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viernes, 29 de octubre de 2021

La ignorancia arremete

La ignorancia arremete

Por: © Luis Miguel Rionda ©

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ZonaFranca.mx Milenio León
15diario.com
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La actividad filosófica, intelectual y científica ha sido históricamente una vocación de élite. El cultivo del pensamiento abstracto es propio de eruditos. Al ser una actividad necesariamente minoritaria, despierta sentimientos encontrados en el resto de la población, pues con frecuencia se cuestiona si los productos del pensamiento académico tienen aplicación en la solución de los problemas cotidianos de la sociedad mayor. Es una incomprensión casi natural que parte de la ignorancia acerca de las funciones sociales que atienden esas minorías doctas, a las que se vincula con la ociosidad, la improductividad y los privilegios.

Así ha sucedido desde tiempos clásicos, cuando los ricos y poderosos financiaban el ocio creativo de filósofos, artistas y demás sabios, que ornamentaban sus cortes, pero raramente contribuían a la ampliación de su riqueza o poder. Así lo vivió Platón con el rey de Siracusa, Dionisio, a quien quiso convertir en su ideal del rey filósofo, sabio y prudente. El rey utilizó a Platón para ampliar su prestigio y luego lo vendió en el mercado de esclavos, donde fue rescatado-comprado por un antiguo colega ilustrado.


En México y en buena parte del mundo, los poderosos suelen desconocer el valor del pensamiento complejo. La política real atiende a sentimientos e impulsos inconscientes, no a políticas públicas diseñadas con base en el conocimiento científico. Los conceptos ideales de gobierno se vuelcan en planes y programas formales, que desbordan técnica y datos precisos, pero pocas veces son aplicados, ajustados y evaluados. El poderoso mexicano confía más en sus instintos que en estas abstracciones de tecnólogos, a los que además se vincula con paradigmas desprestigiados como el “neoliberalismo” —whatever that means.

Hoy día, se cree que la buena política es la que se refleja en programas de transferencia líquida de recursos a los sectores sociales vulnerables —el pueblo— sin padrones, sin criterios técnicos, sin reglas de operación ni mucho menos la evaluación de su efectividad. Lo que importa es consolidar la fidelidad de una clientela electoral, que garantice la permanencia en el poder, como recomendaría Maquiavelo, otro intelectual.

Ante esta concepción clientelar de la política no sorprenden los embates contra los centros de creación, preservación y difusión de la sabiduría colectiva: las universidades y los centros de investigación. No se acepta la naturaleza minoritaria del saber de largo aliento, y se pretende “democratizar” su acceso; así, por ejemplo, se presiona a esas casas de estudio para que acepten a cualquier demandante de educación superior. Un objetivo hermosamente utópico, como el socialismo de Charles Fourier, pero irreal y demagógico.


La ciencia debe adjetivarse, o no será, afirma el poderoso. Hay que construir la ciencia para el pueblo, dicen sus acólitos. El conocimiento superior debe ser tomado por asalto, para que deje de ser un baluarte de los fifís privilegiados de la academia “hamburguesa”. Hermoso ideal, muy platónico, pero carente de asideros en la realidad objetiva: la ciencia es para todos, pero no todos son para la ciencia.

Nuestro país seguirá condenado a la intrascendencia en el campo de la generación de conocimiento científico y tecnológico de frontera. Se reducen los recursos, se condicionan los pocos fondos restantes, se extermina el Foro Científico y Tecnológico, y se extingue la revista Ciencia y Desarrollo, que tantos de nosotros, los que nos formamos con becas del estado neoliberal, leíamos con fruición desde 1984.

Oscuras amenazas se ciernen sobre la sabiduría. La situación de hoy me recuerda al rector Miguel de Unamuno, quien se enfrentó con las armas del pensamiento al poder violento del radicalismo palurdo, desde la tribuna venerable de la Universidad de Salamanca.




viernes, 1 de octubre de 2021

Eppur si muove…

Eppur si muove…

Por: © Luis Miguel Rionda ©

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Zonafranca.mx Milenio León
15Diario.com
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No puedo evitar hacer referencia a la andanada de ataques que desde hace semanas han recibido algunos colegas académicos e investigadores, provocada por el intento de procesarlos penalmente con base en presuntos desvíos, malversaciones, lavado de dinero y delincuencia organizada. El CONACYT de la 4T, por medio de la Fiscalía General de la República y con el acompañamiento expreso de la Presidencia de la República, se ha envuelto en un pleito absurdo con los integrantes del Foro Científico y Tecnológico, asociación civil creada por mandato de la ley en la materia en 2002, durante la administración de Vicente Fox y la dirección general del ingeniero Jaime Parada Ávila. Se trataba de “un espacio que albergará las opiniones de la comunidad científica, académica, tecnológica y el sector productivo y que participará en los órganos representativos del sistema como un ente autónomo” (Referencia). El Foro buscó abrir a la comunidad científica los espacios de toma de decisiones en esta materia, que es clave para garantizar un desarrollo armónico y soberano de cualquier país.

