La semana pasada no pude contribuir con esta columna semanal porque debí participar durante cuatro intensos días en el XX Congreso Nacional de Estudios Electorales, que se desarrolló en Morelia. Los que conocen mis intereses y actividades, sabrán que cada año acudo a este encuentro académico, y lo he hecho desde 1994. En ese año me vinculé con el llamado Grupo Especializado en Estudios Electorales del Consejo Mexicano de Ciencias Sociales (Comecso), que entonces lideraba un joven profesor de la UAM-Iztapalapa: Leonardo Valdés Zurita, hoy consejero presidente del IFE. Ese grupo promovió lo que entonces se denominó VI Encuentro Nacional de Investigadores en Estudios Electorales, y se realizó en la hermosa Casa de la Primera Imprenta de América en la esquina de Primo Verdad y Moneda, en el centro de la ciudad de México. La UAM mantiene un centro cultural en ese hermoso rincón de la capital. Creo que acudimos unos 60 académicos de buena parte del país, aunque aún predominaban los defeños, y sobre todo los uamitas. Fue ahí donde me vinculé con Leonardo, Juan Reyes del Campillo, Javier Santiago, Ricardo Espinoza, Mario Alejandro Carrillo, Murilo Kushick, Ma. Eugenia Valdés y otros profes de la UAM, de donde yo mismo había egresado en 1982. Pero también participaban analistas provincianos como René Valdiviezo de la BUAP, Jaime Rivera de la UMSNH, Marina Garmendia de la UABCS, Efraín Poot de la UAY, Lilia Venegas del ITESM, Francisco Muro de la UAZ, Lourdes Pacheco de la UColima, Pablo Vargas de la UAEH, Ernesto H. Norzagaray de la UAS, y otros.
Era natural que una buena parte de los especialistas en los tópicos electorales fueran profesores de la UAM-I. El área de procesos políticos del Departamento de Sociología de esa universidad cultivaba desde pocos años antes una línea especifica de investigación electoral que produjo importantes resultados, tanto en la conformación pionera del Centro de Estadística y Documentación Electoral (CEDE), un espacio de acopio de fuentes primarias de información para la investigación; como la realización del Diplomado en Estudios Electorales, que hasta la fecha se sigue impartiendo en varias entidades de la república -en Guanajuato se dictó en dos ocasiones.
Tanto la UAM en sus unidades Iztapalapa y Xochimilco, como la UNAM en sus facultades de Ciencias Políticas y Sociales, la de Derecho, y el Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades, han sido los espacios que desde los años sesenta -la UNAM- como los ochenta -la UAM- dieron origen a los primeros estudios de carácter sociológico y científico de la dinámica electoral mexicana. Los “electorólogos” reconocemos a don Pablo González Casanova como el pionero de este campo; su simiente fue recogida por sociólogos, abogados, psicólogos sociales, antropólogos, historiadores e incluso por profesionales de las ciencias naturales. El grupo especializado de Comecso, que nació hace 22 años, fue el aglutinante de muchos de ellos, y pronto rebasaron a la matriz que les dio origen. En 1998 el Comecso quiso desaparecer al grupo, y los integrantes del mismo decidimos constituirnos en asociación civil. Para ello fuimos auxiliados por el entonces magistrado presidente del Tribunal Electoral de Michoacán, don Adolfo Mejía González, el joven abogado José Méndez Bravo y nuestro colega Jaime Rivera Velázquez, quien se constituyó en el primer presidente de la naciente Sociedad Mexicana de Estudios Electorales A.C. (SOMEE). Otros firmantes del acta constitutiva del 10 de julio de 1998 fuimos Juan Reyes del Campillo, Marina Garmendia, René Valdiviezo, Francisco Valerio, Javier Santiago Castillo, Ricardo Espinoza Toledo y yo mismo. Eso fue hace diez años, y por ello decidimos dedicar este vigésimo congreso a conmemorar en el mismo lugar donde nació la asociación, en la bella -y sufrida- ciudad de Morelia. Otra vez el tribunal estatal nos ayudó, pero ahora contamos con importantes apoyos del IFE -gracias a Leonardo-, el TRIFE -gracias a la magistrada Alanís-, el Instituto Electoral de Michoacán –gracias a su presidenta Ángeles Llanderal-, el Centro de Investigación para el Desarrollo del Estado de Michoacán -gracias a nuestro colega y exmiembro de la SOMEE Guillermo Vargas Uribe-, y por supuesto con el apoyo indispensable a la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo -gracias a los doctores Héctor Chávez y Héctor Pérez, del Centro de Investigaciones Jurídicas, quienes fueron los eficientes organizadores.
