Escribo estas líneas desde Xalapa, Veracruz, a donde he acudido a participar en la presentación del libro colectivo "Las elecciones federales en México 2006, estudios de caso"; texto que presenta una perspectiva comparada desde ocho entidades del país. Nos convocó el Instituto de Investigaciones Históricas y Sociales de la Universidad Veracruzana, por medio del doctor Manuel Reyna Muñoz, investigador reconocido que aportó el capítulo sobre este hermoso estado del oriente nacional. El volumen fue publicado por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, por medio de su Centro de Investigaciones sobre Opinión Pública, y fue coordinado por Enrique Agüera y René Valdiviezo, investigadores de esa universidad. El libro anuncia desde la portada que su contenido aborda las elecciones federales, pero mediante el estudio a profundidad de ocho casos: dos estados norteños --Baja California y Coahuila--, tres entidades del centro --Distrito Federal, Guanajuato y Querétaro-- y tres del sur y oriente del país --Puebla, Oaxaca y Veracruz--. Doce investigadores reconocidos se distribuyeron el abordaje de estos estudios de caso y con acercamientos más o menos uniformes, pero siempre adaptándose a las particularidades de cada estado, expusimos la peculiar dinámica que adoptaron tanto el proceso como los agentes involucrados en la competencia electoral. En la cuarta de forros los coordinadores afirman que: "La elección federal del 2006 cambió a México. Fuimos testigos de la elección para titular del ejecutivo más competida de la historia del país (…) Pero la imagen de las campañas y elecciones cambia cuando incursionamos en las regiones y las entidades. El reflejo, por así llamarlo, de la contienda nacional es distinto de lugar a lugar y los efectos y conflictos son diferentes." Esa diversidad regional es lo que hizo tan interesante a ese proceso comicial. Los que tenemos más de 40 años de edad, y que vivimos nuestra juventud bajo la vieja hegemonía monopartidista, nunca nos imaginaríamos que un día nuestro país viviera un grado de competencia tan agudo entre la izquierda y la derecha, que para colmo desplazaría al viejo partido de estado a un tercer lugar inopinado. Un país polarizado, pero con regiones claramente definidas en sus preferencias: el norte en el bipartidismo PAN-PRI, el centro abajeño en poder del PAN, y el DF y el sur bajo la égida del PRD o del PRI.
Por supuesto, a mí me tocó investigar y redactar sobre Guanajuato. Pero sin duda fue un esfuerzo dificultoso, ya que la dinámica federal no podía ser ajena a los procesos electorales locales, que también impusieron su agenda particular sobre los debates políticos del momento. La polarización del discurso contaminaba el ambiente, y volvió muy difícil conservar la necesaria cabeza fría que ordena la objetividad académica. Como nunca, la guerra sucia tanto de unos como de otros terminó perjudicando incluso al árbitro de la contienda, el IFE, a quien muchos juzgaron remiso e incluso omiso, mientras que otros le demandaban su exceso de celo. Nadie podría salir bien librado del batidero de denuestos, y las consecuencias se siguen padeciendo: hoy día el Instituto Electoral goza de un enorme prestigio internacional, pero en contraste ha visto mermada su credibilidad interna ante un sector importante de la sociedad.
Pero en cada estado las elecciones pasadas se evidenciaron como bien diferentes, como se demuestra en nuestro libro. Es impresionante cómo los discursos y agendas políticas locales han logrado incrementar su peso ante la tradicional hegemonía centralista de las élites políticas nacionales. Si bien la campaña presidencial continuó acaparando reflectores, la misma debió compartir más cartel con intensas campañas locales en diez entidades que registraron elecciones concurrentes. Prueba de este nuevo ascendiente de lo local fue la clara evidencia de un voto diferenciado en entidades muy politizadas, como Baja California, Coahuila, Veracruz y Puebla. Se dividió el voto presidencial, del de sus compañeros candidatos locales.
Hubo factores adicionales que debimos considerar: los efectos de la redistritación federal y sus equivalentes locales, el voto desde el exterior --en la jurisdicción de Guanajuato apenas votaron dos mil paisanos desde el extranjero, aunque posiblemente existen 600 ó 700 mil trabajadores abajeños que bien pudieron haber sufragado de así desearlo--, el incremento de la abstención en algunas entidades, la inédita y exitosa estrategia de un nuevo partido para convencer a los electores de dividir sus votos y asignarle al proponente "uno de tres", la emergencia de actores políticos de enorme influencia regional como la APPO oaxaqueña, y finalmente las estrategias diferenciadas de resistencia postelectoral y descalificación de los resultados y del propio instituto.
La presentación del libro causó gran expectativa e interés entre la comunidad política y académica veracruzanas. Sólo asistimos tres coautores, pero nos presentamos ante un auditorio nutrido y cuestionador. La Universidad Veracruzana goza de un gran prestigio como generadora de pensamiento crítico, particularmente en el ámbito de la ciencia política, y quedó evidenciado en la calidad del diálogo que pudimos emprender. Me entusiasma testimoniar el crecimiento de nuestra disciplina en las entidades y sus universidades públicas en los últimos tres o cuatro lustros. Podemos ya emprender análisis político-electorales de índole regional y de buena calidad, sin necesidad de acudir al liderazgo de nuestros colegas y maestros capitalinos, como ocurría en los años ochenta.
