Los nuevos expertos sociales

Por: © Luis Miguel Rionda ©

Publicado en de León.

Hace algunos años, digamos 15 ó 20, el estado de Guanajuato era un campo olvidado para las ciencias sociales nacionales. Este espacio social del centro de México sólo había llamado la atención de historiadores y de algunos economistas. Muy pocos sociólogos, etnólogos, psicólogos sociales o politólogos habían desarrollado estudios de corte científico social sobre la compleja dinámica comunitaria de esta entidad y de sus regiones y municipios. Había habido algunos esfuerzos aislados por instaurar una tradición local en este campo, y la más destacada fue el efímero Colegio del Bajío (1980-1989), fundado por don Wigberto Jiménez Moreno, a quien había sucedido en 1986 doña Guadalupe Rivera Marín, la hija del gran pintor Diego. Este centro de estudios superiores fue liquidado por una decisión política del entonces gobernador, Corrales Ayala, afectado por la simpatía de doña Guadalupe hacia el Frente Democrático Nacional.
La Universidad de Guanajuato (UG) había experimentado un boom en el campo de las humanidades en la primera parte de los años cincuenta, gracias a la sensibilidad de los rectores de entonces y del gobernador Aguilar y Maya. Pero después se cayó en un desinterés incomprensible. La huelga universitaria de 1977 alimentó los prejuicios contra las ciencias sociales debido al protagonismo de profesores y alumnos de la Escuela de Filosofía y Letras. Y se cayó en un marasmo que impidió el desarrollo natural de las disciplinas sociales en el estado. Fue hasta 1989, con la fundación del Centro de Investigación en Ciencias Sociales de la UG (CICSUG) que se retomó la estafeta caída. Otras instituciones académicas, como la Universidad Iberoamericana, hicieron intentos por establecer programas de estudios sobre la sociedad local. Pero la acción se limitaba a la investigación académica, y no se formaron recursos humanos competentes para desarrollar estudios sociales o proyectos de intervención social.
Esto cambió radicalmente en el 2004, cuando se abrió una ventana de oportunidad gracias al interés de una asociación civil y de la propia institución. La primera fue la agrupación “Primero León”, encabezada por don Pablo Álvarez Padilla (q.e.p.d.), Franz Ignacio Espejel y el exsecretario de educación José Trueba Dávalos. Ellos supieron ejercer la presión social y política necesaria para que el gobierno estatal y la universidad asumiesen como prioritario abrir un nuevo campus multidisciplinario en León, donde no sólo se cultivaran las disciplinas tradicionales vinculadas a la salud, y las más recientes de la física, sino también las ciencias sociales. Y la universidad estatal fue sensible a la demanda.
Se inauguraron ese año las licenciaturas en Sociología, Antropología Social y Trabajo Social. También se abrieron opciones leonesas de programas preexistentes: Desarrollo Regional y Administración Pública, que la UG ya impartía en Salvatierra y Guanajuato. Poco tiempo después se abrió la licenciatura en Cultura y Arte, con el estreno de las instalaciones universitarias en el Forum Cultural Guanajuato. Así, casi de golpe, seis programas de reciente factura se ofrecieron a la sociedad leonesa y guanajuatense en general. Hoy día suman ya 658 estudiantes dentro de las seis opciones anteriores, que desde enero aglutina la División de Ciencias Sociales y Humanidades del Campus León de la UG.
Esta semana egresó la segunda generación (2005-2009) de las licenciaturas en Sociología, Antropología social, Desarrollo Regional y Trabajo Social. Son 13, 11, 12 y 23 chicos que deberán insertarse en un mercado de trabajo que aún no está “domesticado”, pues los empleadores públicos y privados no conocen todavía las habilidades y competencias con que estos conocedores de lo social han sido provistos. Y déjenme asegurar que son muchas esas aptitudes: comenzando con que conocen los métodos para hacerse de información pertinente y confiable sobre problemáticas de alto impacto social, como la pobreza, la violencia social, el suicidio, la migración, las relaciones de género, la dinámica poblacional, el análisis político, la administración gubernamental, la gestión y creación culturales, la educación y sus procesos sociales, y un largo etcétera.
Nuestros egresados podrán optar por dos caminos principales: incrustarse profesionalmente en un mercado de trabajo al que todavía hay que “educar” y convencer de las capacidades con que fueron formados; o bien dedicarse a perfeccionar y profundizar en sus habilidades para la docencia y la investigación, y continuar formándose en posgrado. Ambas vías tienen sus ventajas y desventajas. Pero sin duda será nuestra sociedad regional la que saldrá beneficiada por la participación de estos nuevos especialistas en la resolución de sus problemas más acuciantes. ¡Felicidades y bienvenidos, nuevos colegas!

