IFE: Resbalones dinerarios

Mientras los partidos políticos se debaten en las competencias internas por sus candidaturas a puestos de elección popular, las autoridades electorales, en particular el consejo general del Instituto Federal Electoral, parecen haber perdido la brújula y han incursionado inútilmente en berenjenales que distraen de los asuntos realmente esenciales. Primero tuvimos el asunto del desacato de las televisoras: el viernes 13 éstas fueron perdonadas en un acto de aparente abandono de la autoridad que debería caracterizar a un árbitro. Luego, a la semana siguiente, los cinco consejeros que habían perpetrado la indulgencia hacia los poderes fácticos de la comunicación, arredraron su actitud ante las reacciones generalizadas de reproche, y permitieron la unanimidad en la aplicación de multas millonarias a los responsables, ahora por la omisión de transmitir los promocionales del instituto y de los partidos. Reacción tardía, pero positiva al fin. Hay que reconocer el temple de los consejeros Alfredo Figueroa, Macarita Elizondo, Virgilio Andrade y Leonardo Valdés, quienes se arriesgaron a caer en la malquerencia de los aztecos y televisos.
Pero luego los consejeros generales vuelven a sorprender, y nos salen con la jácara de que su compromiso con la legalidad transita también por el cumplimiento del mandato constitucional relativo a sus salarios, ya que el artículo 41 los homologa con los abultados estipendios de los ministros de la Suprema Corte. Con ello se agitó nuevamente el avispero y la reacción los ha obligado a recular de nueva cuenta. Siete de los consejeros, tres de ellos con salida agendada para el año próximo, defendieron el acuerdo 092 que les permitiría incrementar sus ingresos en cerca de un 50%, de golpe y porrazo. Sólo dos, Alfredo Figueroa y Leonardo Valdés (¡bravo colegas!), se opusieron a la medida por inoportuna. Y vaya que lo es: en plena crisis económica, con proceso electoral en desarrollo y con un deterioro generalizado de los ingresos de los mexicanos. ¡Qué torpeza!
Nadie duda de que la medida sea legal. Lo que se señala es que no es ética ni pertinente, al menos por el momento. Y como muchas cosas en nuestro país, lo legal no siempre va acompañado de lo ético. Ya lo vivimos en el Consejo Local del IFE, cuando resolvimos confirmar el desechamiento de un recurso presentado por un partido en contra del reemplacamiento de los automóviles en nuestra entidad: el acto atacado era plenamente legal, pero no ético.
No comprendo aún cómo se desarrollan las negociaciones inter paris de los consejeros generales del IFE. Sus votaciones no permiten intuir las dinámicas de entre bastidores, sus debates previos y sus banderías personales. Al menos yo no puedo hacerlo. Quiero pensar que todos comparten un acendrado compromiso con la consolidación de las maneras democráticas en nuestro país, y que perciben esta encomienda ciudadana como su gran oportunidad personal para trascender en la historia y dejar huella de reconocimiento. Ocurrencias como la del miércoles dan al traste con esa esperanza, y dejan latentes serias dudas. Muchos recordamos que el último aggiornamento salarial se lo adjudicaron hace un año, y fue por un 20%; entonces causó revuelo, pero menos que hoy. No eran tiempos electorales. Por eso me pregunto ¿por qué no esperaron al término del proceso electoral? Si los comicios culminasen con éxito, pocos cuestionarían una actualización de los emolumentos, aunque no de esas proporciones.
Es bien sabido que el tabulador salarial del IFE se ha quedado atrás en comparación a otras esferas del gobierno federal, sobre todo en cuanto al personal del servicio profesional. También el funcionariado medio acusa un deterioro en sus percepciones. Es ahí donde se debería incidir con recursos adicionales, para garantizar un saludable ambiente institucional. Ojalá que los consejeros compartan la modesta medianía republicana del servidor público, que mandata la máxima juarista.