A los interesados en consultar al menos parte de este libro --mi capítulo-- les recomiendo bajarlo de www.luis.rionda.com.mx/publica/Cap_libro/2007_Rionda_EleccFedGto.pdf
Artículos de coyuntura publicados por Luis Miguel Rionda Ramírez en medios impresos o electrónicos mexicanos.
Antropólogo social. Profesor titular de la Universidad de Guanajuato y de posgrado en la Universidad DeLaSalle Bajío, México. Exconsejero electoral en el INE y el IEEG.
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viernes, 18 de julio de 2008
viernes, 11 de julio de 2008
Del IFE de Leonardo
El Instituto Federal Electoral convocó a todos los consejeros electorales de sus consejos locales, a los consejeros de los institutos estatales y a los magistrados y funcionarios de los tribunales electorales del país, a un foro nacional para debatir sobre la naturaleza y alcances de la reforma electoral mexicana, en una perspectiva comparada. La sesión se realizó el lunes y martes pasado, en la sede del IFE en la ciudad de México. Alrededor de 250 actores de la mecánica electoral nacional asistimos a este, que se anuncia como el primer foro de diálogo y colaboración entre autoridades electorales. Algo inédito, pues hasta ahora no se habían propiciado eventos regulares de convección entre los responsables de las elecciones federales y estatales.
Leonardo Valdés, nuestro paisano y colega en la Universidad de Guanajuato, quiere inaugurar una nueva época de relación franca entre las autoridades electorales federales y locales. Para ello ideó estos foros que se anuncian regulares. Nada mal, según yo. Y lo digo porque el primer encuentro fue muy intenso y satisfactorio. Nos regalaron la presentación de tres espléndidos especialistas internacionales en asuntos electorales: primero, la del presidente de la Fundación Internacional para Sistemas Electorales (IFES), el canadiense Jean-Pierre Kingsley, quien hasta el año pasado se desempeñó durante 17 años como director general de Elections Canada. Este señorón nos expuso sus experiencias internacionales acerca de la institucionalización del control electoral, y con ejemplos concretos ubicó a México como ejemplo mundial de organización efectiva de procesos comiciales confiables. Luego de exponernos cifras y datos de organismos del África, Asia y Sudamérica, nos espetó: "ustedes no tienen idea del papel que está cumpliendo México en el ámbito de los países en desarrollo como evidencia de que la democracia funciona cuando existen condiciones para que florezcan relaciones horizontales y propicias para el entendimiento. La democracia es ese método que sirve no sólo para renovar autoridades, sino para garantizar la armonía social". Y en efecto, los asistentes congeniamos con el dicho, y la amabilidad y buen sentido del expositor. Es indudable que para permitir el desarrollo es menester contar con esquemas y autoridades confiables en el ámbito de las elecciones. La realidad es que en México hemos permitido que impere la sinrazón partidista sobre la racionalidad democrática. Pero este es el costo del crecimiento.
Luego escuchamos la intervención de Marc Mayrand, hoy día director general de Elecciones Canadá. Nos explicó de una forma agradeciblemente accesible, cómo una sociedad pluricultural, federal y extensa geográficamente, puede garantizarle a sus ciudadanos su derecho a sufragar. Catorce jurisdicciones federales han podido ponerse de acuerdo para celebrar elecciones en la misma fecha, y así ahorrarle al elector el absurdo de presentarse a elegir autoridades e iniciativas legislativas un día sí y otro también. Fue una exposición de gran interés, pero desaprovechada porque no se repartieron papeletas a tiempo, y el expositor se fue sin ser cuestionado. Puso el acento sobre la necesidad de profesionalización del personal electoral, particularmente de los encargados de las mesas de casilla, lo cual es enormemente pertinente en México.
Pero la conferencia magistral más interesante fue la del consultor internacional en materia electoral del uruguayo Juan Rial, que nos explicó de una manera jocosa y llana cómo los medios de comunicación se han apoderado del discurso político en el mundo. Estos medios tienen un ascendiente social que los ubica cercanos a las iglesias y religiones, siempre con intereses muy próximos a los que los partidos políticos prohijan. Los medios en México y el mundo se han apoderado del discurso político y de los actores de ese entorno. No pueden vivir unos sin los otros. Por ello el sistema electoral debe defenderse de los intereses creados, para no sucumbir ante el poder del dinero. Y son muchos los países que han optado por la defensa ante los poderes fácticos. México se ha unido a Brasil y a Chile entre los países que han dejado fuera a los medios electrónicos del reparto del gran pastel de los centavos electorales. Qué bueno, digo yo.
Los consejeros locales y demás concurrentes a la reunión debatimos con los consejeros generales (los que sí aparecieron a la sesión) sobre las maneras como se aplicará la reforma electoral en nuestras entidades. Comparamos cómo se ha adecuado en las legislaciones locales los imperativos federales. Guanajuato, como siempre, muy a la zaga de los estados hermanos. Ni siquiera tuvimos la compañía de los consejeros estatales del IEEG, quienes no parecen tener mayor interés en los asuntos de la reforma que los involucra. Eso a pesar del excelente estipendio mensual que reciben de forma adicional a sus sueldos habituales. El IEEG parece indiferente a lo que sucede en el ámbito nacional, y lo confirma con su actitud despectiva ante estas convocatorias del IFE. Es una desgracia si recordamos que Guanajuato se ubica en el caboose de la transición política nacional. Pero es entendible cuando vemos que tanto consejeros como personal directivo del IEEG son ignorantes e indiferentes de las iniciativas que generan las principales instancias electorales del país por temor a que nuestro gobierno estatal se sienta amenazado. Ni modo: son las consecuencias de la hegemonía monopartidista que nos aqueja.
