Ley indígena, 2

Por: © Luis Miguel Rionda ©

Publicado en de León.

La Ley para la Protección de los Pueblos y Comunidades Indígenas en el estado de Guanajuato, aprobada por el Congreso local el día 15 pasado, es una norma que reconoce la personalidad, capacidad y voluntad de las comunidades indígenas para regirse y organizarse en su fuero interno mediante los usos y costumbres que dicta su cultura ancestral; ello excepto cuando algunos elementos de esa cultura contradigan al derecho general instituido o violen derechos humanos y garantías constitucionales, como lo es la participación de la mujer en el ámbito público. Sabemos que en las sociedades indígenas sigue siendo difícil que los varones reconozcan derechos a las mujeres, pero eso tiende a cambiar rápidamente.

La autonomía es definida acertadamente como “la expresión de la libre determinación de los pueblos y las comunidades indígenas como partes integrantes del Estado, de conformidad con el orden jurídico vigente, para adoptar por sí mismos decisiones e instituir prácticas propias relacionadas con su manera de ver e interpretar las cosas, con relación a su territorio, recursos naturales, organización sociopolítica, económica, de administración de justicia, educación, lenguaje, salud y cultura, que no contravengan la unidad nacional.”
Ahora bien, los sujetos principales de protección de la ley son los indígenas, pero no en lo individual, sino como comunidad. Y se entiende por comunidad indígena a “aquélla que forma una unidad social, económica y cultural, asentada en un territorio y que reconoce autoridades propias de acuerdo con sus usos y costumbres.” Esto me inquieta en lo personal, porque la gran mayoría de los indígenas de nuestro estado viven en las manchas urbanas de los municipios desarrollados, sin formar comunidades en sí, excepto cuando se concentran en colonias de precaristas, como las cercanas a las vías y la estación de ferrocarril en León (10 de Mayo, Morelos, Lomas de Guadalupe). Más de cinco mil indígenas inmigrantes, que difícilmente forman comunidades. Lo mismo sucede con los más de 2 mil 600 que habitan en Irapuato, y otro tanto en Celaya, o los 700 que viven en Guanajuato capital. En todas esas ciudades los indígenas son “invisibles”, y están expuestos a los abusos de las autoridades municipales, en particular las extorsiones de los policías y los agentes de fiscalización. En León el alcalde Scheffield ordenó la implementación de una operación limpieza bajo el argumento de que los indígenas son burreros de la delincuencia organizada. Asume, como sus ancestros cow-boys, que el indio bueno es el indio… que nadie ve.

Entre las medidas concretas previstas en la ley, cabe destacar la disposición para el establecimiento de un Padrón de Pueblos y Comunidades Indígenas, y del Sistema para el Desarrollo Integral y Sustentable de los Pueblos y Comunidades Indígenas de Guanajuato. No se define el mecanismo concreto para integrar el padrón, aunque se deja en manos de la Secretaría de Desarrollo Social y Humano, y habrá que esperar a que se emita el reglamento de la ley dentro de 90 días para ver si ahí se encuentra la definición.
Por su parte, el sistema del larguísimo nombre mencionado antes, será dirigido por un “Comité estatal de los Pueblos y las Comunidades Indígenas”. Pero cuando uno analiza la conformación de este comité resulta que lo integrarán 12 altos burócratas estatales, tres representantes de ONG’s, algunos representantes de gobiernos municipales y sólo cinco delegados de las comunidades indígenas. Los ladinos (mestizos o criollos) harán apabullante mayoría sobre los indígenas. La representación de estos pueblos, el Consejo Estatal Indígena, podrá ser consultada, pero no tomará parte en las decisiones del comité.

La filosofía en que se sustenta la ley es incontrovertible. Pero cuando se definen las acciones concretas mediante las que se traducirán los beneficios de la misma a la población destinataria, aparecen las limitaciones. Es, como en el caso de la Ley de Participación Ciudadana de 2002, una hermosa norma, pero que en su cabús no tiene una eficiente correa de trasmisión hacia las realidades que pretende afectar. Mientras sean los ladinos quienes mantengan el control de las decisiones trascendentes, seguiremos reproduciendo las inequidades de siempre.

