Día sin trabajo

Por: © Luis Miguel Rionda ©

Publicado en de León.

Publicado en Eje Central, El Poder de las Ideas


El acceso al trabajo decentemente remunerado es uno de los derechos más pospuestos en México. Cientos de miles, millones de jóvenes y no tan jóvenes fracasan en sus intentos por lograr un empleo digno y seguro. Priva el desempleo, el subempleo, el autoempleo y el pseudoempleo, y sólo los suertudos acceden al sector formal. Sólo 14.5 millones de trabajadores están dados de alta en el Seguro Social (IMSS), y de ellos un 12% no son permanentes (www.empleo.gob.mx, datos a enero de 2010). Esos mismos registraron un promedio salarial diario de 237.20 pesos, o sea 19 dólares.
La población Económicamente Activa suma 44 millones 412 mil personas, y sólo el 44.4% de ellos cotiza ante el IMSS. El resto se la ingenia para sobrevivir.
En 30 años el salario mínimo se ha deteriorado tanto, que hoy suena ridículo que una familia viva con 52 pesos diarios. Y cada año su ajuste nunca es suficiente para reponer la inflación del año anterior, ya que por una absurda costumbre se plantea el incremento a partir de la expectativa siempre optimista y oficialista del año por venir; y nunca le atinan. Hoy día un profesor, un empleado, un obrero o un profesionista no puede ganar lo que se acostumbraba en los años sesenta y setenta, tiempos cuando la emergente clase media mexicana se daba ciertos lujos, hoy impensables: cambiar de carro cada par de años, mejorar la casa o departamento o bien mudarse a algo mejor, viajar en vacaciones… ¡ahorrar!
El día del trabajo será inevitablemente triste: no hay trabajo, no hay progreso familiar, no hay esperanza para los jóvenes.
Y luego nos preguntamos por qué se desató la violencia en México.

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Varas diferentes

Por: © Luis Miguel Rionda ©

Publicado en de León, y reproducido en CEIPOL.

La liquidación de la empresa estatal Luz y Fuerza del Centro ha trastornado de forma radical la agenda de los asuntos a debate en la conducción del desarrollo nacional. El gran asunto de la política coyuntural debería ser el del presupuesto público de ingresos y egresos del año próximo, pues de ello depende la velocidad y efectividad en la salida de la crisis económica que, contra todo lo dicho por los personeros del gobierno federal, nos ha pegado como a pocos países. El haber iniciado un frente de conflicto adicional al del actual debate parece responder a un deseo de distraer a la opinión pública. La negativa de “toma de nota” de la Secretaría del Trabajo, con su belicoso y locuaz secretario al frente, al liderazgo del Sindicato Mexicano de Electricistas, pareció en un principio un asunto que no tenía sentido en un momento en que se requería convocar a grandes acuerdos en torno a las estrategias económicas globales. Sin embargo pronto se evidenció que existía un plan largamente premeditado en el asunto. No se trataba de descabezar o dinamitar un liderazgo sindical acusado de corrupto y sin duda cercano a los patricios de la izquierda nacional. La estrategia iba más allá: estaba dirigida a desmontar una empresa terriblemente ineficiente y que con sus cedazos presupuestales se había convertido en la fuente de financiamiento más importante de los movimientos contestatarios y sus mesías iluminados.
El operativo fue implementado con una eficacia inquietante. Se escogió con sospechosa puntería el día, la hora, los espacios y las circunstancias. El sindicato no se había preparado realmente para una posible toma de sus instalaciones, cuando existían muchos elementos que permitían sospechar la inminencia de una posible requisa o apropiación. La policía federal, que con regularidad se ve rebasada o sorprendida por el crimen organizado, se mostró cruelmente eficaz ante trabajadores adormilados y algunos incluso bebidos luego del festejo del triunfo futbolero. Ojalá viéramos estos desplantes contra las fortalezas de los capos, y en los espacios de nuestra geografía que están fuera del control del Estado mexicano.
Por supuesto que el SME y sus usos y costumbres eran indefendibles, incluso para la izquierda honesta. Pero lo que vimos fue una blitzkrieg avasallante que dejó en el suelo y sin empleo a 66 mil jefes de familia. Podemos transigir en que era urgente poner orden en el sistema energético de la zona centro del país, y tapar la fuga milmillonaria que representaba para un erario depauperado el sostenimiento de una casta divina y sus subsidios para las movilizaciones de izquierda. Pero ¿por qué comenzaron con el SME? Un derrame financiero mayor se hubiera podido tapar declarando la quiebra de PEMEX y su necesaria requisa, defenestrando al SNTPRM con todo y sus líderes-jeques. O bien ejecutando una medida drástica contra el charrismo en la SEP, donde se sigue comerciando con las plazas y las promociones, y los líderes se proveen de Hummers que luego, si los ventanean, rifan. Se me antoja sospechar una razón para ello: el sindicato petrolero es aliado histórico del PRI y coquetea con el PAN, y el sindicato magisterial se ha convertido en el soporte imprescindible del PAN, gracias a doña Elba Esther y sus prosélitos enquistados en las filas de la SEP y el gobierno federal.
Había que poner orden. Pero eso sí: que se haga la voluntad del presidente en los bueyes de mi compadre.
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Y termino con una nota personal de protesta en contra de la irrupción de elementos del ejército en la comunidad de Lebaron, de los mormones de Chihuahua. Tres soldados embozados y vestidos de civil irrumpieron en una celebración familiar. Los mormones, que ya habían anunciado su voluntad de defenderse, lo hicieron ante la evidente agresión armada por parte de desconocidos que no se identificaron. Hubo un militar muerto y ahora se acusa a varios miembros de esta expacífica secta de asesinato. ¿Qué nos pasa?