Leonardo Valdés, nuestro paisano y colega en la Universidad de Guanajuato, quiere inaugurar una nueva época de relación franca entre las autoridades electorales federales y locales. Para ello ideó estos foros que se anuncian regulares. Nada mal, según yo. Y lo digo porque el primer encuentro fue muy intenso y satisfactorio. Nos regalaron la presentación de tres espléndidos especialistas internacionales en asuntos electorales: primero, la del presidente de la Fundación Internacional para Sistemas Electorales (IFES), el canadiense Jean-Pierre Kingsley, quien hasta el año pasado se desempeñó durante 17 años como director general de Elections Canada. Este señorón nos expuso sus experiencias internacionales acerca de la institucionalización del control electoral, y con ejemplos concretos ubicó a México como ejemplo mundial de organización efectiva de procesos comiciales confiables. Luego de exponernos cifras y datos de organismos del África, Asia y Sudamérica, nos espetó: "ustedes no tienen idea del papel que está cumpliendo México en el ámbito de los países en desarrollo como evidencia de que la democracia funciona cuando existen condiciones para que florezcan relaciones horizontales y propicias para el entendimiento. La democracia es ese método que sirve no sólo para renovar autoridades, sino para garantizar la armonía social". Y en efecto, los asistentes congeniamos con el dicho, y la amabilidad y buen sentido del expositor. Es indudable que para permitir el desarrollo es menester contar con esquemas y autoridades confiables en el ámbito de las elecciones. La realidad es que en México hemos permitido que impere la sinrazón partidista sobre la racionalidad democrática. Pero este es el costo del crecimiento.
Luego escuchamos la intervención de Marc Mayrand, hoy día director general de Elecciones Canadá. Nos explicó de una forma agradeciblemente accesible, cómo una sociedad pluricultural, federal y extensa geográficamente, puede garantizarle a sus ciudadanos su derecho a sufragar. Catorce jurisdicciones federales han podido ponerse de acuerdo para celebrar elecciones en la misma fecha, y así ahorrarle al elector el absurdo de presentarse a elegir autoridades e iniciativas legislativas un día sí y otro también. Fue una exposición de gran interés, pero desaprovechada porque no se repartieron papeletas a tiempo, y el expositor se fue sin ser cuestionado. Puso el acento sobre la necesidad de profesionalización del personal electoral, particularmente de los encargados de las mesas de casilla, lo cual es enormemente pertinente en México.
Pero la conferencia magistral más interesante fue la del consultor internacional en materia electoral del uruguayo Juan Rial, que nos explicó de una manera jocosa y llana cómo los medios de comunicación se han apoderado del discurso político en el mundo. Estos medios tienen un ascendiente social que los ubica cercanos a las iglesias y religiones, siempre con intereses muy próximos a los que los partidos políticos prohijan. Los medios en México y el mundo se han apoderado del discurso político y de los actores de ese entorno. No pueden vivir unos sin los otros. Por ello el sistema electoral debe defenderse de los intereses creados, para no sucumbir ante el poder del dinero. Y son muchos los países que han optado por la defensa ante los poderes fácticos. México se ha unido a Brasil y a Chile entre los países que han dejado fuera a los medios electrónicos del reparto del gran pastel de los centavos electorales. Qué bueno, digo yo.
Los consejeros locales y demás concurrentes a la reunión debatimos con los consejeros generales (los que sí aparecieron a la sesión) sobre las maneras como se aplicará la reforma electoral en nuestras entidades. Comparamos cómo se ha adecuado en las legislaciones locales los imperativos federales. Guanajuato, como siempre, muy a la zaga de los estados hermanos. Ni siquiera tuvimos la compañía de los consejeros estatales del IEEG, quienes no parecen tener mayor interés en los asuntos de la reforma que los involucra. Eso a pesar del excelente estipendio mensual que reciben de forma adicional a sus sueldos habituales. El IEEG parece indiferente a lo que sucede en el ámbito nacional, y lo confirma con su actitud despectiva ante estas convocatorias del IFE. Es una desgracia si recordamos que Guanajuato se ubica en el caboose de la transición política nacional. Pero es entendible cuando vemos que tanto consejeros como personal directivo del IEEG son ignorantes e indiferentes de las iniciativas que generan las principales instancias electorales del país por temor a que nuestro gobierno estatal se sienta amenazado. Ni modo: son las consecuencias de la hegemonía monopartidista que nos aqueja.
