Qué con la educación superior

Si estudiamos las cifras frías de la estadística, es fácil darse cuenta de que la formación de capital humano de alta calidad en el estado de Guanajuato no ha sido una prioridad en mucho tiempo. La nuestra se ubica entre las entidades que menos atienden la educación superior en el país. En un estudio encargado por la ANUIES en el año 2002 (Rosalba Ramírez, “Reporte del caso Guanajuato”), se traza un panorama inquietante: Guanajuato ocupó el último lugar a nivel nacional en la tasa de cobertura de educación superior, con un 7.5% del grupo “relevante” de edad (20-24 años) inscrito en dicho nivel en 1998. El promedio nacional fue del 16.8%, más del doble. En cambio, entidades como Tamaulipas, Nuevo León, Nayarit y el Distrito Federal registraron tasas del 25 al 40%. Además, la eficiencia terminal en educación media superior fue del 51.1%, frente a un 58.9% como promedio nacional.
De la escasa matrícula guanajuatense en educación superior, sólo la mitad era atendida por la oferta pública, y de la misma sólo dos quintos acudían a la Universidad de Guanajuato. Ahora bien, según datos del anuario de la ANUIES del 2003, el total de matrícula en el nivel superior en el estado ascendía a 54 mil 224 estudiantes, de los que 8 mil 632 (15.9%) estaban inscritos en la UG. La población en edad de estudiar este nivel, entre los 18 y 24 años de edad sumó 625 mil 588 jóvenes en el censo del 2000. Es decir que apenas el 8.7% de los jóvenes guanajuatenses están recibiendo formación en este nivel. Por supuesto se me puede debatir que no todos los chavos están llamados a tener un grado superior. Estoy de acuerdo con ello, pero no con estos bajos niveles de atención. En los países desarrollados el acceso a ese servicio es efectivo para el doble o el triple del porcentaje mexicano, y del cuádruple del guanajuatense. Es en este sentido que nos encontramos ante una auténtica tragedia por el enorme desperdicio de capital humano que esto representa.
Además, en apariencia parece continuar la ausencia de una política oficial clara de parte del gobierno estatal hacia la educación superior. Hace un mes, el periódico La Jornada publicó una nota con una declaración del presidente de la Comisión Estatal para la Planeación de la Educación Superior (COEPES), Rosalío Muñoz Castro, quien reveló que el Programa Estatal de Educación Superior (PEES) nunca se ha aplicado. También afirmó que existe una desvinculación entre el gobierno estatal, la academia y la iniciativa privada que podría llevar a “'un desastre”' la educación superior, y responsabilizó de este abandono al anterior gobernador. Esto era sumamente preocupante, pues hasta ayer tampoco conocíamos la propuesta concreta –no las promesas de campaña— del gobernador Juan Manuel Oliva, quien sólo había publicitado la oferta de abrir seis “campus” universitarios regionales y una universidad virtual --ésta al parecer inspirada en una institución ecuatoriana de desconocida reputación.
Digo que hasta ayer, pues en la ceremonia de reconocimientos a los últimos logros de la comunidad universitaria –que sinceramente son muchos y en muy poco tiempo- el gobernador Oliva reaccionó muy positivamente al dinamismo evidenciado por la Universidad de Guanajuato. Muchos académicos, incluido yo mismo, compartíamos cierto pesimismo con respecto a la política que seguiría la nueva administración, que no se ha mostrado muy favorable a continuar con las líneas de su predecesor. En los corrillos universitarios se escuchaban voces críticas ante la aparente vacuidad de las propuestas del novel gobernante, particularmente con respecto a los campus que con singular alegría se ofrecieron en la campaña. Dio la impresión de que se repetían experiencias malhadadas como aquélla cómica “Universidad del Conocimiento” que prometió Fox en su campaña de 1995, y que terminó en un simple centro de validación de competencias ocupacionales.
Afortunadamente no será así, en apariencia. El gobernador convocó a la comunidad de la UG a “subirse al carro” de su ambiciosa propuesta, y engarzar el proyecto de expansión de nuestra institución al que impulsará el gobierno estatal. Qué bueno. Aunque pienso que debería ser lo contrario: el gobierno subirse al carro que la UG , que desde su programa de desarrollo 2002-2010 previó la necesidad de expandir la oferta y crecer su matrícula al menos al doble, sin sacrificar calidad. Sus indicadores internos de excelencia refuerzan el necesario liderazgo que esta casa de estudios debería ejercer sobre el programa estatal. Pero al final no importa quién conduzca el carro, si éste permite que al fin nuestra entidad atienda una de las carencias más sentidas de la población: la posibilidad de cultivarse y progresar tanto material como espiritualmente.

