Campañas extremas

Por: © Luis Miguel Rionda ©

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Estamos a 16 días de la jornada electoral más importante de la historia de la joven democracia competitiva mexicana. Una elección crucial en muchos sentidos. Por su tamaño: con 20 mil 415 cargos en disputa, una lista nominal de 93 millones 528 mil 473 ciudadanos (¡51.8% mujeres!), un millón 464 mil 840 ciudadanos requeridos para integrar las 163 mil 926 casillas, má de 48 mil supervisores y capacitadores electorales, 6 mil 108 observadores electorales, y diez partidos políticos nacionales.

También por su diversidad: la paridad de género es obligatoria en la dimensión vertical y en la horizontal; hay 30 distritos considerados indígenas por el INE, y hay acciones afirmativas en las entidades con presencia de población originaria; también hay acciones afirmativas para garantizar la representación de los migrantes en las listas de candidatos a diputados por representación proporcional; luego, hay acciones afirmativas para integrar representantes de las comunidades LGBT+; además hay estatutos partidistas que obligan a la participación de jóvenes, etcétera.

De igual manera son trascendentes por su alcance político: la coalición partidista hoy dominante en los poderes federales quiere garantizar su permanencia como fuerza hegemónica en los ejecutivos y los legislativos, en particular en la cámara de diputados federal. Sin la mayoría absoluta –y sobrerrepresentada– de hoy, difícilmente la 4T culminará su obra de deconstrucción del modelo “neoliberal” que tanto detesta. Los comicios del 6 de junio se asumen como una especie de plebiscito sobre el cambio radical de modelo económico y político, para abandonar el que ha imperado en los últimos siete lustros, y así desandar las privatizaciones, la apertura comercial, la globalización y la poliarquía burguesas.

El discurso de campaña se ha convertido en un arma de descalificación apriorística del rival, sin dar opción más que la propia. La radicalización nos ha conducido a un escenario de extremos que electriza e inflama fundamentalismos excluyentes. La antipolítica del primitivismo simplón.

Como me temía, la violencia se ha apersonado. Antier leí en Reporte Índigo que ya suman 32 los candidatos asesinados en lo que va del proceso electoral, incluyendo al de Cajeme. Y recién un candidato del distrito 11 de Moroleón-Uriangato, en Guanajuato, fue balaceado en su vehículo a pleno día. No sorprende: la violencia verbal es un aliciente para la violencia criminal.

Es urgente que los actores políticos —candidatos, titulares de los ejecutivos, líderes partidistas— abandonen los discursos impulsivos y amenazantes, y se concentren en sus ofertas concretas en el ámbito estricto de las responsabilidades a asumir. Los bailes de Tik Tok, las canciones de karaoke, las coreografías ridículas, sólo devalúan la función pública y deseducan a la ciudadanía, haciéndole creer que la política electoral es un circo de tres pistas, dentro del que hay que optar por el payaso más patético.

Seriedad y mesura, señoras y señores políticos.

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La historia instrumental

Por: © Luis Miguel Rionda ©

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En momentos de crisis no es raro que los gobiernos acudan al refugio de los sentimientos nacionalistas como estrategia para evadir la discusión de los problemas fundamentales. Así lo vivimos en México con la conmemoración del sesquicentenario de la independencia en 1960, cuando el país hervía por las movilizaciones magisteriales, de trabajadores de la salud y de estudiantes en Guerrero. Sucedió con más claridad en 1985, luego del terremoto del 19 de septiembre, cuando el gobierno reaccionó con el programa de festejos del 175 aniversario. Y lo vimos en el bicentenario de 2010, cuando la crisis económica y la violencia criminal eran imparables.

