Ciencias sociales y Universidad

El Consejo Universitario de la Universidad de Guanajuato aprobó el miércoles pasado un paquete de cinco nuevos programas educativos, consistentes en cuatro licenciaturas y una maestría. El Rector Lara destacó que desde 1974 esa casa de estudios no había emitido tal cantidad de programas de un solo tirón, lo que confirma que ¡por fin! la universidad pública de la entidad confirma su voluntad de expandir su oferta y beneficiar así a los sectores de la población que se encuentran marginados del acceso a educación superior por sus altos costos. De las cuatro nuevas licenciaturas, tres corresponden al área de las ciencias sociales: Sociología, Trabajo Social y Antropología Social. Todas para comenzar a impartirse en agosto próximo. Las dos primeras serán ofrecidas en la ciudad de León, cuya problemática social es ya de tal complejidad que uno no puede explicarse por qué se tardó tanto en tener esas opciones formativas, que tienen relación con el conocimiento y la atención de los requerimientos de comunidades urbanas y sociedades complejas.
La escuela de Psicología se hará cargo de sostener la licenciatura en Trabajo Social. No existen en el país más que otras dos carreras en ese campo (en la UNAM y en la UANL). Hasta la fecha la labor importantísima del trabajador social era materia de capacitación a nivel técnico, impartida por un enjambre de academias y escuelas de incierta calidad. Con esa licenciatura se avanzará a la profesionalización de un oficio que demanda una gran sensibilidad social, así como capacidades y competencias de nivel superior que garanticen intervenciones óptimas en situaciones sociales de riesgo o de compromiso.
La licenciatura en Sociología, que estará a cargo de los profesores del Centro de Investigación en Ciencias Sociales (CICSUG), será impartida en las instalaciones que ahora se denominan Unidad Centro Histórico León (Alvaro Obregón 308). Se ha diseñado un programa de excelencia académica, que se apoyará en un profesorado de alta calidad (doctorados, miembros del SNI, investigadores). El objetivo es formar profesionales con una sólida y rigurosa formación científica, metodológica y técnica que les permita analizar y comprender la realidad social como una totalidad, con la capacidad de proponer soluciones a la problemática social que se les presente en sus diferentes ámbitos de acción. Tiene una orientación práctica que pretende formar especialistas que contribuyan efectivamente a conocer mejor y ayudar a resolver los dilemas sociales: la pobreza, la violencia social, la ignorancia, la desintegración comunitaria, la conflictividad política y muchas otras cuestiones vinculadas a la convivencia grupal. Su campo de trabajo es muy amplio, pero poco reconocido en un estado carente de sociólogos, como es Guanajuato. Pueden –y deben trabajar en el sector público, en el ámbito educativo, en el sector social, en las organizaciones de la sociedad civil, en los organismos empresariales, en los sindicatos, en los partidos políticos, etcétera.
También se aprobó la licenciatura en Antropología Social para el CICSUG, y será impartida en la ciudad de Guanajuato, a fin de fomentar sinergias con especialidades hermanas como la historia, pero también en sintonía con la vocación cultural de esa capital. Con frecuencia el antropólogo social es confundido con especialistas fraternos como el arqueólogo, el paleontólogo, el antropólogo físico o incluso con los pseudo antropólogos gnósticos y practicantes del esoterismo. Ese es un error común, que habrá de ser despejado conforme la especialidad eche raíces en nuestro entorno social. El campo de desarrollo de la antropología social se ubica más bien en el análisis la dinámica social y cultural comunitaria, aplicando un enfoque holístico integral y metodologías particulares como el trabajo de campo, la observación participante, el método comparativo, la construcción de genealogías y su consecuente interpretación sintética, etcétera. El enfoque inductivo particularista caracteriza también a esta disciplina, lo que la contrasta con el enfoque sociológico-deductivo generalista. El supuesto teórico que subyace a la perspectiva antropológica es que las culturas no son compartimentos estancos sino elaboraciones humanas que inciden en la manera en que los grupos definen su realidad social, siendo simultáneamente susceptibles de modificación a través de la práctica.
Con estas nuevas opciones formativas, la Universidad de Guanajuato se abre de lleno –insisto: ¡al fin! a la generación de especialistas en el análisis de las esferas sociales, políticas y culturales que caracterizan a los conjuntos comunitarios de nuestra entidad y del resto del país. Abrimos la posibilidad de apuntalar un desarrollo social mejor fundamentado en el conocimiento formal, y no tanto en el empirismo y la improvisación. También se abre la coyuntura para estimular el debate informado acerca de ese entorno, tan carente de crítica y de opinión fundada. Enhorabuena.