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Ley indígena, 1

Por: © Luis Miguel Rionda ©

Publicado en de León.
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El martes pasado el Congreso del Estado de Guanajuato aprobó, por fin, la Ley para la Protección de los Pueblos y Comunidades Indígenas de la entidad. Una norma muy esperada e inexplicablemente aplazada por las últimas legislaturas. Algo sólo comprensible por el arraigado prejuicio local en torno al indio: ni lo vemos, ni lo aceptamos, ni lo reconocemos. Indios sólo en las películas y en el lejano sur del país…

Durante décadas, Guanajuato ignoró a sus poblaciones nativas, y discriminó a los indígenas inmigrantes, a los que se etiquetó de pordioseros y malvivientes. Todavía hoy se percibe ese estereotipo tanto en la sociedad mestiza como en las autoridades municipales. Una evidencia reciente fue la determinación del gobierno de León de “limpiar” los cruceros viales de indios pedigüeños o mercaderes. Para las buenas conciencias del Bajío, los indios son una lacra social que hay que esconder debajo del tapete. De poco sirve argumentar que son ciudadanos mexicanos que emigran en busca de oportunidades en otros lares del país. Se les trata como seres exóticos, extranjeros indeseables.
El hecho es que tenemos una amplia población indígena en la entidad, alrededor de 50 mil hablantes de alguna lengua nativa, con dos componentes: la población originaria, concentrada en las últimas comunidades de indígenas en San Luis de la Paz -Misión de Chichimecas-, Victoria y Tierra Blanca. Por otra parte la población inmigrante, mayoritaria, procedente de Hidalgo, Guerrero, Oaxaca, Estado de México, Michoacán, Puebla y otras entidades. La componente nativa pertenece a la etnia Chichimeco-jonaz (Uza) y a la Otomí-pame (Xihue). Los inmigrantes son Mixtecos (Ñuu Savi), Zapotecos (Diidzaj), Mexicanos (Nahua), Mixes (Ayook), Mazahuas (J’ñatio), Tarascos (P’urhépecha), Huicholes (Wirr’árika) y Mayas en sus diversas variedades.

Aunque el debate indigenista en nuestro país es tan viejo como la propia colonización europea (¿qué hacemos con los indios?, se preguntaban criollos y mestizos), en Guanajuato la mezcla racial y cultural llevó a que tempranamente se diluyeran las identidades étnicas, y que prevaleciera la cultura híbrida con predominante española. La población nativa que acompañó a los colonizadores ibéricos procedía de cuatro raigambres principales: la Otomí (del cacicazgo de Xilotepec, hoy en el Estado de Hidalgo), la Mexicana (en particular Tlaxcalteca), la Michoacana y la Mazahua (del hoy Estado de México). En alguna medida se mezclaron con los indios locales de origen Chichimeca (Jonaces, Copuces, Guamares, Guaxabanes), cuando éstos así lo quisieron porque siempre fueron rebeldes a la sedentarización. Por la escasez de fuerza de trabajo local, los indios en el Bajío se vieron exentos de varias prohibiciones explícitas en las Leyes de Indias, y se les permitió vestir ropa europea, montar a caballo, usar armas y participar en casi toda actividad social. Eso facilitó la temprana castellanización y homogeneización de la sociedad abajeña, que incluso absorbió al pequeño componente de población africana que fue importado por los colonizadores.

Las comunidades indígenas en Guanajuato pronto se vieron reducidas a calidad de reductos, y se acentuó así su marginalidad dentro de un entorno social que los ignoraba y discriminaba. El elemento racial no fue el definitorio, pues tan morenos los indios como los ladinos, pero sí fue el factor cultural el que marcó la diferencia. Ser indio era hablar “dialecto”. Pronto, nadie se sintió “indio” en Guanajuato. Más bien se fortaleció una identidad con la “madre patria” trascontinental, una hispanofilia que aún subsiste en nuestro gusto por las tradiciones importadas del viejo continente: su música (de ahí el gusto por las estudiantinas), su arte (nos decimos cervantistas), su arquitectura mediterránea, y su religión telúrica (no hay más mochos que los del Bajío).
La ley de marras tiene la enorme bondad de declarar la existencia de las etnias indígenas, nativas e inmigrantes. Reconoce su derecho al respeto de sus valores y su identidad. Se supera el enfoque del “problema indígena” y se asume que son ciudadanos no sólo con los mismos derechos, sino acreedores a la protección del Estado para la preservación y dinamización de sus lenguas, sus usos, su cosmovisión y su autonomía relativa. Se asume el criterio para determinar a quiénes corresponden las disposiciones de esta ley a aquellos individuos o colectividades con conciencia de su identidad indígena. El criterio lingüístico quedó superado. Ahora basta con considerarse indígena en función de sus orígenes, tradiciones e identidad. Nada mal.
Se prevén acciones concretas, que mucho me agradará abordar en mi siguiente colaboración para Milenio. Hasta el viernes…

