Si de reformas se trata...
Por: © Luis Miguel Rionda ©
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de León.La iniciativa del presidente Calderón para emprender una nueva reforma política irrumpió en el conjunto nacional como un trueno en descampado. Aunque el dirigente había insinuado algo sobre el asunto, pocos esperaban que la eventual propuesta tuviese tamaño calado. Muchos creíamos que la administración federal se encaminaba a dedicar su último trienio a rescatar lo salvable luego de los dos grandes fracasos de la gestión: la imposible batalla contra la delincuencia organizada, y el fiasco económico agravado por el torpe manejo de la crisis y el fracaso de la reforma fiscal. El desinterés evidenciado por el ejecutivo durante estos tres años hacia la reforma del Estado, indicaba que Calderón, como en su tiempo Fox, no buscaría agitar el avispero político con reformas en la materia. Todavía hace poco tiempo un fantasma recorría los medios de comunicación: se trataba de Porfirio Muñoz Ledo, el “ángel de la reforma del Estado”, que se quejaba lastimeramente -¡ay, mis hijos!- de la inmovilidad en esta cuestión.
Cuando a principios de septiembre pasado el presidente de la República presentó con maneras grandilocuentes su decálogo de prioridades para el resto de su mandato, colocó a la reforma política en el último lugar de las diez recetas, expresada además de significativamente parca: “Emprender una reforma política de fondo que incluye a la electoral”. Nadie supo a qué se refería con ese “de fondo”, y además puso nerviosas a las autoridades electorales, pues se recuerda bien que la última reforma electoral tuvo como bajas colaterales a los consejeros generales y al propio presidente del IFE.
El nuevo subdecálogo -ahora político- presentado a la consideración del legislativo, recoge algunas de las propuestas que se han ventilado en diferentes foros, comisiones, asociaciones –como las que ha conducido el propio Muñoz Ledo-, y por opinadores diversos. Lo sorprendente es que las ideas sean signadas ahora por quien se opuso en sus tiempos de legislador a varias de ellas, por considerarlas riesgosas.
Las mociones calderonistas no son novedosas pues, sólo exceptuando los “candados” aquí y allá, y las dos últimas de la lista. Pero sí son de largo alcance. Por eso creí que, antes de lanzar este guante, el presidente y su secretario de Gobernación habrían hecho la tarea de “planchar” previamente sus ponencias con los líderes parlamentarios opositores, de tal manera que el anuncio no pareciera como una sorpresiva ocurrencia, destinada al naufragio. Las recientes declaraciones de los dirigentes de los partidos parecen confirmar esta última impresión.
Por ello me pregunto si la iniciativa no tiene precisamente el objetivo de crear desconcierto entre las oposiciones, y que la negociación a que pronto dará lugar tendrá como intención real sacar adelante sólo los dos últimos puntos del decálogo. A saber, las dos “iniciativas preferentes” del ejecutivo por cada periodo legislativo, y las “observaciones parciales o totales a los proyectos aprobados por el congreso y al presupuesto de egresos de la federación”. Los ocho ítems iniciales serían todos negociables o incluso sacrificables. Si mi sospecha es correcta, la iniciativa vendría a significar un verdadero caballo de Troya.
Ojalá me equivoque, y que el poder legislativo federal retome esta invitación para llevarla aún más allá de lo planteado por el ejecutivo. Hay bondades en el decálogo que deben ser evaluadas y mejoradas. Por ejemplo, la reelección de los miembros de los ayuntamientos es una demanda ya vieja, que presenta más ventajas que desventajas. Entre estas últimas se ha señalado el peligro real de que se consoliden los cacicazgos, como los que hoy vemos accionar en varios municipios del país mediante estratagemas como las “parejas presidenciales” –matrimonios que se suceden uno al otro en el poder-, las “dinastías” –los cargos se heredan de una generación a la otra- y los monigotes –terceros que se prestan a servir de peones del maximato local-. Claro que el peligro existe, sobre todo en los municipios con un bajo nivel de institucionalidad, presas fáciles de los clientelismos o los “seductores de la patria”, bueno “de la matria”. Pero en contraparte las ganancias en cuanto a la profesionalización de la función y en garantizar la rendición de cuentas son muchas.
Una palabra final sobre la composición del congreso: me parece grave proponer la reducción de los distritos uninominales; al contrario, si se puede hay que incrementarlos para que la reducción en los plurinominales no se traduzca en una menor correspondencia entre la fuerza electoral de los partidos y su número de curules. No veo el problema en desaparecer totalmente los pluris, si a cambio se incrementan los unis. Al reducirse el número de ciudadanos por distrito, la representación se mejora al reforzar el vínculo entre representante y representados. Pero todo esto hay que discutirlo frente a nuestros legisladores, antes de que nos tomen por cachirulos.
