No hay política… ni ciudadanos

Es claro que la novel democracia mexicana está transitando por una crisis de credibilidad ante la ciudadanía más llana. La Secretaría de Gobernación publicó los resultados de la Encuesta Nacional sobre Cultura Política y Prácticas Ciudadanas (ENCUP) 2008, la cuarta versión de este sondeo desde el 2001. Se confirma el desgaste que mantienen las instituciones nacionales ante la percepción pública, un deterioro que los entrevistados manifiestan ante las corporaciones que en teoría deben garantizar el estado de derecho, la práctica de la democracia y la efectividad del gobierno.
La ENCUP involucra ahora, además de la SEGOB –que la diseña- y el INEGI –que la levanta-, a la Secretaría de Relaciones Exteriores y al Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral (IDEA). Esto sin duda le agrega confiabilidad. Recordemos que la ENCUP fue impulsada por Juan Molinar, en sus tiempos como subsecretario de Desarrollo Político, donde sí tenía experticia. En cada versión se han perfeccionado las técnicas de levantamiento e interpretación, y se han simplificado sus reactivos.
Los resultados no sorprenden, pero sí inquietan. La iglesia y el ejército se mantienen como las instituciones con los porcentajes más altos de confianza (72% y 66%), en contraste con la policía (26%) y los partidos políticos (23%). En cambio a nivel internacional la Encuesta Mundial de Valores 2005 reportó un 56% de confianza hacia la policía y 26% hacia los partidos. Es evidente que nuestra problemática de seguridad pública se percibe muy relacionada con la corrupción en las corporaciones policiacas.
El desinterés en la política es pasmoso en México: sólo un tercio de los encuestados afirmó interesarse mucho o algo; mientras que a nivel mundial la cifra fue del 44%. En cambio, el 98% de los mexicanos se manifiesta orgulloso de serlo en grado de “mucho” o “algo”, cuando a nivel mundial el 89% se sienten orgullosos de su país. ¡Como México no hay dos!
Pero los mexicanos están insatisfechos con su democracia: el 20% se dijo “nada” satisfecho y un 34% “poco” satisfecho, lo que totaliza un 54% que no se siente contento con el modelo democrático. Sólo un 28% dijo estar “algo” satisfechos y apenas un 5% se siente “muy” satisfecho. Hay que considerar también el factor ignorancia: un 42% de los entrevistados manifestaron no saber si su ideología es de izquierda, de derecha o qué. Del resto, un 14% se considera de izquierda, un 12% de centro y un 32% de derecha. De los encuestados entre 18 y 49 años de edad, un 50% considera que México vive en una democracia, pero este porcentaje disminuye diez puntos entre los mayores de 50 años. A más viejo más escéptico.
No sorprende que más de la mitad de los ciudadanos que hoy día visita el IFE para integrar las mesas directivas de casilla tengan mil pretextos para no participar con esta obligación ciudadana. ¿Para qué? dicen, si es una pérdida de tiempo. Conclusión: hace falta construir ciudadanía.