Se inscribieron ahora casi 250 ponentes, que presentaron 200 ponencias en once prolongadas mesas temáticas, que requirieron del uso de seis espacios simultáneos, casi todos ellos en el Centro Cultural Universitario. Por supuesto, destacó el tema de las reformas electorales federal y locales, que han provocado tanto debate en este año que termina. Leonardo Valdés nos brindó una amena y poblada conferencia magistral en el Congreso del Estado, y no pudo dejar de hacer referencia a sus vínculos con nuestra asociación. También nos acompañó nuestro querido amigo y también electorólogo Marco Antonio Cortés, hoy Rector General de la Universidad de Guadalajara. Y culminamos con una incisiva conferencia de José Antonio Crespo, colega y celebridad. Para concluir, vale la pena mencionar que los diputados locales michoacanos solicitaron consejo a la SOMEE para definir una reforma electoral local de avanzada. Ojalá esa fuera la actitud de otros congresos locales.
Artículos de coyuntura publicados por Luis Miguel Rionda Ramírez en medios impresos o electrónicos mexicanos.
Antropólogo social. Profesor titular de la Universidad de Guanajuato y de posgrado en la Universidad DeLaSalle Bajío, México. Exconsejero electoral en el INE y el IEEG.
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viernes, 21 de noviembre de 2008
viernes, 7 de noviembre de 2008
Bajas de guerra
Los lamentables fallecimientos del joven secretario de gobernación, Juan Camilo Mouriño; el recién estrenado secretario Técnico de la Comisión de la Reforma Penal, José Luis Santiago Vasconcelos, y los otros funcionarios y trabajadores de la Secretaría de Gobernación, ha significado un shock que será difícil de asimilar para la sociedad mexicana. Cuando oí la noticia de la voz de mi esposa, me encontraba concentrado en la elaboración de un informe urgente. No dí crédito: me sentí pasmado y opté por abandonar el informe. Encendí la radio y para mi asombro se confirmó lo que en un primer momento creí que era un posible rumor. Estoy seguro de que esa misma sensación fue la que experimentamos muchos de los mexicanos que nos manteníamos informados sobre las urgencias que atendía esa secretaría, sobre todo en materia de seguridad, pues se acercaba el plazo perentorio marcado por el gobierno federal para reportar avances sustantivos en el combate a la delincuencia organizada.
Por supuesto que todos pensamos de inmediato en que se trataba de un evidente ataque de los criminales que han mantenido en jaque al Estado mexicano desde hace casi dos años. Me imaginé que los embates de Morelia y este “atentado” estaban relacionados. También quise ver algún vínculo entre este suceso y la muerte del exsecretario de Seguridad Pública, Ramón Martín Huerta, sacrificado en circunstancias que se parecen en demasía a las que ahora vemos. Ni modo: los mexicanos somos asiduos creyentes en las conspiraciones. Pero no se nos puede culpar porque un ligero vistazo a la historia nacional nos exhibe múltiples ejemplos de “accidentes” que resultaron demasiado convenientes para algún actor político o social interesado. Como somos herederos de una larga travesía de impunidades y sucesos nunca clarificados a cabalidad, no es inexplicable que nos prestemos a las teorías más arcanas sobre maquinaciones y confabulaciones que se esconden detrás de los sucesos de alto impacto.
Conforme se han dado a conocer más detalles, parecería afianzarse la hipótesis del accidente. Sin embargo, el propio presidente Calderón en su mensaje del martes fue en extremo cuidadoso en la selección de los términos con los que se refirió al suceso: “desgracia”, “percance” y otros que transparentaron su voluntad de no eliminar ninguna alternativa, incluida la del atentado. Fue el secretario Luis Téllez el primero en referirse al hecho como un “accidente”, apenas un día después del mismo.
Al escuchar la grabación que compartió el secretario de Comunicaciones con el público nacional, llama mucho la atención que los pilotos no reportaran emergencia alguna. Me parece que ese es un primer indicio de que el evento tuvo un desenlace abrupto, instantáneo y posiblemente provocado. No es creíble que un avión moderno, con 10 años de uso, se venga abajo así nomás. No había mal tiempo, ni vientos, ni obstáculos a la visibilidad. Se nos ha informado que el avión se encontraba dando el último viraje para atacar una pista del aeropuerto de la ciudad de México, y que estaba cumpliendo estrictamente las instrucciones del personal controlador de vuelos. ¿Entonces qué pasó?