Así nos vemos... La fundación de León, Gto.

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Los días de la mujer

Por: © Luis Miguel Rionda ©

Publicado en de León.

En nuestro país, el día internacional de la mujer -cada 8 de marzo- ha ido cobrando cada vez más importancia desde que fue instituido por la ONU en 1975, el “año de la mujer”. El régimen de Luis Echeverría buscó y logró un destacado protagonismo en este tema, y consiguió que la ONU designara a la ciudad de México como sede de la primera Conferencia Internacional de la Mujer, primera de cuatro se han realizado -la última en Pekín en 1995-. La conferencia se desarrolló del 19 de junio al 2 de julio de 1975, bajo la conducción de un hombre (!): el procurador Pedro Ojeda Paullada. ¿Sería que el régimen vio la cuestión de la mujer como asunto de procuración de justicia? ¿O como fuente de delitos potenciales?
Entonces yo era un adolescente, y el asunto de la conferencia me entusiasmó tanto que durante años conservé un hermoso cartel alusivo en una pared. El logo era hermoso: un rostro-paloma femenino en el que se incluía un signo de Venus y el de rayitas paralelas de la igualdad, referencias al lema del coloquio femenino: “Igualdad, desarrollo y paz”.

México era -y es- un país identificado por su machismo inveterado. Por eso era tan significativo que se albergara a una conferencia de este tipo, con delegaciones de mujeres procedentes de 133 países. Pero el clima político se prestaba: un gobierno con banderas progresistas como el de Echeverría buscaba integrar a las mujeres mexicanas al desarrollo y a los espacios de poder; bueno, al menos en lo declarativo. La conferencia venía a sumarse a otras medidas que reconocieron derechos antes negados a las mujeres, en particular en lo que respecta a su cuerpo y la reproducción. Un ejemplo fue la reforma del artículo 4o. constitucional que se concretó el último día de 1974, que a partir de entonces rezó “El varón y la mujer son iguales ante la ley. Esta protegerá la organización y el desarrollo de la familia.- Toda persona tiene derecho a decidir de manera libre, responsable e informada sobre el número y el espaciamiento de sus hijos.” Precisamente este es el artículo que el presidente Calderón quiso leer como el estatuto que define a la familia como la unión de un hombre y una mujer, con intenciones de reproducción. Por supuesto que esto no es así, ya que la constitución general no define en ninguna parte cómo se integra la familia.
Han pasado 35 años desde la conferencia y el año de la mujer. Los avances en la protección y garantía de los derechos del “segundo sexo” -como lo llamó Simone de Beauvoir- son enormes, pero todavía insuficientes. Y han corrido paralelos a los derechos de las minorías sexuales, el “tercer sexo”, los homosexuales. Aún con resistencias, los sistemas social y político han ido asimilando y adoptando modalidades nuevas de inclusión y vigilancia que le dan a las mujeres nuevas herramientas de defensa.
Desgraciadamente en pleno siglo XXI la situación tiende a involucionar. Los avances logrados por las mujeres mexicanas en los últimos treinta años, así como las conquistas consolidadas en el Distrito Federal en fechas recientes, son amenazados por una ola conservadora y neomachista que busca imponer una concepción unívoca y simplista de lo que es la “familia” humana y el denominado “derecho a la vida”. Y en los espacios de la política también constatamos esa involución cuando se burla el espíritu de la ley electoral para permitir la renuncia a sus curules de las diputadas “juanitas”, para que sus lugares sean ocupados por los machines oportunistas de sus suplentes, verdaderos destinatarios de las codiciadas posiciones.
Ojalá que los derechos de las mujeres no sigan siendo moneda de cambio entre nuestra clase política. Es una lástima constatar que todavía persisten prácticas de discriminación, de explotación y de violencia contra las mujeres de México. La tragedia acumulada de las 350 muertas de Ciudad Juárez sigue siendo una herida abierta. Y el asesinato de mujeres es una constante en el resto del país, incluyendo al muy machista estado de Guanajuato, donde las desapariciones de mujeres son asumidas de inicio por las policías como escapes con el novio, y las violaciones como provocadas por las víctimas (“facilitas que son, ya saben”). Por eso, la liberación definitiva de las mujeres transita necesariamente por la liberación masculina de sus atavismos culturales.