La vocación para la generación e innovación del conocimiento es una atribución personal que se vincula al amor por los demás. Nadie se dedica a esta actividad con motivaciones netamente egoístas. Tal vez sí un poco vanidosas —no hay innovación sin reconocimiento—, pero no me cabe duda de que mis colegas de la academia científica son esencialmente generosos y solidarios. Nadie se dedica a la ciencia para hacer dinero —esto lo comparto siempre con mis alumnos—; la fortuna material se hace en otra parte: en la empresa privada o en la función pública —cuando ésta se ejerce con poca ética y mucha ambición.

Ser científico en México es siempre frustrante, por la incapacidad de nuestros líderes públicos y privados para comprender el valor de la investigación. Es por esto por lo que el financiamiento es tan escaso, pero tan vigilado y auditado. Hay más prejuicios que conocimiento sobre nuestra función y actividad, y por ello debemos rendir cuentas trimestrales, semestrales o anuales de los pocos centavos que se nos acuerdan como apoyo a los proyectos, que son dictaminados rigurosamente en doble ciego por pares académicos. Ni siquiera los proyectos tecnológicos reciben apoyos que superen los 50 mil dólares anuales. Por supuesto que se incluyen viáticos para acudir a encuentros internacionales: la ciencia es una actividad globalizada y si no compartes tus hallazgos o hipótesis con los colegas de fuera, sencillamente eres intrascendente. No es turismo académico: es una necesidad que te impone la dinámica habitual de la innovación del conocimiento.

La ignorancia que han evidenciado las autoridades federales actuales, así como algunos corifeos oportunistas del sector privado, me sorprende sobremanera. A pesar del carácter subalterno de su actividad científica, México ocupa un lugar digno en la comunidad internacional, y su productividad no es frívola ni intrascendente. Pero los Torquemada del pensamiento han lanzado acusaciones sin el debido sustento objetivo. Es sólo la ideología lo que dicta las descalificaciones. La ciencia no es “neoliberal”, “socialista”, “cristiana” ni militante. En todo caso es pragmática, y sobre todo heurística.

Como ya lo han hecho cientos de mis colegas, me solidarizo con los 31 perseguidos políticos. Y les recuerdo nuestra máxima ante la persecución de los palurdos: eppur si muove…


viernes, 3 de septiembre de 2021

Informe autoritario

Informe autoritario

Por: © Luis Miguel Rionda ©

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Milenio León
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El tercer informe presidencial de Andrés Manuel López Obrador fue la nota de la semana. En teoría, este ejercicio de rendición de cuentas debe servir para que el titular del ejecutivo “manifieste el estado general que guarda la administración pública del país” ante el Congreso de la Unión, según el artículo 69 de la constitución mexicana.

Sin embargo, el ejercicio ha perdido sustancia, al menos en su expresión oral —el llamado “mensaje político”—, que hoy parece más una retahíla de post verdades que muy poco aporta a la comprensión de la sustancia del proyecto de gobierno. Este tercer informe reiteró esta tendencia hacia la vacuidad ceremonial, con mensajes dirigidos a la feligresía y a la evangelización de los conversos. La 4T se habló a sí misma, y reiteró un triunfalismo que no se sustenta en los hechos duros de la realidad aviesa.

Comenzó con una declaración lanzada sin anestesia y sin respeto a la sintaxis: “La transformación está en marcha y, aunque es necesario seguir poniendo al descubierto la gran farsa neoliberal y auspiciando el cambio de mentalidad [sic] del pueblo, porque eso es lo más cercano a lo esencial y a lo irreversible [sic].” Me alarma que una administración federal, por más legítima que sea, pretenda auspiciar un “cambio de mentalidad” en sus electores, y que dicho cambio sea “irreversible”. Me pareció evidente el paralelismo con las convicciones autoritarias de las revoluciones radicales que, para mantenerse en el poder, buscan “reeducar” al pueblo, develándole la verdad única, evangélica y salvadora. Recordé la revolución cultural china y su enorme costo humano, los gulag soviéticos y sus lavados de cerebro, la reeducación castrista en la Cuba de los sesenta (“Con la Revolución todo, contra la Revolución nada”), y la educación socialista de Calles en México, definida en su “grito de Guadalajara” del 20 de julio de 1934, cuando afirmó que “debemos entrar y apoderarnos de las conciencias de la niñez, de las conciencias de la juventud, porque son y deben pertenecer a la Revolución.”

“¡Tengan para que aprendan!”, fue el mensaje del presidente hacia el resto de los mexicanos amontonados en las etiquetas presidenciales: fifís, conservadores, neoliberales, aspiracionistas, clasemedieros, hipócritas, vendidos, calderonistas, apátridas, etcétera. Su discurso no fue el de un estadista, sino el de un rijoso e iluminado líder de secta ideológica, más preocupado por afianzar su lugar en la historia y no en el futuro. Reafirmó sus vocaciones estatistas, monopólicas y parroquianas, más propias de su admirado “desarrollo estabilizador” nacionalista de los años cincuenta y sesenta, y el populismo revolucionario de los setenta. Un México que ya no existe en un entorno mundial “post-neoliberal”.

Thomas Piketty explica en su interesante texto El capital del siglo XXI, que hoy día las desigualdades deben ser combatidas mediante políticas fiscales y de desarrollo de alcance global, y no mediante transferencias y subsidios que perpetúan la dependencia.

