El IFE que viene, II

Sucedió lo previsible: al final los partidos políticos no se pusieron de acuerdo sobre el nombramiento de los consejeros generales del IFE y se les vino el tiempo encima, pues termina ya el periodo ordinario de sesiones. Postergan su decisión hasta febrero próximo. Esto introduce un pésimo compás de espera que mantendrá al IFE y a su máximo órgano de gobierno en ascuas, paralizado, sin poder planear adecuadamente sus acciones a pesar de que en octubre próximo iniciará legalmente el proceso electoral.
Los tiradores a las consejerías fueron muchos, pero la mazorca se desgranó rápidamente en este último par de días. Los “punteros” dejaron de serlo muy rápidamente: Góngora, Merino, Cárdenas. Pero sobrevivieron los que resultaron mejor calificados en la segunda fase: Santiago, Figueroa, Valdés… Alguno de estos “caballos negros”, con poco desgaste mediático, podrían ser parte de la tríada concejil. Ahora todos ellos deberán esperar, al igual que sus contrapartes, los consejeros a ser sustituidos.
El “reality show” del IFE ofreció un espectáculo contrastante. En principio el método pareció innovador y refrescante, pero en los últimos días se evidenció que fue una gran pantalla para ocultar el juego de las negociaciones partidistas de siempre. La gran mayoría del medio millar de aspirantes que voluntariamente se prestaron al jolgorio lo hicieron de buena fe; algunos con aspiraciones honestas, basadas en sus evidentes capacidades personales tanto políticas como administrativas; otros más, muchos más, acudieron con la brújula perdida, más bien buscando obtener uno de los empleos públicos mejor pagados del país. Los nombres que más se mencionaron fueron los de siempre, los que se anunciaron desde mucho tiempo antes gracias a las filtraciones de los propios partidos políticos. En ese sentido no hubo sorpresas, y estoy seguro de que tampoco las habrá cuando se den a conocer los designados la noche de ayer jueves, cuando escribía yo este diario de campo.
Por otra parte, las reformas al Cofipe plantean también cuestiones inquietantes. En primer lugar la complejización creciente de un código de por sí enrevesado y difícil de interpretar. Recordemos las muy diferentes interpretaciones a que dio lugar el famoso artículo 247, donde residió el grueso del conflicto en las elecciones del 2 de julio del 2006, cuando el Consejo General giró instrucciones a los Consejos Distritales de ser muy escrupulosos con las causales para el reconteo de los votos, ya que existía el riesgo de caer en otra irregularidad: la de dar elementos para la anulación masiva de casillas por la apertura irregular de los paquetes. En fin, que los nuevos capítulos que se agregarán al código lo convertirán en uno de los instrumentos electorales más enmarañados del mundo. Si antes se requería de habilidades y conocimientos jurídicos notables para manejar con soltura los elementos del estatuto, ahora habrá que ser un jurista eminente para poder interpretar con alguna fluidez el sentido original del legislador. Pero me temo que su complejidad servirá más bien para las interpretaciones interesadas y pícaras de los actores políticos, a fin de torcer la ley en su beneficio.
Los analistas políticos más perspicaces han evidenciado las luces y las sombras de esta reforma electoral. Muchos han celebrado los avances innegables que representa esta innovación legal, pero considero que conforme nos acerquemos a la traducción de estas modificaciones federales a las equivalencias estatales saldrán a la luz muchos de sus inconvenientes. Es a nivel local donde las nuevas reglas ofrecerán nichos para su violación, para su desviación. El IFE se verá incapaz de supervisar en las 32 entidades y los 2 mil 500 municipios la observancia de los nuevos postulados. Además en seis años todas las elecciones locales deberán ser concurrentes con las federales --lo que hoy sólo sucede en diez entidades del país--, lo que abre aún más el cedazo de la vigilancia.
El instituto federal deberá crecer orgánica y presupuestalmente, con lo cual se le da al traste a lo que se plantea como el mayor logro de esta mudanza legal: el ahorro de recursos públicos. Y también se abrirán nuevas materias de controversia en lo referente a las relaciones entre el IFE y las autoridades locales, entre ellas los institutos estatales, que ya han comenzado a denunciar el espíritu centralista de la reforma.
El panorama que se abre ante el nuevo Consejo General del IFE será complejo y lleno de riesgos. Las elecciones del 2009 se anuncian espinosas y peliagudas, con la latente amenaza de nuevas defenestraciones concejales futuras, como espada de Damocles para el órgano de gobierno del IFE, si los resultados de esas elecciones intermedias no resultan “satisfactorios” para las elites partidistas. Los políticos le han dado al IFE nuevos dientes y capacidades, pero por otra parte agregaron la correa de castigo alrededor del pescuezo del organismo. El IFE bailará al ritmo que le dicta la nueva partitura que han escrito los partidos hegemónicos. ¿Fue entonces un cambio gatopardista? Habrá qué ver.