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Homofobias televisivas

Por: © Luis Miguel Rionda ©

Publicado en de León.

Con el inicio del año veinte diez nos adentramos con profundidad en el siglo XXI de la era cristiana y en su tercer milenio. Suena súper dúper flamante, súper dúper moderrrrno, diría una desnalgada Alejandra. Y sin embargo nos encontramos todos los días con evidencias de que nuestra mentalidad se mantiene arraigada en el siglo decimonono, o incluso antes, en el Medievo.
El azote moral del momento está a cargo de la iglesia católica, quien con el apoyo de quién sabe cuántas iglesias evangélicas -sus viejas enemigas, ahora inopinadas aliadas en torno a la defensa de una moralidad judeo-cristiana común-, busca echar atrás la nueva opción legal de las parejas homosexuales para adoptar niños y criarlos. Esto por supuesto en el Distrito Federal, que se evidencia de nuevo como enclave liberal en un océano de tradicionalismo.
Podemos estar a favor o en contra de la nueva norma, ya que como cualquier otra pauta legal es sujeto de inevitable debate. Pero la ley puede ser dura, incluso errónea, pero es la ley. Y la forma de combatirla es mediante los recursos que prevé la misma normatividad. No es mediante el púlpito ni expresando declaraciones condenatorias que se puede echar atrás esta medida, pues a lo único que se contribuye es a infundir confusión y miedo entre los fieles, a quienes usualmente no se tiene que convertir ni convencer, pues ya lo están.
Lo que me alarma aún más es escuchar las reacciones radicales de algunos “opinadores”, que aprovechando su posición frente a medios de comunicación poderosos, como la televisión, se asumen como inquisidores y vigías de la verdad única y absoluta. El miércoles pasado se dio un desafortunado “debate” en el programa “Matutino express” de Televisa, bajo la conducción de Esteban Arce, un comentarista deportivo que frecuentemente hace declaraciones más estridentes que inteligentes. Pero al menos lo hace en torno a temas intrascendentes, por lo que sus sandeces no tienen mayor consecuencia. Pero ahora pretendió debatir con una sexóloga, Elsie Reyes, a quien la televisora contrató para emitir opiniones calificadas sobre temas de interés del público sobre la conducta sexual. La especialista estaba emitiendo una interesante opinión sobre los matrimonios homosexuales cuando fue abruptamente interrumpida por el majadero Arce, y éste arremetió con toda su carga de prejuicios homofóbicos contra la prudente sexóloga, quien hizo inútiles esfuerzos para tratar de explicarle al botarate cómo la ciencia ha hecho grandes avances para comprender la orientación homosexual, y cómo la misma está presente en muchas especies animales, particularmente entre los primates.

