Bajo ataque

Debo interrumpir la secuencia de artículos que inicié con mi colaboración anterior, sobre la sucesión rectoral en la UG, que retomaré en cuanto haya más información sobre el asunto y que recupere su actualidad periodística. Por lo pronto me siento obligado a compartir con los lectores mi honda preocupación por lo que se ha desatado en nuestro país y nuestra región: la tanda de ataques contra instalaciones de PEMEX. Hasta hace poco, la gran mayoría de los ciudadanos que nos interesamos en el tema de la seguridad pública y la salvaguardia nacional creíamos que la mayor amenaza a nuestra paz social lo representaba el narcotráfico y el crimen organizado. Resulta que no es así. Los polvos de aquellos lodos de la guerrilla de mediados de los años noventa volvieron a manchar la precaria tranquilidad de nuestro atribulado país. Y además ha golpeado en una de las regiones que era considerada una de las más tranquilas y seguras, el Bajío, donde la vida provinciana y bucólica parecía ser la constante, con pocos puntos amarillos y casi ninguno rojo. Nuestras autoridades de los tres niveles nos acostumbraron al “aquí no pasa nada”, “Guanajuato es pacífico”, “la violencia viene de fuera”, “es Michoacán quien nos avienta sus muertitos”, “los malosos eran fuereños e iban de paso”, y así, la vieja cantaleta de la pax guanajuatensis.
En las madrugadas del jueves y del martes pasado despertamos a la realidad mediante flamazos. El cielo abajeño se tiñó de rojo y los resplandores se observaron hasta Guanajuato capital. Centenares de familias debieron movilizarse para alejarse del peligro, del que nadie, ni siquiera los responsables de la empresa afectada, tenía idea de su dimensión. El Correo del jueves consignaba las desfachatadas declaraciones de Guillermo Camacho, “subdirector corporativo de Seguridad Industrial y Protección Ambiental de Pemex”, cuyo larguísimo encargo no le impidió afirmar que “las explosiones no se debieron a las condiciones en las que se encuentran los ductos y no hay indicios de agentes externos que hayan provocado esas afectaciones.” Es decir que nadie era responsable de nada: los flamazos fueron producto de la casualidad o por generación espontánea. Por supuesto nadie le creyó nada: las explicaciones más plausibles eran las dos que precisamente se estaban descartando desde el inicio, cuando ni siquiera se había iniciado una mínima investigación. Y nuestros gobernantes tampoco soltaron prenda dentro de su propia confusión; seguramente sospecharon del origen provocado de las explosiones, pero fieles a su tradición de monos sabios volvieron a darnos el tratamiento que se depara a los idiotas: nos mintieron sin embozo, y rezaron porque la cosa quedara ahí. Pero el ataque del sábado en Corregidora los evidenció como embusteros. Ya no hubo manera de negar lo evidente, y el comunicado del pseudo-EPR los terminó de encuerar.
A partir de estos ataques podemos esperar el incremento de medidas espectaculares por parte de las corporaciones de seguridad. Y serán tan ostentosas como inútiles. No me sorprenderá que ahora haya justificación para instalar retenes, para “investigar” sospechosos, espiar opositores, inmiscuirse en la vida privada y relanzar el espionaje telefónico. Los “duros” del gobierno, como “el halcón” que despacha en el tercer piso del Palacio de Gobierno, tendrán ahora la mejor coartada para endurecer su desprecio a la libertad de expresión, y ahora a las libertades de tránsito, de privacidad y de disenso. Los autoritarismos andan siempre a la búsqueda de “enemigos” comunitarios, para fortalecer su posición de grupo.
El combate a los transgresores debe darse primordialmente desde la aplicación de medidas finas de inteligencia y de proacción. También desde el socavamiento de sus bases sociales e ideológicas que le dan “justificación” a los terroristas y guerrilleros. No se puede perseguir a los infractores que ondean banderas políticas con las mismas estrategias que se utilizan contra el crimen organizado, cuyo móvil es económico, no ideológico. Si es que en efecto existe una célula del EPR en el Bajío, habrá que perseguirla con una labor fina y paciente de investigación: detectar el origen de los explosivos, intensificar las labores de inquisición detectivesca, descubrir sus nexos con otros grupos, y en el mediano plazo retirar a estos proscritos de circulación, todo ello sin agraviar aún más a la población. De nada servirá ver al ejército y a las policías en la calle, atacando el problema con guantes de box, cuando lo que se requiere es de los sensibles guantes del cirujano. Pero me temo que seguiremos por la vía de la espectacularidad, que busca atraer la atención mediática, porque a nuestros “responsables” de la seguridad pública, tan improvisados como son, seguirán nadando en el mar de la ineptitud.