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Votar para castigar

Luego de pasar una semana en Brasil, regreso a México y a Guanajuato con el ánimo un tanto compungido. Constaté en ese país que la política electoral no necesariamente genera desgastes y confrontaciones, sino también desarrollo y una admirable paz social. Por supuesto, no puedo ignorar la pobreza extrema que se evidencia en los centenares de favelas -barriadas- que rodean a la ciudad de Río desde las alturas de sus montañas escabrosas. Tampoco que Brasil padece todavía de severos problemas en lo relativo al acceso a la tierra por parte de sus campesinos; el movimiento de los Sem Terra se manifiesta en ocasiones con violencia, pero ha encontrado respuestas institucionales que le han devuelto viabilidad al agro y al campesinado de ese país. El presidente Lula da Silva, a pesar de su origen obrero y su ideología de corte izquierdista, no ha apostado el destino de su nación a las veleidades de la ideología y ha aplicado medidas pragmáticas que le han permitido al Brasil seguir creciendo económica y socialmente, superando muchos de los rezagos más lacerantes, como lo era el hambre. El famoso programa social de Lula, Fome Zero (Hambre Cero), debería ser emulado por países como el nuestro.
Brasil crece a tasas del 5 y 6% anual, mientras que México lo hizo a 2 ó 3%, y en este año nuestra economía se reducirá en 6%. La moneda brasileña, el Real, se ha fortalecido frente al dólar gracias a sus alianzas económicas con el Mercosur y la Unión Europea. La actual crisis global le pegó más duro a México, por su dependencia extrema del mercado norteamericano, que a varios países que han sabido ampliar y diversificar sus mercados. Brasil ya no depende del petróleo extranjero gracias a una inteligente política de exploración de nuevos yacimientos, y la sustitución de la gasolina por el combustible con base en el etanol.
Pero lo que me parece formidable es cómo las fuerzas políticas han sabido ponerse de acuerdo para impulsar el programa social más ambicioso del continente. Las políticas solidarias brasileñas llevaron a que entre 2002 y 2007 el número de pobres haya bajado de 65 millones a 51 millones, mediante estrategias que buscan romper el círculo vicioso de transmisión de la pobreza entre generaciones. Y eso sin generar desequilibrios en las finanzas públicas. El gobierno de Brasil recauda impuestos por un porcentaje del PIB de más del doble que México, el país de la evasión.
¿Qué será necesario para que en México aprendamos a hacer política? Requerimos con urgencia recuperar el hilo del desarrollo, perdido hace décadas. Necesitamos un mejor gobierno, mejores representantes, mejores partidos políticos, mejores instituciones. Para ello hay que votar, y hacerlo con sumo cuidado y conciencia. Hay que aprender a premiar y a castigar con nuestro voto, y a imponer la voluntad ciudadana sobre la clase política. Hay que ejercer nuestro poder ante la urna. Por eso yo no votaré en blanco.