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Magisterio a prueba, 2

Magisterio a prueba, 2

Por: © Luis Miguel Rionda ©

Publicado en el de Guanajuato.

En línea con mi colaboración de hace una semana, quiero seguir bordando sobre el tema de la calidad del magisterio nacional en los niveles básico y medio básico. Es imposible ignorar los inquietantes resultados de la prueba aplicada a los profesores que aspiran a una plaza definitiva en los servicios de la SEP y los estados. Más de un 70% mostraron un desempeño insatisfactorio, desde la visión de los examinadores. No es de extrañar: quienes hemos estado en contacto con el sector de la educación pública de nuestro país, ya sea como servidores públicos o como padres de familia, hemos testimoniado de primera mano las carencias en formación profesional que padecen los profesores de banquillo y los mismos directivos escolares y de sector. En alguna ocasión, allá por 1987, la entonces Secretaría de Educación, Cultura y Recreación de Guanajuato bajo la conducción de José Trueba Dávalos, aplicó el primer examen de ingreso a las plazas estatales disponibles. Yo participé en el diseño del instrumento, que quisimos se centrara más en habilidades y en criterios pedagógicos, que en conocimientos puntuales. Según recuerdo, los resultados fueron similares a los que hoy publicita la SEP. Desde la visión de los examinadores de entonces, sólo unos cuantos egresados de las normales mostraban oficio, capacidad y vocación auténticos hacia la enseñanza; la gran mayoría había estudiado para profesor simplemente porque era la única opción a su alcance. Para ellos sólo era una chamba más, que bien podrían cambiar por otra mejor pagada si se diera el caso; como en efecto sucede con frecuencia.
Recuerdo el caso de un par de profesores que atendían una escuela primaria unitaria en la comunidad de la Mesa de San José, en la sierra de Guanajuato. En teoría cada uno de ellos atendía dos grados, hasta el cuarto. Enseñaban a no más de 20 alumnos en total. Los dos se trasladaban todos los días desde alguna ciudad no tan cercana. Por eso llegaron a la ocurrencia de alternarse: “un día vas tú y el otro yo”, se dijeron. Así, un solo maestro atendía a 20 chicos de cuatro grados, y ni eso, pues a veces faltaban los dos por necesidades “del sindicato”. El delegado municipal me puso al tanto de esta situación y yo la comuniqué a la autoridad competente, que tomó las medidas pertinentes.
La ausencia de mística profesional, de amor al trabajo, ya se ha convertido en situación demasiado frecuente. Si a esto unimos la carencia de conocimientos y habilidades básicas -como el lastimoso desconocimiento de nuestra lengua castellana-, podemos encontrar una de las explicaciones a nuestro desastre educativo nacional. Por supuesto, no hay que ignorar que los gobiernos, primero los del revolucionario y después los de sus aventajados discípulos de izquierda y derecha, han convertido al gremio y su sindicato en instrumentos de control político y electoral. Ellos son los "Simitrios" que han engañado al profesor ciego y a su apostolado.

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Magisterio a prueba

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Magisterio a prueba

Por:Luis Miguel Rionda

Publicado el el periódico de Guanajuato.