En busca de un Rector, I

Es inevitable abordar el tema de la renovación de la autoridad universitaria, en esta columna redactada por un profesor llano de la Universidad de Guanajuato. El inicio del proceso de renovación o reiteración del liderazgo rectoral obliga a la emisión de algunos juicios y opiniones sobre el mismo. Primero, diré que me parece una cosa muy buena que contemos con cuatro candidaturas, todas de universitarios cabales y bien calificados. Cuentan los cuatro con perfiles académicos diferentes, lo que es aún más interesante. Sólo lamento que no haya entre ellos ninguna mujer, y mucho menos un joven. Pero puedo entender que todavía existen ciertos pruritos y mucha auto contención de parte de nuestras colegas femeninas, y un prejuicio arraigado y absurdo en contra de la juventud en razón de su “inexperiencia”.
Lo que todavía hay que averiguar es la capacidad personal efectiva para conducir una comunidad de 2,943 académicos, 922 administrativos y 23 mil estudiantes. Es muy común confundir las cualidades intelectuales con las facultades de conducción y administración de un conjunto complejo de personas y recursos. Pero podemos asumir que, como todos ellos han tenido la oportunidad de conducir escuelas y facultades, eventualmente podrán hacerse cargo de un reto de mayores dimensiones. Nadie hace carrera para ser Rector, ni funcionario universitario, pero sí contamos con medios indirectos para evaluar desempeños institucionales –informes administrativos, evaluación de pares, ejercicio académico, desarrollo de la unidad conducida-, y valdría la pena que esos documentos fueran conocidos.
Los cuatro candidatos han planteado proyectos generales de desarrollo de la universidad. Sin embargo todos deben ajustarse a los lineamientos y estrategias definidas en el PLADI (Plan de Desarrollo Institucional) 2002-2010, ya que el siguiente periodo rectoral abarca la etapa final de este instrumento de planeación, además de que le tocará su actualización y reformulación, de tal manera que se defina entes de tres años un nuevo plan, abarcador de la siguiente década. También han debido considerar como marco legal la nueva ley orgánica, a la que se agregará antes del fin de 2008 toda una batería de reglamentos que regirá la vida universitaria dentro del esquema departamental y de campus regionales. No es un asunto menor, porque de los cuatro aspirantes aparentemente sólo el actual rector ha tenido la vivencia de desarrollarse académicamente dentro de alguna institución departamentalizada –en su caso la Universidad de California en Davis-. Y esto me preocupa en lo personal, pues quienes no conocen este sistema, difícilmente captarán su lógica, que es muy diferente a la del esquema napoleónico que heredamos de la universidad decimonónica.
Desgraciadamente a estas alturas los miembros de la comunidad universitaria carecemos de mayor información sobre los aspirantes. Aunque la comisión especial del Consejo Universitario ya recibió documentos tan importantes como los proyectos de desarrollo y los currículos de los candidatos, son textos todavía inaccesibles para el común de los mortales. No entiendo por qué no se han colocado en la página electrónica de la universidad, de tal manera que los miembros de la comunidad podamos comenzar a comparar trayectorias y propuestas. Al día de hoy, nuestro juicio se basa en lo poco que ha salido en prensa y por el conocimiento personal de cada uno de los aspirantes. Y esto es grave, pues el tiempo no es mucho y el 10 de agosto esa comisión presentará su dictamen ante el consejo. Yo me pregunto qué pasará si determina que uno o varios de los candidatos son inelegibles, o no cubren el perfil; ante la carencia de información los universitarios nos deberemos conformar con sus dichos. Es por eso que se requiere que fluyan de inmediato estos datos, pues el día de hoy, viernes, habremos salido de vacaciones y nos quedaremos dos semanas más ayunos de comunicación.
El proceso de selección –insistimos: no de elección- del Rector es un momento importante de la vida universitaria, pues en el perfil del nuevo conductor quedarán implícitos algunos rasgos de un estilo personal que, querámoslo o no, influirá fuertemente en el desarrollo institucional. Yo en lo personal me inclino por un perfil moderno, académico, profesional y efectivo. No me atrevo –todavía- a pronunciarme por ninguno de los aspirantes, sin antes hacerme de la información necesaria, pero sin duda lo haré, pues siempre he sido un convencido de que en la vida social y política –en este caso en la universidad- siempre hay que tener partido, y comprometerse con proyectos ambiciosos, aunque sean polémicos. Entretanto mantengamos nuestra atención sobre los foros –las “pasarelas”- que seguramente organizarán las instancias pertinentes. Tiempo al tiempo.