Mi temor es que pronto se aduzca la explicación más facilona en estos casos: “fue un error humano”, nos dirán. Es decir, que el piloto se confundió, se norteó, se ofuscó, o tal vez estornudó sobre los controles y desquició el sistema electrónico. Con la tecnología que cargan esos jets modernos, dudo mucho que el elemento humano sea causa fundamental de estos “accidentes”. O bien dirán que fue un error en el mantenimiento, que un mecánico olvidó apretar la tuerca fundamental del sistema de viraje de las alas, y a lo mejor por eso “se reventó el chicote” que las controla. No me estoy pitorreando: lo digo en serio. Tengo la sospecha de que se nos dará una explicación absurda, pues de lo que se trata es de atajar los rumores y preservar la imagen de los altos funcionarios como intocables para el crimen organizado.
Al mismo tiempo, a diario conocemos de la acumulación de asesinatos de servidores públicos de menor nivel relacionados con la seguridad pública: directores, comandantes, agentes, que son masacrados por pistoleros armados hasta con lanzagranadas. Ellos reciben una muerte menos glamorosa, pero igual de deplorable e injusta. Es posible que las muertes de aquéllos funcionarios no se sumen a la enorme lista de bajas en esta guerra, pero no puedo dejar de pensar que ellos también fueron sacrificados en batalla.
Por supuesto que todos pensamos de inmediato en que se trataba de un evidente ataque de los criminales que han mantenido en jaque al Estado mexicano desde hace casi dos años. Me imaginé que los embates de Morelia y este “atentado” estaban relacionados. También quise ver algún vínculo entre este suceso y la muerte del exsecretario de Seguridad Pública, Ramón Martín Huerta, sacrificado en circunstancias que se parecen en demasía a las que ahora vemos. Ni modo: los mexicanos somos asiduos creyentes en las conspiraciones. Pero no se nos puede culpar porque un ligero vistazo a la historia nacional nos exhibe múltiples ejemplos de “accidentes” que resultaron demasiado convenientes para algún actor político o social interesado. Como somos herederos de una larga travesía de impunidades y sucesos nunca clarificados a cabalidad, no es inexplicable que nos prestemos a las teorías más arcanas sobre maquinaciones y confabulaciones que se esconden detrás de los sucesos de alto impacto.
Conforme se han dado a conocer más detalles, parecería afianzarse la hipótesis del accidente. Sin embargo, el propio presidente Calderón en su mensaje del martes fue en extremo cuidadoso en la selección de los términos con los que se refirió al suceso: “desgracia”, “percance” y otros que transparentaron su voluntad de no eliminar ninguna alternativa, incluida la del atentado. Fue el secretario Luis Téllez el primero en referirse al hecho como un “accidente”, apenas un día después del mismo.
Al escuchar la grabación que compartió el secretario de Comunicaciones con el público nacional, llama mucho la atención que los pilotos no reportaran emergencia alguna. Me parece que ese es un primer indicio de que el evento tuvo un desenlace abrupto, instantáneo y posiblemente provocado. No es creíble que un avión moderno, con 10 años de uso, se venga abajo así nomás. No había mal tiempo, ni vientos, ni obstáculos a la visibilidad. Se nos ha informado que el avión se encontraba dando el último viraje para atacar una pista del aeropuerto de la ciudad de México, y que estaba cumpliendo estrictamente las instrucciones del personal controlador de vuelos. ¿Entonces qué pasó?
Mi temor es que pronto se aduzca la explicación más facilona en estos casos: “fue un error humano”, nos dirán. Es decir, que el piloto se confundió, se norteó, se ofuscó, o tal vez estornudó sobre los controles y desquició el sistema electrónico. Con la tecnología que cargan esos jets modernos, dudo mucho que el elemento humano sea causa fundamental de estos “accidentes”. O bien dirán que fue un error en el mantenimiento, que un mecánico olvidó apretar la tuerca fundamental del sistema de viraje de las alas, y a lo mejor por eso “se reventó el chicote” que las controla. No me estoy pitorreando: lo digo en serio. Tengo la sospecha de que se nos dará una explicación absurda, pues de lo que se trata es de atajar los rumores y preservar la imagen de los altos funcionarios como intocables para el crimen organizado.