La democracia del dinero

El debate entre el IFE y las televisoras se ha ampliado ahora a las radiodifusoras. Comienzan a salir en la prensa las primeras evidencias –bueno, tal vez no las primeras, pero sí las más tempranas en este proceso electoral de que la reforma de 2007 pegó realmente en el blanco anunciado: eliminar el enorme gasto que se destinaba a mera propaganda vacua en los medios electrónicos, y que en los comicios de 2006 representó el 50% del total de recursos públicos que recibieron los partidos políticos. Algo así como dos mil millones de pesos. Un dineral. Recordemos que el municipio de León, uno de los más importantes del país, ejerce un gasto total anual de tres mil millones de pesos. No era posible seguir así.
Se dice que los concesionarios perderán cantidades millonarias, al verse excluidos del reparto de dineros públicos en propaganda electoral. Y que en cambio se inundará el espectro radioeléctrico con 26 millones de spots –promocionales- que saturarán a la audiencia por su cantidad y reiteración. El público terminará aborreciendo la publicidad del IFE y los partidos, dicen. Pero estas son mentiras interesadas. La verdad es que el dolor de los dueños de los medios proviene de la imposibilidad actual de recibir esos flujos generosos de dinero de los contribuyentes –es decir de nosotros: tú y yo- a cambio de saturar el cuadrante y el dial, ellos sí, como lo vimos en las elecciones de 2006, cuando se transmitieron millones de promocionales pagados por los partidos y por particulares. Cientos de miles de esos spots todavía no sabemos quién fue quien los pagó.
Hoy la ley electoral reformada excluye a los medios electrónicos de la posibilidad de vender tiempo aire para publicidad partidaria y de candidatos. Además prohíbe que los particulares puedan emitir mensajes a favor o en contra de partidos y candidatos. Se dice que esto es un ataque contra la libertad de expresión, pero bien sabemos que tal libertad en los medios masivos es ilusoria: sólo los que tienen dinero para pagarles a esos medios tiene real acceso a exponer urbi et orbi sus opiniones. Los mortales sin centavos sólo podemos emitir opiniones cara a cara, o en medios impresos como el que está leyendo el amable lector; eso sí: sin pagar ni ser pagado, y sin restricción alguna a manifestar opiniones a favor o en contra de cualquier opción. No hay cortapisas a la libertad de expresión, sólo se tumbó una rama más del árbol del poder político que da el dinero.
Los concesionarios mienten al decir que se saturará el horario de transmisiones. La ley de Radio y Televisión ya obliga a la cesión de tiempo aire a favor del Estado a cambio de no pagar los impuestos a los que estarían obligados los usuarios de un bien público, como lo es el espectro hertziano y radioeléctrico. Es decir, que ellos pagan en especie lo que el resto de los contribuyentes pagamos en efectivo. Lo único novedoso es que ahora la propaganda electoral en radio y TV se despliega en los tiempos oficiales, que siguen siendo los mismos que en tiempos no electorales.
La estrategia que han asumido las televisoras pone en evidencia su muina y disgusto por el nuevo trato que reciben de parte del Estado. Están obligados por ley a transmitir dos o tres minutos por hora de trasmisión, en horarios con audiencia efectiva, desde las 6 de la mañana hasta las 12 de la noche. Preocupaba la distribución, el pautado de los mensajes del IFE; por ello se llegó al acuerdo de que los concesionarios distribuyesen los dos o tres minutos de manera racional a lo largo de la hora. Pero esta muestra de buena fe del IFE fue abusada, y se pautaron los mensajes en paquetes de tres, cuatro y hasta seis minutos, recetados en los periodos de más audiencia, cuando podían molestar más al público. El futbol fue un buen destinatario, así como otros programas de gran rating. Y lograron su objetivo: una encuesta de María de las Heras mostró que un 56% de los entrevistados culpó al IFE de la molesta interrupción; sólo un 23% culpó a las televisoras. Y esta semana se alcanzó un difícil acuerdo, que desde ahora apuesto que será evadido por el duopolio Salinas-Azcárraga. Para ellos la democracia sólo importa cuando garantiza dividendos.