Ley universitaria

La nueva Ley Orgánica de la Universidad de Guanajuato finalmente ha sido publicada en el Periódico Oficial del estado (15 de junio, tomo CXLV, número 96, pp. 35-56). Con este paso, la institución educativa emprende un nuevo y difícil camino que le ocupará durante los siguientes 18 meses: transformarse orgánica, normativa y académicamente en un sistema universitario, en una red institucional que gane en flexibilidad y en pertinencia con relación a las necesidades concretas de la sociedad guanajuatense dentro de la diversidad de sus regiones. La universidad abandonará así la concha anquilosada en la que “creció” en las últimas seis décadas, durante las cuales se resistió a desbordar su nicho original, tanto geográfica como disciplinariamente. Si analizamos su crecimiento histórico, es fácil darse cuenta de que la UG se mantuvo estática y extática, reactiva pero no proactiva, y repetidamente fue rebasada por su realidad social y económica inmediata. En suma, era una corporación que se regodeaba en su autocomplacencia, en su provincialismo y su obsolescencia -lo lamento, aunque me corran, debo decirlo con todas sus letras-. Era, es, sin embargo una entidad con probada calidad, pero con bajo impacto sobre la colectividad a la que sirve. Esa calidad era más producto circunstancial de la suma de las voluntades individuales de profesores, estudiantes y administradores, que a un diseño institucional eficaz, aglutinante, optimizador de recursos y propiciador de iniciativas de avanzada en los ámbitos de la educación, la investigación y la cultura. La universidad ha sido competente, pero muchas veces lo fue a pesar de sí misma.
La reforma actual significa un golpe de timón a esta situación. Con la nueva ley, la universidad se verá posibilitada para ensayar un salto cualitativo y cuantitativo hacia el futuro, pero ahora adelantándose -ad ante- a las circunstancias y no siendo víctima -ex post- de las mismas. Los campii universitarios regionales y pluridisciplinarios, así como la organización departamental permitirán aprovechar de mejor manera los actuales recursos humanos y materiales, y atraer a otros nuevos, para potenciar un esfuerzo colectivo que sólo requiere de la confianza mutua, de la sintonía con las sociedades regionales y de una nueva conceptualización de lo que significa ser universitarios en el siglo XXI.
La adaptación al nuevo modelo descentralizado y volcado hacia las regiones del estado no será cosa fácil. Habrá qué enfrentarse a las inercias acumuladas desde tiempos del Colegio del Estado. Inercias equivalentes a resistencias personales -profesores anquilosados, administradores holgazanes, estudiantes desorientados-, colectivas -sindicatos charros, academias manipuladas, grupos de poder internos, partidismos oportunistas, etcétera-, institucionales -autoridades incapaces, burocratismo, desorganización- y políticas -incomprensión del proceso por parte de gobernantes y representantes, es decir del ejecutivo y el legislativo-. No todos comprenderán que hay urgencia de cambiar para adaptarse a un contexto implacable en el estado, el país y el mundo. Muchos verán amenazada la “colmena legendaria”, el “viejo relicario” y sus rancias tradiciones. Otros vislumbrarán aviesos intereses de poder del rector o de otros personajes detrás de este crecimiento. Pero con honestidad yo espero que la mayoría de los miembros de la comunidad universitaria interpretemos ésta como la oportunidad histórica que no habíamos sabido construir hasta hoy. Con el nuevo modelo podemos ser más y ser mejores, pues nos obliga a voltear la vista más allá de nuestras atalayas cuevanenses, y sus baluartes en nueve municipios. Deberemos compartir recursos, siempre escasos, para poder cumplir con la expectativa social que se está despertando en León, en Salamanca-Irapuato, en Celaya y en el promisorio eje sureño. Pronto habrá que pensar en el norte, en el sureste y en el suroeste, para consolidar así la red de campus que nos convertirá en LA -así, con mayúsculas- Universidad de Guanajuato.
La ley emitida por el congreso local no es la mejor ley -“no es la mejor, pero sí la idónea” diría Espino el abucheado-, pero es una buena ley. A mí no me gustó el manoseo absurdo sobre el colegio o junta directiva. Se impuso una falsa “representación social” sobre ese cuerpo, y se le recortó vigencia hasta el ridículo término de dos años. Pero se puede vivir con ello. Finalmente lo sustantivo se dejó tal cual y me congratulo por ello. Pero el camino más rudo hoy está frente a nosotros.