Tres menos uno

Guanajuato es tierra de migrantes desde al menos los años cuarenta del siglo pasado. Y lo es no por elección y deseo de aventura de sus trabajadores rurales o urbanos, sino sencillamente por las crisis económicas recurrentes que han azotado el entorno regional, desde que el reparto agrario de los años treinta desmembró el sistema productivo agrícola tradicional, que había convertido a Guanajuato en el “granero de la república”.
Cada año, de nuestro territorio salen entre 30 mil y 45 mil nuevos trabajadores migrantes, que se suman a un flujo mayor que involucra a los 1.2 millones de paisanos guanajuatenses que ya habitan en los Estados Unidos. Con la crisis que atraviesa ese país es posible que esa corriente haya bajado un poco en su intensidad, pero definitivamente no mucho, pues la misma crisis pega acá con resultados más dramáticos a nivel familiar. Por ejemplo estoy seguro de que muchos de los casi tres mil trabajadores de la GMC en Silao ya iniciaron camino hacia el norte, desmotivados por los “paros técnicos” que los dejan sin la mitad de su salario semanal de 700 pesos.
El desarrollo de las comunidades migrantes es un tema en el que los gobiernos federal y estatal no han sabido dar pie con bola desde su “reencuentro” con los migrantes en los años noventa. Han inventado programas glamorosos como el 3 por 1, pero siempre sometidos a las exigencias de las burócratas que se supone se dedican al desarrollo social. Y recordemos que las burocracias siempre intentarán justificar su existencia inventando procedimientos que sólo ellas puedan comprender y ejecutar. Por ello no me sorprende la indignación de líderes como don Ángel Calderón, del Timbinal en Yuriria, quien ha decidido ignorar al gobierno y ejecutar obra directa. Él ha dedicado buena parte de su vida a reunir recursos de sus compañeros en California hacia la atención de las necesidades de su pueblo de origen. Muchos centenares de paisanos han hecho lo mismo desde hace décadas, y han transformado el nivel de vida de sus comunidades. Siempre sin la ayuda de los gobiernos.
Recordemos las declaraciones del diputado local José Medina, quien el 24 de septiembre pasado dijo que “todavía faltan por ejercer 40 millones de pesos del Programa 3x1, de 120 millones de pesos disponibles este año, aportados por los gobiernos Federal, Estatal y Municipal.”
Muchos académicos y especialistas hemos insistido en la necesidad de revisar a profundidad el funcionamiento de estos programas sociales, que evidencian una preocupante ineficacia en la consecución de sus fines. La lógica burocrática debe eliminarse de su implementación, y buscar una mejor integración con las aspiraciones de los trabajadores migrantes, quienes lo menos que desean es vérselas con el papeleo. Por supuesto hay que cuidar que los recursos públicos se ejerzan con probidad, pero también con oportunidad. Una cosa no elimina a la otra. ¿Nos entendemos?

En Guadalajara

El IFE está propiciando una serie de encuentros regionales con los consejeros locales y distritales que ese instituto tiene el país. ¿Y eso qué? me dirá el extrañado lector. Bueno, es que esto es novedoso: antes estas reuniones se daban sólo entre los consejeros generales y los locales, y éstos a su vez promovían asambleas estatales con los consejeros distritales. Y es que hay un problema: el IFE cuenta con nueve consejeros generales, 192 consejeros locales (más los 32 consejeros presidentes), y 1,800 consejeros distritales (más 300 consejeros presidentes). Una reunión de estas dimensiones es sencillamente imposible, por lo complejo de su logística y la inevitable dilución del diálogo entre estos representantes ciudadanos.
En esta ocasión, el IFE de Leonardo Valdés ha cambiado de estrategia y ha acentuado su interés en establecer contactos personales entre los tres tipos de consejeros. Por eso nos convocó a una sesión nacional de consejeros locales los días 13 y 14 de noviembre pasado, y luego a lo largo de marzo y abril de este año, a cinco encuentros regionales con los consejeros distritales y algunos locales. Fui invitado a la reunión regional de Guadalajara este sábado y domingo pasados, a donde acudieron los consejeros distritales de Jalisco (19 distritos), Michoacán (13), Guanajuato (14), Aguascalientes (3), Colima (2), Nayarit (3) y Sinaloa (8). La lista que nos circularon contenía 420 nombres, aunque pudieron hacer acudido 476 personas: 372 consejeros distritales, sus 62 consejeros presidentes, y los 36 consejeros locales con sus 6 presidentes.
Los dos días fueron sumamente interesantes, pues las 53 nuevas funciones del IFE demandan nuevas habilidades y conocimientos por parte de los consejeros de los distritos. Tan sólo menciono el nuevo procedimiento especial sancionador, que ha convertido a los consejos en instancias jurisdiccionales, con nuevas responsabilidades que demandan un cuidado inédito de los resolutivos de cada consejo. Los consejeros son considerados servidores públicos, y por lo mismo pueden ser sujetos a responsabilidades políticas.
Los partidos políticos, mediante sus diputados y senadores en el Congreso de la Unión, imbuyeron al IFE de estas nuevas capacidades, hasta convertirle en autoridad de última instancia en materias como la de radio y teledifusión durante periodos electorales. Pero son esos mismos partidos los que buscan ahora evadir de mil maneras esos términos de control. Los consejeros tienen la obligación de mantener una vigilancia proactiva, que no espere una eventual queja de parte, sino que puedan actuar de manera oficiosa para ir un paso delante de los eventuales trastrocamientos de la norma.
Leonardo lideró la primera de las mesas de trabajo, y expuso su criterio sobre las nuevas relaciones que se deben establecer entre los distintos tipos de consejeros. Su empleo natural de un lenguaje directo, franco y simpático derribó muchas de las barreras preexistentes ante el siempre lejano consejero presidente. Su don de gentes logró el objetivo: los consejeros distritales son ahora sus aliados entusiastas. Un logro inédito.