viernes, 4 de julio de 2008
La competencia, II
Un problema serio que atraviesa la educación superior en nuestro país es su relativamente poca pertinencia y vinculación con las necesidades reales no sólo del aparato productivo, sino también del desarrollo social, cultural y humano de las colectividades a las que sirve. Esto responde a que durante décadas la educación “clímax” se identificaba con las profesiones liberales que se gestaron desde tiempos coloniales: el abogado o escribano que conocía de leyes; el médico, partero y farmacéutico que sabía de curas y remedios a los males físicos; el ingeniero y maestro de obras que sabía construir puentes sin que se le cayeran; el profesor que enseñaba el abecedario y las primeras cuentas a párvulos afortunados; el sacerdote y cura de almas que conocía los latines y las santas enseñanzas. Y san se acabó. No había más porque más no se requería; la sociedad antigua demandaba pocos especialistas en sofisticaciones académicas. Lo más se requería era la formación de artesanos y maestros oficiantes, para los cuales existían los gremios y un sistema de instrucción informal en artes y oficios avalado por la tradición y la costumbre. El resto de los mortales eran campesinos, aristócratas o militares.
La sociedad que surgió de la revolución industrial trastocó todo esto. De pronto las profesiones liberales y la especialización del conocimiento detonaron una oferta creciente de expertos con habilidades de creciente sofisticación. Surgieron así los médicos especialistas que desplazaron a los curanderos; los dentistas que sustituyeron a los barberos; los arquitectos que suplantaron al maistro de obra constructor de catedrales; los ingenieros en un sinfín de tecnologías emergentes; los sociólogos que desbancaron a los sofistas diletantes; los psicólogos que compitieron con los curas y sus confesionarios; los químicos que desplazaron a los alquimistas y su flogisto; en fin, una legión de nuevos profesionales que arrastraron a las universidades a nuevos derroteros de desarrollo, ya que la especialización requiere de instrumentales pedagógicos mucho más demandantes que los acostumbrados por la escolástica, que sólo demandaba memorización y bibliotecas. Nació así la universidad moderna, hiperespecializada, formadora de “recursos humanos” –término espantoso popularizado por la economía liberal— para surtir al aparato productivo de la maquinaria industrial y comercial.
Así fue durante más de cien años. Pero con el surgimiento de la nueva sociedad de la información y la comunicación a partir de la revolución cibernética de los años ochenta, el nuevo modelo postindustrial planteó nuevos requerimientos a la educación superior: ahora se trataba no solamente de formar los consabidos recursos, el capital humano, sino también de proveerlos con nuevas habilidades que les hicieran competentes en entornos crecientemente virtuales, basados más en la circulación de elementos simbólicos –como lo son las acciones de una empresa, los flujos de capitales virtuales, los mercados de futuros, etcétera— que se sostienen en un elemento intangible, que Francis Fukuyama identificó como “la confianza” –Trust— que hoy día sostiene y valida las transacciones que sólo existen en nuestro imaginario colectivo. Hoy día, el capital ya no se expresa en activos fijos, o en recursos monetarios, o en flujo de bienes, sino en intangibles con enorme valor agregado cultural: el conocimiento. Ante ello, y como nunca antes en la historia humana, las universidades son las nuevas fábricas de los bienes más valiosos del momento: los expertos poseedores del savoir-faire. El capital humano, base del desarrollo de la sociedad del conocimiento.
La competencia en que estamos involucrados los 12 aspirantes a conducir los cuatro nuevos campii de la Universidad de Guanajuato, así como su Colegio de Educación Media Superior, se inscribe en este nuevo entorno postindustrial, que ha obligado a replantear el papel de las instituciones de educación superior del mundo entero. Los cinco que salgan –o salgamos— airosos de un proceso de selección que sin duda es muy demandante, deberán ser conscientes de que no se hacen de la conducción de una fracción de una universidad desagregada, sino de cinco nuevos proyectos que encuentran la justificación de su existencia en la respuesta a los requerimientos de las sociedades regionales que deberán atender. Son cinco respuestas necesariamente diferenciadas que le otorgarán a la institución mayor la necesaria flexibilidad que demanda el dúctil entorno de la nueva sociedad del conocimiento. Se nos exigirá atender los requerimientos de formación de capital humano con altas especificaciones, y habrá que hacerlo; pero no de la manera mecánica y acrítica que le interesa al gran capital, sino con el espíritu humanista que ha caracterizado a la universidad occidental desde Bolonia, Salerno y París. Humanismo que podríamos identificar con el sentido crítico heredado de la dialéctica griega, el escepticismo cartesiano, el cientificismo galileano, etcétera. Las universidades no son factorías de repuestos humanos; son emporios del pensamiento, con toda la dimensión que ello implica. Somos, sin duda, el necesario depósito de la conciencia crítica de nuestra sociedad, pero con plena identificación con los requerimientos de una sociedad a la que nos debemos. Un compromiso sí, pero crítico y consciente.
La sociedad que surgió de la revolución industrial trastocó todo esto. De pronto las profesiones liberales y la especialización del conocimiento detonaron una oferta creciente de expertos con habilidades de creciente sofisticación. Surgieron así los médicos especialistas que desplazaron a los curanderos; los dentistas que sustituyeron a los barberos; los arquitectos que suplantaron al maistro de obra constructor de catedrales; los ingenieros en un sinfín de tecnologías emergentes; los sociólogos que desbancaron a los sofistas diletantes; los psicólogos que compitieron con los curas y sus confesionarios; los químicos que desplazaron a los alquimistas y su flogisto; en fin, una legión de nuevos profesionales que arrastraron a las universidades a nuevos derroteros de desarrollo, ya que la especialización requiere de instrumentales pedagógicos mucho más demandantes que los acostumbrados por la escolástica, que sólo demandaba memorización y bibliotecas. Nació así la universidad moderna, hiperespecializada, formadora de “recursos humanos” –término espantoso popularizado por la economía liberal— para surtir al aparato productivo de la maquinaria industrial y comercial.