Es común que los profesores de educación media superior y superior de nuestro país expresemos cuitas y querellas por el estado lamentable con que llegan a nuestras manos los estudiantes de nuevo ingreso. Muchos carecen de elementos esenciales para la lectoescritura, o de conocimientos elementales en matemáticas, ciencias o humanidades. Es muy difícil hacer labor remedial cuando los chicos han llegado a la adolescencia arrastrando no sólo ignorancia, sino también malas mañas y prejuicios que recibieron de sus mentores elementales.

Durante años, lo urgente fue llevar “educación para todos” sin importar demasiado la calidad de tal instrucción. El sistema educativo nacional se expandió espectacularmente entre los años sesenta y ochenta, hasta lograr la cobertura total de la población en edad escolar. No fue un logro menor para un país que apenas en el siglo XX se dio cuenta de que la educación formal no era un lujo de ricos, sino un requerimiento fundamental para iniciar un desarrollo económico y social moderno.
El logro cuantitativo tuvo un costo enorme, pero más significativamente en el ámbito de la calidad. La vocación magisterial se diluyó, y los maestros socialmente comprometidos de los años veinte y treinta, los del magno proyecto vasconcelista y la educación socialista, fueron sustituidos por una nueva clase de mentores comprometidos más bien con el sistema político-partidista y con los intereses materiales e inmediatos de índole personal y gremial. Las uniones magisteriales fueron sustituidas por el monstruoso sindicato nacional, que se montó sobre la ola de la expansión numérica para construir un poder económico inconmensurable. Hoy es el sindicato más grande e influyente de América Latina.
Desde los años ochenta la situación ya no podía ser mantenida. Los índices de calidad estaban por los suelos y el país estaba pagando consecuencias terribles. Los múltiples programas federales que intentaron rescatar la situación -la “Revolución educativa” de De la Madrid, la “Modernización educativa” de Salinas, la “Federalización educativa” de Zedillo, la “Alianza por la calidad de la educación” de Calderón-, se han enfrentado a la férrea oposición del gremio, que interpreta los cambios como una amenaza a sus usos y canonjías. Entretanto, la UNESCO, la OCDE y otros organismos siguen exponiendo las cifras del desastre educativo nacional. Somos un país de analfabetas funcionales, con apenas ocho grados promedio de educación formal, con pocos días efectivos de clase, sin vocación para las tecnologías avanzadas, y con poca cultura de autoaprendizaje permanente.
El ingreso de jóvenes profesores al gremio magisterial se dio durante décadas mediante mecanismos corruptos, como el de la venta de plazas o la asignación a parientes de agremiados. Apenas hasta ahora vemos la aplicación un examen de conocimientos y habilidades docentes, que fue vigilado por asociaciones civiles. No sabemos cuántas plazas están a concurso, pero al menos este procedimiento da esperanzas de que se estén dando los primeros pasos en la dirección correcta hacia la profesionalización y superación del oficio magisterial, tan minusvalorado en estos días de crisis.