Para este año 2021, tan complejo, el gobierno de México ha integrado un programa de festejos que gira en torno al bicentenario de la consumación de la independencia nacional. En el calendario oficial figuran doce eventos ceremoniales a lo largo de este año: 1) el 14 de febrero un homenaje a Vicente Guerrero en Cuilápam, Oaxaca; 2) el 24 de febrero conmemoración de los 200 años del Plan de Iguala, en Guerrero; 3) el 25 de marzo el “Día de la resistencia de los pueblos originarios” en Champotón, Campeche; 4) el 3 de mayo la ceremonia de la “Cruz Parlante” y el fin de la “guerra de castas”, en Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo; el 12 de mayo los 700 años de la fundación de México-Tenochtitlán, en la Ciudad de México; 6) el 13 de agosto los “500 años de la memoria histórica de México-Tenochtitlán”, en la CdMx; 7) el 24 de agosto los 200 años de la firma de los tratados de Córdoba, en Veracruz; 8) el 15 de septiembre el grito de la independencia, en CdMx (!); 9) el 16 de septiembre con el desfile cívico-militar por la independencia de México, en CdMx; 10) el 27 de septiembre los 200 años de la consumación de la independencia de México, en CdMx; 11) sin fecha, la promulgación del Acta de Independencia, con otra “ceremonia del perdón a las minorías culturales” en alguno de los pueblos yaquis de Sonora; 12) 30 de septiembre el natalicio de José María Morelos y Pavón, en Morelia.

El programa evidencia un claro sentido de reivindicación de una causa imaginaria: la pretendida “conquista” europea de los pueblos originarios y la rebelión de éstos contra su vasallaje. Una interpretación simplista de una realidad histórica que fue, con mucho, de mayor complejidad. Es lamentable el uso de la “historia de bronce”, hagiográfica y maniquea, para justificar un plan político vigente y una ideología unilateral “progresista”. La bandera indigenista ha resultado de gran utilidad para el criollismo –racial y cultural– posmoderno, como el que campea entre los hipsters de la 4T.

Incluso se ha forzado la coincidencia de la “fundación” de la ciudad de Meshíhco-Tenochtítlan, de hace casi 700 años, con los festejos. Esto ha provocado reacciones contrarias en la comunidad de arqueólogos e historiadores, sin que se inmuten los “expertos” de la pareja presidencial. La grandilocuencia y la conveniencia históricas son parte del discurso político “progre”.

En las investigaciones sobre el proceso de independencia mexicana hay consenso sobre que en su arranque, bajo el liderazgo de Hidalgo, hubo mucho más involucramiento popular que en su consumación criollo-iturbidista en 1821. Es popular la broma de que “la conquista la hicieron los indios y la independencia los españoles”. No es una idea absurda: la derrota de los aztecas fue producto de la alianza entre los pueblos dominados y los europeos. Tres siglos después, la consumación efectiva de la independencia fue producto de un acuerdo entre las élites criollo-mestizas conservadoras, que rechazaron al gobierno liberal español y su demoniaca constitución de Cádiz, vigente en el trienio liberal de 1820-1823.

De nuevo la historia como instrumento legitimador de un orden político determinado.

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Desastres y corrupción

Por: © Luis Miguel Rionda ©

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Los desastres tienen dos orígenes: los provocados por factores naturales y los que son resultado de factores sociales. Los fenómenos naturales son por definición inevitables, imprevisibles y ajenos a la voluntad humana. En cambio, los advenimientos sociales son causales, provocados y, hasta cierto punto, prevenibles.

La moderna tecnología de la protección civil no se basa en auspicios o adivinaciones, sino en la prospección de escenarios potenciales con base en evaluaciones técnicas previas y regulares. En esta área es esencial atenerse al principio de Murphy, que dicta: “si algo puede pasar… pasará”. La cuestión no es si determinado desastre puede pasar, sino cuándo, y a partir de esta convicción definir de qué manera el colectivo social puede estar preparado para la contingencia.

En México hemos aprendido a la mala a ser previsores de las desgracias. Nuestro aprendizaje comenzó hace apenas 36 años, cuando nos azotó el sismo del 19 de septiembre de 1985. Centenas de estructuras mal construidas se vinieron abajo, y el precio en vidas humanas fue terrible. Desde entonces aprendimos el valor de la preparación ante los caprichos de la naturaleza, y en general existen recursos operativos, como el Plan DNIII y otros, que permiten enfrentar adecuadamente los desastres naturales.