Al mismo tiempo, a diario conocemos de la acumulación de asesinatos de servidores públicos de menor nivel relacionados con la seguridad pública: directores, comandantes, agentes, que son masacrados por pistoleros armados hasta con lanzagranadas. Ellos reciben una muerte menos glamorosa, pero igual de deplorable e injusta. Es posible que las muertes de aquéllos funcionarios no se sumen a la enorme lista de bajas en esta guerra, pero no puedo dejar de pensar que ellos también fueron sacrificados en batalla.
viernes, 31 de octubre de 2008
Un IFE remozado
Con la instalación formal del Consejo General del IFE el pasado día 3, se marcó el inicio el proceso electoral federal 2008-2009. Ese órgano de gobierno ha iniciado sus actividades renovado -muchos dirían “zarandeado”-, con el ingreso de cinco nuevos consejeros generales y un nuevo consejero presidente, el paisano Leonardo Valdés Zurita. De la anterior generación, sólo sobrevivieron Virgilio Andrade, Marco Antonio Gómez y Arturo Sánchez. Los nuevos son Benito Nacif, Marco Antonio Baños, Macarita Elizondo, Francisco Javier Guerrero y Alfredo Figueroa. Ellos exhiben perfiles al menos tan variopintos como sus antecesores, aunque con una constante: sólo unos pocos tienen experiencia en la materia.
La reforma electoral de 2007 fue trascendente por haberle ampliado sus facultades al IFE, por eliminar el enorme gasto en publicidad por medios electrónicos masivos, y por haberle otorgado la administración de los tiempos oficiales del Estado en esos medios durante el periodo electoral: 48 minutos diarios de cada canal o estación radiofónica, dos minutos por cada hora si transmiten todo el día. En precampañas la mitad de ese tiempo corresponde a los partidos políticos; en campaña es el 85%. El resto es del IFE, de los institutos estatales y tribunales electorales. En Guanajuato, por ejemplo, que tenemos elecciones concurrentes, de los 41 minutos que tienen derecho los partidos en campaña, 15 pueden referirse a los procesos locales y serán tramitados por el IEEG ante el IFE.
El anterior dato no es menor: en 2006 los partidos políticos gastaron dos mil millones de pesos en contratar publicidad en radio y televisión, equivalente al 47.6% del total de su financiamiento público. En esta ocasión, el IFE debió invertir alrededor de 600 millones de pesos en adquisición de equipo técnico para el monitoreo de los medios, que es otra de las obligaciones nuevas. Lo bueno es que es un gasto en activos fijos, que ya no volverá a hacerse en los próximos procesos. Se evita así un gasto irracional en propaganda vacua y sin sentido. Ojalá que esto sirva para reforzar nuevas estrategias de convencimiento, que busquen informar y formar criterio, más que condicionar conductas por medio de pautas musicales o visuales.
En Guanajuato iniciamos actividades a partir de la instalación del consejo local del IFE el día de ayer. Lo hacemos estrenando consejero presidente, ya que hace un mes se concretó el cambio de vocal ejecutivo, que algunos considerábamos necesario. Llegó como nuevo delegado el maestro Jaime Juárez Jasso, quien ya se había desempeñado como vocal de organización en los distritos de Pénjamo y San Francisco del Rincón. Aunque mexiquense, tiene raíces en esta tierra por su familia política, pues se casó con una francorrinconense. Es una buena cosa que conozca el terreno y las gentes, pues ya van dos delegados que llegan desconociendo los usos y costumbres de los melifluos guanajuatenses, y luego hacen papelones. JJJ es bien conocido por los vocales distritales y locales, y parece que comienza con el pie derecho. Sin duda, hubo alguna decisión del actual consejero presidente, que conocía la circunstancia por la que atravesaba la delegación, y buscó mejorar el ambiente organizacional del instituto en esta junta local. Qué bueno.
Los seis consejeros que actuamos hace tres años continuamos con la estafeta: Carmen Castro Mata, Guadalupe Rangel Armenta, Beatriz Solomon García, Armando Cabria Pérez, Arturo Lara Martínez y yo. De igual manera repiten los consejeros distritales, aunque se han dado algunas bajas entre ellos. Debo señalar que este será nuestro último proceso como consejeros.
Con 14 distritos y 3.2 millones de electores, Guanajuato es una de las entidades más complejas para la organización electoral en el país. El proceso que culminará el 5 de julio próximo será menos arduo que el de 2006, pues sólo se elegirán diputados federales -los ayuntamientos y los diputados locales se renovarán con el proceso estatal-, pero tenemos una legislación más compleja, con nuevas atribuciones y con el deseo de los contrincantes de hacerse de la mayoría parlamentaria, en espacial los azules y los tricolores. No será raro que volvamos a experimentar momentos de exaltación y violencia verbal, pues hay mucho en juego, particularmente el futuro de las iniciativas necesarias para la segunda parte del régimen del presidente de la República, cuando usualmente se generan las reformas más trascendentes. Habrá que cuidar que el vapuleado prestigio del IFE -azotado por los propios actores interesados- se redima y presente ante los ciudadanos un proceso más transparente y eficaz que nunca.