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Sindicalismo redivivo

La renovada dirigencia de la Asociación Sindical de Personal Académico y Administrativo de la Universidad de Guanajuato (ASPAAUG) ha podido superar con éxito su primera prueba de fuego. Como sindicalizado, vi con agrado y optimismo la nueva actitud de nuestro liderazgo, ahora a cargo de una académica de fuste, como lo es mi amiga y colega Carmen Cano Canchola. Quiero pensar que al fin quedaron atrás los años aciagos de sub-representación de nuestros intereses como trabajadores y académicos, ante una patronal acostumbrada a negociar con los dirigentes desde un plano de superioridad e imposición. Tristes recuerdos aquellos de cuando las reformas a los estatutos del sindicato se diseñaban desde la dirección de recursos humanos, como lo evidenció el periódico Correo en 2005. O cuando una secretaria general interina se eternizaba en el cargo, sustentándose en litigios interminables. O cuando los líderes legítimamente electos se aferraban al cargo por doce o más años. Hablo pues del charrismo, en sus expresiones clásicas de subordinación hacia la patronal y el clientelismo hacia sus bases.
Carmen Cano entró a la “planilla púrpura” que ganó las elecciones sindicales de junio pasado como bateadora emergente, luego de que Ezequiel Hernández, el pertinaz opositor de los dirigentes previos, se encontró inelegible al haber sido sometido a sanción sindical –que a mí me pareció arbitraria y abusiva . Carmen llegó con la natural frescura de quien no se ha visto envuelta en los oscuros recovecos de la política sindical y universitaria. Desde su laboratorio del Instituto de Biología Experimental, esta bioquímica y genetista sólo había levantado su voz para defender las causas medioambientalistas en este entorno tan degradado como es Guanajuato. Al ganar las votaciones con el 34% del total, en una reñida contienda, Carmen se proyectó hacia otros espacios de batalla, mucho menos acogedores que los del ambientalismo. Se trata ahora de defender los derechos legales de los trabajadores en contra de las naturales fuerzas de alienación productivista, de las que no puede ser ajena ni siquiera una institución tan generosa como la universidad pública.
Cuando en 1976 se organizó la primera unión de trabajadores universitarios, mediante el extinto SITUG (Sindicato Independiente de Trabajadores de la UG), con líderes como el filósofo Edmundo Jacobo –hoy flamante secretario ejecutivo del IFE , la universidad se mantenía como una más de las instancias de gobierno. El estatus y los derechos de profesores y personal de apoyo no eran mejores ni diferentes a los de cualquier burócrata. Después de la huelga de junio de 1977, la institución cambió radicalmente. Se hizo evidente que había necesidad de mejorar las condiciones de los trabajadores de la educación si se quería mantener la calidad en el servicio. Las asociaciones sindicales nacieron bajo la sombra de la protección oficial, pero ganaron legitimidad gracias a los beneficios gremiales que se fueron acumulando. Hubo un periodo en el que las condiciones laborales en la UG eran superiores a los de la administración estatal. Pero eso ha venido cambiando fuertemente en los últimos diez años, y hoy se evidencia un rezago importante en los niveles bajos y medios del tabulador universitario, comparado con los del Gobierno del Estado. Si no me cree usted, eche un ojo a las tablas correspondientes en las páginas de trasparencia de las dos instituciones. Un profesor con doctorado, recién contratado, sólo puede aspirar a ganar poco más de 7 mil pesos netos mensuales de inicio. Sólo después de acumular alguna antigüedad y méritos para obtener estímulos puede ver incrementada la cifra a 15 ó 18 mil pesos. En el gobierno, un jefe de escolta gana 30 mil pesos netos, y un comandante 19 mil, y sólo se les pide educación preparatoria.
El pequeño aumento que consiguió la asociación sindical, más los estímulos económicos y recursos adicionales para las prestaciones, no ayudan a corregir el rezago. Pero me parece un gran avance el que las negociaciones se hayan dado en términos de igualdad, no de subordinación. El avance se dio en la organización y la conciencia gremial, que permitirá definir en el futuro una relación más constructiva con la institución, que ayude a reconocer que si nuestra universidad desea mantenerse en el camino de la calidad, ésta va de la mano con el bienestar de la base trabajadora.