En cambio, AMLO presumió que “el 70 por ciento de los hogares de México está inscrito en cuando menos un Programa de Bienestar o se beneficia de alguna manera del presupuesto nacional”. Me alarma esta percepción paternalista, que ilustró bien en la mañanera del 29 de abril de 2019 cuando comparó sus programas sociales con la protección a los “animalitos” domésticos, que han perdido su capacidad de alimentarse. 

Una visión miope de caridad cristiana, que busca “la gran satisfacción que produce a cualquier ser humano de buenos sentimientos el llevar a la práctica el principio fundamental del amor al prójimo y el servicio a los semejantes.”

Pero nada es irreversible en la política, sobre todo en democracia. La sabiduría reside en corregir a tiempo los errores de los pretendidos iluminati.



viernes, 27 de agosto de 2021

Una reforma punitiva, 2

Una reforma punitiva, 2

Por: © Luis Miguel Rionda ©

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El proyecto de iniciativa del Senado de la República para la reforma político-electoral, que se circuló informalmente la semana pasada, ha causado muchas reacciones. Entre ellas la de la Presidencia de la República, que anunció que presentará una iniciativa propia. En lo que ésta se conoce, continúo exponiendo mis puntos de vista sobre la primera.

Me parece positivo que se plantee mejorar la técnica legislativa, y concentrar en el artículo 41 constitucional todo lo referido a la materia electoral. Hoy día, la constitución mexicana es un rompecabezas que confunde y en ocasiones se contradice. La claridad y la lógica son importantes.

Se plantea reconocer derechos plenos a los ciudadanos mexicanos con doble ciudadanía, que hoy día son discriminados para desempeñar un cargo público. Un anacronismo que impone diferencias entre mexicanos “de primera” —nativos— y los “de segunda” —los naturalizados—. Considero que también se les debería reconocer derechos políticos a los extranjeros avecindados en el país, luego de una estancia mínima documentada.

La iniciativa incluye la opción del voto electrónico en el territorio nacional mediante urnas, aplicaciones o páginas electrónicas. Ese es el camino de la racionalidad electoral, que ya ha sido puesto a prueba mediante el voto desde el exterior. Hay que universalizarlo.

Se añade el derecho a votar en referendos y plebiscitos, y que se pueda decidir sobre el uso, administración y destino de proyectos y recursos asignados mediante presupuestos participativos, así como en la gestión, evaluación y control de la función pública. Un paso más hacia la democracia directa.

Se propone reformar el artículo 38 para que una persona sometida a proceso judicial aún sin sentencia, no sea suspendida en sus derechos ciudadanos. Se elimina la anacrónica fracción IV, que suspende los derechos por “vagancia o ebriedad consuetudinaria” (¡!).

Creo que es excelente la propuesta de eliminar las senadurías de representación proporcional. Un despropósito impuesto por los partidos minoritarios en la reforma de 1996 que contradice la función federalista del Senado. También se plantea reducir el número de diputaciones electas por representación proporcional de 200 a 100. ¿Y por qué no reducir también las diputaciones de mayoría relativa de 300 a 200? Así mantendríamos una cámara de diputados mixta pero más ligera, con 300 curules: dos tercios de MR y otro de RP. Cada diputación de mayoría representaría a alrededor de 462 mil ciudadanos —con padrón electoral de agosto de 2021.

La reforma propone que “en el caso en que exista un porcentaje mayor de hombres que de mujeres en las diputaciones electas por mayoría relativa, se hagan ajustes a las listas regionales a efecto de que se compense esta sobre representación masculina con mujeres electas por el principio de representación proporcional.” Se garantiza así la paridad de género.

Se plantea limitar la facultad reglamentaria del INE desde noventa días antes y durante el desarrollo del proceso electoral, para abonar a la certidumbre de las pautas de la competencia. En consecuencia, se propone que los órganos electorales notifiquen al Congreso de la Unión sobre las omisiones legislativas con la temporalidad suficiente —180 días antes de la elección— para que pueda efectuar los cambios necesarios. Me parece razonable.

Veamos ahora qué futuro le depara a esta iniciativa informal.


viernes, 20 de agosto de 2021

Una reforma punitiva, 1

Una reforma punitiva, 1

Por: © Luis Miguel Rionda ©

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ZonaFranca.mx Milenio León
https://15diario.com/diario-de-campo-una-reforma-punitiva-i--luis-miguel-rionda.html
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A mediados de esta semana circuló un documento generado en apariencia por la bancada del partido Morena en el Senado de la República. Se trata de un proyecto de iniciativa para la reforma político-electoral a nivel nacional. Es evidente que esta pretendida filtración busca tantear el ánimo de la clase política, antes de formalizar la entrega de la propuesta de reforma constitucional. También es claro que existe prisa para concretar la reforma; la intención ha sido expresada en las conferencias mañaneras presidenciales, donde se ha expuesto sin ambages la animadversión oficial contra los organismos electorales.