Así fue durante más de cien años. Pero con el surgimiento de la nueva sociedad de la información y la comunicación a partir de la revolución cibernética de los años ochenta, el nuevo modelo postindustrial planteó nuevos requerimientos a la educación superior: ahora se trataba no solamente de formar los consabidos recursos, el capital humano, sino también de proveerlos con nuevas habilidades que les hicieran competentes en entornos crecientemente virtuales, basados más en la circulación de elementos simbólicos –como lo son las acciones de una empresa, los flujos de capitales virtuales, los mercados de futuros, etcétera— que se sostienen en un elemento intangible, que Francis Fukuyama identificó como “la confianza” –Trust— que hoy día sostiene y valida las transacciones que sólo existen en nuestro imaginario colectivo. Hoy día, el capital ya no se expresa en activos fijos, o en recursos monetarios, o en flujo de bienes, sino en intangibles con enorme valor agregado cultural: el conocimiento. Ante ello, y como nunca antes en la historia humana, las universidades son las nuevas fábricas de los bienes más valiosos del momento: los expertos poseedores del savoir-faire. El capital humano, base del desarrollo de la sociedad del conocimiento.
La competencia en que estamos involucrados los 12 aspirantes a conducir los cuatro nuevos campii de la Universidad de Guanajuato, así como su Colegio de Educación Media Superior, se inscribe en este nuevo entorno postindustrial, que ha obligado a replantear el papel de las instituciones de educación superior del mundo entero. Los cinco que salgan –o salgamos— airosos de un proceso de selección que sin duda es muy demandante, deberán ser conscientes de que no se hacen de la conducción de una fracción de una universidad desagregada, sino de cinco nuevos proyectos que encuentran la justificación de su existencia en la respuesta a los requerimientos de las sociedades regionales que deberán atender. Son cinco respuestas necesariamente diferenciadas que le otorgarán a la institución mayor la necesaria flexibilidad que demanda el dúctil entorno de la nueva sociedad del conocimiento. Se nos exigirá atender los requerimientos de formación de capital humano con altas especificaciones, y habrá que hacerlo; pero no de la manera mecánica y acrítica que le interesa al gran capital, sino con el espíritu humanista que ha caracterizado a la universidad occidental desde Bolonia, Salerno y París. Humanismo que podríamos identificar con el sentido crítico heredado de la dialéctica griega, el escepticismo cartesiano, el cientificismo galileano, etcétera. Las universidades no son factorías de repuestos humanos; son emporios del pensamiento, con toda la dimensión que ello implica. Somos, sin duda, el necesario depósito de la conciencia crítica de nuestra sociedad, pero con plena identificación con los requerimientos de una sociedad a la que nos debemos. Un compromiso sí, pero crítico y consciente.
viernes, 20 de junio de 2008
La competencia, I
Se ha iniciado en la Universidad de Guanajuato la primera fase del proceso de renovación de las autoridades unipersonales de la institución, con la selección de los titulares de las rectorías de los cuatro campii regionales y del director del Colegio del Nivel Medio Superior, todos definidos en la nueva organización académico-administrativa. Los campii de León, Guanajuato, Irapuato-Salamanca y Celaya, cuentan cada uno con un hinterland de municipios aledaños que constituyen regiones de influencia que serán atendidas con mayor efectividad y pertinencia. En la convocatoria respectiva se explican los pasos y los tiempos que se darán para permitir a la Comisión Especial que conformó el Consejo Universitario, el analizar la documentación y los proyectos de desarrollo de cada candidato, otorgar los registros definitivos, proceder a una auscultación rápida –cinco días apenas‑ entre la comunidad que corresponda y eventualmente proponer comparecencias el 20 de agosto ante el pleno del Consejo, que procedería a definir quiénes pueden ser candidatos a ser propuestos ante la Junta Directiva , los once notables que tendrán la última palabra sobre los nominados.
Como saben muchos, me decidí a participar en este proceso de selección interna –que no elección‑ buscando la rectoría del Campus donde hoy me desempeño, el de Irapuato-Salamanca. Y lo hice porque estoy convencido de que somos muchos los profesores e investigadores de nuestra universidad que reunimos los requisitos mínimos que marca la nueva Ley Orgánica. De ninguna manera me considero especial ni mejor a mis colegas y compañeros. Somos casi 800 profesores de tiempo completo en la UG , y la mayoría de ellos tienen la antigüedad y la trayectoria destacada que demanda la normatividad. No dudo que entre ellos haya muchos con sobradas ideas y talentos que los calificarían para cumplir con una función rectoral y de conducción democrática de sus comunidades. Sin embargo todo apunta a que sólo va a solicitar su registro una docena de aspirantes para los cinco espacios en juego. Y para colmo sólo sabemos de dos colegas mujeres que participarán en la competencia. Ojalá que hoy viernes todavía alcancen a registrarse algunos otros(as) cófrades en el proceso, ya que entre más pretendientes seamos, más se amplía la gama de opciones y tanto el Consejo como la Junta tendrán, como en botica bien surtida, alternativas para una buena selección.