La reforma electoral de 2007 fue trascendente por haberle ampliado sus facultades al IFE, por eliminar el enorme gasto en publicidad por medios electrónicos masivos, y por haberle otorgado la administración de los tiempos oficiales del Estado en esos medios durante el periodo electoral: 48 minutos diarios de cada canal o estación radiofónica, dos minutos por cada hora si transmiten todo el día. En precampañas la mitad de ese tiempo corresponde a los partidos políticos; en campaña es el 85%. El resto es del IFE, de los institutos estatales y tribunales electorales. En Guanajuato, por ejemplo, que tenemos elecciones concurrentes, de los 41 minutos que tienen derecho los partidos en campaña, 15 pueden referirse a los procesos locales y serán tramitados por el IEEG ante el IFE.
El anterior dato no es menor: en 2006 los partidos políticos gastaron dos mil millones de pesos en contratar publicidad en radio y televisión, equivalente al 47.6% del total de su financiamiento público. En esta ocasión, el IFE debió invertir alrededor de 600 millones de pesos en adquisición de equipo técnico para el monitoreo de los medios, que es otra de las obligaciones nuevas. Lo bueno es que es un gasto en activos fijos, que ya no volverá a hacerse en los próximos procesos. Se evita así un gasto irracional en propaganda vacua y sin sentido. Ojalá que esto sirva para reforzar nuevas estrategias de convencimiento, que busquen informar y formar criterio, más que condicionar conductas por medio de pautas musicales o visuales.
En Guanajuato iniciamos actividades a partir de la instalación del consejo local del IFE el día de ayer. Lo hacemos estrenando consejero presidente, ya que hace un mes se concretó el cambio de vocal ejecutivo, que algunos considerábamos necesario. Llegó como nuevo delegado el maestro Jaime Juárez Jasso, quien ya se había desempeñado como vocal de organización en los distritos de Pénjamo y San Francisco del Rincón. Aunque mexiquense, tiene raíces en esta tierra por su familia política, pues se casó con una francorrinconense. Es una buena cosa que conozca el terreno y las gentes, pues ya van dos delegados que llegan desconociendo los usos y costumbres de los melifluos guanajuatenses, y luego hacen papelones. JJJ es bien conocido por los vocales distritales y locales, y parece que comienza con el pie derecho. Sin duda, hubo alguna decisión del actual consejero presidente, que conocía la circunstancia por la que atravesaba la delegación, y buscó mejorar el ambiente organizacional del instituto en esta junta local. Qué bueno.
Los seis consejeros que actuamos hace tres años continuamos con la estafeta: Carmen Castro Mata, Guadalupe Rangel Armenta, Beatriz Solomon García, Armando Cabria Pérez, Arturo Lara Martínez y yo. De igual manera repiten los consejeros distritales, aunque se han dado algunas bajas entre ellos. Debo señalar que este será nuestro último proceso como consejeros.
Con 14 distritos y 3.2 millones de electores, Guanajuato es una de las entidades más complejas para la organización electoral en el país. El proceso que culminará el 5 de julio próximo será menos arduo que el de 2006, pues sólo se elegirán diputados federales -los ayuntamientos y los diputados locales se renovarán con el proceso estatal-, pero tenemos una legislación más compleja, con nuevas atribuciones y con el deseo de los contrincantes de hacerse de la mayoría parlamentaria, en espacial los azules y los tricolores. No será raro que volvamos a experimentar momentos de exaltación y violencia verbal, pues hay mucho en juego, particularmente el futuro de las iniciativas necesarias para la segunda parte del régimen del presidente de la República, cuando usualmente se generan las reformas más trascendentes. Habrá que cuidar que el vapuleado prestigio del IFE -azotado por los propios actores interesados- se redima y presente ante los ciudadanos un proceso más transparente y eficaz que nunca.
viernes, 17 de octubre de 2008
La UG y los estertores del cambio
La “colmena” está alborotada. Las convocatorias, casi simultáneas, para elegir a los directores de división y los de departamento de los cuatro campii de la Universidad de Guanajuato, están causando reacciones encontradas tanto de entusiasmo -sobre todo entre los que han apuntado en el proceso como de desazón y duda, en particular entre el personal de apoyo. La vieja institución se agita en una especie de estertor provocado por la reforma institucional, ajustada a los tiempos acelerados y perentorios que se fijaron en la ruta crítica de la nueva ley orgánica. Como todo movimiento, estas agitaciones tienen puntos benéficos y otros perjudiciales; entre los primeros podemos señalar la sacudida de viejos usos y esquemas de trabajo que condujeron a la centralización y la ineficacia corporativa. También señalaría la renovación generacional que es esperable de esta transformación. Los procesos de selección y concurso se han descentralizado y hay más actores involucrados que los que eran posibles en el viejo modelo de escuelas, facultades e institutos. Los liderazgos académicos naturales deberán aquilatarse y aprovecharse si se quiere transitar por la vía de la actualización funcional, y tengo esperanza de que en la ponderación pese más el proyecto que plantee cada candidato, que la “experiencia” del mismo, pues con frecuencia se confunde antigüedad con sapiencia.