La autonomía y sus asegunes

La Universidad de Guanajuato celebra los primeros 10 años de haberse concretado su autonomía. Este anhelo, que antes de 1994 no era compartido por muchos (aunque ahora todos se suben al carro de los créditos), vino a reconocerle integralmente a esta institución su dignidad como espacio franco a la circulación de las ideas, sin más límite que el respeto y la altura de miras. La transformación superadora de esta casa de estudios es algo innegable. Tan sólo hay que recordar la inveterada sujeción a los mandatos de los gobernadores en turno, que en no pocas ocasiones ignoraron y lastimaron el decoro universitario, al darle a su comunidad un trato burocrático y soberbio. Pero por supuesto, habrá más de algún malicioso que podría espetarme: ¿y eso realmente ha cambiado con la autonomía?
El autogobierno es un logro no menor para una entidad que debe regirse por prioridades académicas y no político-administrativas. Claro, tampoco podemos afirmar que la universidad es hoy ajena o independiente de los agentes externos, particularmente los poderes públicos. La interacción es siempre necesaria y sería ingenio negar que se dan influencias mutuas. Además, a una década de la autonomía uno de los actores principales de ese proceso, Juan Carlos Romero Hicks, ocupa hoy la titularidad del ejecutivo estatal. El fue un Rector poderoso, con la circunstancia de haber sido el último nombrado por el gobernador y el primero en ser electo por los órganos internos que creó la autonomía. Su parecer sigue siendo escuchado y sin duda influye informalmente sobre la política interna de la institución. Su carácter de universitario le da el derecho, pero su investidura actual representa un plus que no es posible ignorar.
Esto podría ser considerado como una amenaza real o potencial para la autonomía de la institución académica. La situación ha sido muy debatida en algunos momentos críticos, como cuando el exrector Ojeda fue invitado a colaborar con el gobernador. Creo que esto evidenció una intencionalidad velada que, sin violar la autonomía, alteraba los balances internos de la corporación, y al final se tradujo en un cambio de estafeta que pudo intuirse como orquestado desde el exterior de la misma. La autonomía no se violó nunca: sólo se ejecutó una buena jugada, mitad ajedrez, mitad carambola de dos (o incluso tres) bandas.
La lucha por la autonomía no fue nunca una causa popular antes de 1994. Su concreción no fue resultado de ninguna movilización de profesores, trabajadores o estudiantes. Los movimientos internos fueron escasos y poco nutridos, como el que protagonizó el Grupo Universitario a principios de los noventa, cuando sus integrantes año con año tomábamos por asalto espacios como la sala de prensa del Festival Cervantino para hacer inflamadas demandas públicas en pro de la autonomía. Al final el proceso se definió a partir de acuerdos tejidos en las cúpulas del ejecutivo y del legislativo, amén de la activa intervención del propio liderazgo universitario.
La celebración que realizará la Universidad de Guanajuato este lunes 17 en su auditorio principal será ocasión para que se reanime el debate, tanto interno como externo. Y cabría hacerse preguntas provocadoras, como hasta qué punto la autonomía se ha traducido en una real superación académica; o si realmente se ha traducido en una mayor participación de los universitarios en la toma de decisiones que los afectan; si la institución ha aprendido a manejar responsablemente su libertad; si ha sabido responder a la sociedad que le acordó su autoregencia; si su libre albedrío permitirá fomentar el pensamiento crítico, incluso rebelde; si sabrá reconocer con tolerancia las diferencias existentes entre los componentes de su comunidad interna, así como los de la comunidad externa; si en realidad no existe un latente “miedo a la libertad” (Fromm dixit) que se traduce en conformismo y apatía; en fin, podríamos seguir cuestionándonos sobre las bondades y los asegunes de la autonomía, pero preferiría concluir que siempre será preferible una libertad parcializada o influenciable que la sujeción lastimosa a la que se sometía la institución antes de 1994.