Migraciones y empoderamiento

Los estudios sobre la migración laboral internacional cobran cada vez más importancia en el mundo, ya que el modelo globalizado de nuestra economía desconoce las fronteras políticas no solamente en cuanto a bienes comerciales o flujos de capital, sino también a la fuerza de trabajo, que es atraída hacia donde se le necesita. No hay posibilidades reales de detener esas corrientes de población, ya que responden a las mismas leyes que imperan en la libre circulación capitalista. Nuestro país, que tantos brazo exporta a los Estados Unidos y Canadá, confirma este imperativo categórico de la globalización.
Lo anterior viene a cuento porque a semana pasada participé en la 29 versión del congreso internacional de la Latin American Studies Association (LASA) en Río de Janeiro, Brasil, donde se reunió un cúmulo de académicos y cientistas sociales a debatir sobre los grandes problemas que afectan el subcontinente latinoamericano. Entre esas candentes cuestiones se cuenta, destacadamente, la migración internacional. México, Centroamérica y cada vez más Sudamérica exportan trabajadores hacia el norte del continente, con resultados que deben ser analizados y debatidos con mucho esmero.
En la mesa de trabajo donde participé se analizaron los casos mexicano, brasileño –con sus migraciones desde y hacia Africa, Japón y Portugal-, Centroamérica –migración que atraviesa nuestro país hacia los Estados Unidos- y por supuesto México. Impresionan los paralelismos que se evidencian en cada uno de estos procesos, como por ejemplo la creciente concientización de los migrantes y su liderazgo en lo referente a la defensa de sus derechos, tanto en los espacios de destino como en los de origen.
En México ha sido claro que en los últimos veinte años se han desatado cambios muy importantes en la actitud política de los migrantes. Si tomamos como punto de referencia la amnistía del la ley IRCA en 1986, que regularizó a cientos de miles de paisanos y a sus familias, y a la elección presidencial de 1988, podemos detectar un protagonismo creciente de parte de los trabajadores emigrados y sus líderes. Con mucha rapidez han abandonado la docilidad y el sentido de resignación que caracterizó a los trabajadores braceros de los años cuarenta a setenta, para sustituirlos por un protagonismo ascendente y una potente capacidad de interlocución, e incluso chantaje, hacia los poderes constituidos en sus lugares de origen y de destino. La marcha del 1 de mayo del 2006 estableció con claridad que existe una conciencia de grupo y de empoderamiento en los Estados Unidos, que ahora nadie puede ignorar. Los candidatos Obama y McCain entendieron con claridad en el 2008 que la comunidad hispana, mayoritariamente mexicana, es un componente esencial para cualquier triunfo electoral. En México no ha sido diferente: los gobiernos y los representantes populares deben negociar ahora con los emigrados y sus organizaciones si quieren tener un mínimo de efectividad ante las comunidades que se mantienen en el terruño. Todo ello coincide con lo que está sucediendo en otras naciones: empoderamiento y participación.

La ANECPAP ataca de nuevo

Del jueves 5 al sábado 7 pasados, la Asociación Nacional de Estudiantes de Ciencia Política y Administración Pública (ANECPAP) realizó su primer encuentro regional en la Universidad de Guanajuato, con el apoyo de la nueva División de Derecho, Política y Gobierno. La organización estuvo a cargo del comité local “Euquerio Guerrero”, en particular Juan Pablo Arce, Juan Pablo Quiroz y Luz María Chimal. En el edificio central se concentraron entre 300 y 400 chicos que provenían de buena parte del país –por eso no entendí lo de “regional”-. Se reúnen de vez en vez para debatir los temas políticos y sociales del momento, y en esta ocasión dedicaron el encuentro a la cuestión de “El municipio, célula política y administrativa de nuestra federación”.