¿Violencia contra valores?

La violencia social desatada en México desde hace tres lustros, y recrudecida luego de la política de “azotar el avispero” que ha implementado el presidente Calderón, ha recibido una enorme cantidad de interpretaciones. Unos dicen que es producto de nuestra vecindad con los Estados Unidos, el país que más demanda y consume sustancias ilícitas, el que más armas exporta, el más violento y el más rico de la tierra. Otros creen que la situación que atravesamos es resultado de una crisis de valores familiares y un estado de anomia social creciente, donde los individuos se ven regidos por el egoísmo y el desprecio al bien común. Podríamos enlistar muchas explicaciones más, algunas realistas y otras disparatadas. Una de estas últimas fue aventurada por el secretario de seguridad pública estatal, quien nos anuncia que deberemos esperar 30 años, una generación completa, para ver restituidos los valores familiares, el respeto hacia los demás, el apego a la legalidad y demás condiciones para la civilidad. Creo que es un absurdo pretender tal cosa, ya que en el plazo planteado mil cosas pueden alterar el rumbo de los sucesos que rodean a la violencia y la criminalidad.
Como estudioso social estoy convencido de que la violencia que vivimos no es producto mecánico de un decaimiento de nuestros valores sociales. La cultura que nos permite vivir en sociedad no se comporta de manera caprichosa: responde a las alteraciones del entorno social, económico y político. Recordemos que cuando vivimos en el llamado “desarrollo estabilizador”, entre 1946 y 1976, el progreso material y la estabilidad de la economía nacional favorecieron el ascenso de cientos de miles de familias a estados de bienestar que ayudaron a sustentar la percepción generalizada de que de generación en generación se escalaba en el progreso familiar. Por supuesto que existía la criminalidad, azuzada por los acelerados cambios sociales, pocas veces previstos y atendidos; pero se trataba de otro tipo de violencia, más vinculado a situaciones de contraste e injusticia entre las clases sociales. ¿Recuerdan “Los Olvidados” de Luis Buñuel? Pero hoy día vivimos circunstancias sumamente distintas: el país no ha sido capaz de revertir el profundo rezago social en el que cayó a partir de las crisis recurrentes de fines de los años setenta, ochenta y noventa. Los salarios reales no han recuperado los niveles que tuvieron en 1976, y dos generaciones (la mía y la de mis hijos) no han confirmado el progreso que testimoniaron nuestros padres y abuelos.
Para colmo, la globalización ha impulsado nuevos esquemas de intercambio y ha impuesto nuevos hábitos de consumo. El tráfico masivo de drogas duras es un ejemplo claro. Y la vía elegida por los gobiernos para combatirlo han sido la peor posible: violencia contra violencia. Se han negado a reconocer que los flujos económicos no pueden ser detenidos así, sino con el rompimiento de la cadena que les permite florecer: la prohibición y el mercado negro. De otra forma se mantendrán las condiciones para la eternización de la violencia social.