El pleito del agua II

El interminable asunto del diferendo sobre las aguas de la cuenca Lerma Chapala obliga a seguir reflexionando sobre el asunto. El viernes pasado se reunió en Querétaro la Comisión de Evaluación y Seguimiento del consejo de la cuenca, donde se “mayoriteó” a los representantes de Guanajuato y se asumió el acuerdo de destinar la totalidad de los excedentes de agua de los depósitos de la región en caso de que Chapala baje su volumen a 3 mil 300 millones de metros cúbicos, el 42% de su capacidad, el 1 de noviembre. De inmediato el gobernador Romero Hicks hizo saber que dicho acuerdo no tenía aún carácter de mandato, no hasta que la CNA realice una evaluación integral de las opciones de la cuenca. Fue más bien una reunión “consultiva”. Ricardo Sandoval Minero, el titular de la comisión guanajuatense del agua, amplió esta explicación en un estupendo artículo reciente donde explicó con mucha claridad los diferentes planteamientos técnicos que se han barajado en el consejo. Asegura que Guanajuato se inclina por el proyecto más integral, que no se limite tan sólo al rescate del cuerpo de agua chapalense (un espejo de agua, más que un lago), sino a la viabilidad social y económica de la región.
Curioso yo, decidí consultar los medios impresos jaliscienses para explorar cómo se ve este pleito desde allá. Revisé las abundantes notas que sobre este tema se han publicado en el diario Mural, que es parte del grupo Reforma. Lo primero que llama la atención es el radicalismo de las posturas expresadas por personajes como el impulsivo gobernador Ramírez Acuña, su folklórico secretario de gobierno Pérez Plazota y el titular de la CEAS, el peripatético damnificado del 22 de abril Dau Flores. Este último, por ejemplo, argumentó que los guanajuatenses avalaron con su presencia (aunque no con su voto) el acuerdo tomado, y que sin embargo “hay agua para todos” (he de suponer que se refiere al agua de los drenajes del sector Reforma… es broma).
Ramírez Acuña ya ha acumulado un rosario de citas célebres sobre este asunto, y todavía le agrega esta perla: “espero que entiendan los señores de Guanajuato [a las señoras ni las pela] que no hay ningún capricho de Jalisco, sino al contrario, estamos sí muy comprometidos para conservar el Lago más grande de México”. Y remata: "Chapala le da subsistencia hidrológica a la propia cuenca y que, pues ellos tienen que entender que si sobrevive Chapala sobrevivirán ellos como empresarios del campo, como agroproductores, como agricultores". A pesar de su estrambótica forma de expresarse algo entendí, y me pregunto: ¿el agua escurre para arriba? ¿Chapala propiciará más lluvias? ¿los agricultores transportarán sus productos en chalupas gracias al lago? No se entiende la lógica del gobernador vecino.
El 25 de abril Mural cabeceó: “Gana pleito Jalisco contra Guanajuato”. Es claro que el asunto no ha sido asumido en los medios de esa entidad como un tema de interés regional y ambiental, con consecuencias integrales que rebasan a la situación del lago de Chapala. No es posible que se aborde esta cuestión como un “pleito” donde el que gana es que tuvo “más pantalones”. Las declaraciones de casi todos los actores jalisquillos (diputados locales y federales, sus dirigentes de cámaras, sus funcionarios del ejecutivo) se regocijan de la posición maximalista de sus representantes, quienes incluso han llegado al extremo de vincular los debates con el asunto de la posible construcción de una presa sobre el río Verde, que ya pertenece a otra cuenca. Se asume así una franca posición de chantaje, donde el gobernador tapatío no se ha dejado apantallar ni por las amenazas del presidente Fox: “si no hay dinero federal, el Gobierno jalisciense asumirá por completo los costos [de la construcción de la presa de Arcediano], que suman 3 mil 200 millones de pesos obra para el abastecimiento de agua de Guadalajara.”
Si somos rigurosos, habría que reconocer que el Lerma es un río en crisis, que se vio privado desde hace cuarenta años de sus ricas raíces en Almoloya del Río, todo para poder surtir del agua al pozo sin fondo del Distrito Federal. Si buscáramos una solución más integral deberíamos demandar una disminución en los aportes al DF y una mejoría sustancial en el aprovechamiento de los afluentes del Lerma a lo largo de todo el trayecto. Todo esto suena extremadamente difícil, ante la enorme complejidad social de la región centro occidente del país. Pero no nos queda de otra. No podemos seguir jalando de una cobija que ya dio de sí; más bien hay que acomodarnos nosotros, los seres humanos, para que nos alcance a todos lo mejor posible, aunque sea un cachito, pero bien aprovechado. Hay que debatir con argumentos técnicos y de largo plazo. Las obras faraónicas no serán respuesta, sino paliativo: dentro de 20 años las broncas serán peores, y entonces sí serán los pantalones, y no las razones, los que definan a los ganones (permítaseme la involuntaria rima).