Un detalle: me llama la atención que el archivo electrónico venga firmado por el doctor Osiris Vázquez Rangel, quien según una ficha curricular que encontré es —o era— secretario de estudio y cuenta en el Tribunal Electoral de la Ciudad de México (ver aquí). Inquieta saber que un texto tan sensible se genere desde una cuenta ajena al Senado, y no estaría mal aclararlo. Luego de estudiar la exposición de motivos, me queda claro que la reforma busca pasar factura de los recientes descalabros electorales y legales del partido mayoritario, a los árbitros institucionales; en concreto, la mira está puesta en los actuales consejeros del INE y los magistrados del TEPJF. Se repite la receta punitiva del 2007-2008, cuando la coalición derrotada en la elección presidencial de 2006 impuso los términos de una reforma que defenestró a la generación de consejeros que presidía Luis Carlos Ugalde. También se impuso un modelo de comunicación política que hoy es criticado por la nueva hegemonía, heredera de aquel movimiento.

Los términos del actual proyecto de reforma refuerzan la tendencia centralizadora que se gestó desde el Pacto por México de 2012, y que se concretó en la reforma política de 2014, que eliminó en la práctica la autonomía de los organismos electorales locales, y reforzó la megacefalia del INE. Se propone ahora “pasar [sic] las funciones de los OPLES al INE” y que éste asuma las funciones de ésos: organizar los miles de procesos electorales locales. Adiós al federalismo electoral.

Con esto, se dice, “se generan beneficios en términos prácticos y económicos, pero no se afecta a las entidades de la república […] el desafío consiste en generar que los organismos locales de los que dispone el INE [330 juntas distritales y 32 locales] asimilen en sus esquemas administrativos internos a la función de los OPLES.”

La nueva generación de consejeros generales del INE —que sustituiría de inmediato a los detestados titulares actuales— se constituiría con siete miembros —en lugar de once—, elegidos por nueve años por el Congreso, con una presidencia rotativa electa entre ellos mismos, en periodos de tres años. No está mal esta idea, si no fuera por la evidente intención de descabezar de inmediato al organismo. También se propone eliminar los 32 órganos jurisdiccionales locales, y que la integración de la Sala Superior del TEPJF baje de siete magistraturas a cinco. Este tribunal tendría que establecer salas locales para atender los miles de recursos que se generan en los procesos municipales, distritales y estatales. También es evidente el deseo de fulminar a la actual generación magistral, que le ha causado no pocos descalabros a la 4T, que falló en su intento de domesticar al tribunal.

Sin embargo, hay elementos positivos en la propuesta, que voy a abordar en mi siguiente contribución. Buenas ideas que merecerían un mejor contexto, que incluyera un debate profundo entre los actores políticos, con vistas al 2024, todavía lejano.


viernes, 13 de agosto de 2021

Inopia cultural

Inopia cultural

Por: © Luis Miguel Rionda ©

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Desde hace décadas los diferentes gobiernos nacionales y locales de nuestro país han ejercido una política confusa —por decirlo amablemente— hacia el ámbito de la cultura. La Constitución General de la República hace referencia en once ocasiones a este concepto —incluyendo tres a la cultura física—, sin nunca definirlo. Pero es de destacar el párrafo once del artículo 4º, que dice: “Toda persona tiene derecho al acceso a la cultura y al disfrute de los bienes y servicios que presta el Estado en la materia, así como el ejercicio de sus derechos culturales.” Este texto fue adicionado apenas el 30 de abril de 2009. Desde entonces el derecho a la cultura es considerado uno más de los derechos humanos de los mexicanos, y el Estado asumió formalmente la obligación de promover su fortalecimiento, su protección, su difusión y conocimiento.

A pesar de los buenos deseos, es un derecho humano que no se acompaña con los apoyos presupuestales suficientes. Desde hace más de una década los recursos públicos destinados al fortalecimiento de las culturas nacionales no rebasan el 0.1% del Producto Interno Bruto (ver aquí). Son poco menos de 14 mil millones de pesos del gobierno federal en su ramo 48 (ver aquí), más una cantidad mucho menor de parte de los gobiernos estatales y municipales. Para colmo, la quinta parte del presupuesto federal de este año se destina al megaproyecto presidencial Chapultepec (ver aquí).

Dentro del gasto cultural federal, el presupuesto destinado al Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) ha sido uno de los más castigados. Para este año su presupuesto suma tres mil 820 millones, un recorte del 2.53% sobre el año anterior. Si consideramos que el instituto está al cargo de la preservación, estudio y divulgación del amplísimo patrimonio histórico y arqueológico nacional, podemos concluir que es un recurso en extremo limitado y que, según el sindicato del INAH, “provocará, entre otras cosas, deterioro de los monumentos paleontológicos, arqueológicos, artísticos e históricos del país, así como la red de museos y otras infraestructuras culturales dependientes del Sector Cultura y del INAH, en particular. La gran mayoría de las zonas arqueológicas, museos y monumentos históricos del país […] se encuentran en un avanzado estado de deterioro y requieren de mantenimiento urgente” (ver aquí).

Uno de esos sitios es el del Templo Mayor, que tal vez sea el repositorio arqueológico más importante del país, junto con Teotihuacan. Este conjunto, descubierto apenas en febrero de 1978 gracias al hallazgo por parte de trabajadores electricistas del monolito de la Coyolxauhqui, representa uno de los mejores ejemplos de la urbanística, la mitología y la cultura de los antiguos mexicas, a quienes conocemos tan poco a pesar de ser reivindicados como los fundadores simbólicos del México moderno.