Educación en crisis

Cuando en 1985 me involucré con la problemática educativa de nuestro estado, y por ende del país, ya se hablaba con insistencia de la necesidad de reformar a fondo todo el sector, pues para nadie era secreto que todos los índices de calidad apuntaban a una situación dramática que explicaba por qué nuestro país no avanzaba en los ámbitos social, económico y político. En los ochentas, con Jonguitud en el sindicato, con Reyes Heroles en la SEP, y con un sinfín de lastres de carácter político y burocrático, se percibía ya la magnitud del desastre educativo nacional. Para enfrentarlo se inventó la “Revolución Educativa” que resolvería el problema y legaría una educación de primera a las generaciones por venir. Al menos eso presumían los inefables documentos programáticos que le dieron cuerpo. No fue así: no hubo revolución ni tampoco evolución. Corrieron al talentoso pero chocho Reyes Heroles y lo siguió el gris Miguel González Avelar, quien tampoco dio pie con bola y el sexenio delamadridista se fue con más pena que gloria en este campo. Para colmo, le tocó lidiar con la movilización magisterial más virulenta de las últimas décadas, por lo que debió hacer más concesiones al poderoso sindicato.
La subcultura política nacional, producto de una educación autoritaria y anacrónica, se evidenció con el bochorno electoral de 1988, perpetrado por el hoy demócrata Manuel Bartlett, a quien se premió entonces con la regencia de la SEP, la secretaría con el presupuesto más abultado del país. A la sazón se habló de “Modernización educativa”, muy en tono con el sexenio modernizante salinista. Por cierto el nuevo presidente, bajito pero energético, dio un manotazo y se deshizo de Jonguitud, como lo había hecho antes con La Quina. Nuevos tiempos se anunciaban en el sindicalismo mexicano; al menos eso creímos. Pero Salinas impuso a un nuevo leviatán mongol, en la persona de una mujer que hoy es la más poderosa de México: la maestra Elba Esther. Sólo cambiaron los protagonistas, pero no los viejos géneros. Así pervivieron los viejos problemas y lo único que se modernizó fue la corrupción interna, con imaginativos métodos para la venta de plazas y otras componendas sindicales, que se aparejaron con la simulación docente, la crisis interna sindical –SNTE versus CNTE-, la incoherencia en las políticas oficiales y los recortes al gasto educativo. Cuatro secretarios de educación en el sexenio salinista ponen en evidencia el nulo aprecio por el sector; con un político en decadencia, dos economistas que aspiraban a otra cosa –Zedillo y Solana-, y sólo hasta el último año vimos un especialista en materia educativa: José Angel Pescador. Lo más destacable de este periodo fue la culminación de la federalización educativa, que implicó la entrega de recursos y responsabilidades educativas a los estados, que no siempre aceptaron de buen grado el nuevo broncón que se les delegaba.
Zedillo nombró a un medio-abogado y medio-economista que presumía un doctorado falaz: Fausto Alzati. Un guanajuateño que había conducido “por instrumentos” al Conacyt, donde aplicó medidas draconianas que sacaron a casi la mitad de los científicos del país del Sistema Nacional de Investigadores, por carecer de doctorado (!). Yo incluido, lo confieso. La comunidad científica nacional lo repudió por esta causa. No duró mucho en la SEP: pronto la revista Proceso puso en evidencia su inexistente grado, más a la maner a de la Universidad de la Plaza Santo Domingo, que de Harvard. Se fue a freír espárragos y a terminar su licenciatura a distancia en la UNAM. Le sucedió Miguel Limón, otro abogado que se había desempeñado de manera solvente en el Instituto Nacional Indigenista, donde lo conocí. Un profesional de la política y de la administración, pero no demasiado en la educación. El poder de la profesora Gordillo florecía, y al mismo tiempo se deterioraba la situación de escuelas y profesores. El gasto educativo real cayó como nunca antes. Los espacios fueron cubiertos por la educación privada y confesional, que disfrutaba ahora de nuevas canonjías por parte del Estado.
Vicente Fox, el presidente del cambio, no cambió nada importante en el ámbito educativo. Como gobernador de Guanajuato y como candidato, había vilipendiado al sindicato magisterial y a su lideresa. Todo cambió al llegar a la silla presidencial, silla con dos asientos, pues fue ocupada por la “pareja presidencial”. Pronto doña Martita de Fox y la profesora tejieron una alianza que no se debilitaría nunca. El ámbito político de la relación con el sindicato más grande de América Latina fue atendido por la pareja, y la operatividad cotidiana fue dejada en manos del nuevo secretario, el rústico exrector de la UANL, Reyes Tamez Guerra, quien condujo la política educativa concreta sin mayores interferencias de su jefe, pues como muchos recordamos Fox no delegaba, sino abandonaba. No hubo mucha congruencia, y sí muchas ocurrencias, como el proyecto Enciclomedia, que dio a ganar muchos millones a proveedores cercanos al gobierno.
En tiempos de Calderón no parece que se corrija el rumbo. La economista -¡y dale!- Josefina Vázquez Mota no ha introducido golpes de timón, y sí ha continuado con muchas inercias. Su equipo inmediato de tecnócratas es ajeno al ámbito educativo, y ha cedido posiciones ejecutivas al sindicato, entre ellas para el yerno de “la maestra”. A pesar de la proverbial antipatía entre ésta y la secretaria Vázquez, han tejido una “alianza” que se antoja artificial y efímera. Las bases magisteriales no la comparten. El problema es que la resolución de los rezagos transita siempre por la inyección de mayores recursos, y éstos no existen. El gasto educativo se destina en más de un 90% a salarios, cuando entre los países de la OCDE la proporción es de poco más de 50% -Jorge Zepeda dixit-, lo que nos pone ante un dilema: ¿gastar más en mejorar los niveles salariales de una clase docente poco motivada y escéptica, reacia a superarse? ¿O invertir en infraestructura y en un sistema de estímulos vinculados a la calidad y la productividad? El gobierno de Calderón presupuestó un 13% más para educación en 2009. ¿Hacia dónde se irán esos dineros?