundo del conjunto mayor, como cuando un minero localiza una pequeña grieta en una gran roca, y mediante una barreta y una fuerza somera logra rajarla.

Es un tema escabroso porque tañe los hilos profundos de la convicción religiosa de la mayoría de las personas. Las grandes religiones del mundo han tejido mitologías y ritualidades que se basan en una creencia metafísica: la raíz divina de la humanidad, que se expresa en una entidad difusa e inasible, que los cristianos denominan “alma”.

Las grandes religiones imponen la convicción de que el alma define lo humano. De esta manera separan al Hombre —con su agregado subordinado, la Mujer— del resto de los animales y de “la creación”. La singularidad del ente humano es infundida por la divinidad, que ordena que el componente biológico —el cuerpo— sea el recipiente de la sustancia etérea, celestial y eterna: el “alma”.

En su origen etimológico, el concepto procede del latín anima, movimiento. El movimiento separa lo vivo de lo no vivo, según Aristóteles. Con este sentido podríamos esperar que todos los animales y las plantas tengan alma. Pero el pensamiento cristiano tomista delimitó la noción al “alma espiritual”, que posee conciencia y noción de sí, a diferencia del resto de los animales y plantas. Pero, además, el alma espiritual es insuflada directamente por Dios a su creación privilegiada: el Hombre —nuevamente en masculino.

Esto es lo que sustenta la creencia de que un cigoto humano, una célula producto de la fusión entre un óvulo y un espermatozoide, es una entidad portadora de “alma”. Por eso puede ser considerada como una persona, con derechos humanos plenos. La lógica de este razonamiento puede ser definitiva si partimos del reconocimiento de esa entidad metafísica, y no hay discusión posible. Pero si optamos por un sistema de conocimiento diferente, el de la tradición objetivo-científica, el resultado es el contrario: no hay evidencia de que la calidad de “humano” esté determinada por una voluntad etérea o supranatural.

Somos seres biológicos, con la única característica particular de que hemos desarrollado al extremo nuestras capacidades de abstracción del pensamiento. Pero estas cualidades no se heredan, sino que se desarrollan mediante un largo proceso de socialización y educación. Esto es lo que nos hace realmente “humanos”, no la biología o la metafísica.

El aborto voluntario debe dejar de ser un factor de fanatismos y de discordia social. Nuestra tradición machista nos ha conducido al absurdo de criminalizar a las mujeres por disponer de sus cuerpos y sus capacidades reproductivas. Los hombres sí lo hacemos, y si nos practicamos la vasectomía no somos acusados de asesinar a millones de potenciales seres humanos.

La descriminalización del aborto en todas sus modalidades es un gran paso adelante para construir una sociedad más abierta, donde la “mitad mayoritaria” de sus miembros deje de ser perseguida por optar sobre su cuerpo. Una libertad que sí nos hace humanos.


viernes, 6 de agosto de 2021

Tribunal amenazado

Tribunal amenazado

Por: © Luis Miguel Rionda ©

Publicado en:
ZonaFranca.mx Milenio León
http://15diario.com/diario-de-campo-tribunal-amenazado-luis-miguel-rionda.html
eslocotidiano.com

La reciente crisis en la sala superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación pone en evidencia que la intervención de poderes exógenos en los procesos internos de los organismos autónomos tiene consecuencias graves para su gobernabilidad. Cuando el ejecutivo y el legislativo, que tienen origen en la competencia político-partidista, buscan cooptar o domesticar a los entes autónomos, los contaminan con sus intereses partidistas e imponen una visión ideológica en su desempeño, con lo que la función original de los órganos es alterada, incluso corrompida.

¿A qué me refiero? A que en el caso del tribunal el depuesto magistrado presidente había venido cumpliendo el papel de quinta columnista del poder hegemónico, dificultando o modificando la impartición de justicia en el campo de la competencia electoral. Es bien sabido por los que creemos conocer las condiciones internas de la función electoral, que algunas sentencias emitidas desde la designación del interfecto al frente del tribunal han causado controversia, en particular aquéllas que han anulado acuerdos del consejo general del INE. Incluso se han contradicho criterios defendidos en sentencias previas, como en el caso de la atención a la violencia política de género, o la obligatoriedad de candidatos y precandidatos de presentar informes de gastos de campaña.