La actual administración federal ha revivido el viejo nacionalismo mexicano, que se sustenta en una visión broncínea y anquilosada de un pasado imaginado. El discurso ideológico de la 4T se nutre con los viejos estereotipos del indigenismo de los años treinta y cuarenta, que buscaba “forjar Patria”, en palabras de su fundador Manuel Gamio. Pero al mismo tiempo cae en los simplismos de la propaganda populista, como se evidencia en los actos conmemorativos del bicentenario en este año.

Me parece indignante que el gobierno de la CDMX, con apoyo del federal, destinen recursos —no se sabe cuántos— a la construcción de una horrible maqueta del Templo Mayor a cien metros del original. Un adefesio a un tercio de su tamaño original, que me recuerda las atracciones gringas que imitan castillos y monumentos, y los banalizan con espectáculos de luz y sonido con contenido New Age —ahora les dicen videomapping—. Entretanto el sitio original se desgasta por carecer del techado que se cayó el 28 de abril pasado, por las inopias presupuestales del INAH.


viernes, 6 de agosto de 2021

Tribunal amenazado

Tribunal amenazado

Por: © Luis Miguel Rionda ©

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La reciente crisis en la sala superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación pone en evidencia que la intervención de poderes exógenos en los procesos internos de los organismos autónomos tiene consecuencias graves para su gobernabilidad. Cuando el ejecutivo y el legislativo, que tienen origen en la competencia político-partidista, buscan cooptar o domesticar a los entes autónomos, los contaminan con sus intereses partidistas e imponen una visión ideológica en su desempeño, con lo que la función original de los órganos es alterada, incluso corrompida.

¿A qué me refiero? A que en el caso del tribunal el depuesto magistrado presidente había venido cumpliendo el papel de quinta columnista del poder hegemónico, dificultando o modificando la impartición de justicia en el campo de la competencia electoral. Es bien sabido por los que creemos conocer las condiciones internas de la función electoral, que algunas sentencias emitidas desde la designación del interfecto al frente del tribunal han causado controversia, en particular aquéllas que han anulado acuerdos del consejo general del INE. Incluso se han contradicho criterios defendidos en sentencias previas, como en el caso de la atención a la violencia política de género, o la obligatoriedad de candidatos y precandidatos de presentar informes de gastos de campaña.

Los cinco —de siete— magistrados que destituyeron al controversial presidente enlistaron una serie de inconsistencias, omisiones, imposiciones y manejos administrativos sospechosos que nunca fueron esclarecidos o atendidos por el presidente del colegiado. La resistencia a ventilar temas incómodos fue evidente en los alegatos que expuso el aludido, antes de ordenar el levantamiento de la sesión virtual y hacer mutis, junto con otra magistrada y el personal directivo de la secretaría de acuerdos.

Los magistrados rebeldes asumieron la defensa del prestigio del tribunal, que ha sumado luces y sombras a lo largo de sus 25 años de existencia, pero que sin duda ha sido el garante de la democratización y la progresividad en los derechos políticos de los mexicanos.

El secuestro de los organismos autónomos se traduce en regresiones autoritarias que buscan deconstruirlos, para retornar al centralismo caudillista que todo decidía, incluso la aplicación de la ley. Las reacciones externas nos ayudan a adivinar los hilos de control que hoy se ponen en riesgo: la mayoría parlamentaria y el ejecutivo se han pronunciado por la renuncia del pleno de la sala superior. Es lógico: así se plantea la tabla rasa que facilitaría la cooptación completa de ese importantísimo órgano del Poder Judicial, que también ha estado bajo asedio, con el anzuelo de la inminente reforma a ese poder, incluida la ampliación del periodo de su propio presidente.

El canibalismo institucional se desata sin embozos para facilitar el camino a la imposición de la agenda de largo plazo, transexenal, de la 4T. Ojalá los magistrados den la batalla por su autonomía, porque de otra manera el tribunal puede constituirse en la antesala del exterminio o domesticación del sistema electoral nacional.


viernes, 9 de julio de 2021

Consulta vacía

Consulta vacía

Por: © Luis Miguel Rionda ©

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ZonaFranca.mx Milenio León
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La democracia liberal ha sido frecuentemente tildada como una “tiranía de las mayorías”, ya que el sistema de sufragio universal se basa en el principio de que la sumatoria igualitaria de voluntades constituye la base de las decisiones legítimas. Sin embargo, como técnica para la toma de decisiones, la democracia electoral puede ser criticada por su apuesta subyacente a la sabiduría de la masa, dejando de lado los procedimientos de la racionalidad dialéctica que impulsó el humanismo clásico. Puede argumentarse que la suma de las ignorancias no necesariamente conduce la develación de una verdad oculta bajo el peso de la mayoría. 

Se ha pretendido paliar este handicap de origen de la democracia procedimental con las alternativas que ofrece el modelo alterno de la democracia directa, que demanda un fuerte componente de participación ciudadana individual. Pienso que no es mala idea, pues a diferencia del sufragio universal, tan vulnerable a la coacción y al engaño, la participación exige un mayor grado de compromiso del ciudadano o ciudadana, y confirma el valor que el humanismo confiere a la persona humana como vehículo primordial de la acción política. 

