viernes, 15 de julio de 2011

Nuevo juicio

Nuevo juicio

Publicado en Milenio de León y en 15Diario.

El pasado martes 12 presenté ante la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TRIFE), vía el Tribunal Electoral del Estado de Guanajuato (TEEG), una solicitud para entablar un juicio de protección a los derechos político-electorales del ciudadano (JPD en la jerga abogadil), con base en la Ley General de Medios de Impugnación y la propia Constitución General de la República. Lo hice para combatir la sentencia que dictó el TEEG el 5 de julio anterior, donde resolvió ratificar el acuerdo del pleno del Congreso del Estado del 30 de mayo, mediante el que se designó al nuevo consejero ciudadano para integrarse al Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato (IEEG).
El agravio principal que alego es el de la violación a principios constitucionales de legalidad, equidad, certeza, debido proceso, transparencia, exhaustividad y de interpretación y relatividad legal, así como acuerdos internacionales sobre derechos humanos.
Hay que recordar que desde que se promulgó el Código Electoral del Estado de Guanajuato el 22 de noviembre de 1994, se determinó un proceso de selección de los consejeros ciudadanos generales del IEEG -integrado el 15 de enero de 1995-, que en sus orígenes fue de avanzada por la ciudadanización plena del órgano electoral, pero que con el tiempo se ha vuelto anacrónico, obscuro y que en la práctica ha partidizado al órgano superior. El artículo 56, reformado en 2008, ordena que de los cinco consejeros propietarios, tres sean electos “a propuesta del grupo parlamentario que tenga mayor número de diputados, uno a propuesta de la primera minoría y otro, a propuesta de los demás grupos parlamentarios y representaciones parlamentarias, representados en el Congreso del Estado.” En esta ocasión se trataba de este último caso, ya que los grupos y representaciones parlamentarias del PVEM, el PRD, el PANAL y Convergencia debieron ponerse de acuerdo para armar una terna para someter al pleno.
Pude ser incluido en esa terna, luego de autoproponerme y de emprender una ardua labor de cabildeo para convencer a los diputados locales de mis capacidades con base en mi trayectoria en el ámbito electoral. Desgraciadamente desde el inicio se evidenció que los diputados tenían “precocinado” el acuerdo, y que integrarían la terna sólo para cumplir con el requerimiento que habían obviado en el nombramiento de los dos consejeros anteriores, defenestrados luego de sendos procesos legales ante el TRIFE.
Nunca albergué falsas esperanzas, pues esta era la quinta ocasión en que participaba voluntariamente en el proceso. Lo que busqué –y busco- es que el mecanismo quede evidenciado en su inequidad y en su carencia de garantías para conservar realmente ciudadanizado al IEEG. Hoy día, un solo partido acapara la capacidad de proponer a tres consejeros propietarios, a un supernumerario y, como se evidenció en esta ocasión, la posibilidad de incumplir acuerdos e imponer incluso al consejero que correspondía a las minorías parlamentarias. Así, en la práctica ese partido ha podido designar a cuatro de los consejeros propietarios, sólo con el apoyo de la primera minoría, que le agarró la pata a la vaca. Esto redunda en la pérdida de legitimidad del órgano superior del IEEG, que ha sido integrado primordialmente con exfuncionarios del propio instituto. La endogamia es una enfermedad institucional que perpetúa esquemas políticos y administrativos viciados, que han sido denunciados por los propios partidos y sus representantes ante el consejo.
Por eso me decidí a seguir adelante con mi proceso legal. Sé que así “quemo mis naves” con el Congreso local y sus grupos parlamentarios, pero me motiva el deseo de obligar al estamento dominante a aceptar la necesidad de una reforma electoral seria, que no sólo cambie el procedimiento de selección de consejeros, sino también las condiciones generales de competencia política mediante una actualización de un marco legal que se ha hecho anacrónico. En el 2008 lo intentamos a partir del IGECIP (Instituto Guanajuatense de Estudios en Ciencias Políticas, que dirigía Juan Miguel Alcántara, y hoy José Aben-Amar González). También lo ensayamos por la vía de la asociación política nacional “Propuesta Cívica”, que dirige Sergio Aguayo en el nivel nacional y David Herrerías en el local. No estaría mal repetir la experiencia, pues de todas las propuestas de reforma que expresamos entonces (más de 20) sólo se concretó la reforma al artículo 56, que le quitó al gobernador su capacidad de proponer a dos consejeros propietarios y a los dos supernumerarios. Pero en los hechos hemos visto que tal facultad se mantuvo.

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