Nuevos autoritarismos

En algunos textos académicos recientes he expresado mi preocupación por el nuevo panorama político de la entidad, que parece encaminarse hacia la consolidación de una nueva hegemonía partidista. Los que padecimos el autoritarismo y la prepotencia de aquella vieja supremacía que regía en la entidad hasta los años ochenta, recordamos bien la imposibilidad que existía para impulsar procesos de reflexión y debate que permitiesen adoptar medidas consensuadas –y no mayoriteadas- que rescatasen las piezas fundamentales de las visiones parciales de los actores políticos. En las décadas del priísmo todopoderoso, no privaba más voluntad que la del regente en turno, ya se tratase del presidente de la República, el gobernador o el presidente municipal. Los debates en los legislativos o en los ayuntamientos no tenían más sentido que el de dar apariencia de pluralidad e inclusión. Vimos así cómo las ocurrencias más estrafalarias de los titulares de los ejecutivos se aplicaban sin mayor discusión, aunque las oposiciones se desgañitaran en la denuncia inútil. Raras veces se optaba por el convencimiento del antagonista; era más fácil y expedito cerrar los oídos y levantar el dedo, aplastando a las minorías impotentes.
Ya Aristóteles advertía sobre los riesgos de la tiranía de las mayorías. La razón y la lógica no son compañeras frecuentes de las masas; más bien éstas son frecuentes víctimas de los demagogos y la propaganda. En ello reside el valor del debate y del diálogo respetuoso con las minorías: puede ser el mejor antídoto contra los espejismos del poder representativo. No es raro que un líder o un representante democráticamente electos, sobre todo si lo fueron mediante una votación ampliamente mayoritaria, llegue a la conclusión equivocada de que su voluntad personal es equivalente a la voluntad de sus apoyadores. Se confunde así la cantidad con la calidad; es decir, que si se ha arribado a la posición de poder con una cómoda holgura de votos, se puede asumir que el mandato recibido es el de imponer la “voluntad general” sobre las voluntades particulares. Error político craso.
Desde hace tres lustros se ha venido consolidando una nueva hegemonía política en Guanajuato, ahora en manos del partido con mayor tradición democrática del país, Acción Nacional. Sus décadas como oposición le enseñaron a desconfiar de los rivales, viejos y nuevos, y a desarrollar un espíritu de cofradía misionera que no ha sido posible romper en todo este tiempo en el poder. Sus mecanismos de reclutamiento de militantes, que todavía hoy son rígidos y demandantes, favorecen este aire exclusivista, de “minoría excelente” como la calificaba Gómez Morín. No es sorprendente entonces que los gobernantes y representantes posicionados por el partido caigan con frecuencia en actitudes excluyentes: sus cifras impresionantes en los comicios recientes pueden hacerles pensar que son los iluminati, los poseedores de la verdad revelada por los electores, los representantes mayúsculos del bien común y los únicos políticos virtuosos dentro de un entorno pretendidamente corrupto.
Todo esto viene a cuento como reflexión personal sobre los recientes sucesos que se vienen registrando en el poder legislativo estatal, así como en muchos de nuestros ayuntamientos. La conformación de un inopinado “bloque opositor” sólo puede ser interpretada como evidencia de la desesperación y la impotencia ante el ejercicio poco moderado del poder mayoritario. Están fallando los mecanismos de debate y construcción de acuerdos inter partidistas. Cuando el partido en el poder se queda solo, el diálogo se convierte en monólogo, y pronto se desgasta ese discurso sin interlocutor. No es posible gobernar o legislar en función únicamente de una mayoría abstracta, porque así se lastiman las convicciones de las minorías, que por el hecho de serlo no pueden ser considerados simples aderezos políticos prescindibles. El buen gobernante o representante busca escuchar y atender las voces de todos los ciudadanos, no solamente de los que le otorgaron el voto. La exclusión es el primer paso hacia la intolerancia y el autoritarismo, y también el mejor veneno para la democracia.
Mucho se critica la nueva hegemonía que ha aplicado el PRD en la ciudad de México, donde amplios sectores de la población han sido arrinconados por sus iluminati de izquierda. Igual condenamos el autoritarismo de Chávez y de Castro, que han acallado las voces disidentes sin miramientos hacia la tolerancia. Pero también por acá tenemos nuestros propios Torquemadas, y algunos de ellos ya comienzan a lanzar sus anatemas contra los opositores y contra los medios que ejercen la crítica. Mal camino, peor destino.

