Libertad de expresión, ¿para quién?

Por: © Luis Miguel Rionda ©

Publicado en el de Guanajuato.
También en 15Diario, cotidiano electrónico.

Persiste la campaña en medios electrónicos en contra -al menos en apariencia- del IFE y de su consejo general, pero muy en particular contra su presidente Leonardo Valdés. Muy claramente la cadena de Salinas Pliego, TV Azteca, ha dado amplia e interesada cobertura a los datos expuestos en la auditoría interna, así como en el presunto “fracaso” del costoso operativo para monitorear los contenidos en medios electrónicos y sus espacios informativos. Pero la campaña tiene cola: es evidente que las mega empresas de las comunicaciones, el duopolio televisivo, no se ha resignado a ver perdidas sus cómodas ganancias de tiempos electorales. Al menos dos mil millones de pesos se han ido de las manos de estos consorcios, ya que esa fue la cantidad que gastaron los partidos políticos en las elecciones de 2006 para difundir propaganda en la TV y la radio comerciales.
Los potentados de las televisoras han negado defender un interés financiero en su campaña contra la reforma electoral de 2007. Han disfrazado sus críticas con la piel de oveja de una pretendida defensa de la libertad de expresión, ya que insisten en que los controles a los que la ley faculta al IFE inhiben la posibilidad de que los ciudadanos contraten espacios en los que puedan difundir sus opiniones y preferencias. Llama la atención que los cuasi monopolios de las comunicaciones tengan ahora tanto compromiso con esa libertad, así como con una aparente objetividad en la cobertura de las notas electorales. En México la libertad de expresión es cosa muy nueva en la práctica, e incluso hoy día sigue siendo peligrosa de ejercer en uno de los países donde más periodistas pierden la vida haciendo su trabajo.
Todavía está fresca en la memoria los manipuleos y las ausencias informativas en que han incurrido las televisoras dependiendo del interés particular que tengan en determinados temas. Sería largo enumerar los casos de manipuleo o negación informativa, pero son bien conocidos. En la reciente campaña electoral, los partidos y candidatos no simpáticos para ellos desaparecieron de los espacios informativos. Incluso personajes con quienes en su momento tejieron contubernio, fueron borrados literalmente de la pantalla catódica.
La libertad de expresión no existe para las televisoras. Para ellas sólo existe la libertad de defender sus muy concretos intereses monetarios, para lo cual se sirven de su influencia nacional sobre un pueblo poco letrado y muy visual. La política no es para ellas un medio de superación y convivencia sociales, sino un simple vehículo de transmisión de sus exigencias.
Será muy lamentable si en la reforma electoral por venir se permite revertir los aspectos que muchos consideramos más benéficos de la adecuación del 2007. Peor aún si logran, como se rumora, influir lo suficiente para que los partidos vuelvan a manosear la ya muy ajada autonomía del IFE.
A veces comprendo a Chávez y a los Kirchner…

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No aprendemos

Por: © Luis Miguel Rionda ©

Publicado en de León.
También en 15Diario, cotidiano electrónico.