Sobre-regulación electoral

El 31 de enero pasado dieron inicio las precampañas federales. En nuestro afán de regularlo todo, nos hemos convertido en el único país que controla incluso los procesos de competencia interna de partidos y ciudadanos. Pronto habrá quien opine que es necesario legislar sobre las ante-pre-campañas, o que se regule sobre la difusión de cualquier mensaje que pueda ser interpretado como “electorero”, incluso los de opinión o informativos.
Menciono esto porque ese mismo día, en el consejo local del IFE en Guanajuato, debatimos sobre un recurso de revisión que interpuso el PRI ante esa autoridad, como reacción a un auto de desechamiento dictaminado por el consejo distrital 05 de León sur. El 13 de enero, ese partido presentó una denuncia en contra del PAN por hechos que consideró violatorios de la legislación electoral. Se trató de la instalación de lonas alusivas al Seguro Popular, donde el partido acusado asume el mérito por dicho programa social.
Los siete consejeros locales, con el apoyo de la infraestructura legal del instituto, analizamos los términos de la queja, y nos fue evidente que en los términos de la actual legislación, la propaganda política sí puede hacer referencia a pretendidos éxitos o bondades de los gobiernos emanados de los partidos. La junta local nos propuso un proyecto de dictamen que aprobamos en sesión de trabajo, y se hizo del conocimiento de los representantes partidarios. En la sesión extraordinaria el representante del PRI Salvador Ramírez, con el apoyo de los representantes del PRD y del PVEM, demandó a los consejeros una explicación de nuestras razones para la aprobación del dictamen negativo. Los cinco consejeros presentes expusimos nuestros motivos, y aquí deseo compartir algunos de los que yo expuse.
Expliqué que yo podía estar de acuerdo en lo personal con los razonamientos que fundamentan el recurso, pero que la ley –la Constitución y el COFIPE- no restringen la capacidad de los partidos para exponer los logros o bondades –reales o virtuales- de sus gobiernos o sus legisladores. No hay una violación evidente de los preceptos legales aludidos en el recurso. En cambio el COFIPE sí es explícito en el sentido de prohibir a los gobiernos de cualquier signo partidista hacer difusión de sus obras en periodo electoral (art. 347, COFIPE), o bien personalizar dicha difusión o apoyar de alguna forma a los partidos o a los candidatos (art. 134 CGR). En este sentido, creo que ha habido otras acciones que me parecen reprobables y rayando en la ilegalidad, como lo fue el uso de los colores del partido en el gobierno en las nuevas placas de los automóviles, o que las oficinas públicas se pinten con los mismos. Pero en este caso es el gobierno el que perpetra esta acción, y no el partido.
Se nos cuestionó si se dan debates entre los consejeros. Mencioné que en efecto los hay, y que se zanjan en las sesiones de trabajo, como de seguro sucederá ahora que comienza el trabajo de las comisiones, donde pueden participar los representantes partidarios. Cité un asunto que yo presenté a la consideración de mis compañeros: el de la campaña de difusión personalista que emprendió el presidente del PSD, en tiempos no electorales. No encontramos elementos legales que impidiesen esa campaña, y la cuestión quedó ahí. Sin embargo, he señalado que una de sus pintas, la ubicada en la carretera federal 45 a la altura del parque industrial Apolo, en Irapuato, se hizo sobre un talud que es parte del equipamiento carretero, lo que contraviene el artículo 236 inciso D del COFIPE: la propaganda “no podrá fijarse o pintarse en elementos del equipamiento urbano, carretero o ferroviario…” Algo habrá qué hacer.
En fin, que en mi opinión la hiperlegislación nos está llevando a severas confusiones acerca de lo que se puede o no hacer en lo referente a actos de campaña por parte de partidos y otros actores. Ya lo vemos ahora con las televisoras, que se aprovecharon de un acuerdo acerca de la distribución de los 2 ó 3 minutos de promocionales a lo largo de cada hora de difusión. Los concesionarios juntaron en bloques esos minutos y los presentaron en lo más álgido de los partidos de futbol, culpando al IFE. Mala onda.