Participo porque me gusta contribuir activamente en los procesos internos de mi casa de trabajo. No tengo vocación de poder, creo que lo saben los que me conocen. Tampoco diré una mentira como la de afirmar que me disgusta la posibilidad de toma de decisiones sobre los asuntos que nos atañen a los académicos y a la comunidad universitaria. Yo, como otros muchos, tengo ideas para compartir y debatir sobre el futuro de la universidad pública de Guanajuato. Y si existe la posibilidad de hacerlo desde una posición desde donde se está obligado a convocar voluntades de forma democrática, pues qué mejor. Me apunto.
Somos dos los aspirantes registrados para el Campus Salamanca-Irapuato: este autor y mi querido amigo René Jaime Rivas, un destacado tecnólogo de la Facultad de Ingeniería Mecánica, Eléctrica y Electrónica, en Salamanca. En realidad ambos somos profesores de esa prestigiosa facultad, ya que yo imparto mis cursos actuales para los programas de licenciatura que esa unidad ha abierto en Yuriria, en lo que gustamos denominar como “Campus Sur”. Con René tengo una larga relación como colegas y amigos, con varias empresas institucionales comunes. Hemos charlado sobre el proceso y ambos coincidimos en que debe constituirse en ejemplo de civilidad y casta universitaria. Ambos hemos sido consejeros del Instituto Federal Electoral –y lo volveremos a ser en las elecciones del año próximo‑, y conocemos de primera mano el sabor amargo de las confrontaciones inter partidistas. Como consejero en Salamanca, a René le tocó lidiar en las elecciones pasadas con algunos avatares que llamaron la atención nacional, como el sonado caso de la casilla de Cerro Gordo. Tuvimos que mantener la cabeza fría ante las exigencias, en ocasiones absurdas, de los partidos. Creo que salimos airosos.
Aclaro sin embargo que sí se trata de una competencia franca, porque el juego es convencer a la Comisión Especial , al Consejo Universitario y –ojalá‑ a la Junta Directiva de las bondades de nuestros perfiles y proyectos, y evidentemente a ninguno nos gusta ser hecho a un lado. Estoy seguro de que René y yo sabremos dar ejemplo de cómo dialogar, e incluso debatir, con los elementos característicos de la ciencia: objetividad, respeto, actitud crítica y compromiso con la verdad. Mientras, un saludo a todos mis colegas aspirantes.
Como saben muchos, me decidí a participar en este proceso de selección interna –que no elección‑ buscando la rectoría del Campus donde hoy me desempeño, el de Irapuato-Salamanca. Y lo hice porque estoy convencido de que somos muchos los profesores e investigadores de nuestra universidad que reunimos los requisitos mínimos que marca la nueva Ley Orgánica. De ninguna manera me considero especial ni mejor a mis colegas y compañeros. Somos casi 800 profesores de tiempo completo en la UG , y la mayoría de ellos tienen la antigüedad y la trayectoria destacada que demanda la normatividad. No dudo que entre ellos haya muchos con sobradas ideas y talentos que los calificarían para cumplir con una función rectoral y de conducción democrática de sus comunidades. Sin embargo todo apunta a que sólo va a solicitar su registro una docena de aspirantes para los cinco espacios en juego. Y para colmo sólo sabemos de dos colegas mujeres que participarán en la competencia. Ojalá que hoy viernes todavía alcancen a registrarse algunos otros(as) cófrades en el proceso, ya que entre más pretendientes seamos, más se amplía la gama de opciones y tanto el Consejo como la Junta tendrán, como en botica bien surtida, alternativas para una buena selección.
Participo porque me gusta contribuir activamente en los procesos internos de mi casa de trabajo. No tengo vocación de poder, creo que lo saben los que me conocen. Tampoco diré una mentira como la de afirmar que me disgusta la posibilidad de toma de decisiones sobre los asuntos que nos atañen a los académicos y a la comunidad universitaria. Yo, como otros muchos, tengo ideas para compartir y debatir sobre el futuro de la universidad pública de Guanajuato. Y si existe la posibilidad de hacerlo desde una posición desde donde se está obligado a convocar voluntades de forma democrática, pues qué mejor. Me apunto.
Somos dos los aspirantes registrados para el Campus Salamanca-Irapuato: este autor y mi querido amigo René Jaime Rivas, un destacado tecnólogo de la Facultad de Ingeniería Mecánica, Eléctrica y Electrónica, en Salamanca. En realidad ambos somos profesores de esa prestigiosa facultad, ya que yo imparto mis cursos actuales para los programas de licenciatura que esa unidad ha abierto en Yuriria, en lo que gustamos denominar como “Campus Sur”. Con René tengo una larga relación como colegas y amigos, con varias empresas institucionales comunes. Hemos charlado sobre el proceso y ambos coincidimos en que debe constituirse en ejemplo de civilidad y casta universitaria. Ambos hemos sido consejeros del Instituto Federal Electoral –y lo volveremos a ser en las elecciones del año próximo‑, y conocemos de primera mano el sabor amargo de las confrontaciones inter partidistas. Como consejero en Salamanca, a René le tocó lidiar en las elecciones pasadas con algunos avatares que llamaron la atención nacional, como el sonado caso de la casilla de Cerro Gordo. Tuvimos que mantener la cabeza fría ante las exigencias, en ocasiones absurdas, de los partidos. Creo que salimos airosos.