Desde que la crisis global nos regresó a nuestra cruel realidad de subdesarrollo fiscal, el gobierno mexicano se mantiene sumergido en una paranoia presupuestal que ha contaminado la atención a cuestiones de mayor importancia. No es raro, ya que para atender cualquier prioridad se debe contar con el recurso suficiente. Una de esas cuestiones nodales es la educación, y muy en particular la educación superior y la investigación científica. Mal que bien, los mexicanos contamos ya con un promedio de entre ocho y nueve grados de educación, lo que quiere decir que el ámbito básico de la instrucción está atendido, más o menos. Pero debido a la transición demográfica por la que atravesamos desde hace una década, hoy día la presión de la demanda está sobre la educación media superior -la preparatoria pues- y la superior.
Cientos de miles de jóvenes aspiran cada año a ingresar a estos servicios educativos, y un enorme porcentaje queda fuera, al menos de la oferta pública. Es por ello que en estos años recientes hemos presenciado un auténtico boom de la educación privada, concretada en liceos y universidades particulares que por el afán de captar a estos miles de clientes potenciales, han expandido sus capacidades a costa de disminuir la calidad. Es el fenómeno de las universidades “patito” y los institutos-hongo, que pululan en cocheras, casas habitación acondicionadas y cualquier espacio donde se pueda abrir un “plantel”.
El Estado mexicano ha exhibido dos caras contradictorias frente al problema: por un lado impulsa a las universidades e institutos públicos -excepto los macrocefálicos- a expandir su oferta, seduciéndolos con la promesa de apoyos y financiamientos. Pero por otra parte ante las incidencias económicas se aplican políticas restrictivas de presupuesto a las mismas universidades, como vemos hoy día. El secretario Alonso Lujambio, académico y universitario de vocación, tuvo que anunciar para este año un 1% de recorte, que para un conjunto de instituciones que dedican más de un 90% de su presupuesto a gasto corriente y etiquetado significa una enormidad: un décimo de su gasto programable, ese que permite expandir la oferta, abrir nuevos programas, realizar investigación, hacerse de infraestructura, etcétera.
Se sabe que en el proyecto de presupuesto federal 2010 que presentó el presidente Calderón se prevé un recorte adicional de 6.2% al gasto en educación superior e investigación científica. Esa proporción llega al hueso: significará detener de plano los proyectos de crecimiento en cantidad y en calidad dentro del sector. Habrá que dejar para mejores tiempos la posibilidad de que nuestro país forme más capital humano de alto registro, a la manera como lo hacen naciones en desarrollo como la India, China, Corea, Brasil o Chile, que invierten en educación superior e investigación cantidades sustanciales que les han permitido convertirse en potencias tecnológicas. La India exporta ingenieros, China está por lanzar su primera expedición tripulada a la luna, Corea lidera la creatividad mundial en electrónicos y automotores, Brasil exporta aviones civiles y de guerra de alta tecnología, Chile cuenta con la clase media más ilustrada del continente gracias a uno de los mejores sistemas educativos del mundo.
Mientras tanto el gobierno mexicano le dice a la mejor universidad de habla hispana del mundo, la UNAM, que se ajuste el cinturón. Insinúa que las universidades públicas son dispendiosas, en contraste con las privadas –recordemos que Calderón se formó en la Libre de Derecho-. Por ello la administración ha mantenido una dificultosa relación con la ANUIES. Hace unos meses recurrió al chantaje y les recordó las universidades que les había apoyado con 600 millones de pesos para cumplir sus obligaciones fiscales. No producen, están politizadas y pagan demasiado a sus profesores y trabajadores, dicen en la presidencia.
No pongo en duda que en muchas universidades públicas existen problemas de eficiencia y calidad. Precisamente esos problemas deben ser atendidos mediante el reforzamiento financiero de los mecanismos de estímulo institucional, como los programas emprendidos por la SEP y el CONACyT en los últimos tres lustros: PROMEP, PIFI, PNPC, Fondos Mixtos, etcétera. No hay mejor inversión que en educación básica y superior, así como en investigación científica, como han puesto en evidencia los estudios comparativos disponibles sobre la vinculación desarrollo-educación. México se prepara para volver a echarse atrás en este ámbito, y mantenernos así en el sótano del capital humano. Seguiremos siendo un país de maquila, ignorancia y migración.

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¡Que viene el lobo!

¡Que viene el lobo!

Por: © Luis Miguel Rionda ©

Publicado en el de Guanajuato.