Capital humano, III

Carlos Marx demostró en su famosa introducción a su “Crítica a la Economía Política” que la fuente primaria del valor agregado es el trabajo humano. De la labor cotidiana del obrero, del jornalero agrícola, del empleado asalariado, surge toda la riqueza que el capital es capaz de apropiarse. Esa diferencia entre el costo de producción y el precio final de venta, que Marx denominó “plusvalía”, define el valor no pagado a la fuerza de trabajo, apropiación que permite al capitalista iniciar un proceso de acumulación ampliada, fundamento mismo de la lógica liberal del modo de producción capitalista. Durante décadas las sociedades industriales dependieron de la baratura de la fuerza laboral no calificada, que como cualquier mercancía hubo de ser buscada en las áreas donde su abundancia permitiera pagar los salarios más deprimidos. Es el caso de lo que hoy sucede con los migrantes laborales mexicanos, que aportan su esfuerzo físico barato a la gran acumulación del capital en los Estados Unidos. México, en cambio, se queda sin poder aprovechar la riqueza potencial de esos trabajadores, y debe conformarse con el espejismo de las remesas de “migradólares”, aparentemente abundantes, pero que nos dan una idea del enorme volumen de riqueza que nuestro paisanos le generan al país del norte.
Hoy día las “sociedades del conocimiento” han descubierto que la fuente primaria e inagotable de la riqueza no es el trabajo físico, sino el intelectual. El capital ha dejado de depender del esfuerzo de los trabajadores “blue collars” (de cuello azul) y persigue ahora los talentos de los “white collars” (de cuello blanco). La educación se ha transformado así en la fuente de esa riqueza inagotable, así como la generación y aplicación de nuevo conocimiento a través de la ciencia y la tecnología. La gestión del conocimiento en las sociedades desarrolladas se da principalmente en los centros de investigación y desarrollo de las universidades y las empresas. Antes se consideraba que la prioridad era el desarrollo económico y material, y que a partir de ello vendría lo demás: la educación, la vivienda y la salud. Los grandes paradigmas economicistas, positivistas y marxistas del siglo XIX le dieron preeminencia teórica al sostén material de la economía, la llamada “estructura”, por sobre las manifestaciones culturales e ideológicas del ser humano, la “superestructura”. Luego, en el siglo XX, muchos otros teóricos como Max Weber, Wilhelm Dilthey, George Gadamer, Jürgen Habermas y muchos otros pondrían en evidencia el proceso contrario: que la cultura y el conocimiento compartido fundamentan la construcción de la nueva sociedad, basada más en procesos comunicativos y educativos que en la mera fábrica material de la civilización.
Actualmente se considera que la vinculación entre la educación y el progreso económico es esencial. Gary Becker lo puntualizó de la siguiente manera: “La importancia creciente del capital humano puede verse desde las experiencias de los trabajadores en las economías modernas que carecen de suficiente educación y formación en el puesto de trabajo”. Esta carencia los deja fuera de la competencia por los mejores puestos, que se reservan ahora para los individuos con las habilidades intelectuales más desarrolladas, con mayores recursos “intangibles” que les facilitan la adopción --e incluso la mejora-- de nuevas tecnologías de producción y distribución.
Es en este sentido que los nuevos gobiernos de México y Guanajuato deben ponderar en su justo valor el potencial de desarrollo de nuestro capital humano, mediante la asignación de recursos sustanciales a las instituciones de educación básica, media y superior. Hay que otorgarle a la ciencia nacional el estatus estratégico que debería tener. En Guanajuato es urgente apoyar la expansión de la educación pública y privada de calidad, particularmente a proyectos ambiciosos y de largo aliento como el que promete la reforma institucional y académica de la Universidad de Guanajuato, que le permitiría su expansión y su alcance hacia las regiones que tradicionalmente se han visto desatendidas. En lo particular me entusiasma mucho estar involucrado en uno de esos proyectos, la instalación de un Campus Sur en el municipio de Yuriria, que atendería las necesidades de una amplia región de 15 municipios de Guanajuato y varios más de Michoacán. Se trataría de un gran plantel con autonomía académica y de gestión, que podría atender hasta cinco mil estudiantes de licenciatura --la UG atiende hoy a poco más de 11 mil jóvenes en ese nivel--, con carreras pertinentes para la región y con la garantía de calidad que otorga una de las mejores universidades públicas del país --la segunda mejor de las estatales, en palabras de Julio Rubio, subsecretario de educación superior federal--. Los municipios objetivo tienen una población de 784 mil personas, de los que 106 mil se encuentran en edad de recibir educación superior (18 a 25 años). Hoy día deben salir de la región e incluso del estado para recibir este servicio. Es un enorme contingente de capital humano que requiere ser atendido y potenciado. En esas estaremos.