En ese sentido siempre me he manifestado como entusiasta de esas alternativas, que en nuestro país tiene una historia muy reciente. Apenas en la primera década de este siglo se comenzó a legislar sobre mecanismos comiciales de participación directa en la toma de decisiones públicas, como la iniciativa popular, el referéndum, el plebiscito, la consulta popular, la revocación de mandato y los presupuestos participativos. A nivel local existen más de 20 leyes estatales de participación ciudadana ¬–la de Guanajuato se emitió en 2002–. En el ámbito nacional se cuenta con la Ley Federal de Consulta Popular del 14 de marzo de 2014, recientemente reformada el 19 de mayo pasado. 

 Su artículo 4º reza que “La consulta popular es el instrumento de participación por el cual los ciudadanos, a través de la emisión del voto libre, secreto, directo, personal e intransferible, toman parte de las decisiones de los poderes públicos respecto de uno o varios temas de trascendencia nacional o regional competencia de la Federación.” 

Estoy convencido de que la actual convocatoria del INE a participar en la consulta popular del 1 de agosto próximo no cumple con la condición de abordar un tema trascendente. La confusa pregunta en la que se sustentará la convierte en un ejercicio inútil, pues se trata de cuestionar si el ciudadano o ciudadana está de acuerdo con “emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos”. Esto es una obviedad, pues todo servidor público puede ser sometido a investigación si se cuenta con los elementos mínimos para sospechar de violaciones a la ética y las leyes del servicio público. No hay necesidad de consultar nada. 

 Los destinatarios no son cualquier “actor político”. En el sentido original, son los expresidentes del “periodo neoliberal” (whateverthatmeans). Se trata entonces de una consulta casi nominal, con eventuales destinatarios individuales. Eso viola el principio de abstracción implícito en toda consulta. Es incluso una posible violación al derecho de presunción de inocencia, ya que el resultado podría estar “encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas” (¡!). 

En uso de mi libertad ciudadana para participar o no, y como muchos lo han hecho ya, manifiesto mi decisión de abstenerme de participar en este ejercicio inútil.

viernes, 2 de julio de 2021

A tres años del voto del hartazgo

A tres años del voto del hartazgo

Por: © Luis Miguel Rionda ©

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Hace tres años se concretaron las elecciones federales que permitieron renovar el poder ejecutivo presidencial y las dos cámaras legislativas. Los resultados evidenciaron el hartazgo generalizado con las opciones de la ortodoxia política tripartidista heredada de la última década del siglo XX. Fue esta ola electoral de repulsión al ancien régime lo que le valió el triunfo a un partido reciente. Un partido que en su origen se denominó Movimiento de Regeneración Nacional y que en su registro optó por la apócope de “Morena”, en clara alusión a la advocación guadalupana del Tepeyac. Fue la base de la coalición Juntos Haremos Historia (Morena, PT y PES), que logró la presidencia de la república con el 53.2% del total de votos emitido, y el triunfo en 218 de los 300 distritos uninominales de la Cámara de Diputados, con el 43.5% de los votos. 

Sin duda fue un triunfo “de arrastre”, en el cual pesó el liderazgo carismático del candidato presidencial López Obrador. Eso explica el diferencial de votos entre el candidato presidencial (30’113,483) y sus compañeros candidatos a diputados (23’635,467) de los tres partidos de su coalición. 

A tres años de distancia podemos aventurar que se trató de una elección democrática, muy vigilada y bien evaluada. La tercera alternancia presidencial de México pudo realizarse en un ambiente de legitimidad y paz social. Todo lo cual contradice a los detractores del actual modelo electoral de nuestro país, que juzgan que éste ha solapado fraudes electorales previos y que es favorable a los intereses de los partidos del “periodo neoliberal”. 

 El reciente proceso del 7 de junio de 2021 se desarrolló con los mismos estándares de calidad, y garantizó a la renovada coalición Juntos Haremos Historia el 42.76% del total de votos para la renovación del legislativo federal y el triunfo en 186 de los distritos uninominales. Una victoria en el ámbito federal, que se une a la conquista de once de las quince gubernaturas en disputa. 

De manera contradictoria, esta fuerza triunfadora mantiene su añeja denuncia de fraude sistemático, que se quiere consustancial a la naturaleza del INE y los OPLE. Han anunciado que buscarán reformarlos de raíz, o incluso desaparecerlos. Y esto convoca a la sorpresa, pues los señalamientos no tienen más sustento que el de una desconfianza ideológica hacia la democracia de corte liberal, como la que hemos construido en México desde 1978. Tal vez se inspiran en modelos “democráticos” con elecciones plebiscitarias como las de Cuba, Nicaragua o Venezuela, donde los partidos de Estado o hegemónicos controlan los órganos electorales, y combaten o apresan a los opositores al régimen “revolucionario”. 

Yo felicito al INE por este aniversario, y me pronuncio por una reforma legal que mantenga la autonomía de los órganos electorales –administrativos y jurisdiccionales–, pero que simplifique y modernice los procesos de competencia partidista, la emisión y recepción del voto, y que fortalezca la ciudadanización y vigilancia de las diferentes fases del ejercicio. Rechazo la regresión autoritaria, ya sea de izquierda o de derecha.

viernes, 14 de mayo de 2021

La historia instrumental

La historia instrumental

Por: © Luis Miguel Rionda ©

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En momentos de crisis no es raro que los gobiernos acudan al refugio de los sentimientos nacionalistas como estrategia para evadir la discusión de los problemas fundamentales. Así lo vivimos en México con la conmemoración del sesquicentenario de la independencia en 1960, cuando el país hervía por las movilizaciones magisteriales, de trabajadores de la salud y de estudiantes en Guerrero. Sucedió con más claridad en 1985, luego del terremoto del 19 de septiembre, cuando el gobierno reaccionó con el programa de festejos del 175 aniversario. Y lo vimos en el bicentenario de 2010, cuando la crisis económica y la violencia criminal eran imparables.