In memoriam, don Esteban Cervantes Barrera

Me pasman las declaraciones recientes del secretario de Gobernación sobre los sucesos del metro. Cuando las escuché no daba crédito a mis oídos: que el ataque a balazos que ultimó a dos ciudadanos valientes en la estación Balderas debe ser considerado como un hecho aislado y que no representa nada, ni siquiera un indicativo de la anomia social que nos atosiga.
No puedo más que diferir con el señor secretario. Son muchos ya los indicios de una creciente descomposición en el tejido social, que va más allá de la delincuencia organizada. En lo que va del mes hemos padecido el secuestro en el vuelo de Aeroméxico, con el pastor iluminado y su “Jumex-bomba”; luego los bombazos en una agencia de autos, en un banco y en una boutique de Polanco, y en León la destrucción absurda de dos cajeros automáticos, con todo y el dinero dentro. No son parte de la guerra entre el Estado y los cárteles del crimen organizado, sino actos aparentemente aislados que perpetran personas afectadas ya sea por el iluminismo religioso -incluyendo al matón del metro, un fanático religioso que se quiere pasar por demente-, o por un inescrutable altermundismo anticapitalista que se adivina en los ataques a bancos y comercios.
El sábado pasado fui expositor en un foro que organizó el PRD en la ciudad de Guanajuato, donde dio inicio un proceso de reflexión interna al que fuimos convocados analistas externos. Un miembro del público me cuestionó si consideraba yo que hay indicios de un posible estallamiento social por venir. Sin pensarlo mucho contesté que sí, que estos sucesos inquietantes deben ser tomados muy en serio, pues no están relacionados con los factores que dieron pie al enfrentamiento actual entre las fuerzas del Estado y los capos del crimen. Los cárteles y el gobierno son corporaciones orgánicas, con jerarquías y disciplina internas, previsibles y racionales. Pero cuando vemos irrumpir expresiones del “crimen desorganizado”, que carece de esa organicidad e incluso de banderas y objetivos claros, ni siquiera el deseo de beneficiarse económica o políticamente, hay razones adicionales para preocuparse. La sociedad comienza a desprender tufos de anomía y de violencia sin sentido aparente. Los personajes que protagonizan estos sucesos de violencia obtusa anuncian la emergencia de mesianismos que eventualmente podrían convocar simpatías o identidades de los sectores más vulnerables y perjudicados del conjunto social. La violencia social anómica es la más peligrosa. Mucho más que la violencia orgánica de los cárteles y los delincuentes con objetivos políticos o patrimoniales.
La SeGob, el CISEN y la PGR deben abrir bien los ojos, y no refugiarse en la cómoda negación de coyunturas que cualquier ciudadano común puede percibir como peligrosas e inquietantes. Entiendo que el secretario quiera evitar contribuir al miedo social y a la rumorología, y espero que su reacción vaya en este sentido. Pero por si no, hay que seguir gritando como León Felipe: “¡que viene el lobo!”

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Independencia sin petróleo

Independencia sin petróleo

Por: © Luis Miguel Rionda ©

Publicado en de León.
También en 15Diario, cotidiano electrónico.

Este 15 de septiembre fue particular, diferente. No me refiero a las formas, sino al fondo. En esta ocasión nos afectó un ambiente de crisis y preocupación generalizados; ya no sólo por la situación de violencia social, como hace un año, sino también por la pérdida de empleos, los impuestos inminentes y el deterioro generalizado del nivel de vida. La gente hizo todo lo posible por pasarse “el grito” con algún chisguete de optimismo acompañado con un necio cariño por este país. Pero cada vez es más difícil comprender por qué celebrar la independencia cuando los mexicanos no hemos sido capaces de salir de un bache de desarrollo que ya ha acumulado tres décadas. Hoy somos menos libres, menos prósperos, menos felices que hace 30 años.
Es una vergüenza nacional que la pobreza se haya mantenido, incluso se haya acentuado durante ese periodo. Es inexplicable que un país que gozó de una oportunidad histórica para desatar un acelerado desarrollo en los años setenta, la haya desperdiciado de manera tan miserable. Me explico, y lo hago apoyándome en datos que bajé del sitio de PEMEX: en 1971 el pescador campechano Rudecindo Cantarell observó una mancha de aceite que brotaba del mar cerca de Ciudad del Carmen. En junio de 1978 se supo que se trataba del descubrimiento de uno de los yacimientos marinos más grandes del mundo, el sexto por tamaño de sus reservas. De la noche a la mañana México se colocó entre las potencias petroleras: de producir 750 mil barriles diarios en los años setenta brincó a los 2.5 millones en los ochenta, 2.8 en los noventa y hasta más de 3.2 millones al iniciarse el milenio. Cantarell representó entre un tercio y la mitad de esa cantidad.
A la abundancia del recurso más valioso en un mundo ávido de energía, México sumaba su privilegiada posición geográfica como vecino de la economía más consumidora de petróleo. Teníamos al mejor cliente en la puerta de al lado. Cualquiera hubiera podido apostar a que México abandonaría el subdesarrollo en menos de una década. En los setenta los mexicanos éramos pobres, pero menos que los españoles, los coreanos o los brasileños. Hoy es al revés. ¿Qué nos pasó?
Sostengo es que el sistema político mexicano destruyó esa oportunidad. Las administraciones sexenales, sin posibilidad de reelección, actuaron siempre en función del interés inmediato y personal del presidente en turno. El centralismo y la presidencia imperial favorecieron la toma de decisiones irresponsables; primero se hipotecó al país cuando los políticos tomaron las decisiones financieras estratégicas ignorando las veleidades del mercado. No se previeron escenarios alternos, sino que se apostó a la seguridad de la abundancia. La enorme deuda nacional se tragó los beneficios del petróleo durante una década y media. Los gobiernos, ávidos de recursos pero ineficaces para recolectarlos fiscalmente, se acostumbraron a sorberlos de PEMEX y dejar exánime a la empresa. Luego vino la quiera financiera del país en 1995, y el FOBAPROA impuso aún más presión sobre las urgencias dinerarias del sector público. Esa fue la segunda gran sangría nacional, que anuló definitivamente la petrolera promesa de desarrollo.
Los gobiernos federales no administraron con sabiduría este recurso no renovable; más bien lo dilapidaron. En primer lugar la renta petrolera nunca debió formar parte del ingreso fiscal. Si se hubiera actuado con visión de estado, incluso con visión empresarial, se habría destinado a dos propósitos: fortalecer las capacidades técnicas de PEMEX -no de su sindicato- y establecer un Fondo Nacional de Infraestructura ante el cual los gobiernos de los tres niveles podrían concursar obras de gran impacto para el desarrollo nacional y regional. El fondo sería conducido por un consejo técnico y de administración que gozara de autonomía e independencia política. Eso hubiera garantizado un sector público fuerte en términos fiscales, y la inversión productiva de los recursos incidentales del petróleo.
Nos acercamos al aniversario de dos centurias del inicio de una revolución de independencia que en teoría nos convirtió en un país libre. Y la libertad era sólo un primer paso para ser prósperos y felices. Dudo mucho que hayamos avanzado hacia esa aspiración en estos treinta años, al contrario. La borrachera petrolera nos promete una cruda que nos hará renegar de los veneros del petróleo que nos escrituró el diablo.