Historia política y política de la historia

Una de las materias que imparto en la Universidad de Guanajuato se denomina “Historia Política Regional”. La ofrecí por primera vez hace nueve años, y ahora la he propuesto como seminario semestral dentro de la Maestría en Historia del Departamento homónimo de la UG, Campus Guanajuato. Trabajo muy a gusto con dos espléndidos estudiantes fuereños: Victoria Moreno, de Chicago, y Oscar A. Reyes, periodista de Querétaro. Tenemos el objetivo de comprender a la historia política como la aproximación al pasado desde el punto de vista de la construcción y los usos del poder social, más que como la narrativa de de hechos protagonizados por los poderosos. Para ello aprovechamos herramientas analíticas y empíricas provenientes no sólo del campo de la historiografía, sino también de la sociología y la antropología políticas.
Esta semana suspendimos nuestras sesiones para poder acudir a un curso intensivo que nos está brindando el profesor Jordi Canal, un especialista de la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales (EHESS) de París, de gran reconocimiento internacional por sus estudios en historia política europea. Quien haga una búsqueda en internet se encontrará abundantes materiales y referencias a este notable historiador. El periódico El País reporta que sus últimos libros son «Los éxodos políticos en España, siglos XV-XX» (2007), «Una historia política del carlismo, 1876-1939» (2006), y con Gilles Pécout y Maurizio Ridolfi, «Sociétés rurales du XXe siècle» (2004).
El cuerpo profesoral y los estudiantes de la maestría acompañamos las sesiones del estudioso, pero estuvieron abiertas al público en general, que en efecto acudió. El doctor Jordi expuso con notable sencillez las nuevas aproximaciones teóricas y metodológicas de la historia política, esa disciplina que se ha alejado tanto de sus viejas raíces grandilocuentes y panegiristas de los poderosos -la “historia de bronce” de la que hablaba don Luis González y González-, como también de las innovaciones introducidas en los cuarenta y cincuenta por la escuela francesa de los Anales -Marc Bloch, Lucien Fevre- y sus enfoques sociales, primero de corte materialista y luego concentrado en las ideas. La historia política actual se hace nuevas preguntas acerca de los actores de la acción política, tanto los comunitarios -movimientos sociales- como individuales –el liderazgo-. De esta manera se ejercen acercamientos a fenómenos como el nacionalismo, las tiranías, las democracias, las conflagraciones -guerras civiles, rebeliones o revoluciones-, buscando la comprensión cualitativa, interpretativa, de los resortes causales de sus comportamientos incidentales o estructurales. Es una historiografía que hace uso intenso de la hermenéutica y el análisis de discurso. Al menos así lo entendí de parte del expositor. Y creo que no es una búsqueda errada o inútil, ya que la historia como objeto no existe; lo que sí tiene existencia objetiva es el recuerdo, las interpretaciones, las percepciones y los registros. Y éstos, aunque con base material, “padecen” el mismo problema de las remembranzas: son también interpretaciones, glosas o registros de visiones interesadas. La historia política, al tratar con una de las expresiones más representativas de nuestra humanidad: la política como arte y ciencia de la convivencia sin violencia, debe lidiar con las polarizaciones y la competencia entre adversarios.
La historiografía ha experimentado y padecido en carne propia los usos y abusos del poder social. Sin embargo, la revolución científica en este campo del conocimiento ha permitido sustraerle de su nicho parcializado original, y le ha colocado en una situación de mayor distancia e independencia respecto a los sujetos estudiados. La objetividad, el rigor, el método y la teoría contemporáneos permiten configurar una nueva escuela historiográfica que abandone los intereses inmediatistas o partidarios, en favor de los objetivos de largo plazo en la construcción del conocimiento histórico. El poder social como objeto de estudio, y los movimientos populares, conjuntos sociales y elites dirigentes como sujetos de la investigación, todos ellos inmersos en un entramado significativo de lazos de solidaridad –sociabilidad los llama Jordi Canal- o relaciones de competencia, son ahora los destinatarios privilegiados de la atención del estudioso, que renuncia así a la tradición romántica de las historias ególatras del pasado. Por cierto hay una tarea pendiente: construir la historia política de la historiografía, donde hay mucho qué decir.