IFE: Resbalones dinerarios

Mientras los partidos políticos se debaten en las competencias internas por sus candidaturas a puestos de elección popular, las autoridades electorales, en particular el consejo general del Instituto Federal Electoral, parecen haber perdido la brújula y han incursionado inútilmente en berenjenales que distraen de los asuntos realmente esenciales. Primero tuvimos el asunto del desacato de las televisoras: el viernes 13 éstas fueron perdonadas en un acto de aparente abandono de la autoridad que debería caracterizar a un árbitro. Luego, a la semana siguiente, los cinco consejeros que habían perpetrado la indulgencia hacia los poderes fácticos de la comunicación, arredraron su actitud ante las reacciones generalizadas de reproche, y permitieron la unanimidad en la aplicación de multas millonarias a los responsables, ahora por la omisión de transmitir los promocionales del instituto y de los partidos. Reacción tardía, pero positiva al fin. Hay que reconocer el temple de los consejeros Alfredo Figueroa, Macarita Elizondo, Virgilio Andrade y Leonardo Valdés, quienes se arriesgaron a caer en la malquerencia de los aztecos y televisos.
Pero luego los consejeros generales vuelven a sorprender, y nos salen con la jácara de que su compromiso con la legalidad transita también por el cumplimiento del mandato constitucional relativo a sus salarios, ya que el artículo 41 los homologa con los abultados estipendios de los ministros de la Suprema Corte. Con ello se agitó nuevamente el avispero y la reacción los ha obligado a recular de nueva cuenta. Siete de los consejeros, tres de ellos con salida agendada para el año próximo, defendieron el acuerdo 092 que les permitiría incrementar sus ingresos en cerca de un 50%, de golpe y porrazo. Sólo dos, Alfredo Figueroa y Leonardo Valdés (¡bravo colegas!), se opusieron a la medida por inoportuna. Y vaya que lo es: en plena crisis económica, con proceso electoral en desarrollo y con un deterioro generalizado de los ingresos de los mexicanos. ¡Qué torpeza!
Nadie duda de que la medida sea legal. Lo que se señala es que no es ética ni pertinente, al menos por el momento. Y como muchas cosas en nuestro país, lo legal no siempre va acompañado de lo ético. Ya lo vivimos en el Consejo Local del IFE, cuando resolvimos confirmar el desechamiento de un recurso presentado por un partido en contra del reemplacamiento de los automóviles en nuestra entidad: el acto atacado era plenamente legal, pero no ético.
No comprendo aún cómo se desarrollan las negociaciones inter paris de los consejeros generales del IFE. Sus votaciones no permiten intuir las dinámicas de entre bastidores, sus debates previos y sus banderías personales. Al menos yo no puedo hacerlo. Quiero pensar que todos comparten un acendrado compromiso con la consolidación de las maneras democráticas en nuestro país, y que perciben esta encomienda ciudadana como su gran oportunidad personal para trascender en la historia y dejar huella de reconocimiento. Ocurrencias como la del miércoles dan al traste con esa esperanza, y dejan latentes serias dudas. Muchos recordamos que el último aggiornamento salarial se lo adjudicaron hace un año, y fue por un 20%; entonces causó revuelo, pero menos que hoy. No eran tiempos electorales. Por eso me pregunto ¿por qué no esperaron al término del proceso electoral? Si los comicios culminasen con éxito, pocos cuestionarían una actualización de los emolumentos, aunque no de esas proporciones.
Es bien sabido que el tabulador salarial del IFE se ha quedado atrás en comparación a otras esferas del gobierno federal, sobre todo en cuanto al personal del servicio profesional. También el funcionariado medio acusa un deterioro en sus percepciones. Es ahí donde se debería incidir con recursos adicionales, para garantizar un saludable ambiente institucional. Ojalá que los consejeros compartan la modesta medianía republicana del servidor público, que mandata la máxima juarista.