Sobre el pensamiento unívoco

El pequeño-gran escándalo que se desató el fin de semana pasado, acerca de la aprobación de un nuevo Bando de Policía y Gobierno del municipio de Guanajuato, ha provocado debates y malos entendidos que parecen viciados de origen. Debo expresar públicamente mi opinión, pues como habitante de esta cañada me siento afectado directamente por los contenidos del reglamento y los altercados en torno suyo. Primero que nada, agradezco la deferencia de la doctora Teresita Rendón Huerta, digna síndica en este ayuntamiento y jurista notable, por el envío de un trío de interesantes documentos, incluida la ordenanza de marras. En un mensaje dirigido a un grupo de sus conocidos, no todos partidarios, la abogada municipalista explica con seriedad su posición y nos manifiesta su desconcierto ante la lluvia de improperios y desfiguros a que dio lugar una declaración desafortunada en torno a la nueva norma municipal: la falsa prohibición de los besos en los espacios públicos. Sin duda le asiste la razón en este aspecto: la materia nunca fue esa, y los medios nacionales hicieron su agosto en enero presentando a la administración panista de la capital como un conjunto de obtusos conservadores, ejemplos de las buenas conciencias retrógradas del Bajío provinciano.
Concedo que el efímero reglamento no contemplaba en ninguna parte el asunto esencial del escándalo: lo de prohibir los besos. Es evidente que hubo un manejo político e interesado por parte de los medios de comunicación, que indujeron la batahola sin más sustento que el dicho de un regidor de oposición. En ese sentido es necesario reconocer que se exageró hasta un extremo risible un argumento sin sustento. Pero lástima de defensa chabacana que emprendió el edil Romero, que nunca abandonó su tono “buenaondista” de preparatoriano.
Como le expresé a la querida maestra universitaria, sí veo en el reglamento señas preocupantes de lo que los politólogos y los psicólogos sociales llaman “pensamiento unívoco”. Este concepto sirve para definir las convicciones compartidas por conjuntos sociales que caen en la certeza de poseer la verdad única en torno a cuestiones muy variadas, pero que en este caso tocan el ámbito de la moral pública y la privada. Las tradiciones religiosas, así como las ideológicas –tanto de derecha como de izquierda— caen fácilmente en esta tentación absolutista: sólo yo, sólo nosotros, los fieles convencidos, somos portadores del dogma primigenio. Esta infalibilidad puede partir de consideraciones basadas en un origen mítico –por ejemplo las tablas de la ley dadas a Moisés por Dios con el fin de regir la conducta del pueblo elegido--, o bien de otras fuentes de legitimación, como la ciencia misma –el marxismo es un buen ejemplo--, la historia, el arte y demás fuentes de pretendidas certidumbres.
Luego de leer cuidadosamente el bando-catecismo derogado, me he convencido de que tras el texto subyace una ideología unívoca, conservadora y excluyente. Se pretende regir sobre la conducta individual en los lugares públicos, y evitar “una serie de conductas que se califican de infracción administrativa y que tienen relación directa con el uso del espacio público”, reza la exposición de motivos. El primer título del bando es inobjetable, desde mi visión, pues despliega una filosofía de la convivencia basada en el respeto a los derechos de los demás, que parte de una lógica elemental que sin problemas compartimos. Pero es el título II donde se encuentran las evidencias de una actitud obtusa: las once “infracciones a la convivencia” del artículo 32 son en su mayoría subjetivas e impracticables, las 17 “infracciones contra la seguridad pública” del artículo 34 son relativas e imprecisas; pero las joyas de la corona lo constituyen las “infracciones contra la moral del individuo y de la familia” del artículo 36. Desde el propio epíteto estamos mal: ¿de cuál “moral” individual o familiar hablamos? ¿La moral excluyente que se defendió en el reciente Encuentro Mundial de las Familias? ¿Los absolutos de la moral familiar de los evangélicos? ¿La moral heterodoxa que subyace en los modelos familiares alternativos? ¿La moral cívica y laica que defendemos los liberales? Mi respuesta: ningún modelo único de moral puede y debe ser defendido desde el Estado. Éste debe garantizar a la persona la más absoluta de las libertades, sin que ésta dañe a los demás en su físico, sus bienes o su prestigio. Hiper legislar la conducta individual puede ser peor que dejar de legislar.

