Por: © Luis Miguel Rionda ©
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Quiero compartir una buena noticia con los guanajuatenses que viven en el extranjero, particularmente en los Estados Unidos. El martes 22 de junio pasado, el pleno del Tribunal Electoral del Estado de Guanajuato (TEEG) aprobó el proyecto de sentencia que presentó la magistrada ponente Dolores López Loza, sobre el juicio de protección de los derechos políticos del ciudadano 211/2021 que interpuso Juan José Corrales Gómez, en su calidad de presidente de la asociación civil Fuerza Migrante, en tono a la necesidad de reconocer y ampliar los derechos de representación política de una amplia población que calculamos en alrededor de un millón de ciudadanos guanajuatenses de pleno derecho que habitan fuera de las fronteras nacionales.
La sentencia revoca el acuerdo CGIEEG/264/2021 emitido por el Consejo General de Instituto Electoral del Estado de Guanajuato (IEEG), en el que éste expresó su respuesta negativa tajante a la solicitud interpuesta por el mismo ciudadano, que demandó la implementación de acciones afirmativas por parte de ese órgano electoral local para contar con diputaciones migrantes en el Congreso del Estado de Guanajuato.
La sentencia vincula al consejo a “realizar un análisis sobre la viabilidad de emitir medidas afirmativas en favor de la comunidad migrante de Guanajuato radicada en el extranjero para contar con diputaciones con dicha calidad en el Congreso del Estado para el próximo proceso electoral.” Para la realización de este estudio, el TEEG otorga hasta 90 días a partir del fin del actual proceso electoral.
El 24 de agosto de 2020 diversas asociaciones solicitaron al IEEG que reglamentara y emitiera acciones afirmativas sobre esta materia. El 27 de septiembre el Consejo General respondió negativamente. Yo, como consejero electoral que era, presenté un voto concurrente donde propuse que el tema se continuara analizando y que se integrara una mesa interinstitucional, junto con el Congreso local, para no cerrar la puerta con un azotón. No fui apoyado.
El 18 de marzo de este año Fuerza Migrante insistió en el tema, basándose en la sentencia SUP-RAP-21/2021 del 24 de febrero de la sala superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que ordenó al INE emitir acciones afirmativas en el ámbito federal. Inopinadamente el 31 de marzo el presidente del IEEG contestó la nueva petición con un oficio simple reiterando la negativa. Recusamos la respuesta con el JPDC-44/2021 y el TEEG ordenó al Consejo General a dar respuesta, por lo que el 26 de mayo éste emitió su acuerdo CGIEEG/264/2021, porfiando en su negativa.
El 7 de junio presentamos en línea ante el TEEG el JPDC-211/2021, motivo de la respuesta positiva aquí reseñada. Solicitamos que el tribunal vinculara al IEEG y al Congreso del Estado a normar en la materia, a la manera como se hizo antes con la población indígena mediante la sentencia TEEG-JPDC-84/2018 del 15 de agosto de ese año. En esta ocasión el tribunal sólo vinculó al IEEG, pero no al Congreso. Sin embargo, el magistrado presidente Gerardo Arzola presentó un voto concurrente donde explica: “veo conveniente que deba vincularse al órgano legislativo local a fin de que, al igual que el Consejo General del Instituto electoral local, realice sus trabajos, estudios, debates y demás tareas que el proceso legislativo exige para que con plenitud de facultades resuelve si es o no menester emitir legislación respecto al tema que os ocupa de las diputaciones migrantes.”
Los cientos de miles de paisanos que se vieron obligados a emigrar por la necesidad económica, y que aportan más de cuatro mil millones de dólares anuales a las economías domésticas y comunitarias en los municipios de Guanajuato, no tienen derecho a una representación política efectiva a nivel local. La legislación nacional les permite emitir su voto por la presidencia y por los senadores de la república desde 1998. A partir de 2014 en algunos estados pueden votar en la renovación de sus gubernaturas. Pero no así por las autoridades ejecutivas y legislativas locales. En la práctica eso los deja sin representación en el ámbito que más les interesa participar: a nivel de sus distritos, municipios y comunidades.
En la jornada electoral del 6 de junio pasado, los chilangos y jaliscienses en el extranjero pudieron votar por la selección de un diputado específico que los represente. De esta manera los paisanos tendrán una voz en los legislativos locales, resaltando las demandas y aspiraciones de un sector de la población ausente en lo físico, pero no así en la querencia y el compromiso con sus familias y congéneres en su matria.
Dentro de la larga brega por el reconocimiento de la plenitud de los derechos políticos de las poblaciones ausentes esta ha sido una pequeña victoria, pero de gran significación. Son ya treinta años de buscar este objetivo, que se traduce en una ampliación más de los derechos humanos, haciendo posible el principio de progresividad en la construcción de un nuevo concepto de ciudadanía, más inclusiva y global.
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