Aclaro sin embargo que sí se trata de una competencia franca, porque el juego es convencer a la Comisión Especial , al Consejo Universitario y –ojalá‑ a la Junta Directiva de las bondades de nuestros perfiles y proyectos, y evidentemente a ninguno nos gusta ser hecho a un lado. Estoy seguro de que René y yo sabremos dar ejemplo de cómo dialogar, e incluso debatir, con los elementos característicos de la ciencia: objetividad, respeto, actitud crítica y compromiso con la verdad. Mientras, un saludo a todos mis colegas aspirantes.
viernes, 13 de junio de 2008
La UG y sus rectorías
El Consejo Universitario de la Universidad de Guanajuato –que pronto dejará de serlo y pasará a convertirse en “Consejo General Universitario” cuando culmine el proceso de renovación de autoridades unipersonales y se renueve la representación de estudiantes y profesores–, conformó en su sesión del 30 de mayo pasado una “comisión especial” avocada a la selección de candidatos a rectores de los cuatro Campus regionales y el director del Colegio del Nivel Medio Superior. En esa comisión participan tres consejeros directores, tres consejeros profesores y tres consejeros estudiantes. Es presidida por el Rector General, quien a su vez puede delegar esa conducción en la Secretaria General.
Ya se ha hecho costumbre que cada vez que la universidad estatal renueva sus autoridades rectorales, el proceso reciba un interés especial por parte de los medios de comunicación y muchos círculos de la comentocracia local. No podría ser de otra manera: la universidad es pública, y sus procesos internos también deben serlo. La transparencia, la rendición de cuentas y el acceso a la información son ya condiciones ineludibles para cualquier instancia que reciba financiamiento gubernamental. Eso es así al menos desde el 2003, cuando se emitió la ley estatal en la materia. Sólo existe el límite del respeto a la información personal, y las restricciones a la información que es considerada “confidencial”, según criterios fijados en la propia ley.
No puede ser diferente esta ocasión. Además se agrega la circunstancia de que es un proceso inédito, pues se trata de cinco procesos paralelos, no de uno solo, lo que plantea dificultades adicionales a las acostumbradas. Los registros de aspirantes se iniciaron en esta semana y continuarán en la siguiente. En estos diez días hábiles, con 80 horas laborales, se están recibiendo las propuestas y autopropuestas de parte de los académicos que se consideren calificados para aspirar a uno de esos cargos ejecutivos. Se pide ser profesor de carrera con al menos una licenciatura; con un mínimo de cinco años de experiencia y con los tres últimos desempeñados en esta universidad; haberse distinguido en sus actividades académicas y tener buena reputación; no ser candidato a puesto de elección, dirigente partidista ni ministro de culto ¿se acuerdan del debate sobre la ley romerista? , y presentar un proyecto de desarrollo institucional. La mayor parte de los 787 profesores de tiempo completo de la universidad reúnen los requisitos. ¿Veremos un alud de solicitudes? Es dudoso.
Este tipo de responsabilidades requieren de habilidades que van más allá de los requerimientos formales estipulados por la ley. Es ahí donde entrará el buen criterio de los miembros de la comisión especial, quienes, luego de una serie de entrevistas, deberán depurar la primera lista para presentar un dictamen ante el Consejo el 8 de agosto sobre aquellos candidatos que reúnen las condiciones para serlo.
El Consejo aprobará o modificará el dictamen. A partir de entonces los aspirantes cobrarán carácter de candidatos oficiales, e iniciarán las consabidas “pasarelas” ante las comunidades particulares de cada Campus o entre las escuelas preparatorias de la universidad, según cada caso. Esta promoción deberá enmarcarse en valores “caballerescos” y de buena educación, así como de sentido común: libertad, honorabilidad, legalidad, certeza, imparcialidad, equidad, objetividad y respeto. Prácticamente los mismos que enarbolan nuestros zarandeados institutos electorales. Cinco agitados días, del 11 al 15 de agosto, dedicarán los candidatos a difundir su propuesta y convencer sobre su perfil e idoneidad. Estudiantes, profesores y trabajadores de apoyo los cuestionarán sobre los particulares intereses que inquietan a cada conjunto ¿“campirano” se dice? del Campus del que se trate. Los preparatorianos harán lo mismo.
Se desplegará así la “auscultación” –palabreja horrenda que sustituye a los conceptos llanos de “consulta” o “exploración” de la comunidad por parte de la comisión especial. Como siempre, el problema será el procesamiento y decantación de la información así recolectada. Pero hoy es un reto nuevo, que nunca habían enfrentado las previas comisiones especiales formadas para el mismo propósito: no se trata ahora de una sola “auscultación”, sino de cinco, y todas separadas geográficamente. ¿Cómo le harán los pobres miembros de la comisión? Deberán ser ubicuos y despabilados.
