Diplomacia ranchera

La zarzuela que han representado los jefes de estado de nuestro país y la isla caribeña ha puesto en la palestra dos debates necesarios, que van más allá del folclórico anecdotario que ha adornado la confrontación entre estos dos adalides del populismo: primero, la necesidad de definir una política exterior renovada pero congruente con los mejores principios de la tradición diplomática mexicana, y segundo, el compromiso real de nuestro país en la defensa de los derechos humanos en el ámbito internacional.
En el primer rubro, es claro para mí que la administración foxista reconoce la necesidad de un aggionamento, una puesta al día del papel tradicional de México en el concierto internacional. El primer paso concreto fue el interés evidenciado por nuestro país en incorporarse al de por sí controversial y anacrónico Consejo de Seguridad de la ONU, lo que despertó una justa polémica que fue obviada en buena medida para dar cabida al enorme ego del entonces inoperante consejero de seguridad nacional, Aguilar Zínzer. La política exterior pareció teñirse con intereses más personales y coyunturales que de prioridades de Estado y de largo plazo. Pudo bien interpretarse como síntoma de un pretensioso delirio primermundista como el que le conocimos a Carlos Salinas. Ya ni siquiera se trataba del delirante liderazgo tercermundista de Echeverría, que al menos nos ubicaba entre nuestros iguales.
El claro abandono de la doctrina Estrada, la que sin duda requería de una puesta al día ante un mundo globalizado que cuestiona la soberanía de los estados, no fue correspondido con el diseño de una nueva política externa de Estado, cuyas prioridades continuasen siendo el respeto irrestricto al orden político por el que optasen los pueblos y las decisiones de política interna, y la búsqueda de mecanismos internacionales propiciatorios del bienestar social y la justicia.
Pero estamos entrando a un nuevo momento de predominio de los valores llamados “absolutos”. Ya Fox ha etiquetado a los derechos humanos como “valores absolutos”, así como muchos otros políticos de tendencia conservadora. Esto se traduce en una especie de obligatoriedad universal. Es harto preocupante que los líderes políticos vuelvan a pontificar sobre los que ellos consideran universal y “absoluto”, pues ello nos remite a las intolerancias de los fundamentalismos absolutistas que tanto daño han hecho a la humanidad, como lo fue el fascismo, el estalinismo, las cruzadas, el sionismo, el destino manifiesto, y ¡claro! el castrismo.
Los antropólogos nos hemos opuesto históricamente a estos absolutos. Los actuales derechos humanos son una respuesta defensiva dentro de un mundo industrializado ante los abusos del poder irrestricto, el racismo, la intolerancia y el sexismo. Pero no siempre ha sido así, incluso en el mundo moderno. El derecho a la vida, el más básico de los derechos humanos, no fue reconocido sino hasta el siglo XVIII, dentro de los bien conocidos Derechos del Hombre. Pero incluso hoy existen muchos estados nacionales que practican legalmente la pena de muerte, y desconocen en los hechos la universalidad del más básico de esos derechos. ¿Es entonces un valor absoluto el respeto a la vida?
Ahora aterrizando sobre el debate con Cuba sobre el voto mexicano en Ginebra, debo recordarle al lector que existen tres niveles o “generaciones” dentro de los derechos humanos: los derechos elementales a la vida, a la libertad, a la seguridad, a la equidad ante la ley y otros. En un segundo nivel están los derechos económicos, sociales y culturales, como el derecho al trabajo, a la educación y a la salud. Los de tercera generación corresponden a la autodeterminación, la independencia, la identidad nacional, la coexistencia pacífica, la justicia internacional, el patrimonio, el medio ambiente y el desarrollo con dignidad.
Nuestro país padece de fuertes rezagos en los tres niveles de derechos humanos. Día a día conocemos de abusos policiacos, de ineficacia del sistema de justicia, de asesinatos de periodistas y defensores de derechos humanos, de imposibilidad de acceso al empleo, de millones de personas que nos acceden al sistema educativo, de padecimientos de salud vinculados al subdesarrollo, de racismo contra los indígenas, sexismo, y un largo etcétera.
Cuba padece de fuertes rezagos en el ámbito de las libertades políticas e individuales, pero no así en el resto de los derechos humanos de primera, segunda y tercera generación. No hay país en América Latina que registre los niveles de alfabetización, acceso a educación superior, a los servicios de salud, a la cultura y al deporte. Todo ello en un contexto de un bloqueo soberbio e imperial que todavía hoy, liquidada la guerra fría, pasa una factura oprobiosa al pueblo cubano por el atrevimiento de haberse dado el sistema político que en su momento fue asumido por los pobres y olvidados de Cuba como el que podría rescatarlos de su oprobio.
Al gobierno mexicano se le ha olvidado este origen. Cuba no es Castro. Ni siquiera la Revolución Cubana es Castro. Cuba es un símbolo de la dignidad latinoamericana (¡qué anacrónico me oigo! ¡El bolivarianismo es una curiosidad de museo!). México también lo fue, al menos en la escena internacional. Hoy lucimos como el país recadero y lambiscón de los Estados Unidos que basa su política internacional en simulaciones y mentiras, que luego son ventaneadas gracias a la marrullería zorruna de un político con 43 años de experiencia ante la ingenuidad de los artífices de nuestra diplomacia ranchera.