Para este año 2021, tan complejo, el gobierno de México ha integrado un programa de festejos que gira en torno al bicentenario de la consumación de la independencia nacional. En el calendario oficial figuran doce eventos ceremoniales a lo largo de este año: 1) el 14 de febrero un homenaje a Vicente Guerrero en Cuilápam, Oaxaca; 2) el 24 de febrero conmemoración de los 200 años del Plan de Iguala, en Guerrero; 3) el 25 de marzo el “Día de la resistencia de los pueblos originarios” en Champotón, Campeche; 4) el 3 de mayo la ceremonia de la “Cruz Parlante” y el fin de la “guerra de castas”, en Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo; el 12 de mayo los 700 años de la fundación de México-Tenochtitlán, en la Ciudad de México; 6) el 13 de agosto los “500 años de la memoria histórica de México-Tenochtitlán”, en la CdMx; 7) el 24 de agosto los 200 años de la firma de los tratados de Córdoba, en Veracruz; 8) el 15 de septiembre el grito de la independencia, en CdMx (!); 9) el 16 de septiembre con el desfile cívico-militar por la independencia de México, en CdMx; 10) el 27 de septiembre los 200 años de la consumación de la independencia de México, en CdMx; 11) sin fecha, la promulgación del Acta de Independencia, con otra “ceremonia del perdón a las minorías culturales” en alguno de los pueblos yaquis de Sonora; 12) 30 de septiembre el natalicio de José María Morelos y Pavón, en Morelia.

El programa evidencia un claro sentido de reivindicación de una causa imaginaria: la pretendida “conquista” europea de los pueblos originarios y la rebelión de éstos contra su vasallaje. Una interpretación simplista de una realidad histórica que fue, con mucho, de mayor complejidad. Es lamentable el uso de la “historia de bronce”, hagiográfica y maniquea, para justificar un plan político vigente y una ideología unilateral “progresista”. La bandera indigenista ha resultado de gran utilidad para el criollismo –racial y cultural– posmoderno, como el que campea entre los hipsters de la 4T.

Incluso se ha forzado la coincidencia de la “fundación” de la ciudad de Meshíhco-Tenochtítlan, de hace casi 700 años, con los festejos. Esto ha provocado reacciones contrarias en la comunidad de arqueólogos e historiadores, sin que se inmuten los “expertos” de la pareja presidencial. La grandilocuencia y la conveniencia históricas son parte del discurso político “progre”.

En las investigaciones sobre el proceso de independencia mexicana hay consenso sobre que en su arranque, bajo el liderazgo de Hidalgo, hubo mucho más involucramiento popular que en su consumación criollo-iturbidista en 1821. Es popular la broma de que “la conquista la hicieron los indios y la independencia los españoles”. No es una idea absurda: la derrota de los aztecas fue producto de la alianza entre los pueblos dominados y los europeos. Tres siglos después, la consumación efectiva de la independencia fue producto de un acuerdo entre las élites criollo-mestizas conservadoras, que rechazaron al gobierno liberal español y su demoniaca constitución de Cádiz, vigente en el trienio liberal de 1820-1823.

De nuevo la historia como instrumento legitimador de un orden político determinado.


viernes, 30 de abril de 2021

Límites democráticos al poder

Límites democráticos al poder

Por: © Luis Miguel Rionda ©

Publicado en:
ZonaFranca.mx Milenio León
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En esta semana que termina hemos visto el renacimiento simbólico de algunos de los Órganos Constitucionales Autónomos (OCA) más importantes de nuestro país. Primero, después de muchas semanas de aparente vasallaje o al menos alienación del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, éste nos sorprendió –agradablemente– con sendas resoluciones sobre los polémicos registros de las candidaturas de Morena a los gobiernos estatales de Guerrero y Michoacán, a causa de su negativa a rendir cuentas. 

Luego de un absurdo vaivén entre el tribunal y el Instituto Nacional Electoral (INE), al fin los magistrados superaron las evidentes presiones a las que se vieron expuestos por parte de los caudillos de la 4T por vía de su propio presidente, y en votaciones contundentes –más aún que las emitidas por los consejeros del INE– establecieron que la ley es superior a cualquier interpretación “justiciera” e interesada. Se sentó un precedente que obligará a los actores políticos a tomarse en serio la fiscalización que ellos mismos definieron en la reforma política de 2014.

Segundo, el Instituto Nacional de Acceso a la Información presentó una controversia constitucional contra la atolondrada intención del gobierno federal de revivir el adefesio del Padrón de Usuarios de Telefonía Móvil, que nos obligaría a los más de cien millones de usuarios a poner en manos de las corporaciones federales de investigación criminal nuestros datos personales y los biométricos. No es difícil sospechar el destino de este tipo de ocurrencias: las bases de datos terminarán en manos de los capos y en repositorios en el extranjero, incluso en Tepito. Al INE ya le han robado el padrón electoral en tres ocasiones previas, lo que evidencia la vulnerabilidad de estos datos si no se garantiza la probidad en su manejo.