Ideas para el transporte colectivo

Dedico hoy este diario de campo -ejercicio en que nos involucramos los antropólogos para registrar nuestras vivencias ante la otredad- a un tema sugerido por mi querido tío Luis Rionda Arreguín: el cotidiano suplicio del transporte público para los guanajuateños, y una posible e inteligente solución ideada por mi tío filósofo.
Yo comencé a usar el transporte público concesionado de la ciudad de Guanajuato desde mi niñez, hace cuatro décadas. Por supuesto primero hice uso de los autobuses y luego, ya mayor, de los taxis. En los años sesenta y setenta existía un total de entre 20 y 30 camiones urbanos que se repartían entre las dos únicas familias de concesionarios: los Ávalos y los Aguilar; entonces les llamábamos “los verdes” y “los rojos”. No sé si había alguna relación con los viejos grupos políticos que se disputaban el poder en el estado en los años treinta y cuarenta, o bien sólo era una referencia a la franja de color que los distinguía. Sólo existían tres rutas: la principal que efectuaba el recorrido Presa-Estación, y sus derivadas hacia San Javier y hacia Pastita. No había más. El pasaje que recuerdo era de 40 centavos, aunque yo pagaba 20 por ser niño y luego estudiante. Los choferes -pocos y viejos- eran la imagen viva de la condescendencia: hacían parada cada vez que el pasaje lo solicitaba, incluso en la puerta misma del domicilio del usuario demandante. Interrumpían el poco tráfico que existía en una ciudad de 50 mil habitantes y unos tres o cuatro centenares de autos. Nadie tenía carro; mi familia tampoco. Sólo los ricos y los pretensiosos podían darse ese lujo inútil en una ciudad que yo caminaba de extremo a extremo en 40 minutos. El autobús se tomaba para no cansarse demasiado, o bien para acarrear el mandado. Los que teníamos prisa preferíamos caminar o correr.
Las circunstancias han cambiado enormemente en los últimos 25 años. La ciudad se expandió en exceso, desbordando la cañada e inaugurando asentamientos en lugares que antes eran páramos o cerros pelones. El transporte colectivo se multiplicó, hasta llegar a las 150 ó 200 unidades que me han dicho componen hoy el parque de los concesionarios. Miles de usuarios demandan a diario múltiples desplazamientos en las numerosas rutas que ya existen, que se han multiplicado gracias a las unidades Sprinter -de 20 pasajeros- y Urban -de 12-, que hicieron accesibles callejuelas estrechas y caseríos escabrosos. También suman ya un par de centenas los choferes de guaguas que se disputan el pasaje. El crecimiento de la oferta ha sido caótico y sin controles por parte de la autoridad municipal, que trienio tras trienio se ve rebasada e incluso burlada por parte de los taimados concesionarios, que se han hecho expertos en negociar aumentos tarifarios y en no cumplir sus compromisos. El transporte colectivo de ruta fija cuevanense es hoy un servicio malo, sucio, inseguro e irregular en sus itinerarios. Cada año se suman nuevos accidentes fatales que ponen en evidencia la falta de profesionalismo en los conductores y de medidas de seguridad en las unidades, siempre carentes de mantenimiento.
El maestro Luis Rionda me comparte una buena idea: que la calle Hidalgo -la calle subterránea- se cierre a la circulación de las unidades de motor a combustión y que sólo se permita circular en dos sentidos a un sistema de transporte eléctrico, un tranvía. Éste permitiría que esa magnífica calle se preservara, y además que la vialidad también se reservara para el uso de los peatones y de los ciclistas. Se convertiría en un paseo en las entrañas de esta ciudad mágica. Los tranvías -necesariamente pequeños- podrían ir al descubierto, sin pabellón, y circularían dentro de sus vías férreas, asegurando espacio para los caminantes. La subterránea podría transformarse en un paseo turístico, comercial y cultural.
Para el resto de la ciudad podría pensarse en otras medidas, como el uso de streetcars a la manera de San Francisco California, o bien el uso exclusivo de unidades para 20 pasajeros, eliminando los armatostes de 40 pasajeros que hoy despedazan y contaminan nuestras calles. No hay que olvidar que el transporte eléctrico es el futuro del tránsito colectivo urbano.