El pleito del agua I

La cuestión del agua será siempre un elemento de conflicto potencial entre los conjuntos sociales. En nuestro país, que se caracteriza por la distribución desequilibrada de su población en función de la disponibilidad del recurso, este tipo de problemáticas apuntan a verse incrementadas en el futuro. En Guanajuato la escasez crónica del agua pronto obligará a la adopción de medidas de corte autoritario, haciendo a un lado el prurito democrático y participativo que hoy aqueja a la política del agua. Ya se asomó este cariz autoritario en la amenaza velada que contenía el reciente anuncio presidencial, en el sentido de que si las dos entidades que hoy se bronquean por el asunto de Chapala no logran ponerse de acuerdo, entonces los recursos federales, cinco miles de millones, se irían para otro lado donde sí supieran construir acuerdos.
No es por accidente que el término “rivalidad” tiene su raíz etimológica en el vocablo latino “riviera” que significa “río”. El agua siempre dividirá a los hombres, por su enorme valor de uso. Hoy día, con un mundo confrontado con los requerimientos de la sustentabilidad y la racionalidad ambientalista, el buen uso del agua se presenta como uno de los condicionantes para garantizar nuestra supervivencia como especie en el plazo casi inmediato (¡cien años a lo más!).
El arte de la política debe desplegarse con el máximo de sus virtudes si queremos construir en el centro occidente mexicano una región más amable y viable para el desarrollo social. La escasez de agua obliga a ejercitar el máximo de nuestra imaginación y construir de forma realista una salida a un problema que forzosamente debe ser resuelto. Lo contrario significaría el hundimiento ecológico de la zona y su colapso demográfico y económico. Hay demasiado en riesgo como para arriesgarse a no cimentar esas soluciones.
Las bravuconerías jaliscienses (¡Jalisco nunca pierde y si pierde arrebata!, diría el borracho bravucón) deben ser contrarrestadas con el buen juicio y la prudencia guanajuatenses (no por nada presumimos de ser la “Atenas de por acá” y de ser los artífices de la política civilista). A esta prudencia, nuestro gobernador ha añadido la frialdad de su mentalidad calculadora y racional (aunque a veces exagera), y le apuesta a que la sensatez se impondrá (tal vez literalmente) al final del camino. Ya sea con el proyecto Río Verde o con el Santa María (espléndida idea de Juani Torres Landa), Guanajuato deberá encontrar fuentes alternas para aprovisionarse y fundar su desarrollo para el siglo XXI. La confrontación y el chantaje deberán caer por su propio peso, y al final el que pierde es el que se enoja.
Sin embargo, seguiremos insistiendo en que cuando un recurso es escaso, la mejor solución no es adquirirlo a toda costa, incluso con el riesgo de empobrecer otras regiones (como sucedió con el valle de Almoloya en el alto Lerma, cuando el DF se llevó prácticamente toda su agua en los setenta). Lo mejor y más económico (en términos monetarios y ecológicos) es aprovechar mejor el volumen disponible y atajar el desperdicio. ¡Y vaya que desperdiciamos el agua en México! No es racional que un país semiesértico siga dedicando, en su región del altiplano, el 85% de sus volúmenes de agua al riego agrícola, que para colmo aún está muy pobremente tecnificado. El derroche es enorme y contrasta con lo cruento de las carencias urbanas. Debemos bajar esa proporción mediante la adopción de métodos modernos de ahorro del agua de riego, a la manera como lo implementó Israel desde hace tres décadas. Eso liberaría volúmenes muy importantes que podrían dejarse en el subsuelo (para detener el abatimiento de los mantos) y para usos urbanos y recreativos. Podríamos, mediante esta economía, incrementar los cuerpos de agua y los flujos superficiales, tanto incluso como para cubrir nuestras cuotas con Chapala. No es irreal. Es posible recuperar nuestros depósitos acuícolas si radicalizamos las medidas de conservación. Pero eso puede requerir un profundo cambio de actitud cívica y gubernamental, antes de que nos veamos obligados a imponer las medidas necesarias por la fuerza y mediante el autoritarismo, del que nadie se quiere acordar. Pero puede que en un futuro cercano no haya de otra.