En contraste hemos descuidado la vigilancia sobre los imponderables humanos, como la obra pública, que se sigue ejecutando con una pobre evaluación de proyectos, una deficiente supervisión de obra y una casi inexistente prevención y mantenimiento de los productos de infraestructura. Ejemplos abundan en nuestro país: puentes que se caen, carreteras que se hunden, construcciones que colapsan, escuelas que se cuartean, hospitales que se inundan… e instalaciones del Metro que se queman, se descarrilan o se caen…

Los desastres por obra pública mal ejecutada o mantenida son los más agraviantes. Con controles de calidad adecuados nunca deberían ocurrir. Pero la terrible realidad de nuestro país nos muestra que la obra pública sigue siendo el principal terreno donde campea la corrupción, el cohecho y las complicidades: una fuente de riquezas mal habidas para políticos inmorales. Se suma el hecho de que la supervisión sigue siendo blandengue o inexistente. El mantenimiento es la primera partida de gasto que es recortada o eliminada.

El afán de entregar obras antes de que culminen los periodos de ejercicio de los políticos le ha hecho mucho daño al país desde hace varias décadas. Las inauguraciones prematuras conducen a la improvisación y al “ahí se va”. Que el siguiente confronte las consecuencias. Esto desnuda la terrible falta de visión y de compromiso con la comunidad por parte de nuestra clase política, del partido que sea. Y las víctimas suelen ser ciudadanos humildes e indefensos, a los que se cosifica y revictimiza. Vergüenza lamentable.

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Límites democráticos al poder

Por: © Luis Miguel Rionda ©

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En esta semana que termina hemos visto el renacimiento simbólico de algunos de los Órganos Constitucionales Autónomos (OCA) más importantes de nuestro país. Primero, después de muchas semanas de aparente vasallaje o al menos alienación del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, éste nos sorprendió –agradablemente– con sendas resoluciones sobre los polémicos registros de las candidaturas de Morena a los gobiernos estatales de Guerrero y Michoacán, a causa de su negativa a rendir cuentas. 

Luego de un absurdo vaivén entre el tribunal y el Instituto Nacional Electoral (INE), al fin los magistrados superaron las evidentes presiones a las que se vieron expuestos por parte de los caudillos de la 4T por vía de su propio presidente, y en votaciones contundentes –más aún que las emitidas por los consejeros del INE– establecieron que la ley es superior a cualquier interpretación “justiciera” e interesada. Se sentó un precedente que obligará a los actores políticos a tomarse en serio la fiscalización que ellos mismos definieron en la reforma política de 2014.

Segundo, el Instituto Nacional de Acceso a la Información presentó una controversia constitucional contra la atolondrada intención del gobierno federal de revivir el adefesio del Padrón de Usuarios de Telefonía Móvil, que nos obligaría a los más de cien millones de usuarios a poner en manos de las corporaciones federales de investigación criminal nuestros datos personales y los biométricos. No es difícil sospechar el destino de este tipo de ocurrencias: las bases de datos terminarán en manos de los capos y en repositorios en el extranjero, incluso en Tepito. Al INE ya le han robado el padrón electoral en tres ocasiones previas, lo que evidencia la vulnerabilidad de estos datos si no se garantiza la probidad en su manejo.

Pocas semanas antes, la Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE) había interpuesto una controversia constitucional contra varios artículos de la nueva Ley de la Industria Eléctrica, que buscan reconstruir el obsoleto monopolio estatal de la Comisión Nacional de Electricidad. El OCA aspira defender la competencia en beneficio de los consumidores de electricidad, que seguimos secuestrados por la ideología nacionalista revolucionaria de 1960.

Además de los casos anteriores, otros organismos autónomos han establecido límites legales a las ocurrencias de los caciques de la 4T: el Banco de México, el INEGI, el IFT y el CONEVAL. La CNDH está capturada por el oficialismo. Pero en general los OCA mantienen dignamente su papel de dique contra el abuso del poder autoritario.

