Apenas cumplimos un mes desde el arribo de las primeras lluvias al territorio guanajuatense, y ya padecimos los avatares y desastres que acompañan a este tipo de fenómenos cuando no existe una cultura de la previsión ante los riesgos meteorológicos. Es impresionante cómo los años pasan y la experiencia no parece acumularse entre nosotros. Con gran facilidad las autoridades de todos los niveles se ven rebasadas y ponen en evidencia su pasmo ante la fuerza de la naturaleza; dejan pasar las horas y los días iniciales sin atinar en el despliegue de maniobras pertinentes que ayuden a paliar el dolor y la desesperación de miles de guanajuatenses, que vieron cómo el patrimonio acumulado en una vida de trabajo desaparece o se daña irremediablemente como consecuencia de las inundaciones y sus posteriores anegamientos.
Me resulta difícil aceptar que este tipo de desastres no pueda ser previsto. Es claro que desde hace muchos años existe la tecnología para evaluar riesgos, particularmente los relacionados con las avenidas del agua. Nuestros así llamados ríos son más bien lechos secos o encharcados la mayor parte del año, y carecen con frecuencia de contenedores naturales o artificiales de sus cauces. La planicie abajeña complica aún más las cosas, pues facilita que las avenidas acuáticas, cuando se dan, no respeten esas vías fluviales que en buena parte son insinuaciones o remedos de cauces, ya que en muchos tramos su trayectoria no se delimita con claridad, y más bien serpentea entre campos de cultivo que tienen poca o nula altura con relación al lecho por donde debe circular el agua, cuando la hay. Y todo esto se complica cuando la gente toma la decisión imprudente de asentarse o colocar instalaciones en las inmediaciones o de plano en los lechos de los ríos y arroyos, poniéndose voluntariamente en situación de riesgo. Recordemos la famosa Ley de Murphy: “lo que puede pasar, pasará”.
El colmo de la imprevisión se evidenció cuando se dio inicio al trasvase de la Presa Solís, pues era claro que dicho proceso coincidiría con la temporada de lluvias, que este año se vio precedida de una oleada de calor que rompió récords regionales y nacionales. Sospecho que alguna autoridad relacionada con el agua supuso que esto anunciaba un año de sequía, y que por ello el trasvase no implicaba ningún riesgo. Pero no fue así. Por lógica, el trasvase debió haberse dado en temporada de invierno, para evitar cualquier riesgo y además minimizar las pérdidas por evaporación. Pero al parecer los debates políticos y las negociaciones con la federación y el estado de Jalisco retrasaron esta decisión, que debió tomarse con base en criterios técnicos y no políticos.
Aunque no soy un experto en la materia, sí creo tener alguna calificación para opinar ya que he participado en algunos trabajos como consultor de la Comisión Nacional del Agua en el ámbito social. Por esto me atrevo a sugerir a las autoridades que se tomen algunas medidas, y me permito enunciarlas: 1) que impulsen un estudio a profundidad sobre el historial y consecuencias de las precipitaciones en nuestro estado; 2) que evalúen la situación real de los cauces con su ponderación topográfica y geológica; 3) que refuercen las acciones de reordenamiento territorial para movilizar a las poblaciones asentadas sobre los lechos o en zonas de riesgo; 4) que se evalúe la situación real de presas, bordos y retenes para tomar medidas de prevención; 5) que se tracen y precisen los cauces naturales de ríos y arroyos, redefiniéndolos si es necesario y reforzando sus márgenes con base en las máximas avenidas históricas; 6) que se reorganice el sistema estatal y municipal de protección civil, que evidenció sus limitaciones y su escasa capacidad de reacción ante los siniestros; 7) que se refuerce el fondo estatal para desastres, que se instituyan los municipales y que se acuerde con las autoridades federales mecanismos más ágiles para la disposición de los recursos del Fonden; 8) impulsar y apoyar la cultura del aseguramiento; 9) actualizar y divulgar el Atlas Estatal de Riesgos desglosado por municipio, y 10) que se vigorice la educación para la prevención en los niveles básico y medio del sistema educativo estatal.
Es claro que ninguna medida de prevención aislada tendrá la capacidad de evitar o paliar nuevas calamidades, pero en cambio todo un sistema de prevención que disponga de recursos suficientes y a tiempo, apoyado en una cultura ciudadana formada en la prevención, y con una capacidad probada de respuesta, sí puede amortiguar e incluso evitar las consecuencias de los imponderables naturales. Ya es urgente que acumulemos experiencia y cambiemos nuestra actitud desde la acción hacia la proacción. Recordemos que todos podemos ser víctimas eventuales de las calamidades, y debemos prepararnos en consecuencia.
Artículos de coyuntura publicados por Luis Miguel Rionda Ramírez en medios impresos o electrónicos mexicanos.
Antropólogo social. Profesor titular de la Universidad de Guanajuato y de posgrado en la Universidad DeLaSalle Bajío, México. Exconsejero electoral en el INE y el IEEG.
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