La PGR, al fin…

El día de antier asistí a una sesión extraordinaria del comité estatal del Consejo de Participación Ciudadana de la PGR, con el fin principal de dar la bienvenida y conocer al recién llegado delegado de esa procuraduría, el licenciado Martín Levario Reyes. Como bien declaró nuestro presidente Iván Omar Plascencia, en nota de Rafael Zamora ayer en Correo, la reunión fue muy satisfactoria para la docena de consejeros presentes. Acostumbrados como estábamos a los desencuentros con la institución, fue muy estimulante descubrir una suave interlocución con una persona sencilla y abierta, que proyecta buenas intenciones y una evidente experiencia en su área. Sin duda fue un intercambio de ideas muy productivo, y nos devolvió las ganas de seguir dedicándole nuestro tiempo y recursos -la PGR no nos proporciona ningún apoyo o pago por nuestra labor- a una actividad que en los últimos dos años ha sido cuesta arriba, al punto de haber pensado en renuncias masivas unos meses ha.
Esperemos que esta renovación en los mandos locales de la fiscalía federal contribuya a mejorar los vínculos y la efectividad de las corporaciones de los tres órdenes de gobierno que procuran por nuestra seguridad y por el respeto a la ley. En nuestro comité somos optimistas, pero sin duda sin ingenuidades pues la tarea se antoja difícil dentro de una institución que ha evidenciado públicamente muchos problemas de efectividad, honestidad y confiabilidad. Es cierto que Guanajuato todavía no es un “foco rojo” en incidencia de delitos federales o de “alto impacto”, pero yo estoy convencido de que hay una tendencia a que esto cambie eventualmente. Por eso hay que mantenerse atento, y como ciudadanos vigilar que las autoridades no se duerman o minimicen los problemas; siempre será más conveniente para los burócratas y para los políticos suavizar la realidad y vendernos las cuentas de vidrio de la “pax guanajuatensis”.
Dentro de la sesión dedicamos una hora a participar en una videoconferencia con el Consejo Nacional y el resto de los comités estatales. La charla del día estuvo a cargo del coordinador de asesores de la PGR, Humberto Castillejos Hernández, joven abogado egresado de la UIA, vinculado con la PGR desde tiempos del general Macedo -según investigué en internet-; él nos expuso el paquete de iniciativas que presentará el presidente de la República al poder legislativo para mejorar nuestro sistema de seguridad y procuración de justicia. Varias medidas interesantes, pocas de ellas novedosas, pero hubo una que nos llamó la atención, por sus posibles implicaciones: la emisión de un solo código penal para toda la república. Nuestro presidente Iván Omar no pudo dejar de cuestionar al expositor sobre la viabilidad y conveniencia política de esta medida, dados los acendrados sentimientos federalistas que han florecido en las entidades del país. Según explicó el asesor de la PGR, las bondades de esta medida superan con mucho los escollos que podría encontrar, ya que de esta manera las autoridades judiciales contarían con un instrumento único para combatir más eficazmente los delitos del orden penal, evitando la multitud de recovecos que hoy día benefician a los delincuentes y trasgresores. Todo bien, sólo que uno de los ejemplos que empleó fue bastante inoportuno, por las interpretaciones a que puede dar lugar: la penalización del aborto. Con un solo código penal, las entidades y sus legislativos se verían impedidos de aprobar disposiciones como la que tomó recientemente la asamblea de representantes del DF, que despenalizó el aborto hasta la semana 12 de gestación. Con un solo código quedaría en manos del legislativo federal normar sobre esa materia. Creo yo que con sólo mencionar esta posibilidad muchas entidades, sobre todo el DF, se opondrán vehementemente a ceder esta porción de su soberanía, incluso para una causa tan necesaria como la del combate a la delincuencia. Es una idea con poco futuro.
En fin, tuvimos una sesión muy a gusto con el delegado, con “cinito” incluido y alardes tecnológicos de la PGR. Hubo buen humor, incluso bromas, y las inefables promesas de confianza mutua. Ojalá no sea flor de un día. Vienen a mis recuerdos algunos delegados federales que me ha tocado tratar antes -de la propia PGR, de la SeGob, del IFE, ISSSTE y otros- que han llegado cubiertos con piel de oveja y pronto muestran el colmillo del lobo… o las orejas de burro. Pero de seguro éste no será el caso (deditos cruzados).