Entre lo negativo señalaría que, como en todo proceso de competencia, siempre salen a relucir las mezquindades humanas en forma de descalificaciones gratuitas -como las que se escuchan en los pasillos y nunca de forma abierta-, los prejuicios sociales -de género, de edad, de nacionalidad, de ideología-, el interés egoísta de preservar espacios de poder, y la llana envidia personal. Esos factores inducen mucho “ruido” en estas renovaciones, y el verdadero riesgo es que los tomadores de decisiones les presten oídos. Todo psicólogo de las organizaciones sabe de estos fenómenos, que pesan tanto en las corporaciones sometidas al cambio.
Me preocupa que se haya decidido traslapar los procesos de selección divisionales y departamentales, pues ambos se pueden contaminar mutuamente o bien generar situaciones futuras de incompatibilidad entre autoridades unipersonales. En toda organización existen discordias personales. Bien puede suceder que un director de división tenga que trabajar con uno o varios directores de departamento que no comparten su visión y proyecto. Por ello opino que los divisionales, cuando están definidos, deben poder opinar sobre la elección de sus subalternos departamentales, pues de otra forma se prohijarían conflictos futuros. Otro efecto del mecanismo seleccionado es que los candidatos que se registraron para buscar conducir las divisiones, están imposibilitados, por el traslape de los tiempos, para optar por una dirección de departamento. Algunos de los que hoy son directores de unidad quedarán fuera del juego por esta razón. Afortunadamente el dispositivo actual es temporal, pues la ley orgánica prevé que sean los consejos divisionales -que aún no existen- los que propongan al rector de campus los candidatos a directores de departamento, propiciando así la intervención de los representantes de los docentes y los estudiantes de la división, así como el director de la misma.
Sesenta y tres autoridades unipersonales deben ser seleccionadas, antes de poder dar inicio a la integración de las autoridades colegiadas: los consejos de división, de campus y el general universitario, en los que intervendrán representantes electos por los profesores y los estudiantes, y en el caso del último consejo, un representante del personal administrativo. Con ello la reforma institucional culminaría, y podríamos así avanzar en la necesaria reforma académica orientada a responder mejor a los requerimientos educativos de las regiones y sectores sociales. El año próximo yo esperaría que estuviésemos discutiendo, al interior de cada campus regional, sobre mejores modelos de enseñanza, nuevas estrategias y temáticas de investigación, renovadas modalidades de extensionismo social y cultural, y sobre nuevos programas de licenciatura y posgrado que respondan mejor a las exigencias de un entorno postindustrial.
La universidad pública estatal se está expandiendo numérica y geográficamente. Hasta el momento ha logrado mantener la calidad certificada de la gran mayoría de sus actuales programas. Hace poco pude consultar el ranking de las cien mejores universidades mexicanas que publicó Camila Villegas en la revista Selecciones hace pocos meses (www.selecciones.com.mx/content/openContent.do?contentId=21665), donde se ubicó a la UG en el lugar 28, detrás de instituciones tan prestigiosas como la UNAM, el ITESM, el IPN, la UIA, la UAM, la UAG, el ITAM, la UANL, la UDLA, la lasallista, la UVM, la UdeG y otras pocas. Entre las universidades públicas estatales ocupó el lugar 11. Sin embargo hay otras mediciones, como las de la SEP, que la ubican entre las cinco mejores estatales del país. Estas evaluaciones se pueden mejorar con la acentuación de las medidas que se han aplicado desde que se obtuvo la autonomía en 1994: mejora en la planta profesoral, modernización de la infraestructura, evaluación externa permanente, estímulos a la productividad, incentivos a la competitividad, planeación de largo plazo, atención a la pertinencia social, internacionalización creciente, incremento de becas estudiantiles, fomento de la investigación vinculada a la docencia, y un dinámico programa de extensión artístico-cultural complementado con el extensionismo social y productivo. Rubros que habrá que recuperar en el Plan de Desarrollo Institucional 2011-2020.