La comisión de marras rendirá su dictamen final al Consejo el 20 de agosto. Ahí defenderán su proyecto los candidatos decantados en el proceso, y sólo entonces ese órgano colegiado definirá las propuestas definitivas para presentar a la Junta Directiva. Esos once notables, de los que ocho son miembros de la comunidad universitaria y tres restantes son externos, son los responsables de la designación de los titulares de las rectorías y del director del Colegio de las preparatorias. ¿Cuántas propuestas llegaran a sus manos? Yo hago votos porque al menos sean dos por cada cargo a designar, pues en caso contrario se continuaría conculcando en los hechos una facultad explícita de ese órgano de gobierno. Pero no hay que adelantar vísperas. Más bien le quiero apostar a que los universitarios demos muestras de nuestra madurez creciente, y de que merecemos la autonomía y el autogobierno que tantos esfuerzos nos costó obtener. Por lo pronto, por ahí nos vemos…
Ya se ha hecho costumbre que cada vez que la universidad estatal renueva sus autoridades rectorales, el proceso reciba un interés especial por parte de los medios de comunicación y muchos círculos de la comentocracia local. No podría ser de otra manera: la universidad es pública, y sus procesos internos también deben serlo. La transparencia, la rendición de cuentas y el acceso a la información son ya condiciones ineludibles para cualquier instancia que reciba financiamiento gubernamental. Eso es así al menos desde el 2003, cuando se emitió la ley estatal en la materia. Sólo existe el límite del respeto a la información personal, y las restricciones a la información que es considerada “confidencial”, según criterios fijados en la propia ley.
No puede ser diferente esta ocasión. Además se agrega la circunstancia de que es un proceso inédito, pues se trata de cinco procesos paralelos, no de uno solo, lo que plantea dificultades adicionales a las acostumbradas. Los registros de aspirantes se iniciaron en esta semana y continuarán en la siguiente. En estos diez días hábiles, con 80 horas laborales, se están recibiendo las propuestas y autopropuestas de parte de los académicos que se consideren calificados para aspirar a uno de esos cargos ejecutivos. Se pide ser profesor de carrera con al menos una licenciatura; con un mínimo de cinco años de experiencia y con los tres últimos desempeñados en esta universidad; haberse distinguido en sus actividades académicas y tener buena reputación; no ser candidato a puesto de elección, dirigente partidista ni ministro de culto ¿se acuerdan del debate sobre la ley romerista? , y presentar un proyecto de desarrollo institucional. La mayor parte de los 787 profesores de tiempo completo de la universidad reúnen los requisitos. ¿Veremos un alud de solicitudes? Es dudoso.
Este tipo de responsabilidades requieren de habilidades que van más allá de los requerimientos formales estipulados por la ley. Es ahí donde entrará el buen criterio de los miembros de la comisión especial, quienes, luego de una serie de entrevistas, deberán depurar la primera lista para presentar un dictamen ante el Consejo el 8 de agosto sobre aquellos candidatos que reúnen las condiciones para serlo.
El Consejo aprobará o modificará el dictamen. A partir de entonces los aspirantes cobrarán carácter de candidatos oficiales, e iniciarán las consabidas “pasarelas” ante las comunidades particulares de cada Campus o entre las escuelas preparatorias de la universidad, según cada caso. Esta promoción deberá enmarcarse en valores “caballerescos” y de buena educación, así como de sentido común: libertad, honorabilidad, legalidad, certeza, imparcialidad, equidad, objetividad y respeto. Prácticamente los mismos que enarbolan nuestros zarandeados institutos electorales. Cinco agitados días, del 11 al 15 de agosto, dedicarán los candidatos a difundir su propuesta y convencer sobre su perfil e idoneidad. Estudiantes, profesores y trabajadores de apoyo los cuestionarán sobre los particulares intereses que inquietan a cada conjunto ¿“campirano” se dice? del Campus del que se trate. Los preparatorianos harán lo mismo.
Se desplegará así la “auscultación” –palabreja horrenda que sustituye a los conceptos llanos de “consulta” o “exploración” de la comunidad por parte de la comisión especial. Como siempre, el problema será el procesamiento y decantación de la información así recolectada. Pero hoy es un reto nuevo, que nunca habían enfrentado las previas comisiones especiales formadas para el mismo propósito: no se trata ahora de una sola “auscultación”, sino de cinco, y todas separadas geográficamente. ¿Cómo le harán los pobres miembros de la comisión? Deberán ser ubicuos y despabilados.
La comisión de marras rendirá su dictamen final al Consejo el 20 de agosto. Ahí defenderán su proyecto los candidatos decantados en el proceso, y sólo entonces ese órgano colegiado definirá las propuestas definitivas para presentar a la Junta Directiva. Esos once notables, de los que ocho son miembros de la comunidad universitaria y tres restantes son externos, son los responsables de la designación de los titulares de las rectorías y del director del Colegio de las preparatorias. ¿Cuántas propuestas llegaran a sus manos? Yo hago votos porque al menos sean dos por cada cargo a designar, pues en caso contrario se continuaría conculcando en los hechos una facultad explícita de ese órgano de gobierno. Pero no hay que adelantar vísperas. Más bien le quiero apostar a que los universitarios demos muestras de nuestra madurez creciente, y de que merecemos la autonomía y el autogobierno que tantos esfuerzos nos costó obtener. Por lo pronto, por ahí nos vemos…
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