Capital humano, II

Continuando mi disquisición sobre la teoría del Capital Humano del economista Gary Becker, y su aplicabilidad para la comprensión de la sociedad del conocimiento en la que vivimos en este siglo XXI, afirmo que en México nos hemos tardado demasiado en comprender que la riqueza más notable del país es su gente. Es nuestra población, y no nuestros recursos físicos o naturales, la fuente de capital que puede sacarnos de nuestro inveterado subdesarrollo.
Me permito hacer aquí un parangón con el petróleo, el recurso natural más importante con el que contamos --económicamente hablando me refiero--, sobre el cual afirmaba el ingeniero Heberto Castillo que no generaba riqueza en los países donde se extraía, sino donde se quemaba. Quería decir que los países exportadores de petróleo bruto sólo se beneficiaban del precio de venta de esta materia prima, pero perdían las verdaderas ganancias, que se generan cuando a ese producto se le inyectaba valor agregado mediante su procesamiento ulterior, lo que significaba que a la materia prima se le aplicaba nada más ni nada menos que el conocimiento. La tecnología, la ciencia, la petroquímica, son las auténticas fuentes de riqueza que permiten agregar un plusvalor no solamente en un primer ciclo de la producción, sino en varios más subsecuentes, transitándose desde la elaboración de productos primarios y secundarios, hasta la generación de fuentes de bienestar social que facilitan los bienes transformados por la tecnología. Esas condiciones sólo son posibles en los países que procesan las materias primas –aplicándoles más y más conocimiento— y reciben los auténticos beneficios del desarrollo.
En el caso de nuestro país seguimos exportando petróleo en bruto, dejando escapar las bondades que traerían su procesamiento y tecnificación. Seguimos creyendo en la vetusta teoría de las “ventajas comparativas” y renunciamos a la posibilidad de desarrollar tecnología petrolera propia. Pues bien, exactamente lo mismo estamos haciendo con nuestro capital humano: seguimos exportando al extranjero una fuerza laboral impreparada, materia en bruto, a cambio de disminuir las presiones laborales internas y sostener buena parte de nuestra economía en las remesas en dólares que remiten nuestros migrantes. Estos trabajadores exhiben un promedio educativo inferior al nacional, que de por sí es bajo. En esas condiciones sólo pueden aspirar en los Estados Unidos a los empleos indeseables y de salario mínimo. Es una tragedia que nuestro país haya convertido en su segunda fuente de divisas a los migradólares. Es una confesión de nuestro fracaso en la generación de empleos y capital humano.
Mencioné la semana pasada el ejemplo de la India, un país sobrepoblado que también exporta fuerza de trabajo a los países industrializados. Pero hay una diferencia sustantiva: se trata de un flujo de emigrantes reales o virtuales altamente calificados, ingenieros y tecnólogos que han recibido una educación superior de alta competencia. Y menciono que muchos son “virtuales” porque ni siquiera tienen necesidad de salir físicamente del país, pues se desempeñan en ámbitos tecnológicos o de servicios que se apoyan en las nuevas tecnologías de la comunicación y la información –el Internet— para vender sus servicios a empresas desarrolladoras de software, o bien a compañías de outsourcing que ofrecen servicios anexos subcontratados que reducen significativamente los costos de operación de los grandes consorcios. Para esto último, muchos trabajadores indios aprenden a la perfección un idioma extranjero, así como otras habilidades técnicas, y laboran en centrales de comunicación a distancia para proporcionar asesorías especializadas a los clientes de la empresa contratadora. Los beneficios son enormes para todos, pero particularmente para los trabajadores calificados que reciben ingresos decentes, impensables en su lugar de residencia.
Si en México y Guanajuato aprendiéramos de la lección de la India, de inmediato tendríamos que multiplicar nuestras inversiones en nuestro sistema educativo, así como en nuestro aparato de ciencia y tecnología. La aspiración de dedicar el 8% del PIB a la educación y el 1% a la ciencia sigue siendo una utopía. Somos el país de la OCDE que menos invierte en la formación de capital humano y en la estructuración de una sociedad del conocimiento. Mal camino, que nos condena al ostracismo económico y a la dependencia tecnológica, es decir, al subdesarrollo permanente. Pero ya que el tema me entusiasma, permítanme dedicarle otra contribución la próxima semana, ahora focalizándome en Guanajuato.