Arce preguntaba sin esperar más respuesta que la propia: “¿y eso es normal, la homosexualidad es normal?” Nunca quiso escuchar que el concepto de “normalidad” es subjetivo y relativo. Cada sociedad considera “normal” muchas cosas que pueden ser opuestas, y que responden a tiempos y culturas diferentes. En nuestra cultura occidental la homosexualidad comenzó a ser considerada “anormal” a partir de la caída del imperio romano y la expansión del cristianismo y su nueva moralidad sexual, muy influida por la homofobia oriental. Los griegos y los romanos no distinguían géneros en sus preferencias sexuales, y la bisexualidad era frecuente. Cuando Platón buscó definir la belleza, refirió como modelo a un joven adonis adolescente. Recordemos de la Ilíada la relación entre Aquiles y su querido primo Patroclo, cuyo asesinato desató su célebre ira. También es conocida la relación entre Alejandro Magno y su amante Hefestión, lo que no fue impedimento para contraer nupcias con Roxana o tener múltiples amantes femeninas. Los ejemplos de la época clásica son numerosos. Ninguno de ellos fue considerado “anormal”.
El mostrenco conductor televisivo neció con aseveraciones simplonas como que “la naturaleza es sabia”, pero ¿qué es eso? Se refería a que el fin único de la sexualidad es la reproducción. Esta es una convicción moralista, pero no es apoyada por el conocimiento científico existente, en particular en la Psicología y la Sociología: la sexualidad y el erotismo tienen otras funciones, entre ellas la socialización y la salud mental. La sexóloga Elsie intentó explicar lo anterior, pero fue de nuevo interrumpida por el machín Arce, quien dio punto final al debate inexistente y rebuznó: “Sale, ¡vámonos!” y se acabó el programa.
Todos podemos opinar, sin duda. Pero los que tienen acceso a medios de gran alcance deberían ponderar sus puntos de vista con mucho más cuidado, y sobre todo buscar información que tenga sustento objetivo.

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Diálogo de Sordos

Por: © Luis Miguel Rionda ©

Publicado en el de Guanajuato, y en 15Diario de Monterrey.

La reciente reforma en el Distrito Federal que permite los matrimonios entre personas del mismo género, ha abierto un nuevo frente de debate que complejiza el de por sí atiborrado coro de disputas que se alza hoy en México. Interpreto que la medida, más que atender una justa demanda por parte de un importante sector de la población, tiene como objetivo real responder a la ofensiva que los sectores políticos conservadores han emprendido en la materia del derecho a la vida desde la concepción. Los legisladores locales del PAN, con el apoyo de muchos del PRI, han reformado 17 constituciones estatales para incluir el reconocimiento de este derecho a los no natos.
De inicio me manifiesto a favor de la reforma concretada en el DF, ya que la institución denominada “matrimonio” es un simple contrato avalado por una comunidad política -en el caso del fuero civil- o religiosa. No es más que eso. Desde un punto de vista antropológico e histórico, la función social del matrimonio es preservar los lazos de unión entre conjuntos humanos que buscan establecer alianzas. También tiene una función económica que busca definir y preservar las vías de la herencia y la acumulación de bienes a lo largo de las generaciones.
Cuando se afirma que la función principal de este vínculo legal es la procreación, se cae en lo que la lógica formal denomina “falacia ecológica”: pretender que todos los miembros de un conjunto comparten las características que supuestamente definen al grupo, que frecuentemente no son más que prejuicios o preconcepciones. Es algo así como afirmar “todos los mexicanos son informales; tú eres mexicano, luego tú eres informal”. La premisa inicial es una generalización que no tiene sustento. A lo que voy es que pretender que el matrimonio es el instrumento que regula la procreación, porque así lo ha determinado alguna iglesia, religión o estado, es imponer criterios morales uniformes a una sociedad que se caracteriza por una creciente diversidad de valores.
Nuestra sociedad ha heredado el modelo del matrimonio de la tradición judeo-cristiana. Pero eso no quiere decir que sea el único o mejor modelo de matrimonio. En otras sociedades o momentos históricos han existido matrimonios grupales, homosexuales, endogámicos, avunculados –donde el tío materno ejerce el rol formal de jefe de la familia-, etcétera. Al lector le recomiendo echar un ojo a la literatura antropológica sobre los diferentes sistemas de parentesco y matrimonio que existen en las sociedades humanas: los textos de Claude Lévi-Strauss -recientemente fallecido-, R.R. Radcliffe-Brown, Ira Buchler o Robin Fox.
Nuevamente nos encontramos con otro motivo para la confrontación de visiones morales, que con frecuencia es infructuosa. De nuevo el pensamiento unívoco pretende que la totalidad de cuerpo social se restrinja a un solo modelo de conducta social. Me entristece que no se establezca un debate serio y plural antes de aprobar una iniciativa legal de este calado, ya sea de derecha o de izquierda. Así fue con la reforma de los 17, y lo es ahora con el mayoriteo en el DF. Estoy de acuerdo con la reforma, pero no lo estoy con los modos.

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