Por ello es lamentable que, en lugar de aceptar con actitud republicana los límites al poder de la actual –y eventual– mayoría, el presidente de la república anuncie: “Vamos a hacer una revisión, toda una reforma administrativa […] para ajustar los órganos administrativos, los organismos del gobierno, del Estado, a la nueva realidad, a las nuevas circunstancias, porque esos órganos o todo este monstruo, este ogro filantrópico que se creó —bueno, ogro, sin la filantropía— que crearon, no tiene que ver con lo nuestro, es distinto”.

Ganar una elección, por el margen que sea, no significa un cheque en blanco para imponer decisiones que contravienen el orden constitucional y legar vigente. La actual élite del poder quiere sustentar su legitimidad en su opción por una fantasmal “justicia”, que se sobrepone a la ley. Pero se olvida que el concepto “justicia” es relativo, y que debe ser definido a partir de procesos legislativos que generarán leyes en las que, de manera democrática, el cuerpo social establece los parámetros de la justicia.

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Vacunación e improvisación

Por: © Luis Miguel Rionda ©

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El miércoles pasado mi esposa y yo recibimos la segunda dosis de la vacuna Pfizer contra el virus SARS-Cov2, en la ciudad de Guanajuato, a 25 días de haber recibido la primera aplicación. Quiero compartir algunas reflexiones que me despertaron las dos jornadas que dedicamos para recibir esta protección, pues estoy convencido de que las vivencias acumuladas a lo largo de trece meses de pandemia deben servirnos en el futuro para mejorar nuestras actitudes ante las emergencias y la difícil convivencia que nos provoca la sustracción de nuestra normalidad cotidiana.

Como apunté en alguna colaboración anterior, el operativo que se está desplegando en nuestro país es en exceso complejo e incluye a demasiados actores. Inexplicablemente participan no sólo el personal de salud, sino también la Guardia Nacional y los Servidores de la Nación. La participación de la Guardia se ha querido justificar en términos de “seguridad nacional”, lo que me parece absurdo, pues lo que está en riesgo es la salud de los individuos y sus familias, no del colectivo nacional. Tampoco hay amenazas de violencia, pues hasta los delincuentes querrán verse vacunados. Su presencia sólo confirma la militarización de la vida nacional.

Tampoco entiendo el involucramiento de los misioneros seculares de la 4T, los llamados “Servidores de la Nación”, bien conocidos por ser promotores del voto oficialista apoyados en los programas sociales. Los registros que levantan incluyen datos personales extraídos de la credencial de elector, y el teléfono particular, cuyos destinos me resultan un misterio.

Me pregunto para qué servirán los numerosos registros que se han levantado: el pre registro en internet que sirvió para nada, y el doble levantamiento de datos de los Servidores de la Nación y de la Secretaría de Salud, que entorpece el proceso de admisión, y que se repiten en la segunda aplicación. Las cinco bases de datos resultarán redundantes, y bien pueden ser obviadas si realmente los datos tuvieran una finalidad operativa. Pero si recibo una llamada de promoción política, sabré cuál fue el origen.

Creo que nunca se dimensionó el reto de vacunar a millones de personas sin contar con vacunas suficientes, y con problemas evidentes de operatividad por la intervención de tantas instituciones. Es de agradecer el esfuerzo, pero también es necesario exigir eficiencia y agilidad, aprovechando en su totalidad la infraestructura hospitalaria y de servicios de salud del país, tanto pública como privada. Los centros improvisados de vacunación provocan aglomeraciones de personas bajo los rayos del sol, muchas horas de espera, y escenas lastimosas de ancianos discapacitados que deberían ser visitados, y no congregados.

Sería importante eliminar tanto registro inútil, y sólo recabar nombre y edad para agilizar lo importante: la aplicación del biológico. También se debería combinar la estrategia de los centros temporales de vacunación, con centros permanentes en hospitales, así como las tradicionales visitas domiciliarias en pequeñas brigadas de vacunación, con personal de salud sin adláteres. Claro, para ello es imprescindible contar con suficiencia de dosis, y ese es el problema raíz que no se atendió a tiempo, por ignorancia y por soberbia.

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