Los chavos me invitaron a participar con una conferencia, misma que no puede concentrar en el tema señalado por no ser mi especialidad. Lo bueno es que sobre la materia los chavos ya habían escuchado disertaciones excelentes como la de Enrique Cabrero y Carlos Moreno Jaimes. Como me tocó ser el conferencista de salida, el sábado y después del medio día, buena parte de los pibes se había acomodado en las cómodas butacas a reposar la desvelada de la juerga nocturna anterior. Quise hablarles sobre la perspectiva electoral de este año desde el ámbito local. Un tema soporífero que sin duda ayudó a muchos a reposar la pupila.
Pero comencé platicándoles mis experiencias personales con la ANECPAP. Recordé que en 1996 tuve mi primer contacto con la asociación en un congreso en Toluca. Ahí coincidimos con el doctor Pedro Ferraz de Abreu, profesor del Instituto Tecnológico de Massachusetts, fundador y presidente del Centro de Investigación en Tecnología de la Información para la Democracia Participativa (CITIDEP), organismo con sedes en Lisboa y Boston que congrega a cerca de un centenar de investigadores de siete u ocho países. Desde entonces me uní al CITIDEP, y también lo hicieron algunos de los entonces líderes de la ANECPAP, como Alejandra Sota Mirafuentes, hoy Coordinadora de Estrategia y Mensaje Gubernamental de la Presidencia de la República. La ANECPAP y el CITIDEP mantuvieron comunicación un tiempo, pero el problema de una asociación estudiantil es que está formada por estudiantes, y esta condición es por definición efímera –bueno exceptuando a los “fósiles”-. Ha sido difícil mantener la colaboración, pero en marzo de 2001 logramos realizar una mesa de trabajo en el VI Encuentro de la ANECPAP, en Guanajuato, que fue coordinado por Iovana Rocha. Nos trajimos a Pedro Ferraz desde Lisboa y armamos una mesa con otros investigadores del CITIDEP capítulo México. Las intervenciones todavía pueden encontrarse en la página electrónica del CITIDEP.
Luego participé en otro encuentro de la ANECPAP en Aguascalientes, y todavía conservo la amistad de los entonces estudiantes, hoy colegas, como el doctor Jesús Aguilar López profesor de la UAA. En fin, que ha sido muy placentero mantenerse cerca de este tipo de encuentros juveniles, tan necesarios y tan entretenidos.
Aunque lo intenté, no limité mi participación a las anécdotas. Debí socializar mis inquietudes sobre las nuevas circunstancias de la reforma electoral federal y local. También insistí sobre los pendientes que aún se presentan para lograr avances e el ámbito de la confiabilidad de los árbitros electorales, en particular los actuales métodos de selección de consejeros electorales, las enormes carencias en cuanto a material humano con que se enfrenta el proceso de reclutamiento y capacitación de funcionarios de casilla, el enorme gasto que representa mantener a 33 burocracias electorales en el país, los abusos de los partidos cuando se trata de beneficiar a sus arcas y a sus líderes, la inconsistencia de haber concentrado tanto esfuerzo del IFE en el monitoreo de los medios electrónicos mientras que su consejo general dictamina sobreseimientos increíbles, etcétera. Sin duda, el sistema electoral mexicano no pasa por sus mejores tiempos.
Los chavos de la ANECPAP son inquietos, inquisitivos y discutidores. Muchos son muy estudiosos y de seguro formarán parte de la generación de líderes del porvenir inmediato. Los saludo dondequiera que ahora estén y les deseo que se formen con solvencia para que rescaten al país del agujero en el que lo hemos metido.