Entre lo negativo señalaría que, como en todo proceso de competencia, siempre salen a relucir las mezquindades humanas en forma de descalificaciones gratuitas -como las que se escuchan en los pasillos y nunca de forma abierta-, los prejuicios sociales -de género, de edad, de nacionalidad, de ideología-, el interés egoísta de preservar espacios de poder, y la llana envidia personal. Esos factores inducen mucho “ruido” en estas renovaciones, y el verdadero riesgo es que los tomadores de decisiones les presten oídos. Todo psicólogo de las organizaciones sabe de estos fenómenos, que pesan tanto en las corporaciones sometidas al cambio.
Me preocupa que se haya decidido traslapar los procesos de selección divisionales y departamentales, pues ambos se pueden contaminar mutuamente o bien generar situaciones futuras de incompatibilidad entre autoridades unipersonales. En toda organización existen discordias personales. Bien puede suceder que un director de división tenga que trabajar con uno o varios directores de departamento que no comparten su visión y proyecto. Por ello opino que los divisionales, cuando están definidos, deben poder opinar sobre la elección de sus subalternos departamentales, pues de otra forma se prohijarían conflictos futuros. Otro efecto del mecanismo seleccionado es que los candidatos que se registraron para buscar conducir las divisiones, están imposibilitados, por el traslape de los tiempos, para optar por una dirección de departamento. Algunos de los que hoy son directores de unidad quedarán fuera del juego por esta razón. Afortunadamente el dispositivo actual es temporal, pues la ley orgánica prevé que sean los consejos divisionales -que aún no existen- los que propongan al rector de campus los candidatos a directores de departamento, propiciando así la intervención de los representantes de los docentes y los estudiantes de la división, así como el director de la misma.
Sesenta y tres autoridades unipersonales deben ser seleccionadas, antes de poder dar inicio a la integración de las autoridades colegiadas: los consejos de división, de campus y el general universitario, en los que intervendrán representantes electos por los profesores y los estudiantes, y en el caso del último consejo, un representante del personal administrativo. Con ello la reforma institucional culminaría, y podríamos así avanzar en la necesaria reforma académica orientada a responder mejor a los requerimientos educativos de las regiones y sectores sociales. El año próximo yo esperaría que estuviésemos discutiendo, al interior de cada campus regional, sobre mejores modelos de enseñanza, nuevas estrategias y temáticas de investigación, renovadas modalidades de extensionismo social y cultural, y sobre nuevos programas de licenciatura y posgrado que respondan mejor a las exigencias de un entorno postindustrial.
La universidad pública estatal se está expandiendo numérica y geográficamente. Hasta el momento ha logrado mantener la calidad certificada de la gran mayoría de sus actuales programas. Hace poco pude consultar el ranking de las cien mejores universidades mexicanas que publicó Camila Villegas en la revista Selecciones hace pocos meses (www.selecciones.com.mx/content/openContent.do?contentId=21665), donde se ubicó a la UG en el lugar 28, detrás de instituciones tan prestigiosas como la UNAM, el ITESM, el IPN, la UIA, la UAM, la UAG, el ITAM, la UANL, la UDLA, la lasallista, la UVM, la UdeG y otras pocas. Entre las universidades públicas estatales ocupó el lugar 11. Sin embargo hay otras mediciones, como las de la SEP, que la ubican entre las cinco mejores estatales del país. Estas evaluaciones se pueden mejorar con la acentuación de las medidas que se han aplicado desde que se obtuvo la autonomía en 1994: mejora en la planta profesoral, modernización de la infraestructura, evaluación externa permanente, estímulos a la productividad, incentivos a la competitividad, planeación de largo plazo, atención a la pertinencia social, internacionalización creciente, incremento de becas estudiantiles, fomento de la investigación vinculada a la docencia, y un dinámico programa de extensión artístico-cultural complementado con el extensionismo social y productivo. Rubros que habrá que recuperar en el Plan de Desarrollo Institucional 2011-2020.
viernes, 10 de octubre de 2008
UVEG: Ciencias sociales virtuales

Fui invitado por un despacho consultor, Earned Value, a participar en un grupo de enfoque dedicado a “identificar las necesidades que la educación superior deberá satisfacer en los próximos años, en materia de competencias profesionales que los egresados de las áreas de Ciencias Sociales y Humanidades, y de Artes deberán poseer para desempeñarse con éxito”. Los resultados del estudio servirán para que la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato (UVEG) pueda definir sus estrategias de crecimiento y oferta en este campo del conocimiento. Una docena de estudiosos acudimos al centro universitario Vinculación con el Entorno (VEN) de la Universidad de Guanajuato, en Silao, para interactuar con el apoyo de la última tecnología para la toma de decisiones ejecutivas. Me pareció una experiencia muy interesante, pues es muy reconocible que una institución de enseñanza superior, antes de definir su oferta, pida el apoyo de expertos en esta área específica para planear su desarrollo futuro en la materia. Y es más importante por el hecho de que la UVEG se plantea como instancia incluyente de las porciones de la población que carecen de un acceso efectivo y práctico a la educación escolarizada.