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Voces por la contrarreforma

Voces por la contrarreforma

Por: © Luis Miguel Rionda ©

Publicado en el de Guanajuato.
También en 15Diario, cotidiano electrónico.

Con el arranque de los trabajos de la sexagésima primera legislatura federal, se anuncia una nueva reforma en materia electoral, que sería la segunda en la administración presidencial calderonista. Las elecciones del 5 de julio pasado pusieron en evidencia muchas limitaciones de las enmiendas introducidas a fines de 2007, particularmente en lo concerniente a las nuevas atribuciones del IFE en materia de comunicación en los medios electrónicos. Al final nadie quedó satisfecho, ni siquiera los partidos políticos que cocinaron la reforma. Pero en particular las televisoras hicieron sentir su disgusto mediante reiterados incumplimientos o interpretaciones interesadas de la norma, lo que llevó al instituto a aplicar multas y correctivos a las concesionarias. Éstas se defendieron con recursos legales y metalegales, pero también incidieron en difundir una visión negativa sobre las reformas y el propio IFE.
Ahora que se anuncia una inminente revisión de la normatividad electoral, me parece inquietante que se hagan evidentes dos corrientes de opinión sobre la orientación a tomar: unos opinan que la reforma funcionó aceptablemente bien, y que sólo se requiere afinar algunos detalles que quedaron mal planteados; y los contrarios, que claman por un retorno al esquema anterior de comunicación política. Aquéllos son miembros de la clase política más consolidada en los tres principales partidos, que han aprendido a lidiar con el monstruo bicéfalo de la televisión comercial, y que han sufrido en carne propia los costos de la animosidad del duopolio. Los otros opinantes son personajes cercanos a los intereses de las empresas comunicadoras, y han comprado el discurso de la limitación a la libertad de expresión que conllevó la reforma.
Por supuesto que yo me cuento entre los que creemos en las bondades de la norma actual. Uno de sus objetivos fue bajar el costo de la democracia en nuestro país. Otro fue reducir el enorme poder de chantaje político que han adquirido los grandes concesionarios de la televisión y la radio. Ambos propósitos se lograron: las elecciones pasadas nos costaron a los mexicanos un tercio de lo gastado en los comicios de 2003, también de carácter intermedio. Los cálculos los realizó Ciro Murayama, economista de la UNAM experto en financiamiento de las elecciones, y los incluye en un artículo publicado en el número de agosto de la revista Voz y voto.
También bajó la capacidad de chantaje mencionada, y por lo mismo los concesionarios no se resignan a perder ni el poder fáctico ni los ingresos económicos perdidos.
Con seguridad, ahora que se abra este expediente los personeros de los potentados afectados buscarán influir para que se eche atrás el nuevo modelo de comunicación, basado en los ejemplos de Francia, España o el Reino Unido. Desearán que se retorne al modelo norteamericano, donde los partidos y candidatos dedican la mayor parte de su esfuerzo a recolectar recursos económicos que van a parar a los bolsillos de las cadenas de comunicación. Sería un error hacerlo. Hay que formar un bloque de opinión que evite un retroceso en este campo. Yo me apunto.

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