Los cinco —de siete— magistrados que destituyeron al controversial presidente enlistaron una serie de inconsistencias, omisiones, imposiciones y manejos administrativos sospechosos que nunca fueron esclarecidos o atendidos por el presidente del colegiado. La resistencia a ventilar temas incómodos fue evidente en los alegatos que expuso el aludido, antes de ordenar el levantamiento de la sesión virtual y hacer mutis, junto con otra magistrada y el personal directivo de la secretaría de acuerdos.

Los magistrados rebeldes asumieron la defensa del prestigio del tribunal, que ha sumado luces y sombras a lo largo de sus 25 años de existencia, pero que sin duda ha sido el garante de la democratización y la progresividad en los derechos políticos de los mexicanos.

El secuestro de los organismos autónomos se traduce en regresiones autoritarias que buscan deconstruirlos, para retornar al centralismo caudillista que todo decidía, incluso la aplicación de la ley. Las reacciones externas nos ayudan a adivinar los hilos de control que hoy se ponen en riesgo: la mayoría parlamentaria y el ejecutivo se han pronunciado por la renuncia del pleno de la sala superior. Es lógico: así se plantea la tabla rasa que facilitaría la cooptación completa de ese importantísimo órgano del Poder Judicial, que también ha estado bajo asedio, con el anzuelo de la inminente reforma a ese poder, incluida la ampliación del periodo de su propio presidente.

El canibalismo institucional se desata sin embozos para facilitar el camino a la imposición de la agenda de largo plazo, transexenal, de la 4T. Ojalá los magistrados den la batalla por su autonomía, porque de otra manera el tribunal puede constituirse en la antesala del exterminio o domesticación del sistema electoral nacional.


martes, 13 de julio de 2010

Poder judicial con memoria

Poder Judicial con memoria



Publicado en de Guanajuato.

Aparte de las monografías históricas municipales que está editando la Comisión Estatal del Bicentenario en Guanajuato -y que continuaré reseñando en las siguientes entregas- ha llegado a mis manos, gracias a la cortesía de esa comisión, una monografía histórica diferente: se trata del libro “El poder judicial en Guanajuato. Monografía Histórica”, que recién ha sido publicado como parte de la colección “Diversidad”.
El texto es de la autoría de la historiadora Eva Piñón Medina, a excepción del último capítulo, ya que éste fue agregado por el área de comunicación social del Poder Judicial para actualizar la información al año de la publicación. Esto fue debido a que el texto original reposó en los archivos de ese poder desde que en 1996 la autora lo entregó para su posible publicación.

El libro ya fue presentado formalmente por la Comisión del Bicentenario y el Poder Judicial el 6 de mayo pasado; entonces la magistrada presidente del Supremo Tribunal, Raquel Barajas Monjarás, declaró que las instituciones tienen el deber “de recuperar su memoria histórica y difundirla para preparar a las nuevas generaciones. Sólo oteando al pretérito es posible diseñar el futuro”. La magistrada no podría tener más razón, y me alegra que el texto haya sido rescatado del olvido. Sólo unos pocos sabíamos de su existencia; sobre todo los profesores que asesoramos a la autora y a su compañera original de aventura Juana Beatriz Gutiérrez, cuando emprendieron este trabajo en 1992 desde la entonces Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Guanajuato.
Hasta hace poco el Poder Judicial en la entidad, incluso en el país, fue un órgano históricamente dependiente del Ejecutivo. En la realidad -que no en la formalidad- el gobernador quitaba y ponía magistrados, así como al presidente del Supremo Tribunal. Todavía hace no mucho tiempo se incluía en el informe del Gobernador de la entidad un capítulo que correspondía no sólo a la procuración, sino a la administración de justicia. Y la subordinación no se limitó a los gobiernos priístas; recuerdo que en tiempos del gobernador Carlos Medina el magistrado presidente del Supremo Tribunal acudía a eventos públicos con la representación personal del ejecutivo. Por su parte Vicente Fox se inauguró como gobernador pidiéndole la renuncia a toda la magistratura, a fin de impulsar una reforma judicial. Sólo un magistrado se negó a colaborar en tal violación de la autonomía de ese poder.
La memoria histórica no debe desconocer las realidades que no quedan registradas en los documentos formales. En ese sentido, yo habría sugerido a la autora que también rescatase el lado oscuro de la historia, los tropiezos y dificultades que ha padecido ese digno poder público para cumplir con su misión. Todos sabemos que la administración de justicia todavía padece rezagos importantes, muchos de ellos vinculados con el uso político que se hace de las nominaciones de los magistrados. Son aún consideradas como posiciones a negociarse con fines partidistas. Y hay que sumar la falta de independencia presupuestal. Eso también debería registrarse en la historiografía política de la entidad.