Los derechos de la diáspora

El día de ayer tuve la oportunidad de participar como sinodal en el examen doctoral del maestro Felipe de Jesús Reyes Romo, dentro del programa de doctorado en estudios del desarrollo de la Universidad Autónoma de Zacatecas. La interesante tesis se intitula “La noción de ciudadanía en las relaciones del Estado y los migrantes trasnacionales, una prospección teórico-empírica para el caso de México”. La dirigió el doctor Miguel Moctezuma, un reconocido estudioso de la migración internacional de nuestro país, en particular sobre el caso de los zacatecanos en los Estados Unidos, una de nuestras comunidades trasnacionales mejor organizadas y de más involucramiento en los procesos de desarrollo regional en su estado natal.
La tesis de marras hace un espléndido análisis sobre la evolución de las posiciones oficiales del gobierno mexicano hacia los paisanos que se han visto en la necesidad –rara vez en la voluntad- de emigrar hacia el país del norte en busca de trabajo y de una posibilidad de mejorar su circunstancia de vida en sus lugares de origen. Alrededor de doce millones de mexicanos se encuentran chambeando duro y sobreviviendo lo mejor que pueden en los espacios laborales que los anglos, los asiáticos e incluso los negros –parafraseando a Fox, autor prolífico de frases célebres- no quieren atender. El ahora doctor Felipe Reyes recorre un siglo y medio de historia de la diáspora mexicana, desde que alrededor de cien mil paisanos se quedaron varados en los territorios que fueron arrancados a México luego de la guerra de 1846-1848, hasta los más recientes acontecimientos que han afectado los patrones y condiciones de la imparable emigración de alrededor de medio millón de mexicanos, que cada año cruzan la frontera de forma legal o ilegal para buscar una oportunidad de empleo en la economía más grande del mundo.
Felipe Reyes se concentra en las variaciones de las nociones de ciudadanía y nacionalidad, que se han evidenciado latentes en el marco jurídico mexicano que ha regido de manera directa o indirecta para discernir el estatuto legal que conservan los mexicanos que abandonan de manera prolongada o permanente el territorio nacional. Históricamente, el marco legal de nuestro país se ha ajustado a los criterios clásicos greco-latinos que anudaban la noción de ciudadanía con la del territorio. Es decir, que para conservar los derechos y las obligaciones del ciudadano ordinario, hay necesidad de mantener residencia regular en el espacio geográfico donde se asienta el Estado. Recordemos que desde esa noción éste último se conforma por la tríada Gobierno-Sociedad-Territorio. Por otra parte, encontramos el concepto de nacionalidad, que está vinculado al lugar donde uno nace (jus solis), o bien a la herencia (jus sanguini) de nuestros padres. Tradicionalmente en México se han vinculado ambos elementos: si renuncias a uno, debías renunciar al otro.
Las fuerzas de la globalización, aunadas a la democratización política de nuestro país, han conducido en las últimas dos décadas a la necesidad de modernizar estos principios legales. Los estados modernos son cada vez más extraterritoriales y trasnacionales. Además, la diáspora mexicana ha ido cobrando una inmensa importancia para el mantenimiento de la estabilidad económica, política y social de nuestro país. Los millones de paisanos, a través de sus líderes, han sabido presionar a los actores políticos nacionales para que, incluso a regañadientes, acepten la necesidad de reconocer la ciudadanía extraterritorial. Los partidos políticos y el gobierno mexicano han ido cediendo y reconociendo que las diásporas de la gran mayoría de los países expulsores han sabido conquistar espacios de representación o de influencia en las decisiones que afectan a sus comunidades de origen. México no podía ser ajeno a esta tendencia mundial. Desde que en 1990 el gobierno de Ernesto Zedillo estableció la primera oficina gubernamental para atender las necesidades de las comunidades de mexicanos en el exterior, nuestro gobierno ha ido ampliando los vínculos y los espacios de participación de esos conjuntos de emigrantes. Tanto, que en 1997 se reformó la constitución mexicana y se aprobó la Ley de No Pérdida de la Nacionalidad Mexicana, con lo que se separó de forma definitiva las dos nociones descritas antes. Decenas de miles de mexicanos han podido optar por la ciudadanía norteamericana, sin perder la nacionalidad mexicana. ¿Dos lealtades? Tal vez, pero es un reconocimiento a que las comunidades migrantes son ya trasnacionales, es decir que un enorme volumen de mexicanos expatriados y México-americanos conservan y fortalecen lazos de vida comunitaria que trascienden fronteras; más aún en un mundo achicado por las nuevas tecnologías de la información y la comunicación.
El “trasnacionalismo desde abajo” que describe y analiza la tesis referenciada, ha sido un hecho imposible de ignorar por el sistema político mexicano, que ha debido iniciar un “trasnacionalismo desde arriba” para corresponder y alinearse con el anterior. De esta manera en 2003 se creó el Instituto de los Mexicanos en el Exterior, cuyo consejo está integrado por cien líderes paisanos, así como por algunos académicos y expertos. Luego, en 2005 se concretaron las disposiciones legales que hicieron posible una de las demandas más sentidas de los paisanos: el voto desde el exterior. Una medida que se implementó una década después de la reforma constitucional que desanudó la obligatoriedad de emitir el voto ciudadano desde la circunscripción territorial del elector. Desgraciadamente en la elección presidencial del 2 de julio de 2006 sólo votaron 32,621 migrantes, cuando las estimaciones optimistas nos habían anunciado a dos millones de potenciales votantes. Sin duda fue un “fracaso” en términos económicos y simbólicos, pero se abrió así una ventana de participación que sin duda se ampliará en el futuro político del país. Hoy, los estados de Zacatecas y Michoacán, y próximamente el DF, posibilitan el voto de los emigrados en sus elecciones locales. Y me pregunto: ¿cuándo debatiremos en Guanajuato sobre este asunto?