Pocas semanas antes, la Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE) había interpuesto una controversia constitucional contra varios artículos de la nueva Ley de la Industria Eléctrica, que buscan reconstruir el obsoleto monopolio estatal de la Comisión Nacional de Electricidad. El OCA aspira defender la competencia en beneficio de los consumidores de electricidad, que seguimos secuestrados por la ideología nacionalista revolucionaria de 1960.

Además de los casos anteriores, otros organismos autónomos han establecido límites legales a las ocurrencias de los caciques de la 4T: el Banco de México, el INEGI, el IFT y el CONEVAL. La CNDH está capturada por el oficialismo. Pero en general los OCA mantienen dignamente su papel de dique contra el abuso del poder autoritario.

Por ello es lamentable que, en lugar de aceptar con actitud republicana los límites al poder de la actual –y eventual– mayoría, el presidente de la república anuncie: “Vamos a hacer una revisión, toda una reforma administrativa […] para ajustar los órganos administrativos, los organismos del gobierno, del Estado, a la nueva realidad, a las nuevas circunstancias, porque esos órganos o todo este monstruo, este ogro filantrópico que se creó —bueno, ogro, sin la filantropía— que crearon, no tiene que ver con lo nuestro, es distinto”.

Ganar una elección, por el margen que sea, no significa un cheque en blanco para imponer decisiones que contravienen el orden constitucional y legar vigente. La actual élite del poder quiere sustentar su legitimidad en su opción por una fantasmal “justicia”, que se sobrepone a la ley. Pero se olvida que el concepto “justicia” es relativo, y que debe ser definido a partir de procesos legislativos que generarán leyes en las que, de manera democrática, el cuerpo social establece los parámetros de la justicia.


viernes, 23 de abril de 2021

Vacunación e improvisación

Vacunación e improvisación

Por: © Luis Miguel Rionda ©

Publicado en:
ZonaFranca.mx Milenio León
eslocotidiano.com

El miércoles pasado mi esposa y yo recibimos la segunda dosis de la vacuna Pfizer contra el virus SARS-Cov2, en la ciudad de Guanajuato, a 25 días de haber recibido la primera aplicación. Quiero compartir algunas reflexiones que me despertaron las dos jornadas que dedicamos para recibir esta protección, pues estoy convencido de que las vivencias acumuladas a lo largo de trece meses de pandemia deben servirnos en el futuro para mejorar nuestras actitudes ante las emergencias y la difícil convivencia que nos provoca la sustracción de nuestra normalidad cotidiana.

Como apunté en alguna colaboración anterior, el operativo que se está desplegando en nuestro país es en exceso complejo e incluye a demasiados actores. Inexplicablemente participan no sólo el personal de salud, sino también la Guardia Nacional y los Servidores de la Nación. La participación de la Guardia se ha querido justificar en términos de “seguridad nacional”, lo que me parece absurdo, pues lo que está en riesgo es la salud de los individuos y sus familias, no del colectivo nacional. Tampoco hay amenazas de violencia, pues hasta los delincuentes querrán verse vacunados. Su presencia sólo confirma la militarización de la vida nacional.

Tampoco entiendo el involucramiento de los misioneros seculares de la 4T, los llamados “Servidores de la Nación”, bien conocidos por ser promotores del voto oficialista apoyados en los programas sociales. Los registros que levantan incluyen datos personales extraídos de la credencial de elector, y el teléfono particular, cuyos destinos me resultan un misterio.

Me pregunto para qué servirán los numerosos registros que se han levantado: el pre registro en internet que sirvió para nada, y el doble levantamiento de datos de los Servidores de la Nación y de la Secretaría de Salud, que entorpece el proceso de admisión, y que se repiten en la segunda aplicación. Las cinco bases de datos resultarán redundantes, y bien pueden ser obviadas si realmente los datos tuvieran una finalidad operativa. Pero si recibo una llamada de promoción política, sabré cuál fue el origen.

Creo que nunca se dimensionó el reto de vacunar a millones de personas sin contar con vacunas suficientes, y con problemas evidentes de operatividad por la intervención de tantas instituciones. Es de agradecer el esfuerzo, pero también es necesario exigir eficiencia y agilidad, aprovechando en su totalidad la infraestructura hospitalaria y de servicios de salud del país, tanto pública como privada. Los centros improvisados de vacunación provocan aglomeraciones de personas bajo los rayos del sol, muchas horas de espera, y escenas lastimosas de ancianos discapacitados que deberían ser visitados, y no congregados.

Sería importante eliminar tanto registro inútil, y sólo recabar nombre y edad para agilizar lo importante: la aplicación del biológico. También se debería combinar la estrategia de los centros temporales de vacunación, con centros permanentes en hospitales, así como las tradicionales visitas domiciliarias en pequeñas brigadas de vacunación, con personal de salud sin adláteres. Claro, para ello es imprescindible contar con suficiencia de dosis, y ese es el problema raíz que no se atendió a tiempo, por ignorancia y por soberbia.