Capital humano, I

La teoría del Capital Humano es una interpretación científico académica sobre los móviles que en el mundo postindustrial llevan a una nación a desarrollarse. Es un concepto que ha cobrado una enorme popularidad entre los planeadores del desarrollo desde hace cuatro décadas, pues destaca la enorme importancia que tiene la educación en todos sus niveles, para la conformación de una masa crítica de personal técnico y científico de alto nivel que constituya una sólida plataforma para el despegue de un crecimiento sostenido de cualquier economía. Recordemos que el concepto de “capital” fue desarrollado por los economistas clásicos, particularmente Carlos Marx, para describir los bienes y recursos –incluyendo los simbólicos e intangibles- que son capaces de reproducirse a sí mismos y generar un proceso de acumulación ampliada, esencia del capitalismo.
Así, el objetivo de cualquier acción educativa es la formación de ese “capital humano”, dentro la acepción ya clásica definida por el economista Gary S. Becker en 1964: “el conjunto de las capacidades productivas que un individuo adquiere por acumulación de conocimientos generales o específicos, de savoir-faire.” Se trata de la integración de un recurso inmaterial factible de acumulación y potenciación, que como cualquier otro capital tiene la cualidad de reproducirse a sí mismo y crear riqueza a partir de materiales o recursos inertes.
Este capital humano se evalúa por la diferencia entre los gastos de inversión inicial, como lo es la acción educativa y sus capítulos -costo del aparato educativo, gasto por estudiante, eficiencias terminales, efectividad en los procesos de retorno en la educación, etcétera- y su correspondencia con los resultados obtenidos –calidad educativa, eficacia, procesos de evaluación-. Tanto a nivel familiar como social se ponderan –aún de manera inconsciente- los costos y beneficios de la formación de este capital humano, y se define la conveniencia de un valor agregado cultural; pero esa definición depende del valor subjetivo que la sociedad concreta y su momento histórico le otorguen a la inversión de esfuerzos y recursos en la integración de dicho capital humano. Las naciones modernas le otorgan una gran importancia a este proceso, pero no sucede así entre los países aún inmersos en dinámicas pretéritas que daban más peso a la inversión en capital fijo tangible –compra de tecnología ajena, inversión en instalaciones, procesos productivos, etcétera.
Gary Becker estudió lo que hoy denominamos “sociedades del conocimiento”, y concluyó que su mayor activo es el capital humano que estas han sabido desarrollar. Su productividad se ve potenciada por la especialización de sus saberes y el desarrollo de tecnología de tercera generación, que implica la preeminencia del software -la sapiencia y experticia- sobre el hardware -el sostén material de la tecnología-. El capital humano es sumamente importante para mantener y proyectar la productividad de las economías modernas, ya que esta capacidad se basa en la creación, difusión y utilización del saber, el recurso por excelencia de una sociedad de tecnología avanzada.
En México nos ha costado muy caro no entender esta realidad. Durante décadas hemos abandonado nuestro sistema educativo en las manos de intereses políticos cortoplacistas, que antepusieron su beneficio particular sobre las necesidades del futuro de la Nación. Un ejemplo claro es lo que hoy vemos y padecemos en Oaxaca, donde grupos sindicalistas y de poder han secuestrado al aparato educativo local, condenando a centenas de miles de estudiantes a perder una oportunidad más de desarrollo.
En Guanajuato tenemos la oportunidad de oro de recuperar el tiempo perdido y potenciar nuestra formación de capital humano de alto nivel, esto por medio del despegue de la universidad pública y su expansión, con garantía de calidad, hacia todas las regiones del estado. La Universidad de Guanajuato se ha planteado un ambicioso proyecto para establecer al menos cuatro campii -plural de campus- en León, Salamanca, Celaya y Yuriria, para duplicar su matrícula en el 2010. La visión es crecer con garantía la excelencia, para así proveer a la entidad de ese capital humano tan necesario. Debemos aprovechar el “bono demográfico” que nos representan nuestras generaciones de jóvenes que están por entrar en edad productiva, y dejar de exportarlos al extranjero como mano de obra barata y sin calificar. Hay que seguir la vía inaugurada por la India, y forjar capital humano de alta competencia entre chavos y chavas que hoy de secundaria y prepa sin más expectativas que emigrar, malvivir o delinquir. Pero seguiré exponiendo mis razones la próxima semana…