Las ciencias sociales, las humanidades y las artes son ámbitos del conocimiento tradicionalmente considerados “marginales”, “subjetivos”, “adjetivos”, “teóricos”, “interpretativos” y, para colmo, prescindibles por intrascendentes. Prueba de ello es la escasez crónica de programas de educación superior referentes en Guanajuato. Si contrastamos la situación de nuestro estado en cuanto a formación de especialistas en estudios sociales, políticos, económicos y culturales, con la de vecinos como Jalisco, Michoacán, Querétaro, San Luis o Aguascalientes, podemos percibir fácilmente el enorme grado de rezago relativo. En esas entidades existen desde hace tiempo numerosos programas superiores y de posgrado que han permitido formar una masa crítica muy importante de académicos e investigadores que han acumulado un acervo destacado de conocimiento sobre las realidades de esas sociedades regionales. Con esa sapiencia, se facilita enormemente el diseño y la definición de estrategias de desarrollo social, así como de políticas públicas y privadas para garantizar la pertinencia de la acción de los gobiernos, las organizaciones de la sociedad civil, los partidos políticos e incluso de las empresas y el sector privado emprendedor.
Las ciencias sociales, las humanidades y las artes deben acompañar el desarrollo armónico de un pueblo. Sin ellas no se establece plenamente la conciencia de grupo, la identidad cultural y la solidaridad hacia los conjuntos vulnerables. La ignorancia siempre será mala consejera, y peor cuando acompaña la ejecución de acciones de gobierno o de intervención social, pues sin el conocimiento previo y objetivo de la situación prevaleciente, el ejecutante se arriesga al fracaso o a la intrascendencia de sus acciones. Ejemplos abundan, y no tengo espacio para detallar algunos que he testimoniado.
Mi casa de estudios, la Universidad de Guanajuato, tiene una larga tradición en el ámbito de las artes y las humanidades. Tradición por cierto en mucho debida al interés personal del gobernador José Aguilar y Maya, allá en los años cincuenta. Pero en las ciencias sociales apenas se cuenta con unos pocos programas recientes. Somos muy pocos todavía los profesores e investigadores realmente formados en este campo. Es por ello que debe ser muy bienvenida esta iniciativa de la UVEG, ya que contribuiría a acercar a la población interesada y demandante de conocimiento en estos campos, tan poco apreciados por el resto de las instituciones educativas de la entidad. Afortunadamente el cultivo del saber académico en materias sociales, culturales y artísticas no es demasiado oneroso: sólo demanda vocación, ganas de trabajar duro en el estudio, inquietudes intelectuales, habilidades para la comunicación oral y escrita, espíritu tan abierto a las diferencias como crítico hacia lo establecido. Las ciencias sociales son forjadoras de conciencia crítica, y por ende ayudan a fortalecer la propia materia de su estudio: los vínculos comunitarios.
La UVEG podrá cubrir un “nicho de mercado” -como dicen ahora los tecnócratas- que está poco atendido. Se abre un “área de oportunidad” -para seguir con la jerga yuppie- que puede ser una alternativa interesante para los jóvenes y no tan jóvenes que deseen hacerse de una formación intelectual que es muy demandante y plena de retos, pero también con grandes satisfacciones potenciales. Las ciencias sociales y la humanidades tienen aplicaciones prácticas en nuestra vida cotidiana de las que somos muy poco conscientes, ya que estamos acostumbrados a pensar sólo en función de las profesiones liberales –abogados, contadores, ingenieros, médicos, etcétera-, cuyos campos de trabajo están saturados. Nuestra comunidad requiere en cambio de expertos en el análisis prospectivo de problemáticas sociales que nos afectan profundamente el día de hoy: la violencia social y la delincuencia; la desintegración social y familiar; la crisis de valores éticos y culturales; los impactos de la modernización y la globalización; las causas y consecuencias de las migraciones internas e internacionales; la salud pública y las nuevas pandemias; los aprietos de la democracia liberal y la falta de legitimidad de los gobernantes; el impacto social sobre el medio ambiente natural; la gerontología y el abandono social de los viejos; los límites de la sociedad postindustrial, etcétera. Es mucha materia para el estudio, la reflexión y el diseño de estrategias, con fundamento en la metodología científico social y humanística. Pero somos muy pocos los formados profesionalmente en este campo. Con la UVEG, habrá mejores perspectivas al futuro, gracias a la virtualidad y las nuevas tecnologías de la información y la comunicación.
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