Imperialismo y política internacional

La política internacional es, con demasiada frecuencia, un campo de acción donde priva la ley de la selva, la irracionalidad y la hipocresía más abyecta. Si en el ámbito de las políticas domésticas de las naciones, la competencia entre los inevitables grupos de interés rivales puede allanarse mediante el marco constitucional con su aparato legal y de justicia, en el nivel supraestatal se carece de referenciales y puntos de apoyo normativos que garanticen una relación entre las naciones más o menos armónica y legítima. La fuerza se impone por sobre la razón y los estados más fuertes se imponen sobre los más débiles. Contrasta que la diplomacia haya desarrollado todo un aparato de recursos simbólicos que pretende lubricar las asperezas verbales entre los líderes y representantes de las naciones, y al mismo tiempo cultive el doble lenguaje, el pragmatismo hipócrita y el desdén por los valores éticos.
En esta semana hubo dos sucesos internacionales que obligan a la reflexión: primero, que el imperio americano decidió darle su espaldarazo abierto al sionismo expansivo que defiende el estado de Israel, y ha legitimado en los hechos las conquistas militares sobre territorios palestinos, como Cisjordania, donde se han asentado “a la mala” miles de familias israelíes que con su presencia hacen posible esta política de “hechos consumados”. En segundo lugar, se confirmó la condena a Cuba en las Naciones Unidas con el pretexto del respeto a los derechos humanos, ahora con el lamentable aval mexicano. A estos dos sucesos habría que sumar la buena noticia de la semana pasada, cuando supimos que México ganó su pleito legal contra los Estados Unidos en la Corte Internacional de La Haya, en torno al caso de los 52 mexicanos condenados a muerte en diferentes estados norteamericanos.
Son estos casos contrastantes, pero que confirman nuestra visión pesimista sobre el futuro de las relaciones internacionales, marcadas cada vez más por el afán de imponer los intereses del más fuerte pos sobre los derechos de los débiles. Por ejemplo, en el caso del juicio ganado en La Haya cabe felicitarse por el excelente desempeño de los representantes legales del gobierno mexicano, pero también debemos ser realistas y reconocer que fue una victoria moral, pero inefectiva. Los Estados Unidos continúan sin reconocerle a la Corte Internacional jurisdicción alguna sobre sus asuntos domésticos, por lo que no es posible esperar que haya alguna reconsideración de esos casos, ya juzgados en cortes legales que con frecuencia ignoran las obligaciones que ha contraído su país al firmar acuerdos internacionales, como el que obliga a los gobiernos a dar noticia a los consulados sobre la detención de los ciudadanos extranjeros. La prepotencia de la justicia norteamericana no permitió a nuestros paisanos (no importa que sean delincuentes) el ejercicio pleno de sus derechos.
Lo de Cuba es una vacilada. Es cierto que en la isla no se respetan los derechos políticos que el mundo liberal quiere imponer como “valores universales”, pero también es cierto que antes de señalar la paja en el ojo ajeno hay que reconocer la viga en el propio (Jesús dixit): ni México ni los Estados Unidos tienen la calidad moral para demandar ese respeto, cuando el primer país sigue siendo denunciado por Amnistía Internacional por su ineficiente aparato de justicia, además de que tiene sumido en la miseria a 52 millones de sus habitantes (Josefina Vázquez dixit), y el segundo se niega a dar el estatus de prisioneros de guerra a los centenares de afganos que tiene entambados en el campo de concentración de Guantánamo.
Y de los israelíes ni qué decir. Mantienen en estado de sitio a todo un pueblo, reconstruyen el muro de Berlín, asesinan impunemente a los líderes palestinos y agitan el avispero del terrorismo, que desgraciadamente se ha convertido en el único recurso de resistencia de los débiles ante la ley de la selva internacional. Lo peor del caso es que en este escenario de agravios mutuos los que pagan el pato son los inocentes que pierden la vida en los atolondrados ataques de ambas partes mediante el terrorismo guerrillero o el de estado.
Qué olvidado ha quedado Hugo Grocio, pensador holandés del siglo XVII considerado padre del derecho internacional, que defendió la idea de que los estados nacionales deben ser tratados como entidades iguales, garantes de su propia soberanía. La ética social implícita en su propuesta suena hoy hueca y anacrónica, tanto como la visión optimista del futuro que quisimos recrear a partir del arranque del tercer milenio.