Cultura y patrimonio, III

Continuando mis reflexiones sobre la pertinencia de que las autoridades locales y la sociedad civil organizada cuenten con mayores capacidades y espacios de acción en lo referente al cuidado y preservación del legado cultural de las entidades y municipios, llamo la atención ahora sobre la importancia que tiene la emisión reciente de la Ley del Patrimonio Cultural del Estado de Guanajuato. Publicada en el periódico oficial -número 122-, apenas este 1 de agosto pasado, este instrumento normativo provee el andamiaje legal e institucional que facilitaría un tránsito sosegado en el caso de que se concretase la reforma de la fracción XXV del artículo 73 de la constitución federal. Si tal fuese el caso, Guanajuato se encontraría listo para proveer la cobertura necesaria para asumir las nuevas facultades y realmente coadyuvar con la federación en el cuidado y preservación de los bienes culturales materiales e inmateriales.
Pero incluso en el caso contrario, que tal precepto constitucional no sea modificado, de todas maneras ya sería tangible el beneficio de este amago de cambiar las tradicionales relaciones asimétricas con una instancia federal tan centralizada y refractaria al cambio como lo es el INAH. En un comunicado reciente, su director general Luciano Cedillo afirma que “los procesos de coadyuvancia en el manejo y administración del patrimonio cultural en el erritorio nacional, deben ser fortalecidos y alentados (…) dejando de lado posibles diferencias”. Significa que la vetusta institución reconoce la necesidad de un cambio de actitud, y abrirse a las demandas de un tiempo de cambio hacia el auténtico federalismo.
Tomemos el ejemplo del museo “regional” de la Alhóndiga de Granaditas. Sin duda es un edificio de enorme valor histórico, simbólico y cultural para los guanajuatenses y los mexicanos. El inmueble, inscrito en el registro de monumentos históricos nacionales, es sin embargo propiedad del gobierno del estado. Desde tiempos de Maximiliano y hasta 1947 fungió como cárcel estatal. En 1949, y gracias al gobernador Luis Díaz Infante, se convirtió en museo estatal. El 2 de enero de 1960 el gobernador Jesús Rodríguez Gaona firmó un convenio con el INAH para la administración y dirección conjunta del museo. Y fue más allá: promovió la Ley para la Creación del Instituto Regional de Antropología e Historia del Estado de Guanajuato, estatuto aprobado el 24 de enero de ese año y que sigue vigente al nunca haberse derogado, ni siquiera por parte de la nueva ley de patrimonio cultural.
En su artículo 5º se ordenaba que “el Instituto Regional de Antropología e Historia del Estado de Guanajuato estará a cargo de un Director que será designado por el Instituto Nacional de Antropología e Historia, de una terna propuesta por el Gobierno del Estado.” El primer director fue don Arturo Sierra, a propuesta del gobierno local. Cuando el maestro murió en 1967, el gobierno de Guanajuato volvió a proponer una terna, de la que el INAH seleccionó al pintor José Chávez Morado, quien se hizo acompañar del joven abogado Isauro Rionda Arreguín como subdirector. El muralista dirigió la institución hasta principios de los ochenta, y a partir de ahí los directores que lo sucedieron –iniciando con Claudia Canales- fueron fuereños nominados por el INAH sin intervención del gobierno local. Evidentemente el resto de la ley también se ha convertido en letra muerta. Por ejemplo el artículo 10: “La vigilancia de las Zonas Arqueológicas, monumentos arquitectónicos y conservación de las colecciones diversas, estará a cargo de un Patronato integrado por once miembros, designados cinco por el Gobierno del Estado, cinco por el Instituto Nacional de Antropología e Historia y formará parte como miembro undécimo el Director del Museo de Guanajuato.” Ese patronato jamás ha existido ni actuado.
Para colmo, la pesada dinámica interna del INAH ha contaminado su acción local. Hay que recordar lo profundamente politizado que está su sindicato. Por ejemplo, a pesar de que la mayor parte de los empleados de la Alhóndiga forman parte de la nómina estatal, el discurso radical y militante del sindicato federal les conduce a recoger banderas que no son suyas ni les conciernen.
En materia de patrimonio histórico y cultural la federación ha evidenciado limitaciones e incapacidades severas. El gobierno estatal, por su parte, ha padecido inconsistencia e incapacidad de estructurar una política propia y viable. Pero las cosas no tienen por qué continuar así. Si el INAH despliega mayor sensibilidad y talento hacia los requerimientos locales, y el gobierno del Estado realmente se compromete en la aplicación de la nueva ley local –que corre el mismo riesgo que la norma de 1960-, podremos esperar un reforzamiento de la presencia del sector público en el cuidado efectivo de nuestra enorme riqueza patrimonial. De otra manera sólo quedan malos augurios.